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Una pregunta oportunísima toda vez que una sí y otra también este gobierno rinde cuentas antes allí que aquí…

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¿Es España un Protectorado alemán?

Eduardo Gutiérrez, Economista

nuevatribuna.es

El imperialismo alemán aporto al colonialismo duro practicado por los imperios europeos en África, y en Asia, los Protectorados, que resultaban tan efectivos como las colonias, pero más baratos para las metrópolis. Se invadían territorios bajo la presión de las cañoneras, para a continuación imponer Gobiernes, Cónsules, ó Sultanes, si era el caso, a los que obligaban a suscribir acuerdos que permitían a las elites europeas satisfacer las  mismas  ambiciones, pero sin las responsabilidades, y costes que exigían las colonias. Ya no interesaba la conquista y la explotación directa del territorio, que se deja en manos de las oligarquías y burguesías locales. Los Protectorados permitían controlar los recursos naturales, los comerciales, los económicos, y políticos, mediante gobiernos  títere, que practicaban las políticas dictadas desde la metrópoli. Nueva Guinea fue protectorado alemán desde 1884 hasta 1914. Francia declaro bajo su protección amiga, esto es tutela militar y económica, gran parte del Marruecos Occidental en 1911. España, impuso su protectorado sobre la zona oriental de Marruecos de 1912 a 1956. En la práctica los gobiernos del protectorado mantenían una sumisión total a las metrópolis que les imponían (¡imponen!) reformas Constitucionales, políticas de Gastos e Ingresos Públicos, provocaban (¡provocan!) destituciones de gobiernos democráticamente elegidos, y todo ello, contra la voluntad de esos mismos Gobiernos: “En los Presupuestos hay muchas cosas que no nos gustan a los miembros del Gobierno, pero la alternativa es infinitamente peor” (Rajoy, dixit), mostrando claramente los auténticos intereses soberanos a los que atienden esos mismos gobiernos títeres.

Las practicas de las oligarquías de Alemania en el seno de la UE, y su intransigente imposición del papel del Banco Central Europeo, –al que a diferencia del Banco de Inglaterra, o Japón, o México o Estados Unidos, no le dejan financiar directamente a los Estados–, del Pacto del Euro ó el reciente Pacto Fiscal, recuerdan de forma escalofriante a las imposiciones de las metrópolis en pleno imperialismo. Han perdido incluso el pudor, y se atreven a valorar y emitir juicios públicos sobre las movilizaciones de los países bajo su protectorado, como ha ocurrido con el ministro de finanzas alemán W.Schäuble cuando señala públicamente que “la huelga general no tuvo bastante apoyo como para impedir que el Gobierno continúe con las reformas, que son necesarias”; (EP, 31.03.2012); y exigen pleitesía preferente a los enviados de la metrópoli, como hemos visto en la previa, a la llegada al Congreso de los Diputados de los Presupuestos 2012, con la recepción del Gobierno del PP, a la delegación del partido CDU encabezada por V. Kauder, presidente del grupo parlamentario.

En este marco porque no preguntarse: ¿Es España ya un protectorado alemán?  ¿Es el modelo de UE impuesto por las oligarquías alemanas y francesas, en realidad un imperialismo que cercena las soberanías nacionales de los estados miembros?.

La doctrina ya está unificada…

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CONFIRMAN LA DOCTRINA DEL TSJ de Cantabria

Tres fallos del Tribunal Supremo avalan el retiro forzoso a los 65 años

VER EL COMENTARIO AL RESPECTO EN EL BLOG DE SEVACH QUE, ADEMAS, INCLUYE EL TEXTO INTEGRO DE ALGUNAS SENTENCIAS

Diario Médico hace 10 días…

La prórroga en la actividad no es un derecho del médico y se concede en función de las necesidades asistenciales. Así de claro lo ha dicho el Tribunal Supremo en tres fallos que desestiman la petición de tres facultativos contra la decisión del Servicio Cántabro de Salud de imponerles la jubilación. El Supremo reconoce el plan de recursos humanos del SCS.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de que los médicos cántabros que lo deseen puedan seguir en activo a partir de los 65 años. En tres sentencias que responden a otros tantos recursos de facultativos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), el magistrado ponente Vicente Conde Martín de Hijas ha confirmado la capacidad de la Consejería de Sanidad de Cantabria para denegar la prórroga del servicio activo a los médicos hasta los 70 años de edad, tal y como venía ocurriendo hasta 2008.

