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Publicada la Oferta de Empleo Público para el año 2012: siguen las vacas flacas

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El BOE del 29 de Diciembre de 2012 publica el R.D.1694/2912,de 21 de Diciembre, que aprueba la Oferta de Empleo público para 2012.

Ridícula en cuanto a número de plazas (39 totalizan el nuevo ingreso,excluidas 25 de científicos) y sonrojante en el área prioritaria donde se reclutarán nuevos empleados ( inspección de Hacienda). Si se hubiese publicado en el BOE un día antes se hubiera creído que se trataba de una inocentada. Tampoco parece serio que la Oferta de plazas para cubrir en el año 2012, se publique …cuando quedan dos días para acabarse ese año. Una delicia para Forges. Veamos.  Leer Más »

Gallardón: “Gobernar consiste en repartir dolor...” y pingües beneficios para los de casa, le añadimos, no sea que en algún momento se les olvide.

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Los gobiernos del dolor

Por Marcos Roitman Rosenmann – Consejo Científico de ATTAC España.

La capacidad para adjetivar las políticas de recortes antisociales y antidemocráticos no tiene límite. Tampoco el cinismo y la hipocresía con que actúa la clase política gobernante. Mariano Rajoy, presidente del gobierno; María Cospedal, pluriempleada, secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, y Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, se emplean a fondo. Hablan de dolor a la hora de aplicar las políticas de ajuste presupuestario. Para ejemplarizar cuál es su estado de ánimo, Gallardón ha puesto de moda una frase que está en boca de muchos ministros y de Rajoy: Gobernar consiste en repartir dolor. Pero en la repartición hay quienes lo infringen y administran y otros que lo reciben y padecen. En esta crisis las decisiones no afectan por igual a unos y otros. Torturador y torturado no son lo mismo. Pensar en el sufrimiento y el dolor ajeno para quienes se benefician del mismo no deja de ser un comportamiento rayano en la enfermedad patológica. Ellos sienten el dolor ajeno, aunque no hacen nada para remediarlo. Gracias a sus lumbreras, la vida cotidiana en España se llena de dolor. Veamos.

Los bancos de alimentos se han convertido en alternativa para miles de familias en paro. Sin ingresos estables ni prestaciones sociales, ni tarjeta sanitaria, con hijos en edad escolar, sin becas ni ayudas, acuden a ellos para recibir una cuota de alimentos para sobrevivir. Pasta, leche, huevos, azúcar, arroz, galletas y alguno que otro enlatado. También se aprovisionan de artículos de limpieza y aseo personal. No pierden la dignidad y salen adelante. Asimismo, las campañas navideñas de organizaciones no gubernamentales (ONG), caracterizadas por ubicar sus objetivos solidarios en África, Asia o América Latina, hoy demandan alimentos para bancos y comedores sociales en España. Sus peticiones dejan al descubierto la desarticulación del estado de bienestar. La brecha entre ricos y pobres se profundiza. España se torna dual. Las diferencias sociales se hacen visibles. Imágenes de la posguerra civil, en los años 40, con cartillas de racionamiento, hambre y pobreza vuelven a estar presentes. Se trata de gente pidiendo en las calles, semáforos, el Metro, durmiendo entre cartones, yendo de casa en casa solicitando algún producto para alimentar a la familia o trabajo. Ya no son vagabundos o marginales. Son trabajadores desahuciados, despedidos de su trabajos que viven en coches con su prole y no reciben prestaciones. Vuelve la España dual, excluyente, caciquil y oligárquica.

La ilusión de una sociedad moderna se difumina. La Constitución es papel mojado. Ni social ni democrática ni de derecho. Las pensiones se congelan, la educación se torna confesional. Se impone la asignatura de religión católica en los colegios públicos. La vivienda es un lujo al alcance de pocos. Pero los bancos mantienen cerradas más de medio millón de viviendas. La justicia sigue el mismo camino, los ciudadanos, por recurrir sentencias o acudir a los tribunales, deberán pagar elevadas tasas. Se elimina el concepto de justicia redistributiva y garantista. Sólo tendrán justicia quienes tengan dinero. El turno de oficio se restringe. La sanidad se entrega a empresas cuyo fin consiste en obtener ganancias. Ninguno de los beneficiarios de las privatizaciones de hospitales y centros de salud pertenecen a la esfera sanitaria. Son empresas afincadas en la construcción, corresponsables de la burbuja inmobiliaria. Ahora, en medio de la crisis, trasladan su codicia a la sanidad. La salud, si se privatiza, se convierte en un buen negocio para especuladores sin escrúpulos. Los beneficiaros son conocidos. Dragados y Contratas, Sacyr, Acciona, Hispania o FCC. Pertenecen a bancos como BBVA, BSCH y similares. Así administran dolor.

