¿Incompatible?... incompatible, indecente, indignante, insultante y esperemos que no quede impune, porque estamos hablando del expolio de nuestra sanidad pública.
Antifraude investigará al ‘número dos’ de la sanidad catalana
Las empresas que apoderaba Padrosa facturaron 40 millones en tres años a Salud
Foto: Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud (a la derecha), y el consejero de Salud Boi Ruiz.
Oriol Güell / Maiol Roger, Barcelona, en El País.
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) —ente público que persigue la corrupción— abrió ayer una investigación de oficio sobre Josep Maria Padrosa, el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que ha compaginado desde enero de 2011 este cargo público con el de apoderado de seis empresas privadas que facturan más de 14 millones de euros al año al propio CatSalut. El paso de la OAC, confirmado a EL PAÍS por fuentes del organismo, llega tras la publicación del caso por este diario y contrasta con la posición del consejero de Salud, Boi Ruiz, que negó “rotundamente” cualquier irregularidad. Dos leyes del Parlamento de Cataluña prohíben que el director del CatSalut tenga vínculos con empresas o entidades proveedoras.
La noticia tuvo ayer un gran impacto en la sesión del Parlamento catalán, donde todos los partidos —menos CiU— exigieron la comparecencia de Boi Ruiz y del propio Padrosa, y avanzaron que solicitarán la destitución del máximo dirigente del CatSalut si sus explicaciones no son satisfactorias. Mientras, la Corporación Fisiogestión empezó a retirar a Padrosa los poderes en sus sociedades —dedicadas a rehabilitación, fisioterapia y logopedia—, según confirmó el administrador del holding, Carlos Núñez.
Boi Ruiz es el expresidente de la patronal sanitaria —la Unión Catalana de Hospitales— y fue nombrado en diciembre de 2010 consejero de Salud por el presidente catalán, Artur Mas, tras la victoria electoral de CiU. Ruiz se llevó consigo al Departamento de Salud a la cúpula de la Unión y eligió a Padrosa para el cargo más importante de la sanidad catalana: la de director del CatSalut, organismo que financia toda la red asistencial —hospitales, centros de salud, servicios sanitarios, ambulancias...— y maneja el 97,9% de los 8.685 millones de presupuesto que Salud tuvo en 2012.
La doble posición de Padrosa cuestiona también la aplicación de los recortes sanitarios, que mientras en los grandes hospitales públicos alcanzan casi el 20% desde 2011, en las empresas de Corporación Fisiogestión apenas ascienden al 9%.
La apertura de la investigación por la Oficina Antifraude está recogida en un documento al que ha tenido acceso este diario, que establece “la posible existencia de incompatibilidades en la actuación del director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Padrosa”. La nota considera que estas “posibles irregularidades” tienen el calado suficiente para que la OAC “acuerde iniciar actuaciones de evaluación” del caso.
El grupo Corporación Fisiogestión, por su parte, emitió un comunicado en el que admite que Padrosa ha mantenido durante más de dos años los poderes en sus empresas mientras era director del CatSalut. Pese a ello, el grupo asegura que tanto su “actuación como la del doctor Padrosa han sido totalmente correctas” y defiende que ha obtenido adjudicaciones públicas con “total transparencia” y “sin ningún tipo de favoritismo”. La nota también niega que Corporación Fisiogestión haya sufrido los recortes en menor medida que el conjunto del sistema sanitario.
En el Parlamento catalán la oposición en pleno pidió explicaciones al director del CatSalut y a Boi Ruiz. A Padrosa, por sus presuntas incompatibilidades y al consejero, como responsable de su nombramiento, conocedor como era de su relación con el sector privado. Este es el primer paso que exige la oposición, y si las explicaciones no satisfacen a los partidos, la mayoría de grupos avanzaron que reclamarán la dimisión de Padrosa.
El PSC registró una petición de comparecencia en la cámara de Ruiz y Padrosa. La portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Marina Geli, enfatizó la responsabilidad del consejero. Conocedora de las obligaciones del cargo —fue la predecesora de Ruiz al frente del departamento—, pidió conocer “si se hizo el informe de compatibilidad que debe realizarse para nombrar cada alto cargo”. Geli no anticipó si los socialistas pedirán la dimisión de Padrosa, pero lo dejó entrever: “Escuchadas las explicaciones decidiremos y actuaremos en consecuencia”.
La comparecencia de ambos altos cargos, Ruiz y Padrosa, parece segura porque generó un clamor prácticamente unánime en la oposición. Incluso Esquerra, aliada del Gobierno de CiU esta legislatura, abrió la puerta a forzar las explicaciones de los dos dirigentes en la Cámara. “Haremos lo que debemos hacer: pediremos las explicaciones correspondientes, que se expliquen sobre todo esto. Podría ser en una comparecencia”, avisó Alba Vergés, portavoz de Sanidad de ERC, que no alberga dudas: “La Ley de Incompatibilidades es clara”.
