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El SIMPA garantiza que su propuesta ahorrará un mínimo de 13 millones

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El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) está elaborando lo que denomina «un pacto por la sostenibilidad del sistema sanitario público en Asturias» que permita desbloquear el conflicto que vive la sanidad regional, plasmado en una huelga ya concluida, otra a punto de concluir, y una amenaza de dos huelgas más. Antonio Matador, secretario general del SIMPA, anticipó ayer que el documento que trasladarán en breve a la Consejería de Sanidad «supondrá un ahorro mínimo de 13 millones de euros anuales».

 

 Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, P. Á.

Esta cifra no es aleatoria. Hace referencia a la pretensión del Gobierno asturiano de ahorrar entre 13 y 17 millones con la ampliación de la jornada laboral de los profesionales sanitarios, origen precisamente de la movilización sindical que está en marcha.

 

«Nuestra propuesta cumple tres requisitos básicos: garantiza el ahorro que precisa la Consejería, preserva el empleo y no implica una modificación sustancial de las condiciones laborales del personal del Servicio de Salud (Sespa)», indicó Matador, quien agregó que se trata de un conjunto de medidas «que tendrán en cuenta el marco económico actual». El ahorro que puedan acarrear «no será coyuntural, sino consolidable», indicó el secretario general del SIMPA. «En realidad, son contenidos que podían haber estado sobre la mesa desde el principio, pero claro, sobre la base del diálogo, no de la imposición», argumentó como crítica a los responsables sanitarios del Principado.

 

Las ocasiones en las que el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha desglosado el pretendido ahorro de 13 a 17 millones de euros lo ha hecho del siguiente modo (se supone que con cuantías aproximadas que no suman la cantidad total): A) Supresión de los módulos de guardia vespertinos de los mayores de 55 años: afecta a unos 250 médicos, que dejarán de percibir 2,6 millones. B) Reducción de contrataciones de personal eventual consecuencia de la ponderación de la jornada nocturna de los trabajadores a turnos: se prevé un ahorro cercano a los 5 millones de euros. C) Erradicación de las jornadas especiales de tarde («peonadas») concebidas para reducir listas de espera: el ahorro previsto es de unos 4 millones de euros.

Las medidas de la Comunidad de Madrid

 

Pago de un euro por receta. Quedarán exentos los mismos grupos de personas que no tienen que hacer aportación al pago de medicamentos: la tasa que se abonará en el momento de la dispensación del fármaco no se aplicará a los parados de larga duración que no perciban subsidio, los perceptores de pensiones no contributivas y de rentas de integración social, los afectados de síndrome tóxico, los discapacitados y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

 

Se fija un tope de pago por receta hasta los 72 euros anuales y no se cobrará en medicamentos cuyo coste sea igual o inferior a 1,67 euros.

 

Se saca a concurso la prestación de la asistencia sanitaria especializada para la población atendida por los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares.

 

La Consejería quiere que sean los propios profesionales sanitarios los que gestionen directamente el 10 por ciento de los centros de salud, aproximadamente 26, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente de los recursos.

 

Transformación del Hospital de la Princesa en un centro especializado en la atención de personas mayores de 75 años.

 

Conversión del Hospital Carlos III en un centro de larga y media estancia.

 

La apertura del Hospital de Collado Villalba se retrasa hasta finales de 2013.

 

La sanidad seguirá siendo la mayor prioridad del Gobierno regional, ya que representará el 45 por ciento del gasto de la Comunidad en 2013, con un presupuesto para ese año de 7.108 millones, un 7 por ciento menos que en 2012.

 

Dentro de la ordenación de los equipos, algunos profesionales podrán acceder a ser contratados en los hospitales en el turno de tarde, de manera que los especialistas pasarán consulta en ese horario y se realizarán pruebas médicas y cirugías, y se evitará lo que hasta ahora se consideraba como horas extraordinarias o «peonadas».

 

Prolongación del servicio activo de los médicos a partir de los 65 años «de manera excepcional», de manera que como máximo un tercio de los facultativos continuarán desempeñando su labor a partir de esa edad.

 

Se pretende concentrar en algunos hospitales los «procesos de muy alta complejidad que requieren de unidades y profesionales con mucha experiencia», así como la mayor parte de los procesos de laboratorio de análisis de rutina, aunque este servicio continuará en todos los hospitales para los pacientes ingresados o determinadas urgencias.