Mientras se pone a la venta el sistema sanitario, la justicia, la educación, las compañías aéreas, las universidades, los aeropuertos e infraestructuras, algo inédito comienza a extenderse por Europa. Familias noruegas, danesas y suecas inician un plan de apadrinar familias españolas en situación de exclusión. Son decenas los beneficiarios. Les pagan el alquiler de la vivienda y les mandan dinero para hacer frente a la educación de sus hijos.

En otras esferas el problema es similar. Los fondos para investigar se han reducido 75 por ciento, con el consiguiente cierre de laboratorios y líneas de investigación. Trabajos pioneros sobre sida, cáncer, genoma humano, etcétera, se tiran a la basura. Se disuelven equipos interdisciplinarios y los profesionales desilusionados, con sueldos de miseria, abandonan por impotencia. En los años 80 muchos de ellos, con carreras prometedoras en el extranjero, regresaron bajo el compromiso de obtener contratos y una inversión amplia en I+D. Se sienten engañados. La fuga de cerebros se generaliza en todas las disciplinas. Física, química, ingeniería, medicina, ciencias ambientales, nuevas tecnologías, etcétera. Muchos de ellos hacen maletas. La juventud, sin futuro, busca fuera una opción de vida digna. No importa en qué ni cómo. Pero la ministra de Trabajo lo interpreta como resultado del espíritu de aventura y afán de conocimiento de una juventud llena de vida.

Los trabajadores han sido las víctimas propicias de esta política de repartir dolor. Los empresarios acumulan, reciben beneficios, se dan la gran vida, pero exigen austeridad y moderación salarial. El despido libre se generaliza. La reforma laboral, desde su aplicación, ha visto aumentar las cifras de paro en más de medio millón de personas. Suma y sigue. La criminalización de las protestas da un salto cualitativo. La policía tiene orden de tomar datos a manifestantes y pasarlos al Ministerio de Interior. De manera aleatoria se pide la documentación y en una o dos semanas reciben una multa de entre 300 y 500 euros por disturbios o resistencia a la autoridad.

La avalancha de estudiantes, maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales, abogados, pensionistas, minusválidos, jornaleros, obreros, funcionarios, bomberos, asociaciones de vecinos, amas de casa, consumidores y parados crece y se extiende. Políticos mediocres, agazapados en un discurso ramplón, recurren al argumento de la fuerza. Reprimen. La policía, local o nacional, toma las calles de ciudades y pueblos. Intimidan, increpan, disparan balines de goma, bombas de humo y a los detenidos los maltratan y torturan. Los grupos especiales antidisturbios no llevan identificación a la vista, aspecto obligatorio. El gobierno los protege, archiva las causas en caso de acusaciones o los indulta directamente si son condenados por la justicia. Esa es la forma de administrar dolor. En otras palabras: el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. El señor sea con nosotros. Amén.

Los presupuestos publicados ayer en el BOPA garantizan el compromiso de no cerrar en la región ni hospitales ni centros de salud, lo que reviste una importancia trascendental dado lo que ocurre en otras CC.AA…, se ha optado por otras vías cómo nos lo recuerda el conflicto sanitario con el Simpa.

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Más impuestos para pagar el gasto social

Las cuentas atenúan el recorte sobre la sanidad, la educación y la política social pero reducen la inversión a mínimos históricos

El presupuesto de 2013 encarece las gasolinas, sube Patrimonio y crea el tributo a los bancos

Foto: La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, conversa con el portavoz de IU, Ángel González, en el transcurso del pleno del viernes que dio luz verde a los presupuestos regionales para 2013

30.12.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El presupuesto regional para 2013 que el viernes aprobó la Junta General hace una clara apuesta por el gasto social. De los 3.808 millones que conforman las cuentas el 67% -2.565 millones- se destinan a este capítulo. Ello obliga a hacer sacrificios en otros ámbitos. Dentro del propio programa económico del Gobierno de Javier Fernández resulta especialmente penalizada la inversión, que cae a cotas históricamente mínimas y se queda en 364 millones. Pero también el bolsillo de los ciudadanos se verá afectado. En los próximos días entran en vigor una serie de subidas de impuestos que harán, por ejemplo, que llenar el depósito del coche sea más caro. El objetivo de esta y otras medidas, caso del controvertido impuesto a los bancos, es movilizar recursos con los que financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Sostiene el Ejecutivo socialista que el presupuesto persigue un doble objetivo. Por un lado, garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos que sustentan el núcleo del estado de bienestar. Por otro, inyectar recursos en la debilitada economía asturiana para contribuir a la reanimación de la actividad y a la generación de empleo. Está por ver hasta qué punto se cumplen ambas premisas, pero un análisis general del proyecto constata que el capítulo social tiene más peso que ningún otro.