El resto de grupos fueron más contundentes todavía. El partido Popular alertó de que exigirá “la dimisión inmediata” de Padrosa si se constata la incompatibilidad. “En tres años, las empresas que representa han facturado más de 40 millones de euros. Todo, en un momento en la que más que nunca hay que utilizar eficientemente los recursos públicos”, denunció el portavoz del PP, Enric Millo.
El ecosocialista Josep Vendrell abundó en la misma tesis: “Las instituciones deben garantizar más que nunca su credibilidad en época de recortes”, remachó Vendrell. La portavoz de ICV subrayó “la gravedad” de los hechos y lamentó los sucesivos embrollos de la sanidad desde que Ruiz es su responsable en Cataluña: “Desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados a que haya una puerta giratoria entre el sector público y el sector privado”. Un diagnóstico similar hizo David Fernández, de la CUP, que no dudó en pedir la dimisión de Padrosa y describir su déjà vu con el escándalo.
Ciutadans resumó la situación de la sanidad pública catalana: “Está saqueada, troceada entre grupos de interés y expoliada”, describió Jordi Cañas, que pidió incluir el caso Padrosa en el orden del día de la comisión de investigación de los escándalos de la sanidad catalana.
Conflicto de intereses en Madrid
Elena G. Sevillano, en El País.
Antonio Burgueño, director general de Hospitales de Madrid, trabajó hace años con Ribera Salud, empresa que licita para conseguir dos de los seis hospitales cuya gestión privatiza el Gobierno regional. El conflicto de intereses, según la oposición, radica en que Burgueño asesora a la mesa de contratación que valorará la oferta que presenta esa misma empresa en el concurso para gestionar los hospitales públicos madrileños. Burgueño fue director asistencial de Adeslas y uno de los padres del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), gestionado por una UTE formada por Adeslas y Ribera Salud.
El portavoz socialista, José Manuel Freire, denunció públicamente hace unos días la presencia de Burgueño entre la lista de miembros de la mesa de contratación. Señaló, además de la propia trayectoria del director general, la de su hijo, que trabajó para Ribera Salud hasta el pasado mes de enero.
El alto cargo no se presentó ayer a la apertura de la oferta técnica de las tres empresas que optan a los hospitales —sin competencia, lo que ha multiplicado las críticas por “reparto”—, pese a que una resolución del 5 de junio le nombra miembro de la mesa de contratación como “asesor”. “Él mismo ha renunciado a estar en la mesa”, aseguró ayer un portavoz de la Consejería de Sanidad, que no precisó si esa renuncia se traducirá en una nueva resolución administrativa que lo acredite oficialmente.
“Me parece correcto que se haya retirado porque puede haber un conflicto de intereses, pero creo que lo hace tarde: ya ha estado involucrado en la decisión de privatizar y en la elaboración de los pliegos”, aseguró Enrique Normand, de UPyD.
Y EN PARALELO…
La Generalitat da a entender que ni este año ni el próximo los funcionarios tendrán extra
Unió pide a su líder Duran i Lleida que deje la secretaría general de CiU
20.06.2013, La Nueva España
La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, afirmó ayer que «no puede garantizar» que no se suprima una paga extra a los trabajadores de la función pública en 2014, al igual que este año, medida que calificó de «temporal» debido a la crisis y a la situación de las finanzas de la Generalitat.
Así respondió a la pregunta del PSC sobre si «¿En el 2014 habrá recorte, sí o no?». Tras indicar que las rebajas salariales de los funcionarios son medidas «temporales» que la Generalitat se ve obligada a tomar por la situación de la tesorería. «Nosotros actuamos con el máximo rigor, y no le puedo garantizar» si se suprimirá o no una paga en 2014, dijo Ortega.
La vicepresidenta aseguró que su actitud con los sindicatos de la función pública es de «voluntad» de diálogo y de negociación, después de que Collboni le haya recriminado que no se avenga a dialogar.
«Voluntad de diálogo toda, pero engañar no», añadió Ortega, quien previamente aseguró que su gobierno «no hará ni tolerará decisiones bajo coacciones en la mesa de la función pública».
Mientras la crisis en CiU se agrava. Dirigentes de UDC expresaron su malestar creciente contra CDC tras las críticas de su socio de Federación contra el líder democristiano, Josep Antoni Duran, y llegaron a plantear que éste abandone la secretaría general de CiU, después de que éste fuera acusado de generar dudas sobre la consulta por asegurar que no se celebrará.
Por último, el director del Servicio Catalán de Salud (Catsalud), Josep María Padrosa, es a la vez apoderado de seis empresas privadas que en 2012 facturaron al propio Catsalud más de 14 millones de euros. El dato, desvelado por «El País», pone al descubierto nuevamente los vínculos entre el sector público y privado de la sanidad catalana. En junio del año pasado, el presidente del Instituto Nacional se vio obligado a dimitir por un caso similar.
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