El Gobierno quiere restringir la jubilación anticipada, sobre todo en el sector público

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El Ejecutivo pretende retrasar la edad mínima y exigir más años de cotización

Plantea que el retiro voluntario adelantado no se extienda a los funcionarios, pese a lo pactado hace 5 años

Lne.es » Economía Oviedo, Agencias

El Gobierno quiere endurecer las condiciones básicas de acceso a la jubilación anticipada: la edad mínima, el número de años cotizados que se exige y la penalización que se aplica sobre las pensiones. Pero, además, el Ejecutivo es partidario de evitar que el retiro adelantado se extienda en la Administración, impidiendo que se aplique un compromiso con los empleados públicos que está pendiente desde hace cinco años.

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido a los partidos políticos y a los agentes sociales un documento sobre las jubilaciones anticipadas que se debatirá en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, foro donde se discuten y negocian las políticas referidas al sistema de pensiones. De acuerdo con las recomendaciones y las exigencias formuladas por la Comisión Europea, el Gobierno defiende en ese texto que la edad mínima para retirarse de manera anticipada (61 años, en caso de despido, y 63 años, si la jubilación es voluntaria) debe elevarse más, en línea con el incremento en la edad legal ordinaria de jubilación, que pasará de 65 años a 67 años mediante un proceso escalonado que comenzará en 2013 y culminará en 2027.

 

Los cambios que están sobre la mesa son mayores de los que impulsó en 2011 el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que debían entrar en vigor el próximo día 1 de enero. Esa reforma de Zapatero eleva, por ejemplo, la edad mínima del retiro voluntario anticipado de 61 a 63 años y de 30 a 33 los años cotizados necesarios. El nuevo informe de Empleo sostiene que la edad para el retiro adelantado debe ser mayor, aunque no llega a proponer un número preciso de años. También aboga por «actualizar el período mínimo de cotización exigido» y por «ajustar los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión». Estos últimos son los descuentos que se aplican sobre la nómina del pensionista, que vienen a ser un promedio del 8% de la base reguladora por cada año de diferencia con la edad legal de la jubilación.

 

El documento plantea también cambios en la edad y las condiciones de la jubilación parcial (contrato relevo), ahora posible como norma general a partir de los 61 años. El Gobierno quiere elevar el requisito de edad, el número mínimo de años cotizados y modificar la jornada laboral de los jubilados parciales. Esta figura es usada con intensidad por las empresas para ajustar y rejuvenecer sus plantillas.

 

Y el Gobierno añade el siguiente planteamiento referido al caso de la Administración: «Habría que valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad Social, la incidencia de las jubilaciones masivas en el sector público o el precedente de la aplicación de fórmulas de anticipación a la jubilación».

 

El Ejecutivo pone así en entredicho el compromiso de ofrecer al conjunto de los trabajadores públicos la opción de la jubilación anticipada voluntaria, ya prevista desde hace cinco años en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero que está bloqueada y sin desarrollo reglamentario desde entonces.

 

Hasta ahora, la jubilación anticipada y la jubilación parcial sólo eran posibles para los empleados públicos del llamado Régimen de Clases Pasivas, al que están adscritos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la mayoría del personal docente. En total, casi un millón de trabajadores. Esta excepción es la que ha permitido, por ejemplo, que miles de maestros y profesores hayan podido jubilarse de manera anticipada.

Jubilarse antes

Jubilación anticipada

 

El retiro anticipado voluntario es posible con 63 años y 33 de cotización, según la reforma del anterior Gobierno. Si media despido, la edad mínima baja a los 61 años.

 

Jubilación parcial

 

El llamado contrato relevo puede aplicarse en el caso de trabajadores que tienen desde 60 o 61 años, al menos 30 de ellos cotizados y una antigüedad mínima en la empresa de 6 años.

 

Los impactos

 

Según el Ministerio de Empleo, en 2011 se jubilaron anticipadamente 111.648 trabajadores, equivalentes a casi el 41% del total de las altas de jubilaciones que registró el sistema.