Las tres sentencias dejan claro que la prórroga "no es un derecho de los médicos", y, en todo caso, deberá hacerse en "función de las necesidades asistenciales", tal y como contempla el Plan de Recursos Humanos del SCS.

Los tres médicos recurrentes no han visto prosperar sus intenciones, pues la Sala de lo Contencioso en los recursos de casación afirma que existe, por parte de los facultativos un "notorio exceso" sobre la interpretación del Estatuto Marco, que parte de la "consagración de un auténtico derecho a la prórroga en el servicio activo hasta los 70 años".

Sin embargo, el tribunal, que ratifica las sentencias del TSJ cántabro, observa una "exageración" en esta pretensión que, a su juicio, no puede ser vista como "un derecho de los profesionales que pueda convertirse en una exigencia rigurosa a trasladar a los planes de recursos humanos".

La edad importa
El fallo, no obstante, apunta que mientras en otras áreas de la función pública la edad no se considera "un factor tan relevante, en el sanitario se entiende que los trabajadores están sometidos a unas condiciones de trabajo de mayor carga física y psíquica, si bien hay profesionales veteranos que por los méritos relevantes de su trayectoria pueden desempeñar unas actividades de un alto valor cualitativo, por lo que no pueden ser desaprovechados".

Aunque el fallo admite que la jubilación de los funcionarios está fijada legalmente a los 65 años, y que "las excepciones se asumen para ciertos supuestos que determinarían las Administraciones públicas correspondientes", lo cierto es que el Supremo se muestra categórico al respecto y subraya que "no es un derecho, sino una facultad, que queda condicionada a que los servicios de salud autonómicos, en el ejercicio de su potestad, la adopten en función de las necesidades de su organización".

Así las cosas, el Supremo pone de relieve que tanto el SCS como Sanidad elaboraron un Plan de Recursos Humanos en el que se fijaban las necesidades de profesionales y otras cuestiones esenciales. El ponente del fallo reitera que, en el caso de Cantabria, la prórroga se supeditaba a que hubiera "necesidades asistenciales probadas, y que éstas se hubieran detectado en los tres meses previos a la jubilación".

Además, el plan recogía un índice de absentismo del 6,6 por ciento, con una media de 14.800 días sustituidos, que peligraría con una plantilla envejecida. De hecho, Sanidad detallaba que en 2005 el 49 por ciento de los facultativos de atención especializada en el SCS superaba los 50 años de edad. De ahí que la Administración pronosticara que a corto plazo se produciría un "envejecimiento importante" de la plantilla, fundamentalmente en el Hospital Universitario Valdecilla.

El coste de las guardias
El Supremo señala que uno de los efectos negativos del envejecimiento del staff facultativo es la "disponibilidad decreciente de la plantilla médica para las guardias [lo que suponía] un coste económico añadido".

El Supremo da por bueno el argumento del Gobierno de Cantabria, que alegaba que el porcentaje de interinidad superaba los límites óptimos, y que esa "alta precariedad es escasamente compatible con un modelo eficiente de gestión, que causaba, además, problemas en el mantenimiento de la continuidad asistencial e incertidumbre entre los profesionales". 

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Disminuirán los proyectos, los investigadores, y los beneficios redundarán en otros países a los que se tendrán que acabar yendo… luego España tendrá que comprar los resultados, si puede.

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Salas advierte de que España puede perder «una o más generaciones de investigadores»

Oviedo, La Nueva España

La científica asturiana Margarita Salas, bioquímica y miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia de la Lengua, declaró ayer que es importante analizar a dónde se dirigen los recortes en investigación. «Es importante que no se recorte dinero en el Plan Nacional, ya que es donde los investigadores piden subvenciones para proyectos y becas, mientras que en créditos hasta sobra dinero», afirmó Salas a Onda Cero.

A juicio de la discípula del Nobel Severo Ochoa, «el problema es fundamentalmente para los jóvenes investigadores que se marchan al extranjero y después la vuelta es muy difícil, ya que no hay puestos para trabajo de investigación y hay poco dinero para proyectos».

«Vamos a perder una o más generaciones de investigadores si esto no se resuelve», agregó la científica de Canero (Valdés).

El presupuesto de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), de la que en mayor medida depende la ciencia en España, verá reducido en 2012 su presupuesto en 1.391 millones de euros, un 26 por ciento menos, sobre todo en el capítulo de operaciones financieras (créditos).

