La gestión de lo público en beneficio de la privada se tiene que cortar de raiz y más si por el medio se juega con nuestra salud.
Imputan por fraude a la cúpula de la sanidad madrileña
Entre ellos los exconsejeros Lamela y Güemes
Se les acusa también de prevaricación, cohecho y malversación
Foto: Manuel Lamela y Juan José Güemes.
21.06.2013, EFE/Madrid
El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la asociación de médicos Afem contra responsables de la Sanidad madrileña por prevaricación, cohecho, fraude y malversación en relación con posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004.
La querella criminal de Afem, presentada el 29 de mayo, se refiere a la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y la vinculación de excargos públicos como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias.
En concreto, Afem denuncia los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
El juez cita para declarar los próximos meses de septiembre y octubre como imputados, entre otros, a la viceconsejera Patricia Flores y al director general de Hospitales, Juan Antonio Burgueño.
También a los excargos anteriormente citados y responsables de empresas como la unión temporal de empresas Fundación Jiménez Díaz, el grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa, y reclama diferentes documentos a la administración y las compañías.
La decisión del juez no es firme y contra ella cabe un recurso de reforma en los tres días siguientes a su notificación. El juez determina que los hechos denunciados deben ser investigados para determinar si ha existido una actuación punible y deben "despejarse" los indicios sobre la actuación de las autoridades que han intervenido en la concesión de contratos o concesiones a empresas que contrataron a excargos políticos.
Además, remarca que la investigación se dirige a las actuaciones concretas denunciadas y "no es ni puede ser una investigación general" sobre el "denominado proceso de privatización de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid", pues esta "no compete" al ámbito penal el debate sobre la legalidad o legitimidad de este proceso.
Por ello, el auto rechaza la petición de suspensión cautelar de las iniciativas del plan sanitario que la Comunidad de Madrid tiene previsto ejecutar este año, que incluye la externalización de la gestión de seis hospitales y veintisiete centros de salud.
Afem basó su denuncia en posibles irregularidades del Servicio Madrileño de Salud en los conciertos para la asistencia sanitaria, por vinculaciones de cargos y antiguos responsables políticos presentes en empresas concesionarias y por la posible negligencia en el control del gasto público, de la facturación intercentros y las derivaciones, así como por la vulneración de los derechos de los pacientes.
En la querella, Afem acusa de estos supuestos delitos a la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Patricia Flores y al director general de hospitales, Antonio Burgueño.
Igualmente, a los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela -consejero de Assignia, empresa que participa en la UTE que gestiona servicios del Hospital del Tajo- y Juan José Güemes, que renunció en enero a su cargo en Unilabs, firma que adquirió la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009. En este proceso está además personado el PSM en calidad de acción popular.
Admitida la querella contra Lamela y Güemes por la privatización sanitaria
La Comunidad está "segura" de que todo se hizo correctamente y lo considera una "maniobra política del PSM y su sindicato médico"
EUROPA PRESS
El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.
En un auto fechado ayer, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.
Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados. Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.
En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a través del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".
Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".
La Comunidad, "segura" de que todo se hizo correctamente
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera externalización, pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos". Por tanto, entiende que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión "externalizada" no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes.
En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja".
De igual modo, señala que Güemes, ex consejero de Sanidad entre 2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud", la adjudicataria. "La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.
Güemes es miembro del consejo de administración de Unilabs. Esta empresa adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que originariamente la Comunidad, con Güemes de consejero de Sanidad, adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009 en un concurso que, además, Unilabs perdió.
Gestión sanitaria de hospitales
En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel. Prosigue explicando que para los hospitales construidos posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo de duración de los contratos es también de treinta años. Estos hospitales son conocidos como hospitales con colaboración público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa.
En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la administración pública un canon anual que se paga por adelantado mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población.
Averiguaciones
Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño". Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Pública".
También se investigará "la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de éstas".
Sexmero es el juez que archivó la denuncia del marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el escrache que sufrió en su casa.
Un juzgado pone bajo la lupa la privatización sanitaria de Madrid
Imputados dos exconsejeros al admitirse a trámite una querella por malversación y prevaricación
El magistrado pide exhaustiva información mercantil y económica
Un juez investigará la privatización sanitaria en Madrid
Elena G. Sevillano, en El País.
El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa que solicita el juez, lo hará de manera exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos Afem, una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Además, ha citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.
La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.
“Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín”, afirmó este viernes el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty en unas declaraciones grabadas y difundidas por su Gabinete. “Es un acto puramente de trámite”, añadió. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las imputaciones.
Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos políticos y las empresas que se han beneficiado del proceso
El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, también altos cargos de Sanidad pero de perfil más técnico, y requiere información detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil que identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa líder en gestión privada de sanidad pública en Madrid: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para que sus autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro Mercantil español.
La querella presentada por los médicos insiste en los aspectos económicos, en concreto en “la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros”. Según los contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red pública. Los médicos aseguran que la Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo que dudan de que la Administración pública estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas.
El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de gestión pública y privada, la facturación intercentros detallada de los años 2010, 2011 y 2012. Se trata de información que los partidos de la oposición en el Parlamento regional han solicitado a la Consejería de Sanidad, pero que esta no ha divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es el que ahora requiere el juez. A los centros de gestión privada (Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Móstoles y Torrejón), por ejemplo, se les pide “la relación circunstanciada de pacientes asignados a sus áreas” atendidos en otros centros.
Estos datos son muy relevantes para los múltiples recursos que se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como los partidos de la oposición aseguran que la cápita (dinero que paga la Administración a la empresa por paciente y año) que ha establecido el concurso es superior al coste real que suponen ahora estos centros para el erario público, por lo que no existiría ningún ahorro, más bien al contrario, en su paso a manos privadas. La facturación intercentros es básica para conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem también denuncia “el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes” hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas de Sanidad.
La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria en la sanidad madrileña. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus cargos. Güemes renunció en enero pasado a su puesto en la empresa Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato. Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la sanidad como negocio. Antonio Burgueño, nombrado por Güemes en 2008, trabajó durante años para empresas del sector. Por ejemplo, asesoró a Capio en la apertura del primer hospital que copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007.
Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.
Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio. Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios de gestión privada del hospital del Tajo en Aranjuez, que se licitó mediante una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.
En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.
Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.
Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar la prestación sanitaria realizada. La elección del centro en ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido coacciones o engaños", según recoge el auto del juez. Este diario relató en enero pasado cómo médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.
Para Fernández-Lasquetty, la admisión de la querella no significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite". Recordó que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacción de más del 95%" de los usuarios. "Por tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad pública madrileña", subrayó, antes de añadir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad".
El auto del magistrado Sexmero admite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado este viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública tras la admisión de una querella sobre posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma urgente el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización de la sanidad en el año 2003".
Un vuelco en 10 años
La sanidad pública madrileña dio un vuelco con la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional, en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública y hoy casi uno de cada tres es de gestión privada, total o parcialmente.
2007. Aguirre inaugura el hospital Infanta Elena, en Valdemoro, el primer centro que copiaba en Madrid el modelo Alzira de concesión administrativa, la fórmula usada en las autopistas.
2008. Se inauguran siete hospitales de gestión mixta público-privada: Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Del Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas) y Puerta de Hierro (Majadahonda).
2011. Abre el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión enteramente privada.
2012. Se inaugura el hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, también de gestión privada.
Previsto para 2013, el hospital de Collado Villalba está terminado y cerrado. Cuesta 900.000 euros al mes
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