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Los empleados públicos volverán a la jornada de 1993, trabajarán dos horas y media más a la semana

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Esto significa que por cada doce trabajadoras/es que aumenten su jornada, puede cesar uno

La medida, que recogerán los Presupuestos, afectará a funcionarios de todos los niveles y pretende «hacer más eficientes» las administraciones

Lne.es » Asturias    Oviedo, E. M.

El Gobierno impondrá la semana laboral de 37,5 horas para todos los funcionarios del país, frente a las 35 actuales. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy tiene previsto incluir esta medida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentará ante las Cortes a finales de este mes, dentro de un paquete de reformas del sector público. La decisión afectará a los responsables de la función pública en todos los niveles administrativos, tanto estatal como autonómico y local, y ya había sido anticipada durante las últimas semanas por distintos miembros del Ejecutivo.

 

En este sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, indicó ayer durante su visita a Oviedo para arropar a la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Mercedes Fernández, que «ningún funcionario tiene que ponerse a temblar, como dicen algunos», aunque reconoció que será necesario «llevar a cabo una serie de reestructuraciones para disponer de unos servicios públicos mucho más eficientes y adaptados» a la actual coyuntura económica. Dentro de estas reformas se incluye el aumento del horario laboral en dos horas y media a la semana de los empleados de las diferentes administraciones. «El país debe hacer un esfuerzo a todos los niveles y los presupuestos que aprobaremos a nivel nacional, y también los que se aprueben por autonomías y ayuntamientos, van a ser difíciles. Pero es la única forma de caminar en la dirección adecuada», destacó Montoro, durante un coloquio con empresarios. Y defendió la reducción de empresas públicas aprobada por el Consejo de Ministros.

 

En otro orden de asuntos y a preguntas de algunos de los asistentes -entre los que se encontraban los presidentes de Alsa, Jacobo Cosmen; Hunosa, Teresa Mallada, y el director general de Los Álamos, Ignacio Núñez-, el Ministro descartó que se vayan a imponer quitas a la deuda de las administraciones públicas con los empresarios y que esta figura se empleará sólo «para casos particulares, al ser un recurso voluntario dentro de la misma operativa».

Los sindicatos auguran tensión social si el Gobierno no rectifica

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Los líderes sindicales reclaman que se "ahorre el espectáculo" con los servicios mínimos cada vez que se convoca una huelga y advierten de que estos no pueden utilizarse como "maniobra" para la "obstrucción" del derecho "fundamental" de la huelga.

 nuevatribuna.es | | Actualizado 21 Marzo 2012 - 21:52 h.

Foto: Fundación 1º de Mayo"29M Viñetas en acción" | Autor: Enrique Flores

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han pedido este miércoles en Santander a las distintas administraciones que sean "receptivas" a las propuestas de servicios minimos, y han advertido al Gobierno central de que "tiene la oportunidad de evitar un conflicto" con la fijación de los servicios mínimos ante la convocatoria de huelga general del próximo 29 de marzo contra la reforma laboral.

En estos momentos, se están negociando los relacionados con los transportes, para los que las centrales sindicales han ofrecido la propuesta "razonable y razona" del 30% que se acordó "in extremis" en 2010, tras recordar que la jurisprudencia posterior ha dictaminado que en otras huelgas se impusieron unos servicios mínimos "abusivos". (leer más)

El Gobierno contraataca la convocatoria de huelga con un vídeo propagandístico y manipulador

IU preguntará en el Congreso por el coste, la contratación y la urgencia del video de la reforma laboral

Sanidad retrasa su decisión sobre la píldora del día siguiente

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Un informe de la Sociedad Española de Ginecología avala el fármaco y resta argumentos a la ministra Mato

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  Asturias .  

Lne.es » Sociedad y Cultura   Oviedo, E. G. / Agencias

Un informe de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia avalando la venta sin receta de la píldora del día después, dejó al Ministerio de Sanidad en punto muerto. La ministra, Ana Mato, asegura manejar otros informes «ni concluyentes ni coincidentes», lo que le permitió dejar el asunto en suspenso. En los próximos días, dijo, se reunirá un consejo asesor para decidir si este medicamento se debe seguir adquiriendo sin necesidad de receta médica como hasta ahora.

 

Mato compareció ayer ante la Comisión de Sanidad del Senado. La píldora del día después era el tema estrella de la sesión. La Sociedad Española de Ginecología, a la que el Ministerio había solicitado un informe, lo envió y sin andarse por las ramas: los ginecólogos españoles aseguran que la píldora polémica no es tóxica, no genera adicción, no tiene contraindicaciones, es de uso sencillo, no causa defectos congénitos ni genera efectos secundarios. El informe es demoledor.