Es verdad que ningún ámbito, y tampoco el social, queda fuera de la tijera. Ni siquiera la salud. Pero la minoración de recursos que sufre este capítulo es muy inferior al que experimentan otros, caso de la inversión en general y de las infraestructuras, donde en los años de bonanza se volcaba todo el esfuerzo de gasto, en particular. Las cuentas de la Consejería de Sanidad sufren una reducción de 54 millones respecto de 2011, con una partida global de 1.480 millones que debe permitir, entre otras cosas, cumplir el compromiso del presidente de no cerrar en la región ni hospitales ni centros de salud. Una política, la de la clausura de equipamientos sanitarios, por la que sí se ha optado en otras comunidades a la hora de reducir sus números rojos.

'No' al cierre de hospitales

Ese dinero no llegará para abrir el HUCA en 2013, como tampoco dará para grandes alegrías en el desarrollo de la red de centros de 0 a 3 años dentro de una Consejería de Educación que pierde 81 millones en relación con 2011 aunque todavía suma la nada despreciable cifra de 757 millones. Podría decirse que se trata de un presupuesto de supervivencia centrado en mantener lo que ya hay y tocar lo menos posible los pilares del sistema. En la política educativa, por ejemplo, manteniendo la ratio de alumnos por aula o priorizando las becas. En el área de Bienestar Social, asegurando el salario social -tendrá 45 millones y es una partida ampliable en función de la demanda- e intentando paliar el tijeretazo aplicado por el Gobierno central a la ley de dependencia.

Estas son las intenciones del Gobierno y solo la evolución del ejercicio permitirá comprobar si se cumplen o si, por el contrario, la merma de recursos supone también una pérdida de calidad en estos servicios. Pero el esfuerzo previsto para asegurar la sanidad, la educación o la política social se hace a base de sacrificios en otros terrenos. El ciudadano de a pie tendrá que poner su parte.

El Principado ha optado por no concentrar toda la política contra el déficit en la vía del gasto y también toca los ingresos. El que afecta más directamente al ciudadano es, probablemente, el recargo sobre los hidrocarburos, también conocido como 'céntimo sanitario'. A partir del día 1 el litro de gasóleo se encarecerá en 2 céntimos y el de gasolina, en 2,4. El Ejecutivo exprime así todo el margen posible del tributo, aunque en el caso de los transportistas devolverá de forma íntegra ese recargo.

Los patrimonios más cuantiosos deberán hacer un esfuerzo adicional porque el tributo que los grava se encarece. Lo hace de forma progresiva, entre un 10% y un 20% en función del volumen patrimonial, para aportar una recaudación adicional de tres millones de euros.

Otros 30 millones aparecen presupuestados en concepto de gravamen a los bancos por los depósitos que acumulan, aunque su ingreso es, a día de hoy, una incógnita. La decisión del Gobierno central de crear un impuesto estatal, a tipo cero y sin afán recaudatorio, con el objetivo de anular los autonómicos abre un escenario de enorme incertidumbre.

Además, en caso de prosperar, habría que comprobar quién se haría cargo finalmente del desembolso. Los partidos que han aprobado el presupuesto y especialmente Izquierda Unida, que es la que impulsó el impuesto, remarcan que deberá ser asumido por los propios bancos y que la ley especifica que no podrán descargarlo en los clientes. Pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, entidad que en Asturias opera con la marca Banco Herrero, afirmó recientemente que un gravamen así acabaría repercutiendo sobre los productos financieros que se ofrecen a los clientes -particulares y empresas- que, al final y por vía indirecta, serían los que asumirían su pago.

No suben los precios públicos

A expensas de que la futura ley que regule el canon de saneamiento clarifique quién queda exento de su pago, con la promesa de PSOE e IU de corregir el mandato presupuestario de que también lo abonen aquellos que no gozan de ese servicio, lo que no subirán en 2013 son los precios públicos. Así lo confirmó ayer la Consejería de Hacienda a través del Boletín Oficial del Principado, que también publicó, como es preceptivo, el texto de los presupuestos. Paso previo a que hoy, como estaba previsto para intentar sortear la maniobra del Ejecutivo central, entre en vigor el citado impuesto autonómico a los bancos, adelantándose al tributo estatal que se activará el día 1.