Los recursos humanos son una prioridad de la secretaría de Estado, según su responsable, Carmen Vela, quien aseguró que van a mantenerse todas las convocatorias de programas de recursos humanos. No obstante, admitió que no se va a llegar al mismo número de plazas, aunque sí se mejorará la calidad.

Ya se han convocado 1.020 ayudas del subprograma de Formación de Personal Investigador y se espera que en las próximas fechas se convoquen los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo o el de Personal Técnico de Apoyo.

Los organismos públicos de investigación sufrirán un recorte medio del 4,7 por ciento de las transferencias de la secretaría de Estado (salvo para el Instituto de Astrofísica de Canarias, que será del 30 por ciento). Según Vela, esta disminución no tiene por qué afectar al cierre de centros.

El Gobierno subraya que España no va a dejar de pagar a ninguna institución científica internacional, entre ellas la ESO o el CERN, y agrega que el programa Severo Ochoa continuará y este año se prevé dar el sello de excelencia a cinco nuevos centros.

En cuanto a las infraestructuras científicas y tecnológicas singulares, el Ejecutivo afirma que se analizará con las comunidades autónomas a cuáles se dará prioridad con criterios de calidad.

Admite Carmen Vela que previsiblemente habrá que reducir los proyectos del plan nacional y el número de recursos humanos, aunque -insistió- se mejorarán.

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Sólo han pasado unos días y muchas de las propuestas programáticas, vistas ahora, parecen de cuento de hadas…

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En busca de una sanidad más eficaz

PSOE e IU proponen una reordenación del sistema, Foro plantea la colaboración con iniciativas privadas y el PP apuesta por simplificar su organización.

Los partidos asturianos se comprometen en sus idearios a no recortar en servicios esenciales.

06.04.12 - AIDA COLLADO, GIJÓN, en El Comercio.

Antes, durante y después de las elecciones, las cinco formaciones políticas de la región con representación en la Junta General del Principado coincidieron en hacer la misma promesa. La de mantener los servicios públicos esenciales. La de no recortar en sanidad y educación. La de mantener, en definitiva, los pilares básicos del estado de bienestar. Y eso es lo que defienden, todos, en sus programas electorales. Los documentos con los que concurrieron a las urnas el pasado 25 de marzo están plagados de coincidencias, al menos, sobre el papel. Completar y mejorar la oferta de escuelas de 0 a 3 años, la promoción del bilingüismo en los centros educativos y de la Formación Profesional, la ejecución de distintos planes de salud o el apoyo a las personas dependientes son solo algunos de los puntos en común. Los modelos de gestión, eso sí, son bien distintos.

PSOE e IU ven en la reducción del papel del Estado la posible privatización de servicios «irrenunciables». La derecha, por su parte, incide en la necesidad de contener el gasto para mantener dichos servicios. En esta línea, UPyD apuesta por una gran reforma que altere tanto las formas actuales de gestión como el reparto competencial existente entre la Administración central y las comunidades.

En sanidad, los socialistas defienden las bondades del modelo público con propuestas como el fortalecimiento de la Salud Pública y proponen una nueva ordenación que, a partir de las 8 áreas sanitarias, se base en la actual distribución territorial de hospitales y centros de salud, para «avanzar hacia un sistema más integrado». Un nuevo concepto de red hospitalaria que vinculan a la puesta en marcha del nuevo HUCA.

Más drástica es la reordenación propuesta por IU, que incluye la reducción de las áreas sanitarias a cuatro y habla de un cambio radical en lo relativo a la toma decisiones en el sistema sanitario. Apuesta por profesionalizar la gestión y que se atribuyan capacidades decisorias a los consejos de salud. El Sespa pasaría así a estar regido por el Consejo de Salud.

La proposición del PP pasa por simplificar su organización y funcionamiento, por el ajuste del tamaño de la Administración para asegurar el cumplimiento presupuestario y por la integración del Hospital Grande Covián de Arriondas en el Sespa.

Foro plantea el desarrollo de un Modelo Asturiano de Gestión Clínica, se compromete a realizar obras de reforma y ampliación en los hospitales de Jarrio, Cangas del Narcea, Cabueñes y Valle del Nalón y pone sobre la mesa la colaboración con el desarrollo de iniciativas privadas en el ámbito de la asistencia sanitaria.

En este sentido, UPyD presenta en su programa la implantación de una planificación de personal única a nivel nacional y unos acuerdos sobre la gestión en aspectos esenciales (política salarial, carrera profesional, ofertas de empleo...) «que se adapten a las necesidades sanitarias de la población y a las capacidades financieras de las administraciones públicas». Todo ello, defienden, como fase previa a la recuperación de esta competencia por parte del Estado.

