El Parlamento, contra los blindajes millonarios en el sector público

Los diputados examinarán los contratos de directivos para evitar indemnizaciones como la del director del GITPA

 Lne. 09.02.2014 | 02:17 Oviedo, Á. FAES 

 Cuando en 2011 Foro llegó al Gobierno de Asturias el relevo del director general de la empresa pública de telecomunicaciones (GITPA) le costó a la Administración regional 70.559 euros. Tiempo después, la misma persona, José Manuel Rodríguez Bañuelos, acabó denunciado por supuestas irregularidades, entre las que figura la adjudicación de contratos menores por valor de 75.000 euros a una empresa de su hijo. Alertado por el coste de la rescisión de un contrato en una empresa del sector público regional, el PP llevó a la Junta una iniciativa para fiscalizar la relación laboral de los directivos con la Administración. Todas las fuerzas políticas se sumaron, salvo UPyD, refugiada en la abstención, porque pedían publicar esos contratos en el portal de Transparencia, algo que quedó en el aire tras alertar el PSOE del riesgo que implicaba en cuanto a protección de datos personales.

Al Gobierno del Principado le tocará, por tanto, enviar al Parlamento, en el plazo de un mes, una copia de todos los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público regional. Dice el PP que los blindajes millonarios y los premios por incentivos son un lugar común a la hora de acceder a un cargo de este tipo. Por ejemplo, al destituido gerente del GITPA le correspondían esos 70.559 euros, porque su contrato preveía una compensación en la que era irrelevante quién decidiese la ruptura. "No parece razonable que en la Administración haya condiciones de este calibre. Refleja la falta de control en el sector público asturiano", afirmó ayer a este periódico el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons.

El examen de estos contratos no deja de ser un ejercicio más en las tan demandadas ahora políticas de transparencia. Sin embargo, tras la petición que hicieron los populares y siguieron el resto de fuerzas se esconde la intención de comprobar si se ha cumplido la ley en las empresas con participación de la Administración regional.

La reforma laboral del PP fijó límites en los contratos de alta dirección y mercantiles del sector público. En caso de despido de los ejecutivos, la norma fija una indemnización máxima no superior a siete días por año trabajado, con un máximo de seis mensualidades y sin tener en cuenta incentivos y complementos. Los populares asturianos pretenden comprobar si los contratos en el sector público regional cumplen la ley.

El acuerdo

El Gobierno Regional tiene un mes para enviar al Parlamento los contratos mercantiles y de alta dirección de las empresas que forman parte del sector público regional.

Desde la reforma laboral, las indemnizaciones quedaron reducidas a un máximo de 7 días por año trabajado, con carácter retroactivo.

El PP pretende comprobar si la Administración se amoldó a la normativa.

En 2011 la destitución del gerente del GITPA, ex dirigente del PSOE en Llanes, costó 70.000 euros al Principado.