El esfuerzo en gasto social hace también que la inversión no sea especialmente boyante, muy alejada de los 1.000 millones que se fijaban como objetivo en los tiempos de riqueza. Los recursos son menguantes, 364 millones de euros; casi nada para obras nuevas, la mayoría para dar continuidad a las que ya están en marcha y con el impulso de la I+D+i como una de las grandes prioridades para el ejercicio.

El juez decidirá sobre el Niemeyer

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Los técnicos han detectado facturas de viajes que no se justifican por la actividad del centro

El Comercio. 30.12.12 - 01:38 - YOLANDA DE LUIS |

Ya no caben más debates interpretativos, ahora será un juez el encargado de dilucidar si en la gestión del Centro Niemeyer ha habido irregularidades o incluso algo más, delitos. El patronato ratificó el viernes por unanimidad la decisión de la consejera de Cultura y presidenta del patronato de la Fundación del Niemeyer, Ana González, de presentar en los Juzgados de Avilés una denuncia ante el indicio de que se puedan haber cometido al menos tres delitos en la gestión. Sobre la mesa del Juzgado Número 1 de Instrucción ya se encuentra el dossier que contiene los aproximadamente mil folios y documentos que tendrá que analizar el juez para esclarecer si hubo esos delitos y quién los cometió, ya que en la denuncia no se señala a nadie.

El primero de los detectados, durante la revisión de las subvenciones concedidas a la Fundación del Niemeyer entre los años 2007 y 2010, es el de manipulación de documento público. La mayor parte de la documentación presentada ante el juez son facturas contratadas con una conocida agencia de viajes.

Durante la reunión del patronato, la secretaria del mismo, Pino del Río, explicó que en algunos casos las facturas no están relacionadas con la actividad de la promoción del Niemeyer ni por el lugar al que se viaja ni por las personas que componen la comitiva, algo que ya había planteado Foro en su petición de revocación de las subvenciones en el último trimestre de 2011.

Otras de las facturas están alteradas, ya que si bien se contabiliza una cantidad en las cuentas de la Fundación, el proveedor presenta otra. También hay algunas que tienen errores en relación al cambio al que se pagaba la moneda extranjera con que se pagaba.
El segundo de los delitos que se podría haber cometido es societario. Según se explicó en la reunión del patronato, el director de la Fundación del Centro Niemeyer estaba autorizado para firmar contratos por valor de hasta 90.000 euros, sin embargo, parece que se sellaron algunos por cifras superiores. Entre ellos uno relacionado con una de las presencias del cineasta Woody Allen en la ciudad por valor de 160.000 euros.

Y el tercero de los delitos es consecuencia de los dos anteriores. Se trata de un delito contra la Hacienda Pública, ya que se entiende que los desfases en cuanto a las facturas presentadas podrían implicar otros resultados fiscales para la Fundación del Niemeyer en cuanto, por ejemplo, a la devolución del IVA.

El juez de instrucción es el que ahora tiene que analizar la documentación para establecer si los indicios se pueden convertir en una acusación real, que en este caso sería juzgada por lo Penal.

La consejera de Cultura, como presidenta de la Fundación, cuenta con la potestad para presentar este tipo de denuncias en defensa de los intereses de la institución. De hecho, la denuncia se planteó el viernes por la mañana y el patronado sólo hizo que ratificar la decisión en la reunión de por la tarde. Una ratificación que se produjo por unanimidad. Tampoco se puso ningún reparo por parte de los patronos a la devolución de parte de las subvenciones concedidas por el Principado a la Fundación en sus primeros años de vida, lo que demuestra que en el seno del patronato se está convencido de que no se han hecho bien las cosas en los últimos años en la gestión de la entidad después de haber conocido los últimos informes tanto de la Intervención del Principado, como de la auditora Deloitte.

Las subvenciones

El anterior secretario de la Fundación del Niemeyer, José Luis Rebollo, había presentado ante la Intervención del Principado diversas alegaciones para evitar la devolución de las subvenciones que se le pedía. Prácticamente todas las alegaciones han sido desestimadas, salvo aquella en la que pedía que la devolución fuese sólo de las cantidades no justificadas bien y las cantidades de superávit que se produjeron en los ejercicios 2007 y 2008. Como ya publicó ayer este periódico, la cantidad a devolver suma 997.000 euros, de los 2.070.000 euros que le fueron concedidos por la administración regional entre los años 2007 y 2010. A esa cifra deben sumarse algo más de 200.000 euros de intereses, lo que deja la devolución final en 1,2 millones de euros.

