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En una asamblea programada para este jueves, los directores de centros de salud decidirán si dimiten en bloque para protestar contra los planes de privatización de la sanidad

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Los directores de la asistencia primaria madrileña deciden este jueves si dimiten en masa

La medida se haría efectiva en el momento en el que el Gobierno regional ejectutase alguna de las privatizaciones que contempla

Los directores de los centros de salud públicos madrileños se reunirán este jueves a las 13:30 horas para tomar la decisión de si llevan a cabo una propuesta que contemplaron ya hace tres semanas: dimitir en bloque para protestar contra los planes del gobierno regional de privatizar 27 centros de atención primaria.

El borrador de la carta dirigida al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, se redactó hace tiempo y su ejecución dependía de las negociaciones con el Ejecutivo. Los resultados de las reuniones que se han celebrado esta semana no han sido positivos para los trabajadores de la Sanidad pública y han planeado reunirse este jueves para ir más allá en sus protestas: si Lasquetty saca a concurso alguno de los centros de salud públicos, los directores de la asistencia primaria dimitirán en bloque.

Las negociaciones se estancan

Este miércoles Lasquetty (PP) ha reconocido que va a seguir adelante con sus planes, a pesar de las reuniones que ha mantenido con los sindicatos. Sobre la petición de sindicatos y sanitarios acerca de frenar el proceso privatizador, Lasquetty ha dicho: "Es un imposible ilógico, ya que si no se externalizan seis hospitales, si no es así, no hay ahorro. Habría una continuidad en los costes, pero no puede ser un ahorro mantener algo igual que como está: es pura lógica". Con las mismas, ha calificado el documento de ahorro de la coordinadora profesional (jefes de servicio y directores de centros de salud) de decepcionante y poco sólido. Lasquetty no admite las propuestas de los sindicatos, pero no concreta cuál será el ahorro con la privatización que pretende llevar a cabo. "No le puedo decir en este momento", ha asegurado este miércoles.

Continúan las protestas

Los trabajadores y pacientes de la sanidad pública madrileña llevan más de un mes de movilizaciones en contra de los recortes. Desde hace varios domingos, el centro de la capital se tiñe de blanco en defensa del servicio público. Además de la primera 'marea blanca', que tuvo lugar el 18 de noviembre, los sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad -Satse, CCOO, Amyts, CSIT, UGT y USAE-, a los que se unió AFEM, convocaron el 27 de noviembre una manifestación en la que participaron más de quince mil personas -70.000 según los convocantes-, coincidiendo con el fin de la huelga de 48 horas de todos los trabajadores de la sanidad.

Los dos últimos domingos se ha repetido la escena y miles de personas marcharon bajo el lema "Somos médicos, somos pacientes, defendemos la sanidad pública". Este miércoles centenares de personas convocadas por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han marchado hasta las inmediaciones de la Asamblea de Madrid, donde un cordón policial les ha impedido seguir el paso, aunque se han dispersado hasta acercarse al edificio. 

Hace dos semanas un millar de personas protestaron frente a la sede del Gobierno regional contra las medidas sanitarias del Ejecutivo. Acusaron a la Comunidad de Madrid de "esconder" bajo sus planteamientos la intención de "privatizar" la sanidad y "desmantelar" el sistema sanitario público. La policía detuvo a una persona que supuestamente intentó acceder al edificio.

Desde el anuncio del plan, el pasado 31 de octubre, se mantienen encierros de trabajadores en una veintena de hospitales madrileños. Esta noche se están produciendo encierros en un gran número de hospitales y centros de salud de la región. También se han secundado iniciativas ciudadanas como #abrazatuhospital, en la que miles de personas rodearon los centros sanitarios. El consejero de Sanidad regional se refirió a la protesta como "una muestra de afecto" a los centros y a quienes trabajan en ellos. Además, desde que la consejería de Sanidad ordenó retirar los carteles informativos sobre las medidas planeadas por el Ejecutivo de Ignacio González porque "inducen a error", se pueden ver sábanas blancas colgadas de las ventanas y balcones en numerosos inmuebles de la región.

