La Fiscalía archiva la denuncia contra el médico del HUCA Ramón Abascal

Le acusaban de derivar pacientes a la medicina privada. «La conclusión es abrumadora: no se ha acreditado ninguna de las imputaciones», dice la fiscal 

 El Comercio. 08.02.14 - 00:32 - L. FONSECA / G. DÍAZ-RUBÍN | OVIEDO.

 La Fiscalía Superior de Asturias ha decidido archivar la denuncia presentada en noviembre de 2013 contra el jefe del servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Ramón Abascal. La demanda había sido cursada por el sindicato Usipa y estaba refrendada por un escrito firmado por una decena de facultativos de Urología del complejo hospitalario, que acusaban a Abascal de derivar pacientes hacia su consulta privada, además de incurrir en delitos de acoso laboral, estafa, extorsión, corrupción entre particulares y falsedad. La Fiscalía, en una resolución emitida el pasado 5 de febrero, y firmada por la propia fiscal jefe, Esther Fernández, asegura que ninguno de los hechos denunciados han sido probados, por lo que la denuncia queda archivada.

En su acusación, Usipa concretaba que el facultativo, que ejerce como responsable de Urología del HUCA desde hace 39 años, «en su condición de jefe de servicio y mediante información errónea a los pacientes, consiguió que, al menos nueve de ellos, optaran por ser asistidos en la sanidad privada con el consiguiente gasto para ellos y lucro del denunciado». A tenor de la denuncia, la Fiscalía llamó a declarar a esos nueve pacientes en calidad de testigos y según se desprende de las diligencias ninguno de ellos confirmó que hubiesen sido derivados por Abascal de la sanidad pública (HUCA) hacia la privada (su consulta) como se refería en la demanda.

La fiscal es contundente en su escrito y asegura que «a la vista de las pruebas practicadas la conclusión es abrumadora: no se ha acreditado la realidad de hecho alguno de los que la denuncia imputaba al denunciado, Ramón Abascal, llegando incluso, en muchos casos a comprobarse que le imputaban hechos en los que ni siquiera había intervenido». La demanda no solo iba contra el jefe de servicio de Urología, sino también contra el gerente del Área IV, Jaime Rabanal; la entonces gerente del Servicio de Salud (Sespa), Celia Gómez, y el propio consejero de Sanidad, Faustino Blanco, a los que los denunciantes hacían «conocedores de estas prácticas y de haberlas permitido». Los tres quedan eximidos «al no acreditarse la existencia de delito alguno».

Se da la circunstancia de que Ramón Abascal ya se había enfrentado a otra denuncia judicial en diciembre de 2012, cuando en plena huelga médica por la ampliación de jornada la Consejería de Sanidad le apartó de su cargo y lo suspendió de empleo y sueldo acusándole de incumplir los servicios mínimos. El facultativo llevó su caso ante la justicia, que acabó por condenar a Sanidad por vulnerar la presunción de inocencia del afectado y por no probar los hechos denunciados. Abascal fue indemnizado y restituido.