La petición de la devolución de las subvenciones se sustenta en tres pilares fundamentalmente. El primero es que no puede existir superávit que se pase al siguiente ejercicio; el segundo, que no se pidieron tres ofertas en aquellos contratos que superaban los 12.000 euros; y el tercero, que no se publicitó en las actividades realizadas que se hacían con subvenciones regionales.

Hasta el momento los antiguos gestores del Centro Niemeyer han mantenido silencio, sólo roto por el anterior director y actual responsable cultural del Ayuntamiento de Madrid, Natalio Grueso, para conceder una entrevista en exclusiva a LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO.

En ella, Grueso hacía referencia a alguno de los peros que se ponían por parte de la administración regional ahora, recordando que en ningún momento se había planteado problema alguno durante la tramitación de las subvenciones entre los años 2007 y 2010.

«La justificación y cobro de una subvención no es algo simple y arbitrario, que pueda otorgar alguien así como así, sino que es un proceso complejo en el que participa mucha gente. Durante cuatro años ni un solo jefe de servicio, secretario general técnico de ninguna Consejería, interventores, consejo de gobierno ni auditores puso una sola tacha. Ni un solo comentario en contra, ni una duda, ni un resquicio de nada mal hecho. Cuando llega Foro comienza una campaña de agresión que implica romper el principio de inviolabilidad de la cosa juzgada, aplicando además nuevos criterios de forma retroactiva. Y curiosamente sólo se lo aplica a esta Fundación», había señalado Natalio Grueso.

El exdirector del centro también se mostraba tranquilo en esa entrevista en cuanto a la justificación de los gastos. «estaré encantado de explicar partida por partida a qué proyecto se atribuye cada gasto», anunciaba. Y es que, los gestores han mantenido siempre que cada euro invertido en viajes tiene su justificación. Ante las acusaciones que en su día hizo el Gobierno de Foro, el equipo gestor recordaba el trabajo de promoción llevado a cabo en los primeros años, que les llevó a presentar el Niemeyer en prácticamente todo el mundo, lo que hizo que cuando se abrió definitivamente en marzo de 2011, ya fuese un centro conocido y de referencia internacional.

La larga polémica sobre la gestión de la Fundación del Centro Niemeyer parece que entra en su recta final. La nueva presidenta de la entidad ha puesto todos los datos sobre la mesa. A Ana González le pedían desde hace meses los grupos de la oposición medidas concretas y había anunciado que se adoptarían todas las decisiones y se tomarían las medidas necesarias cuando se fueran conociendo los datos. Y ha cumplido con su compromiso, los técnicos advierten indicio de delitos y ahora es el juez el que determinará si los hechos son verdaderamente constitutivos de esos delitos y establecerá, en su caso, quien los ha cometido.

 

Todos los grupos de la Corporación aplauden la decisión de la consejera

Partido Popular y Foro insisten en la responsabilidad de Pilar Varela con respecto a las irregularidades en las cuentas del Centro Niemeyer

30.12.12 - 01:37 -YOLANDA DE LUIS | AVILÉS.

La decisión de la consejera de Cultura de presentar una denuncia en la que se pide al juez que esclarezca las supuestas irregularidades detectadas en las cuentas de la Fundación del Centro Niemeyer fue aplaudida ayer por todos los grupos políticos que conforman la Corporación municipal, comenzando por la alcaldesa, Pilar Varela, que ya ratificó en la reunión del patronato de la Fundación la decisión de Ana González, siguiendo por el portavoz del PP, Constantino Álvarez, que también lo hizo.

Por su parte, el portavoz de Foro, Pablo Sánchez Lorda, recordó que su partido ya había iniciado ese camino cuando se conocieron los primeros datos sobre las cuentas del Niemeyer, con lo que la decisión ahora de la consejera «no hace más que darnos la razón», indicó. Y el concejal de Izquierda Unida Juan José Fernández, también reconoció el cumplimiento del compromiso por parte de la consejera y aplaudió su decisión.

A partir de esa unanimidad comienzan las discrepancias y las valoraciones que van por caminos muy distintos. En el caso del PP, Constantino Álvarez, se mostró «encantado de que el juez aclare todas las responsabilidades penales, pero no hay que olvidar las responsabilidades políticas», dijo. Recordó la petición que su partido hizo en varias ocasiones de las cuentas de la Fundación, sin resultados. «Han fallado todos los controles y no me puedo creer que una persona con los conocimientos de Pilar Varela en relación a la Administración desconociera lo que estaba sucediendo».