Rajoy no quiere que los funcionarios se jubilen antes de tiempo voluntariamente

Críticas al Gobierno por querer cambiar de nuevo las pensiones

La destrucción de empleo en el sector público se ceba con los temporales

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 La proporción de trabajadores eventuales en la Administración baja al 20,6%

En el último año se han destruido 228.900 puestos de trabajo públicos

Manuel V. Gómez Madrid 2 NOV 2012 - 00:26 CET6

La destrucción de empleo en España ha llegado a la Administración. Y la pauta que sigue es la misma que mantuvo el sector privado al comienzo de la crisis. Los primeros en caer están siendo los empleados temporales. Desde que Ayuntamientos, ministerios, comunidades autónomas y empresas públicas han comenzado sus ajustes de plantilla, tres de cada cuatro puestos de trabajo eliminados (228.900 en total) estaban ocupados por trabajadores eventuales. La consecuencia inmediata es que la temporalidad ha caído drásticamente en este sector. Si hace un año rozaba el 25%, en el tercer trimestre de 2012 se ha hundido hasta el 20,6%,...(leer más)

“Unas ortopedias pagaban comisiones del 30% al 40%”

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El dueño de un centro investigado confirma los sobornos a médicos de cuatro hospitales de Tarragona

Mercè Pérez Pons Tarragona 2 NOV 2012 - 00:00 CET

Competencia de Cataluña investiga sobornos a médicos en Tarragona

Los pagos de comisiones a médicos de la sanidad pública de Tarragona para que envíen a sus pacientes a solo 3 de las 81 ortopedias de la provincia han sido confirmados por el dueño de uno de los tres centros médicos investigados. Juan Creus, propietario de la ortopedia Creus, aseguró: “Por todos es sabido que hay una serie de ortopedias que, acordando una previa comisión que ronda el 30% y el 40%, se adjudica las prescripciones de artículos ortopédicos de mayor importe, como prótesis, sillas eléctricas y ortesis entre otros”. Estas afirmaciones están contenidas en la investigación que lleva a cabo la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco)...(leer más)

El Principado confía en que la propuesta de los médicos «favorezca el diálogo»

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Una asociación de pacientes pide que se devuelvan las competencias al Estado

Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo,P. GALLEGO / P. RUBIERA

 El consejero de la Presidencia y portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Martínez, confía en que la propuesta de pacto que prepara el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), que intenta «garantizar el ahorro» que pretende la Consejería de Sanidad, «favorezca el diálogo». «Bienvenidas todas las iniciativas que ayuden a la búsqueda de soluciones», añadió.

 

La modificación de jornada impuesta por el Principado en la sanidad pública, ha originado un serio conflicto laboral que ha alterado el funcionamiento de los centros y hospitales a lo largo del mes de octubre, y existe ya la amenaza de que se prolongue en noviembre. Los médicos han convocado otros 12 días más de huelga este mes y los otros cuatro sindicatos que se mantienen en conflicto -CC OO, SATSE, USAE y SICEPA-USIPA- finalizarán una huelga el próximo día 5 y, en caso de no llegar a un acuerdo con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), convocarán otros cuatro días.

 

El sindicato médico anunció el pasado martes que está ultimando una propuesta que garantiza la sostenibilidad del sistema «y no afecta ni al empleo ni a las condiciones laborales del personal», y la presentará antes del 6 de noviembre, fecha de inicio de nuevos paros.

 

Guillermo Martínez afirmó ayer que esperan con «interés» el plan y que el Ejecutivo siempre ha solicitado a los sindicatos «propuestas constructivas y no medidas de presión que dificulten el entendimiento». El planteamiento que haga el SIMPA, dijo, puede favorecer la interlocución e incluso el acuerdo, «pero debe hacerse en base a la viabilidad del servicio».

 

Los representantes de los médicos ya avanzaron hace unas semanas, en un encuentro con los medios, que los 15 millones que el ejecutivo regional pretende ahorrar con estos cambios, se podían lograr «con facilidad». En aquel momento hablaron de prorratear esa cantidad entre todo el personal del Sespa.

 

En Castilla y León, el gobierno y el sindicato médico firmaron ayer un acuerdo por el que la Administración se compromete a no rebajar las retribuciones actuales de los facultativos a cambio de que se comprometan a hacer más eficiente el sistema sanitario y a contribuir a su sostenibilidad,

 

El Servicio de Salud convocó ayer la comisión de seguimiento del protocolo suscrito con UGT para el próximo viernes.

