El Principado reclama hasta 2.700 euros a grandes dependientes con ayuda a domicilio

Trabajo Social desvela quejas y renuncias de los usuarios tras aplicarles Bienestar ahora una subida con carácter retroactivo a julio 

 Mercedes Vieites es usuaria de silla de ruedas desde 1989, tras un tumor de médula. :: JOAQUÍN PAÑEDA

 El Comercio. 30.03.14 - 03:01 - CHELO TUYA [e-mail] | GIJÓN

Facturas de hasta 2.700 euros en concepto de atrasos. Precio por hora incrementado un 200%. Servicio recortado un 25%. Esas son las cifras que, en el último mes, marcan a los asturianos con dependencia que utilizan la ayuda a domicilio. Unos números que han hecho que muchos de los 1.814 usuarios actuales hayan decidido renunciar. En sólo un mes, 44, número que los trabajadores sociales dan por seguro se multiplicará en breve. «Ahora mismo, las reclamaciones de los usuarios de ayuda a domicilio están desbordando a los trabajadores», explica la directora de la que fuera Escuela de Trabajo Social, María José Capellín.

Desisten los usuarios del servicio, todos con certificado de dependencia y gran falta de autonomía personal, a seguir contando con ayuda a domicilio porque les están llegando cartas en las que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda les informa de que entra en vigor el copago aprobado por el Gobierno central en julio pasado, así como la revisión de su situación.

Un copago que significa, de mano, que el precio por hora será, en el tramo más alto, de 11,25 euros, tarifa muy por encima de los 8 euros que muchos pagaban ahora. Y, sobre todo, muy por encima del que pagaban. Porque la mayoría sólo aportaba una media de 3,5 euros, al disfrutar de exenciones con cargo a la Ley de la Dependencia. Ahora la tarifa será un 200% más alta.

La situación se agrava aún más porque en las misivas que el Principado está haciendo llegar a los usuarios les informa de que ese copago se aplica «con carácter retroactivo». Es decir, que les cobra la diferencia entre lo que pagaban y el nuevo precio «desde el pasado mes de julio». Para muchos, se trata de facturas «de casi 3.000 euros, porque por problemas de gestión, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda no les cobra desde julio del año pasado».

Así lo aseguró Capellín, quien habla de «avalancha de recursos. Ya digo que, ahora mismo, lo único que hacen los trabajadores sociales de este área es registrar reclamaciones de los usuarios. Unas reclamaciones que van a colapsar, aún más, la gestión ya saturada de Bienestar».

En su opinión, «no es de recibo que, por su propia incapacidad, la consejería cargue a los usuarios con facturas inasumibles. Si no pudo cobrarles en los últimos meses, es problema de la Administración, no del usuario. Y, sobre todo, lo que es inaceptable es que les diga ahora que les sube el precio desde julio».

Doce meses para pagar

Es decir, «a mitad del partido, el Principado cambia las reglas. Si los usuarios hubieran sabido en julio que el precio subía, quizá ya hubieran renunciado. O no, pero tenían el derecho a decidir. Ahora, de repente les quieren cobrar el doble de lo que ellos pensaban», asegura la profesora de Trabajo Social. Tanto que considera no sólo que «es vergonzoso lo que está haciendo el Principado», sino que plantea que «la consejera debe dimitir».

Desde el departamento que dirige la aludida se insiste en que el Principado sólo está «aplicando la ley», a la que ha incorporado «medidas para reducir el copago fijado por la reformas del Estado». De hecho, explicó que la mayoría de los usuarios «pagarán ahora menos que antes» y que las tarifas más altas «afectan a quienes tienen mayores ingresos económicos», unos ingresos que incluyen, también, el patrimonio de los dependientes.

En ese sentido, los cálculos de la Consejería de Bienestar Social es que la tarifa más alta sea pagada por menos del 10% de los usuarios, mientras que el 24% de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia que han optado por el servicio de ayuda a domicilio «no tendrá que pagar».

En cuanto a los retrasos, acumulados desde julio pasado, Bienestar asegura que «habrá doce meses para pagar» y que «se está estudiando cada caso. Atenderemos todas las reclamaciones que se presenten».

«¿Dónde está mi ayuda de la Ley de la Dependencia? No tengo ninguna»

Mercedes Vieites, usuaria de silla de ruedas, que vive con su madre nonagenaria, renuncia a la ayuda a domicilio «al no poder pagarla» 

El Comercio. 30.03.14 - 01:58 - CH. TUYA | GIJÓN.

«Yo sólo hago una pregunta: ¿Dónde está mi ayuda de la Ley de la Dependencia? No tengo ninguna». Mercedes Vieites se confiesa «asombrada» por la deriva que lleva una norma que conoce ya desde antes de su puesta en marcha, en abril de 2007. Porque ella, usuaria de silla de ruedas desde 1989, es directiva de Amdas La Fonte, la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias. Una de las que participó en los debates previos.

Siete años después, Mercedes Vieites, Merche, reflexiona: «No sé qué está ocurriendo. Nadie parece saberlo. Ni la trabajadora social con la que hablo. Lo único cierto es que, desde el 4 de marzo, no tengo ayuda a la dependencia». No es que antes tuviera mucha. Su máximo grado de falta de autonomía, el III, sólo le ha servido parar recibir «ayuda para levantarme de la cama, ir al baño, asearme, vestirme... Las actividades básicas de la vida diaria».

Con dos horas al día, de lunes a viernes, de atención de una profesional, Merche ha seguido viviendo en su casa, con la única compañía de su madre, nonagenaria, «aunque los fines de semana hacemos de canguro de mis nietos, Adrián y Estela». La ayuda a domicilio le sirvió para seguir en su casa y «ponerme en marcha cada mañana».

Sin embargo, desde el pasado 4 de marzo, Merche se ’pone en marcha’ sola. Lo que significa arrastrarse de la cama a la silla, colgarse de la grúa para ducharse y utilizar el baño, «hasta usar un espejo para limpiarme». El 29 de febrero recibió una carta. «Me decían que, de pagar 3,5 euros a la hora, pasan a cobrarme 11,25 euros. Sin descuento. Antes, los 3,5 euros que pagaba era porque me aplicaban un copago del 43,86%, sobre el coste real: 8 euros».

Lo que peor lleva es que, en la carta, se explica que la subida se aplica «con carácter retroactivo al mes de julio pasado». Eso significa que tendrá que pagar al Principado «2.700 euros o más», pues el Principado dejó de cobrar la ayuda desde julio pasado. Merce considera «inasumible» la deuda. No sólo para pagar de una vez, sino, explica, «porque no puedo pagar atrasos y mensualidad. Para mí, más de 200 euros al mes es un desembolso imposible». Por eso, aunque se confiesa agotada. «Me lo tengo que hacer yo todo sola y nadie sabe lo que es». Ha renunciado a la ayuda «al no poder pagarla».