En este sentido, su compañera de partido, Carmen Rodríguez Maniega, se muestra convencida de que «no funcionaron los filtros y el control porque gestores, consejeros y la alcaldesa como vicepresidenta de la Fundación decidieron no tocar nada y seguir avanzando con ese tipo de gestión».

Los populares recuerdan además que el Ayuntamiento afrontó el pago de algunas facturas de la inauguración de la cúpula del centro en diciembre de 2010. Ahora, entienden que deben de fiscalizarse también esas facturas, «la mayor parte de las facturas eran de la agencia de viajes y ahora se nos dice que se encuentran indicios de falsedad documental en las que revisó el Principado, con lo que se debe aclarar si en las que pagó el Ayuntamiento existe ese mismo problema».

Pablo Sánchez Lorda, el portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Avilés, giró también la mirada hacia la alcaldesa y el equipo de gobierno socialista. «Nos sorprende que la consejera presente una denuncia en el juzgado por posibles delitos, mientras que en el último Pleno la portavoz socialista, Ana Concejo, dijo que no procedía que el Ayuntamiento se sumase a la denuncia en ese mismo sentido que había planteado Foro».

Lorda entiende que este nuevo paso dado para aclarar la gestión del centro, «nos da la razón y demuestra los desmanes y la gestión nefasta y sin control por parte de los patronos que se estaba haciendo en el Niemeyer».

El hecho de que la alcaldesa ratificase la decisión de la consejera de Cultura en la reunión del patronato es, para Sánchez Lorda, «un giro de 180 grados con respecto a lo que decían hace poco más de una semana, pero me alegro de que impere la sensatez y el raciocinio y sigan ahora los pasos que ya inicio Foro».

Juan José Fernández, de Izquierda Unida, censuraba el trabajo del anterior equipo gestor. «Lo que estamos conociendo demuestra que los gestores gastaron dinero público como les dio la gana, de una forma fraudulenta y abusiva, aprovechándose del dinero público para el beneficio personal, favoreciéndose a si mismos y a terceros».

Fernández saludó la «valentía de la consejera», pero consideró que en la denuncia «se tendría que señalar contra quién se va, no solo los gestores sino también los políticos». Y es que, para IU, «la consejera está reivindicando el trabajo realizado por su antecesor en el cargo y dejando a los pies de los caballos a la anterior consejera, Mercedes Álvarez», de la que hecha de menos explicaciones claras sobre lo que ha sucedido en la gestión del Centro Niemeyer.

Izquierda Unida pedirá la reunión de la comisión municipal del Niemeyer para que la alcaldesa explique todo el contenido de la denuncia presentada por la consejera.

Por su parte, Pilar Varela, no quiso entrar ayer en más detalles sobre las decisiones adoptadas por el patronato de la Fundación del Centro Niemeyer en la tarde del viernes. Se limitó a decir que «la Fundación ha adoptado una decisión muy importante, ha dado un paso muy importante y ahora dejemos trabajar a los juzgados».

La alcaldesa volvió a rechazar las responsabilidades que le quiere achacar la oposición desde que el pasado mes de noviembre se conocieran las irregularidades en las cuentas del Niemeyer. «Sólo vuelvo a repetir que las responsabilidades no se dirimen en los periódicos, sino en otro sitio. Ahora está en manos del juzgado, dejémoslo trabajar».

Dos denuncias en los juzgados avilesinos

30.12.12 - 01:38 -

La denuncia presentada por la consejera de Cultura para que sea un juez el que exclarezca los indicios de delitos en la Fundación del Niemeyer, se suma a la que Foro presentó el pasado día 3 de este mes con el mismo objetivo. Los foristas advertían que se podrían haber cometido delitos societarios y de malversación y pedían por ello que se abrieran diligencias para investigar las cuentas, llamando a declarar a gestores y patronos. En su denuncia, como en la de la consejera, no se acusa directamente a nadie de los delitos, ya que Foro entendía que deben ser estas diligencias las que esclarezcan las responsabilidades.

Los funcionarios trabajarán por la tarde y pasarán de disfrutar de seis días de asuntos propios a tener tres

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Los empleados públicos de la Administración General del Estado verán reducido un 50% su salario desde el quinto día de baja

El Comercio. 29.12.12 - 11:19 -EFE | MADRID

Los funcionarios trabajarán por la tarde y pasarán de disfrutar de seis días de asuntos propios a tener tres

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / Archivo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy las instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo de los empleados públicos de la Administración General del Estado que establece a partir de 2013 la duración de la jornada en 37 horas y media a la semana (1.664 horas anuales). De esta manera, se consolida el incremento horario derivado de los cambios normativos introducidos en 2012.