En cuanto a educación, la formación liderada por Ignacio Prendes, asegura que el sistema educativo está siendo utilizado para «adoctrinamientos de diversa índole» y acusa a los partidos políticos tradicionales de convertirlo en «un instrumento al servicio de la fragmentación cultural y territorial». Su idea consiste en sacar adelante un gran pacto que contemple la devolución al Estado de las competencias en educación, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las comunidades autónomas. Defiende también la implantación de un sistema de acceso a la Universidad más riguroso, acompañado de una elevación progresiva de las tasas de segunda y siguientes matriculaciones de una misma asignatura.

Foro centra sus propuestas educativas más llamativas en la libre elección de centro -también defendida por los populares- o la autonomía económica de estos, que además de los recursos proporcionados por la Administración podrían obtener y gestionar recursos propios. El PP coincide en generalizar la oferta de asturiano y promover la internacionalización del Bachillerato.

IU ve la educación pública como eje vertebrador del conjunto del sistema educativo y sostiene un modelo de escuela pública de carácter universal, gratuita, laica, democrática, coeducativa, científica, que incorpore la lengua y cultura propias de Asturias y compensadora de desigualdades. El PSOE se compromete, además, a elaborar una Ley Asturiana de Educación, que sirva de base para la modernización del sistema.

En cuanto a la Ley de Dependencia, los idearios recogen la petición unánime de reforzar la atención domiciliaria y aquella que se le presta a personas con dependencia moderada. Entre el resto de políticas sociales, destaca la que recoge el programa de IU, que sugiere la elevación del nivel retributivo del salario social del 35 al 50% de la media de ingresos.

El Gobierno reduce un 45% los fondos para políticas de salud pública

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El ajuste presupuestaria afecta a las estrategias nacionales de prevención

El País. MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 6 ABR 2012 - 02:26 CET1

 La poda en el ya de por sí pequeño presupuesto del Ministerio de Sanidad —3.974 millones de euros, un 6,8% menos que en 2011— afectará a casi todas las partidas, desde la de ordenación profesional a la destinada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Una de las más tocadas será la de Salud Pública, que se reduce un 45% y pasa de tener una dotación de 70 millones de euros a 38,42. Fondos destinados a sustentar, entre otras cosas, las estrategias nacionales para prevenir enfermedades como la diabetes, el tabaquismo o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc).(leer más)

Amnistía fiscal

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La Voz de Asturias. 06/04/2012 00:00 / Por Mario Bango

Aun poniéndose en el mejor de los casos y dejando un margen de confianza al gobierno que intenta recaudar haciendo la vista gorda, la amnistía fiscal es una injusticia de grado superlativo. En especial para los trabajadores por cuenta ajena que ven como su parte de salario es descontada por adelantado y, sin embargo, asisten, mudos y desconcertados, a la evasión masiva entre determinados colectivos y, de modo muy notorio, entre el selecto grupo de ricos. Lo mismo que ocurrió con las dos amnistías anteriores aprobadas por gobiernos socialistas: un error que no consiguió el objetivo que se pretendía.

 

Y además es inoportuna porque España es uno de los países de la Unión Europea con peores registros de recaudación fiscal. Evadir los impuestos es relativamente fácil para algunos contribuyentes y, en determinados ambientes, está muy bien visto. Muchos conciudadanos alardean de su capacidad para evitar el control de la Hacienda pública. Cuánto más ingresos se tengan, más sencillas resultan las fórmulas que escapan al control de la Agencia Tributaria, con la inestimable ayuda de asesores especializados, como bien se ha visto en alguna tramas corruptas destapadas recientemente. Los paraísos fiscales son un recurso muy utilizado por quienes pueden hacerlo. Si un país al que le cuesta recaudar y disciplinar a sus ciudadanos cuando pasa apuros opta por convertir en legal lo ilegal, no da un buen ejemplo. Europa y los mercados no han celebrado la decisión.

 

Es innecesaria porque aparte de que no logrará rescatar el dinero negro que pretende –de modo principal porque a los grandes evasores no les beneficia ponerse al día entre otras cosas porque serán objeto de control en el futuro- desactiva la persecución de los defraudadores. Si ha funcionado el sistema de radares para reducir la velocidad en las carreteras, ¿por qué no puede hacerlo una inspección tributaria mejor dotada? Es arbitraria porque beneficia a los más próximos al poder y apuntala la tesis de los detractores naturales de los impuestos, esos liberales que están en el origen del despeñadero en el que se ha convertido la economía mundial, con su actitud laxa respecto a cualquier control financiero. Además ahonda las diferencias entre quienes más tienen y el resto.