Parados, pero en consulta

La huelga médica ofreció ayer imágenes en contraste. De un lado, un centenar de facultativos organizaron una suerte de consultorio en la plaza de La Escandalera. Sus representantes del Sindicato Médicos (Simpa) lamentaban «la ceguera del Principado ante el clamor» en que devino la manifestación de batas blancas que el martes recorrió el centro de Oviedo. Por su parte el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, reiteró que «el conflicto está finalizado» y estimó que principios de enero quedará aprobado el decreto que fija la nueva jornada de los médicos.
La primera de las estampas nació en el área de Pediatría del HUCA. «Queríamos hacer algo diferente en el conflicto sanitario, así que optamos por sacar el hospital a la calle; hoy no cobramos pero atendemos a la gente», explicaba el doctor Andrés Concha. Tres tenderetes, un puñado de muñecos a modo de pacientes, armados de fonendoscopios y esfingomanómetros, facultativos y residentes tomaron el mismo espacio que durante meses aprovecharon los activistas del 15-M.
«Yo estoy enfermo de corazón, pero fui trabajador y entiendo que se nieguen a hacer más guardias», animaba Luis Patiño, de Llanera, quien aprovechó para «saber lo que ya sabía, la tensión está alta». «Fíjate que a mí tardaron dos meses en atenderme en la Seguridad Social, solo me recetaron Paracetamol para los dolores musculares, y aquí hablando he sabido que no puedo seguir usando las almohadas blandas que utilizo», indicaba Aida Sánchez.
Pacientes y expertos se veían así y buscaban remedio a sus respectivas dolencias. También a una huelga «en la que tampoco tenéis que fiaros de los sindicatos; yo no comprendo bien de qué va todo esto, pero daros cuenta que la salud es lo primero y el país está delicado», solicitaba Teresa Sánchez. Para convencerla se desvivió el pediatra David Pérez, hablándole de huelgas, gasto sanitario, sistema público. Al final, tablas. «Voy a razonar lo que me has dicho porque yo lo que no logro entender no lo defenderé», se despidió ella.
Mediante una nota de prensa, el Sindicato Médico (Simpa) lanzó un nuevo cartucho urgiendo a Sanidad a que «convoque la mesa de negociación para lograr poner fin a la huelga». La Administración «está a tiempo de corregir sus errores y modificar el borrador de decreto», anotaba la central.
El consejero Faustino Blanco no hizo acuse de recibo. En unas declaraciones a la prensa, durante la inauguración de la ovetense calle de Juan López-Arranz, recordó que «hemos estado cuatro meses en ambiente negociador, hemos hecho mucho esfuerzo por llegar a acuerdos y los hemos llegado salvo con el sindicato medico». El titular de Sanidad instó al Simpa a «repensar las cosas y contribuir» en el sostenimiento del servicio público. El decreto, a su modo de ver, no tiene vuelta de hoja. Ayer cumplió «todos los trámites de audiencia» y hoy entra en el Consejo Consultivo. Con su dictamen pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación «es posible» que en la primera convocatoria de enero. Blanco defendió que el texto está muy trabajado y «no habrá cambios sustantivos en él».

Bruselas aumenta la presión sobre España para que retrase más la edad de jubilación

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 La UE considera que las pensiones serán insostenibles pese a la reforma de 2011

PP y PSOE, contrarios a adelantar la aplicación del retiro con 67 años

Lne.es » Economía Bruselas / Madrid / Oviedo,Agencia s/ M. M.

Los ajustes aplicados hasta ahora en España son insuficientes para garantizar el futuro de las pensiones y la sostenibilidad de las cuentas públicas, según el criterio de la Comisión Europea (CE). Las autoridades comunitarias han vuelto a emplazar al Gobierno de Mariano Rajoy a retrasar más la edad de jubilación, adaptándola a la esperanza de vida, con el objetivo de frenar el aumento del gasto en pensiones que, según Bruselas, se va a situar «claramente por encima de la media de la UE». Bruselas no lo precisa, pero su informe aumenta la presión sobre el Ejecutivo español para que acelere la aplicación de la jubilación a los 67 años, que entrará en vigor de forma gradual entre 2013 y 2027.