Además, al menos la mitad de las vacaciones habrán de ser disfrutadas entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, concentrando, por tanto una parte de las vacaciones en el período de menor actividad, pero permitiendo que otra parte pueda disfrutarse en períodos distintos.

La nueva instrucción también reduce de una hora a sólo 30 minutos el horario de interrupción para la comida, facilitando que la jornada finalice media hora antes. También reduce los días de asuntos propios, los llamados ’moscosos’ a tres, en lugar de los seis fijados con anterioridad.

Asimismo, permite en determinados ámbitos el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, por ejemplo en los centros docentes durante los periodos no lectivos.

Salario reducido al 50% a partir del quinto día de baja

El BOE también publica hoy la orden sobre ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal para el personal de la Administración General del Estado y que supone una reducción de la retribución del 50% a partir del quinto día de baja. Indica que el ámbito de aplicación de esta orden se extiende al personal al servicio de la Administración del Estado y a los organismos y entidades de derecho público dependientes de ella, cualquiera que sea su relación jurídica con la Administración y su régimen de Seguridad Social.

Además, informa de que el descuento en nómina no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Asimismo, se exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito.

En un comunicado, Hacienda señala que con la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado de 2013, el 1 de enero se equiparan las ausencias sin baja médica a las que sí tienen la baja médica, y que suponen un descuento del 50% del sueldo entre el primer y tercer día de ausencia de los empleados públicos.

Sin embargo, Hacienda destaca que con la instrucción que hoy publica el BOE se introduce una "importante" mejora para los empleados públicos, ya que se fija un periodo exento totalmente de reducción de cuatro días anuales y sólo a partir del quinto día empezaría a tener efecto el descuento. El resto de administraciones también puede optar por fijar un plazo y, en caso de no hacerlo, se aplicará la norma general contenida en los presupuestos, es decir, desde el primer día de ausencia sin baja médica.

Hacienda subraya que este plazo de cuatro días permite que los empleados públicos de la Administración General del Estado no pierdan poder adquisitivo por un número "razonable" de ausencias sin baja médica, "pero al mismo tiempo se pone coto al posible uso desmedido de esta posibilidad, que perjudica la imagen del colectivo".

Obligado cambio de estrategia para continuar con las movilizaciones contra los planes sanitarios de la Comunidad de Madrid…

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Los médicos desconvocan su huelga indefinida tras cinco semanas de paros

El colectivo se planteará en enero si convoca nuevos paros y estiman que la externalización regala 70 millones al año al sector privado

MADRID, 28 Dic. EUROPA PRESS

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha decidido este viernes desconvocar la huelga indefinida de médicos que venía manteniendo desde el 26 de noviembre tras la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales ayer por la Asamblea de Madrid, que amplía la externalización en la sanidad.

Así lo ha detallado en rueda de prensa con los integrantes del Comité Coordinador Profesional el presidente de Afem, Pedro González, quien ha remarcado que este colectivo ha decidido cesar la huelga y debatir nuevas propuestas para intentar "paralizar" el Plan de Sostenibilidad impulsado por la Consejería, como es el caso de acudir a los tribunales para evitar que "ni un euro de los tributos de los madrileños" vaya a parar a beneficio de la empresa privada.

Por otro lado, González ha recalcado que los profesionales sanitarios no descartan iniciar nuevos paros en el futuro, aspecto que podrían abordar a partir del mes de enero, y ha subrayado que se presentarán denuncias contra aquellos aspectos que consideren que atenta contra el sistema sanitario público.

Por otro lado, el presidente de Afem ha relatado que están organizando otra "gran marea blanca" para el mes de enero y que la intención de los colectivos profesionales es "nacionalizar" el conflicto para lograr que se adopten medidas efectivas de sostenibilidad y no "recortes". También ha avanzado que organizarán un gran congreso para aportar medidas de reformas del Sistema Nacional de Salud y declararán 2013 como año de la sanidad pública.

González ha explicado que una huelga es siempre una medida dolorosa que supone "un duro golpe" para la economía de un trabajador y ha emplazado a dedicar el ahorro de salarios que se ha generado durante la duración de los paros a entidades de atención a personas dependientes.

El presidente de Afem ha asegurado que, con la aprobación de lo que ha denominado "Plan Privatizador", la sostenibilidad del sistema sanitario en Madrid está en riesgo "más que nunca" y ha acusado a la Consejería de sanidad de haber "despreciado e insultado" a los profesionales facultativos con sus valoraciones de las propuestas alternativas. Por su parte, ha añadido que los ciudadanos han respaldado y apoyado las movilizaciones de los médicos contra el Plan de Sostenibilidad.