 

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, Tomás Pérez Vior, entregó un escrito a los grupos parlamentarios en la Junta General, en el que pide la devolución de las competencias sanitarias al gobierno estatal. En el texto se propone que ningún médico o especialista trabaje más de 8 horas ininterrumpidas o de 10 con un descanso, y que los pacientes que vean anuladas sus citas en la sanidad pública sean atendidos en un centro concertado o privado.

El Principado confía en que la propuesta de los médicos «ayude al diálogo»

Las mentiras del PP en vídeo

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El Gobierno de Rajoy ha incumplido muchas de las promesas que expuso el presidente en su discurso de investidura

PÚBLICO.ES Madrid 31/10/2012 14:33 Actualizado: 31/10/2012 14:52 Al PP el poder le ha cambiado o al menos así le ha pasado con sus promesas. La subida de impuestos del Gobierno y los recortes anunciados en julio echa por tierra todo el discurso mantenido por los conservadores durante la anterior legislatura. Ya la primera medida de Rajoy frente a la crisis económica fue exactamente lo contrario de lo que dijo que haría y todo el Ejecutivo conservador ha demostrado que sigue en la misma línea. Y ahora le toca al copago.(leer más)

Aprobados los complementos de bajas por enfermedad de los empleados públicos

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 El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo de regulación del complemento de incapacidad temporal de los empleados públicos, que regula el complemento a la prestación económica en situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado y de sus organismos y entes públicos.

 

Con este Acuerdo, aprobado en la mesa general de negociación de la Administración del Principado el pasado 23 de octubre por la mayoría de los sindicatos, se da cobertura a las situaciones de baja temporal que se den desde el pasado 15 de octubre hasta la próxima entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, que la próxima semana comenzará a debatirse en la Junta General del Principado.

 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad regula con carácter básico la incapacidad temporal de los empleados públicos, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público.  Hasta la entrada en vigor del decreto, los empleados públicos de baja por enfermedad cobraban desde el primer día las mismas retribuciones que percibían en situación de alta porque al subsidio de la Seguridad Social se añadía un complemento por parte de la Administración pública hasta cubrir el 100% de las retribuciones habituales del trabajador.

 

La nueva normativa estatal suprime los complementos de las administraciones públicas, de modo que el empleado de baja solo cobraría la prestación de la Seguridad Social, pero permite que las administraciones complementen esa prestación básica dentro de unos límites que el Principado ha aprovechado al máximo.

 

El Principado de Asturias ha optado por establecer el complemento más alto que permite la legislación estatal, lo que ha favorecido el acuerdo con las organizaciones sindicales y permite ofrecer la máxima cobertura posible a los empleados públicos de baja por enfermedad. En el caso de una incapacidad por contingencias comunes, las retribuciones quedan establecidas de la siguiente forma:

 

-         Durante los tres primeros días, que con la nueva normativa estatal quedarían sin ningún tipo de cobertura, se reconoce un complemento del 50% de las retribuciones habituales.

-         Desde el cuarto día y hasta el vigésimo se reconoce un complemento que, sumado a la prestación de la Seguridad Social, sea equivalente al 75% de las retribuciones habituales.

-         A partir del día 21 se reconoce el 100% de las retribuciones habituales.

Por otra parte, en caso de bajas que tienen que ver con el ejercicio de la profesión o que, siendo contingencias comunes, suponen hospitalización o intervención quirúrgica, están relacionadas con el embarazo o son casos de carácter excepcional, la prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada durante todo el periodo hasta el 100% de las retribuciones habituales.

Tras la aprobación de la Ley de medidas urgentes, en normativa de desarrollo se regularán los casos de excepcionalidad y de enfermedades graves, garantizando que los empleados públicos de baja por esos motivos puedan percibir el 100% de sus retribuciones habituales.

http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.6282925f26d862bcbc2b3510f2300030/?vgnextoid=b3be5e098d6ba310VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es

La Dependencia, camino de la privatización

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El Ejecutivo de Rajoy continúa con su plan privatizador de servicios públicos con la vista puesta ahora en el sector de la dependencia.

El anuncio ha sido hecho por el  secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, que ha negado que el Gobierno esté planteando una “derogación encubierta” de la Ley de Dependencia aprobada por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino "hacer sostenible" la norma en un momento en que "toca priorizar".

nuevatribuna.es | 30 Octubre 2012 - 13:07 h.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla El Gobierno no se plantea derogar la Ley de Dependencia, pero apuesta por "derivar" gran parte de la actividad que genera ... (... continúa)