 

En su informe sobre la sostenibilidad fiscal en el conjunto de la Unión Europea, la Comisión ve «riesgos observables» en España. Según los expertos de la CE, el país ya ha acometido «una importante reforma de las pensiones en 2011 con un impacto positivo en el gasto», pero no es suficiente. El PP se manifestó ayer «contrario» a adelantar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años y apuesta por acercar la edad legal a la edad real, restringiendo las prejubilaciones. También el PSOE y CiU han advertido de que se opondrán a aumentar la edad del retiro.

 

El descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocará que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060, según las proyecciones del Banco de España.

 

El próximo día 1 de enero de 2013 entrará en vigor la reforma de las pensiones aprobada con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, y que supone retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años de manera progresiva. El método establecido fija que en 2013 la edad de jubilación aumentará un mes al año entre 2013 y 2018, y a razón de dos meses anuales entre 2019 y 2027, hasta llegar en este último ejercicio a los 67 años (ver gráfico adjunto).

 

Además, la reforma de las pensiones establece también un incremento de los años que se tendrán en cuenta para calcular la pensión, que pasarán, de 15 a 25 también de manera progresiva desde el año 2013 hasta el 2022.

 

Otro factor añadido es la introducción del denominado «factor de sostenibilidad», que establece la revisión del sistema de pensiones para adaptarlo a la esperanza de vida. La reforma de Zapatero no concretaba su desarrollo y aplicación, más allá de que se aplicaría a partir del año 2027 y que se revisaría cada cinco años. El actual Gobierno del PP pretende llevar el diseño del «factor de sostenibilidad» al Pacto de Toledo en 2013, para que pueda entrar en vigor en 2014. La idea del Ejecutivo es caminar a la par de otros países como Italia, Alemania, Suecia, Francia o Finlandia.

 

La Comisión Europea advierte en su informe de que, pese a que la reforma de las pensiones aprobada en 2011 tiene «un impacto positivo visible», el aumento del gasto en prestaciones en España seguirá siendo superior a la media comunitaria hasta el año 2060. Entre 2010 y 2060 ese desembolso aumentará en 3,6 puntos del PIB, cuando la media será de 1,4 puntos.

 

«Se necesita contener más el aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo», indica el documento. Y añade que a medio y a largo plazo, si no cambian las políticas vigentes, la deuda pública española seguirá aumentando desde el 97,1% del PIB en 2014 hasta el 114,4% en 2020 y el 129,4% en 2030. «Como consecuencia», advierte Bruselas, «se observan riesgos a la sostenibilidad del sistema de pensiones en España».

 

El informe añade que «España debería garantizar que el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones incluya un vínculo claro de la edad de jubilación con cambios en la esperanza de vida, de forma que el gasto en pensiones pueda frenarse a largo plazo».

 

El Ejecutivo comunitario advierte, además, de que a corto y medio plazo España está en «riesgo de estrés presupuestario», de ahí que considere imprescindible que se incida en los ajustes aprobados por el Gobierno de Rajoy para corregir la situación.

 

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, afirmó ayer que en España el «riesgo de estrés presupuestario ha sido reducido gracias a las medidas de consolidación adoptadas en los últimos dos años, si bien todavía permanece bastante elevado». «La plena implementación del ajuste previsto podría ayudar mucho a reducir el riesgo de estrés presupuestario y a que España vuelva a un territorio más seguro», agregó el comisario Rehn.

«Ni un paso atrás», replican al Principado casi un millar de médicos en la calle

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Los facultativos se manifiestan en Oviedo contra la nueva jornada laboral - Piden la dimisión del Consejero y le advierten de que «no nos doblegará»
      
 
 
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Si la manifestación de médicos que en la tarde de ayer recorrió la calle Uría de Oviedo tuviera que ser resumida en pocos elementos, podrían elegirse los siguientes. Un mensaje al Gobierno regional: «¡Ni un paso atrás!». Otro al titular de Sanidad, Faustino Blanco: «¡Consejero, dimisión!». Y una declaración de principios que parece corroborar que, a estas alturas, el conflicto sanitario ya no consiste tanto en discrepancias sobre unas horas de trabajo más o menos como en una cuestión mucho más de fondo: «Lo que pretende la Administración no es otra cosa que doblegar a los médicos». Con una apostilla: «No lo vamos a consentir».