"Queremos un plan de reformas, no un plan de recortes", ha dicho González para indicar que para volver a reunirse con la Consejería de Sanidad para debatir medidas alternativas de ahorro "deben cambiar las reglas del juego" y que tiene que configurarse, a su juicio, un "diálogo claro, público y transparente" para "entre todos" lograr iniciativas que mejoren el sistema sanitario en la comunidad.

Por otro lado, ha aseverado que la externalización va a generar "problemas financieros gordos" en las arcas madrileñas y que el principal problema para los profesionales se centra no en lo económico sino en cómo va a afectar esos cambios a la "seguridad" de los pacientes, que tienen el derecho a ser trasladado al mejor centro para su atención y entienden que la externalización limita esa posibilidad.

SANIDAD REGALARÁ 70 MILLONES AL AÑO A LAS EMPRESAS

Mientras, el miembro de la Junta Directiva de Afem, Pedro de la Oliva, ha remarcado que la externalización de los seis nuevos hospitales supondrá "regalar" a las empresas adjudicatarias de la gestión cerca de 70 millones de euros anuales del erario público y ha sostenido que, en las reuniones mantenidas entre el Comité Coordinador Profesional y la Consejería, Sanidad "no ha sido capaz" de rebatir esos datos.

La también integrante de la Junta Directiva de Afem Patricia Alonso ha asegurado que la externalización solo persigue "tapar agujeros" pero "no garantiza la sostenibilidad" de un sistema que, a su juicio, es un referente internacional.

Por tanto, ha remarcado que "lejos de destruir el modelo" se deben lograr fórmulas para mejorarlo y no implantar otro sistema que "es peor, más caro y que aporta menos calidad asistencial". "Estamos tremendamente alarmados con lo que está ocurriendo", ha añadido Alonso.

Rajoy abre otra reforma de pensiones

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Balance de un año de gobierno del PP

El presidente iniciará un “debate” en enero para hacer “sostenible” el sistema

Empleo buscará un acuerdo durante tres meses y si no el Ejecutivo legislará

Carlos E. Cué / Cristina Galindo Madrid 29 DIC 2012 - 00:29 CET40

El Gobierno insistía hasta ahora en que no tenía en agenda una gran reforma de las pensiones. Decía que se limitaría a aplicar la que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 —con el voto en contra del PP— y que entra en vigor el 1 de enero. Sin embargo, el presidente, Mariano Rajoy, dio un pequeño giro ayer y planteó que “a principios de año” llevará “un debate abierto al Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”...(leer más)

Los trabajadores mayores de 55 años y en paro podrán ampliar el cómputo de años para calcular su pensión

Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013,

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 Boletín Nº 300 del sábado 29 de diciembre de 2012

DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013.

 EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias 3/2012 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013.

Preámbulo

1. Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013, los primeros de la IX Legislatura, iniciada el pasado mes de mayo, son unos Presupuestos enmarcados en un complejo contexto económico.

2. En un escenario macroeconómico con previsiones de crecimiento para 2013 inferiores al - 0,5 %, la estricta senda de reducción de déficit establecida por el Gobierno central a las comunidades autónomas con la revisión del objetivo de estabilidad para 2013, que de un inicial - 1,1 % del PIB regional pasó en julio de este año a un - 0,7 %, y la disminución de los ingresos procedentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación y de las transferencias del Estado en temas tan sensibles como la vivienda, los servicios sociales, el empleo o la inversión someten a la Comunidad Autónoma, responsable del mantenimiento de los servicios básicos esenciales, a un excesivo nivel de austeridad.

3. En este ineludible marco restrictivo, el presente Presupuesto constituye una apuesta por el mantenimiento de la prestación y la calidad de los servicios públicos, prioridad del Gobierno de Asturias en momentos críticos como los actuales, y por el impulso de las medidas de promoción económica y creación de empleo, con el objeto de propiciar un entorno más favorable para la dinamización del mercado de trabajo.

4. La Ley de Presupuestos constituye, de acuerdo con muy repetida jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no solo un estado contable de gastos e ingresos, sino, además, un instrumento, el más cualificado, de la política económica. En esa doble dimensión, el Tribunal Constitucional ha venido admitiendo que la Ley de Presupuestos incluya, junto a habilitaciones de créditos y previsiones de ingresos, que conforman su contenido necesario, otras disposiciones instrumentales de la política económica como contenido eventual de la misma.