 

Es peligrosa porque disuade a los buenos contribuyentes, que los hay. Aunque a nadie le guste pagar, cada vez más ciudadanos entienden la necesidad de un sistema impositivo eficiente que devuelva parte de lo recaudado en forma de servicios o de inversiones públicas.

 

Y además es irritante para miles de autónomos y pequeñas empresas. Hubiera sido más justo liberar de los brutales recargos –del diez, el veinte por ciento que desembocan en el embargo de bienes-, próximos a la usura, de la Agencia Tributaria a quienes no logran cobrar en tiempo y forma las facturas por los servicios prestados, entre otros, a las administraciones y las empresas públicas. La intolerancia del sistema con esa gente, emprendedora de verdad y que hace país, los conduce al cierre y a la desesperación en períodos como estos. Y ahora asisten estupefactos a una amnistía de defraudadores y evasores a gran escala.

 

Pero lo más grave es que, de momento, no ha servido de nada: la desconfianza con España persiste. Cada vez es mayor la sensación de que no seremos capaces de devolver en tiempo y forma nuestra deuda. Ni aunque arrimen el hombro los delincuentes de cuello blanco.

La rebelión autonómica crece con el veto navarro a la amnistía fiscal

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LOS RECORTES DEL GOBIERNO

El PNV se plantea enmendar a la totalidad los Presupuestos

Cataluña y Andalucía amagan con recurrir a los tribunales

El presidente, Mariano Rajoy, pide más sacrificios

EL PAÍS Madrid 4 ABR 2012 - 22:51 CET2

Mientras el presidente Mariano Rajoy reclama a las comunidades autónomas más austeridad y sacrificios en el gasto público tras la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos, los Gobiernos de algunas de esas autonomías, donde no manda el PP, se rebelan contra las medidas más impopulares aprobadas por el Ejecutivo central.(leer más)

¡¡Y peor que se va aponer!!, aunque supongo que en algún momento se decidirán a hacer alguna cosa más que quejarse…

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SATSE achaca los datos del Servicio de Empleo Público Estatal "a los recortes en sanidad"

El paro en Enfermería aumenta un 51% y en Fisioterapia un 26%

MADRID, EUROPA PRESS

El paro en Enfermería alcanza el 51 por ciento y en Fisioterapia el 26 por ciento "por los recortes de sanidad", según explican desde el Sindicato de Enfermería (SATSE). Para los representantes de este colectivo, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) "demuestran el deterioro progresivo de la situación laboral de los enfermeros".

En el mes de febrero de 2011 eran 10.446 los profesionales de este sector de la sanidad que se encontraban desempleados, cifra que se ha incrementado hasta las 15.841 personas sin trabajo en el mismo mes del presente curso. Por esta razón, y por el hecho de que el paro general en enfermería se encuentra por encima del 9 por ciento, SATSE ha decidido mostrar su malestar.

Para el secretario general del sindicato, Alejandro Laguna, estas cifras ponen de manifiesto que las distintas medidas puestas en marcha desde las diferentes administraciones sanitarias "conllevan el despido de profesionales y la disminución de la contratación, en lugar de propiciar la adecuación de las plantillas con las necesidades reales de los centros y de los usuarios". A su juicio, la presión asistencial está creciendo "de forma considerable".

A colación de ello, el sindicato señala que la reducción de empleados en los centros sanitarios "perjudica no sólo al profesional, sino también al paciente, que ve como la atención que recibe no es como la de antes". Según su criterio, los diferentes gobiernos "están recortando recursos humanos, además de materiales y tecnológicos", lo que supone un grave problema para este sector.

Ante todo ello, SATSE entiende que "se pueden poner en marcha distintas alternativas a las soluciones fáciles que se están tomando". Los representantes del sindicato no están de acuerdo con las medidas tomadas de no sustituir bajas y vacaciones, y no renovar los contratos que se van cumpliendo.

Por último, subrayan el dato recogido del SEPE de que existen 22.500 demandantes de empleo en Enfermería. Durante el año 2011 las personas solicitantes de un puesto laboral en este sector sanitario no superaron las 16.300.

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