Asturias es una de las cuatro autonomías en las que crecen los usuarios de la Dependencia

En España, cada hora que pasa hay seis beneficiarios menos de la ley y cada mes se despide a 700 trabajadores del sector

Foto: Clara Costales, directora de Atención a la Dependencia, y José Manuel Ramírez

Lne. 20.03.2013 | 02:10 Oviedo, P. RUBIERA

Asturias se ha convertido en una de las cuatro autonomías españolas que está incorporando beneficiarios a la ley de la Dependencia. Doscientas cuatro personas se sumaron el pasado mes de febrero a la ley que, en estos momentos, atiende a 15.287 personas. El aspecto negativo es que todavía hay 3.900 personas en el denominado «limbo», es decir, con el derecho reconocido a recibir una prestación, pero sin ella. En favor del Gobierno socialista hay que decir que, cuando llegó, en el verano de 2012, eran 5.500. Y todo ello sin olvidar que el Principado aporta 3 de cada 4 euros que cuesta la dependencia. El Gobierno estatal redujo este año su aportación a la comunidad asturiana en unos 11 millones de euros.

Representantes de asociaciones, y sindicatos, profesionales y empresarios de este ámbito se reunieron ayer en Oviedo para hablar del desarrollo y la aplicación de la ley, a iniciativa de la Consejería de Bienestar Social. «Intentamos abrir un foro de debate que permita analizar la situación actual», señaló la titular del departamento, Esther Díaz.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que evalúa semestralmente su aplicación a través del Observatorio, elogió ayer el giro del Principado, que suspendió la última evaluación «pero que mantiene la tasa de reposición y el presupuesto». Junto a Asturias, las otras tres comunidades que están incorporando más personas al sistema de las que salen son País Vasco, Extremadura y Cataluña.

Ramírez alertó sobre la «derogación encubierta» que suponen las medidas y normativas del Gobierno de Mariano Rajoy desde la publicación del decreto de julio de 2012 y de sus consecuencias: 6 beneficiarios menos cada hora y 700 trabajadores despedidos cada mes del sector.

En su opinión, son cuatro los argumentos que garantizan la viabilidad de la ley: la pirámide demográfica de la población española; el ahorro que supone en costes sanitarios, dado el envejecimiento poblacional; los retornos económicos y sobre el empleo que han señalado numerosos informes socioeconómicos (por cada millón que se invierte en dependencia se crean 30 puestos de trabajo y hay un retorno del 43%), y porque es de justicia social. «Mientras que en febrero el número de beneficiarios en Asturias creció, en España hubo 5.070 menos que el mes anterior», subrayó. Y añadió: «La estrategia del Gobierno de Rajoy es convertir el sistema en un subproducto financiero. El que tenga un seguro o dinero podrá estar atendido y el que no dependerá de la beneficiencia».

Tanto Ramírez como Esther Díaz alertaron sobre la reforma de la ley de bases de régimen local, «que termina con los servicios sociales de proximidad al quitar a los ayuntamientos la posibilidad de intervenir en las áreas sociales. Es la muerte de la democracia».