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) se apuntó ayer un tanto digno de consideración al sacar a la calle a casi un millar de facultativos de la sanidad pública -la plantilla total se acerca a los 4.000, incluyendo residentes- en una tarde de diciembre que más bien invitaba a permanecer cerca de alguna fuente de calor. «Un éxito», a juicio de los dirigentes de la organización médica, quienes mañana mismo, animados por el respaldo obtenido, podrían convocar una nueva tanda de paros para enero, aunque los de diciembre no terminarán hasta este viernes. La huelga, de carácter intermitente, permanece activa desde el pasado 8 de octubre y ha generado un relevante aumento de las listas de espera.

¿Motivo de la manifestación? El mismo que desde el pasado mes de agosto tiene en pie de guerra a los facultativos de la región: la nueva regulación de la jornada laboral en el sector sanitario regional, que para buena parte de los médicos significa trabajar más horas -un aumento superior al que se derivaría de aplicar sin más aditamentos la norma estatal impulsada por el Gobierno de Rajoy- y perder salario. «Para que luego desde la Consejería digan que la movilización se limita a la cúpula del SIMPA», proclamaban con satisfacción algunos responsables del sindicato al observar el volumen de facultativos que les seguía.

Los manifestantes partieron de la estación de Renfe y desembocaron en la plaza del Carbayón, sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Allí los esperaba, para sorpresa de muchos, un «catering» de dimensiones nada desdeñables. Los dirigentes del sindicato quisieron dejar claro que el refrigerio no tenía nada que ver con ellos, sino que había sido sufragado por una médica deseosa de agasajar a sus colegas. «¿No será una delicadeza del consejero de Sanidad, verdad?», se preguntaba irónicamente un jefe de servicio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La Policía Local calculó el número de participantes en el entorno de los mil, una estimación probablemente bastante atinada, que incluso pudo quedarse un poquito corta. Entre tanto, el SIMPA hablaba de «más de dos mil médicos»: excesivo optimismo. Proliferaban las batas blancas. Ciertamente, había varias decenas de manifestantes que no son médicos, lo cual era evidente a simple vista porque se trataba de niños. Algunos de ellos portaban carteles alusivos al aumento de horario con mensajes del tipo: «Quiero seguir viendo a mi mamá». Había también acompañantes de otras edades (por ejemplo, familias enteras).

Pero el grueso eran facultativos: médicos de hospitales y también de centros de salud; residentes y seniors; jefes de servicio y de sección; médicos que, a su vez, son profesores universitarios; médicos que desempeñaron cargos de responsabilidad en etapas anteriores, incluso con gobiernos de signo socialista. Entre los portadores de la pancarta que abría la marcha figuraba la presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, quien en los discursos finales reivindicó «la dignidad no sólo de los médicos, sino también de los pacientes».

Los médicos residentes -abundantes- portaban su propia pancarta. El Sespa insiste en que la nueva regulación horaria no modifica sus condiciones laborales y salariales, pero parece evidente que su actitud beligerante no obedece tanto a una cuestión de condiciones del presente -viven una etapa esencialmente transitoria-como a una perspectiva de futuro que ven seriamente comprometida a causa de los recortes presupuestarios.

«Nunca antes habían salido tantos médicos a la calle en Asturias», celebraban con alborozo -más o menos contenido- algunos directivos del SIMPA. Ya ante la sede del Sespa, tomó el megáfono el secretario general, Antonio Matador: «Los médicos queremos decirle a la población de Asturias que esta huelga no es por dinero. Es por dignidad, por nuestra dignidad. Los médicos de Asturias no queremos ni más ni menos que los del resto de España. Si ahora aceptamos esto, ¿qué será lo próximo?», se preguntó, mientras flotaban en el imaginario colectivo de sus colegas nuevas medidas de ajuste que -con más o menos fundamento- están barruntando, caso de un recorte muy relevante en la estructura de las guardias médicas.

Con temores de esta naturaleza como telón de fondo, Matador concluyó su alocución con un «Ni un paso atrás» que fue muy aplaudido y coreado por los presentes.

Declaraciones del Consejero en la visita al nuevo hospital comarcal Álvarez Buylla del área VII (Mieres)…

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Blanco espera que el nuevo mapa sanitario se apruebe en otoño de 2013

El consejero de Sanidad ha explicado que la actual división de las áreas en ocho es de 1984 y que el objetivo es reducir el número a cuatro

EFE

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, ha señalado hoy que espera que el nuevo mapa sanitario en Asturias se apruebe en la Junta General del Principado en otoño del próximo año.

