CCOO se felicita porque el Consejo Económico y Social rechace el Anteproyecto de Ley de Mutuas del Gobierno
Emplaza al Gobierno a que corrija sustancialmente el anteproyecto presentado y lo haga con la participación real y efectiva de los interlocutores sociales.
El CES rechaza la posibilidad de que las Mutuas puedan reconocer altas médicas en casos de enfermedad común utilizando el silencio administrativo de los servicios públicos de salud; recomienda que Seguridad Social mantenga su compromiso con actividades preventivas de riesgos laborales y propone que se mejore el modelo de gobierno y control de las Mutuas y la participación de los interlocutores sociales.
El Pleno del Consejo Económico y Social, en el que participan representantes de las organizaciones sindicales, empresariales, expertos nombrados por el gobierno y distintos tipos de organizaciones sociales (consumidores, organizaciones agrarias, de economía social, etc.) ha aprobado hoy el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas, en el que se critican muy duramente los elementos básicos de este proyecto normativo.
En concreto, el CES rechaza el procedimiento previsto para que las Mutuas puedan reconocer en la práctica altas médicas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común. El anteproyecto del Gobierno posibilita que en estos casos las Mutuas puedan hacer una propuesta de alta al médico de atención primaria que ha reconocido la baja por enfermedad, enviando la comunicación a través de la inspección del servicio autonómico de salud, dándoles un plazo máximo de 5 días hábiles para que contesten. En el caso de no hacerlo, se entenderá que el alta tiene plenos efectos y el trabajador deberá incorporarse inmediatamente al trabajo, resultando responsable del alta el servicio público de salud que no ha respondido en plazo. Con este pronunciamiento, el órgano consultivo del Gobierno en materia de proyectos sociales y laborales rechaza esta ampliación de competencias para las mutuas, defendiendo, como mejor garantía para la salud de los trabajadores en situación de incapacidad temporal, el criterio prevalente del sistema publico de salud.
Igualmente se ha rechazado que el gobierno pretenda suprimir toda actividad de las Mutuas en materia de prevención. Especialmente grave resulta, a juicio del CES, que el Gobierno pretenda obligar a las Mutuas a vender o cerrar las sociedades de prevención, de forma precipitada, antes de que finalice 2014 sin tener en cuenta el efecto que ello tendría sobre los miles de trabajadores de estas empresas y sobre los servicios de prevención que prestan.
Por último, destaca también el CES la necesidad de establecer mecanismos eficaces de gobierno y participación de los representantes de empresas y trabajadores protegidos por las Mutuas en el control y dirección de las mismas, así como en los procedimientos de elección y cambio de mutua en cada empresa.
El CES defiende asimismo la extensión de la obligatoriedad de la prestación por cese de actividad a los autónomos. CCOO apoya esta cuestión y considera que esta prestación debería formar parte de la actividad del Servicio Público de Empleo.
El Consejo Económico rechaza las ‘altas presuntas’
El último borrador del Real Decreto sobre IT elimina esta posibilidad, pero la ley de mutuas la mantiene
Redacción Médica, Madrid.
El Pleno del Consejo Económico y Social (CES), integrado por sindicatos, empresarios y organizaciones del tercer sector, ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley de mutuas, con numerosas objeciones al texto que le fue enviado por el Gobierno.
Entre ellas, rechaza la posibilidad de que estas entidades puedan dar altas médicas en procesos de incapacidad temporal si los Servicios Públicos de Salud no responden en un plazo de cinco días, petición que concuerda con la última modificación del Proyecto de Real Decreto sobre incapacidades temporales (IT) que eliminaba la posibilidad de que las mutuas den el alta sin el visto bueno del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En concreto, el CES no comparte que la ley de mutuas amplíe las facultades de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal al permitirles realizar a sus médicos propuestas de altas "presuntas". "No resulta admisible legalmente que como consecuencia de la inactividad de la Administración, es decir, de su falta de respuesta en cinco días, resulte perjudicado el trabajador con la retirada de la prestación económica", alega.
El organismo ha dado el visto bueno al dictamen sobre la ley de mutuas por 46 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Aunque el CES pide que no se le conceda a las mutuas este mayor control en las bajas por incapacidad temporal, las organizaciones empresariales han anunciado que van a presentar un voto particular al dictamen sobre esta cuestión, al igual que hará el grupo de expertos.
Aunque el CES comparte la necesidad de actualizar y armonizar la normativa sobre las mutuas, critica que no se haya consultado a los agentes sociales el anteproyecto y que éste contenga numerosas alusiones a un posterior desarrollo normativo "que no contribuyen a su claridad".
El CES apuesta en su dictamen por mantener la naturaleza jurídica de las mutuas, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios, y no comparte la nueva denominación que el anteproyecto recoge para estas entidades (mutuas de la Seguridad Social en vez de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Asimismo, el Consejo considera "inadecuado" que se prohíba en el anteproyecto el que las mutuas puedan participar en sociedades mercantiles de prevención, una restricción que ve injustificada por la "importante labor" que han venido desarrollando estas entidades como servicios de prevención ajenos, por lo que reclama que ésta se pueda seguir desempeñando "voluntariamente". El grupo de expertos presentará un voto particular al dictamen sobre esta cuestión para defender esta prohibición.
Por otro lado, el CES advierte en su dictamen de que el cambio contemplado en el anteproyecto sobre el actual sistema de aplicación de los excedentes y determinación de reservas podría "afectar negativamente a la protección de los trabajadores y la solvencia de las mutuas" por la disminución de los recursos dirigidos al cumplimiento de los fines de colaboración de estas entidades con la Seguridad Social. "Los excedentes deberían revertir principalmente en la mejora continua de la colaboración en la gestión y en los fines generales del sistema de la Seguridad Social", sostiene al respecto.
En cuanto a los cambios que recoge la norma en el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, el CES celebra que se mejore el régimen de acceso a esta prestación, antes "excesivamente complejo", pero duda de la obligatoriedad de la cobertura tal y como está redactada en el anteproyecto "por la amplia casuística existente". Así, rechaza que sea obligatoria esta cobertura para las cooperativas.
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