Se trata, según el titular regional de Sanidad, de "racionalizar la estructura de gestión".

Ha explicado que el actual mapa que divide las áreas en ocho es de 1984.

La pretensión es reducir ese número en cuatro, ya que sería la "ordenación razonable del territorio" y que implicaría la gestión.

Faustino Blanco ha visitado hoy en Mieres el nuevo hospital comarcal Álvarez Buylla, un equipamiento sanitario que, según ha informado, entrará en funcionamiento a finales del próximo año.

Es una infraestructura "moderna y está pensada de cara al futuro", no sólo en las instalaciones sino también en el modelo de atención.

Sobre los plazos para equipar el nuevo hospital, que sustituirá al actual que se encuentra en el barrio mierense de Murias, el consejero ha señalado: "No tenemos ninguna dificultad para cumplir los plazos".

La pretensión es que el edificio esté equipado a finales de agosto o principios de septiembre para hacer el traslado entre esa fecha y finales de año.

El pasado mayo se han adjudicado ya concursos por valor de algo más de 5,7 millones de euros.

En este momento, y según ha informado el director de Innovación Sanitaria, Enrique González, hay concursos "en fase de informe por las comisiones de evaluación que tienen un importe de 236.000 euros" y se acaba de aprobar el pliego de condiciones para la convocatoria de la red informática interior y para la señalización.

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas sobre la manifestación prevista para esta tarde convocada por el Simpa, el consejero ha recordado que el proceso de negociación "duró cuatro meses largos" y que se cerró un acuerdo con todos los sindicatos salvo con el Sindicato Médico de Asturias.

"Para concluir el proceso de negociación nos vimos en la necesidad de hacer un decreto para que los aspectos de aplicación de la nueva jornada sean transparentes, de aplicación clara y que atiendan a la diversidad", además que "guarda un equilibrio entre las expectativas de los profesionales y las necesidades de la administración", ha explicado.

Por otro lado, y sobre la decisión del Tribunal Constitucional que avala la atención médica a las personas sin documentos, el consejero ha apuntado que "es una buena noticia", ya que "avala nuestra teoría de que el aseguramiento produce inequidad ya que genera grupos de exclusión".

Blanco aplaude el auto del TC que avala la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles

RTPA

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, ha valorado esta mañana el auto del Tribunal Constitucional que avala la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

Asturias es una de las comunidades, que junto a País Vasco, Andalucía y Cataluña, se ha rebelado contra la decisión del Gobierno central de excluir a este colectivo de la asistencia normalizada.

El Ejecutivo regional publicó a finales de agosto unas instrucciones para regular la atención a los inmigrantes. Asturias garantiza la asistencia sanitaria por razones humanitarias y las prescripciones a través de ONGs.

Además, Faustino Blanco ha asegurado hoy que el nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres se abrirá “sin problemas” en noviembre de 2013.

El consejero ha visitado el edificio y allí ha anunciado que será un hospital del siglo XXI y que estará totalmente equipado antes del verano. Blanco estima que el traslado podrá efectuarse entre agosto y noviembre del próximo año.

El TC permite la asistencia a inmigrantes sin papeles en Euskadi

El TC permite la asistencia a inmigrantes sin papeles en Euskadi
 
El Pleno del Constitucional mantiene la suspensión de aquellos preceptos del decreto vasco relacionados con el régimen del copago farmacéutico
18.12.12 - 08:50 -
El Tribunal Constitucional ha avalado la decisión del Gobierno Vasco de dar atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles pero mantiene la suspensión cautelar de las medidas autonómicas relacionadas con el copago farmacéutico. El Tribunal Constitucional ha hecho público un auto en el que acuerda el levantamiento de la suspensión cautelar de varios de los artículos recogidos en el decreto de 26 de junio del Gobierno Vasco, en el que se regulaba tanto el copago farmacéutico como la atención a los inmigrantes sin papeles.
Ese decreto fue recurrido por el Gobierno central, y el Tribunal Constitucional decidió el pasado julio suspender de manera cautelar el mismo antes de decidir sobre el fondo del recurso. Ahora el Tribunal ha acordado levantar la suspensión cautelar sobre algunos de los preceptos recogidos en ese decreto vasco. En concreto, sobre el derecho a que los inmigrantes sin papeles puedan ser atendidos en el sistema de salud público vasco, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.
El pleno del Tribunal Constitucional atiende a los argumentos del Gobierno Vasco, cuyos letrados argumentaban que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la "prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad". La Abogacía del Estado basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público.
El Tribunal Constitucional recuerda que la Abogacía del Estado no concreta cuáles son esos perjuicios económicos, "seguramente porque ello no sea posible, entre otras razones, al poder darse la eventualidad de que se produzca sencillamente una transferencia de gasto de la atención primaria a la atención de urgencias".
El Alto Tribunal afirma que el "derecho a la salud y el derecho a la integridad física" de los inmigrantes sin papales y la "conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad" tienen una "importancia singular en el marco constitucional" que no puede verse "desvirtuada" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado". Sin embargo, el Pleno del Constitucional mantiene la suspensión de aquellos preceptos del citado decreto vasco relacionados con el régimen del copago farmacéutico.

El Sespa remite a hospitales y centros de salud su decreto de nueva jornada

El Sespa remite a hospitales y centros de salud su decreto de nueva jornada
 
El Principado retira el descanso de los lunes que venían disfrutando los médicos que hacían guardia en sábado

18.12.12 - 00:50 -

El Principado continúa adelante con la tramitación de su nuevo y polémico decreto de ampliación de jornada. El Servicio de Salud (Sespa) presentó ayer a los comités de empresa y juntas de personal de hospitales y centros de salud el documento que recoge la ampliación de horarios, así como el nuevo modelo de trabajo que modifica algunas de las condiciones laborales de las que disfrutaban hasta ahora los médicos. Por la tarde, remitió un resumen del decreto a cada uno de los 16.000 trabajadores, anunció el Sespa. A pesar de no haber concitado más apoyo que el del sindicato UGT, el Sespa avanza hacia la implantación de la nueva jornada en el conjunto del servicio sanitario, que aspira a poder poner en marcha a principios de 2013.
Con la entrada en vigor de la ampliación de horarios, los trabajadores del Sespa tendrán que realizar 1.650 horas anuales o, lo que es lo mismo, 37,5 horas a la semana frente las 35 que hacían hasta el 1 de septiembre. Pero no sólo se incrementarán las horas, sino que habrá otro tipo de modificaciones, como la erradicación de las 'peonadas' en el caso de los médicos, la desaparición de los módulos para mayores de 55 años y la modificación del descanso tras la guardia. Es éste último punto el que tiene enquistado el conflicto médico. Los facultativos se niegan a tener que devolver horas tras la realización de guardias por lo que la protesta continuará más allá del próximo viernes, cuando tocará a su fin la tercera fase de la huelga convocada por el Simpa. Además, el Principado ha decidido retirar el descanso de los lunes que disfrutaban los médicos que hacían guardia en sábado.
El Sespa suavizó sus pretensiones sobre la salida de guardia, fijando un tope de seis horas al mes como límite a devolver. El cambio no convenció al Simpa que rechazó la propuesta. La nueva jornada se aplicará, por tanto, por la vía del decreto.

Capio maniobra para quedarse también con las mamografías públicas

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La empresa sanitaria firma un oscuro contrato con la Aecc por el que le donará un millón y le exige que rechace optar a dar este servicio en el futuro

ELPLURAL.COM | 17/12/2012

Participantes en la manifestación celebrada el domingo en el centro de Madrid de trabajadores y usuarios de la sanidad pública como forma de protesta por los planes del gobierno regional de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. EFE

 Participantes en la manifestación celebrada el domingo en Madrid de trabajadores y usuarios de la sanidad pública como forma de protesta por los planes del gobierno regional de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. EFE

 En medio de la polémica por la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, una noticia ha encendido las alarmas por tratar un tema delicado, como las mamografías, y por la implicación de Capio Salud, la omnipresente empresa que se encuentra tras muchos hospitales de gestión privada. Según cuenta El País, esta compañía ha maniobrado para quedarse con el servicio público de mamografías en la región madrileña...(leer más)