 

Pero es un informe que va contra la tesis del partido en el Gobierno, proclive a que la píldora del día después tenga que ser suministrada a partir de una receta médica. Los informes encargados lo fueron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). De lo que diga la comisión que se creará, saldrá «la decisión que luego adopte esta ministra». Mato ha aseverado que lo que decida «no obedecerá nunca a cuestiones ideológicas» ya que «en tema de medicamentos, las decisiones deben tomarse por cuestiones científicas y criterios exclusivamente médicos», ha insistido.

 

No obstante, la ministra ha explicado que se trata de un medicamento que requiere prescripción para menores en países como Reino Unido, Finlandia, República Checa, Dinamarca, Polonia, Hungría, Italia, Alemania y Grecia.

 

En su intervención, se ha defendido de las críticas sobre los supuestos retrocesos que el Gobierno promueve en materia sexual. «No creo que ustedes se puedan molestar conmigo porque simplemente haya dicho que iba a enterarme» sobre cuáles son los riesgos de la píldora tras «un par de años» de venta libre, ha expuesto.

 

«Ahora se prescribe de manera informada y cuando la mujer se toma la pastilla el farmacéutico le dice ’que sepa usted que esto tiene este peligro y no tiene que leerlo en un folleto, sino que se lo explican con detenimiento y me parece bien’», ha relatado la ministra .

 

Mato ha afirmado que le preocupaba especialmente la protección de los menores porque hay que «preservarlos al cien por cien». En esta línea se ha referido a la modificación de la Ley del Aborto sobre la necesidad de que los padres estén informados si una hija menor de edad quiere interrumpir su embarazo. «Me preocupa mucho que una niña de 16 años pueda abortar sin que yo lo sepa, fundamentalmente por el apoyo que le puedo prestar».

 

Ha insistido en que el aborto es «un drama» y por eso ha expresado su disposición de «buscar fórmulas» para que ninguna embarazada deje de tener un niño por problemas económicos, sociales o laborales.

BUSCAS 21/03/2012

BUSCAS  21/03/2012

 

 

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http://www.hsa.es/enviar/uploads/docs/bepe.pdf

El objetivo principal que tienen es el debilitamiento del mundo del trabajo (el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora) … que a nadie le quepa la menor duda.

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La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conseguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU – están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anticlase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

Artículo publicado en la revista digital SISTEMA

29-M... ¡¡quedan 8 días!!

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21/03/2012 12:31. Administrador

La Huelga General está convocada

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Amalia Álvarez | Escritora

nuevatribuna.es | Actualizado 20 Marzo 2012 - 21:07 h.

Esa convocatoria permite que todas y cada una de las personas asalariadas pueda quedarse en su casa, pueda ir a las manifestaciones que se convoquen, pueda pasear por su ciudad o por su pueblo, pueda formar parte de los piquetes informativos, pueda hacer de esa jornada de huelga una jornada de lucha por la dignidad, los derechos y puedan gritar a este gobierno, que no están, que no estamos, dispuestos a resignarnos, que no vamos a permitir que liquiden los derechos laborales y sociales… que estamos dispuestos a enfrentarnos a una política injusta y que sabemos que no es fácil, que nos enfrentamos a un gobierno sin complejos, apoyado por una parte mayoritaria de los medios de comunicación, y también por una parte de “sindicatos profesionales”.(leer más)

Los municipios proponen compartir funcionarios y servicios para ahorrar

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Los alcaldes rechazan los despidos impuestos por Hacienda a los ayuntamientos que va a rescatar

Foto:Escuela infantil municipal en Asturias, uno de los servicios que prestan los ayuntamientos. LVA

La Voz de Asturias. 21/03/2012 00:00 / Susana D. Machargo Oviedo

Despedir funcionarios o compartirlos. Esa parece la disyuntiva si se simplifican al mínimo las medidas que enfrentan al Ministerio de Hacienda por un lado y a los ayuntamientos asturianos por otro. El plan del ministro Cristóbal Montoro para rescatar a los municipios con graves problemas de solvencia exige compensaciones a cambio y esas contrapartidas se han concretado en una batería de medidas publicadas el pasado viernes en el BOE, entre las que se encuentran el despido de personal municipal, la rebaja de sueldos o el recorte en las prestaciones. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) considera que este plan de viabilidad es una “intromisión” en las competencias de las entidades locales, pese a que entienden que el Gobierno debe de pedir garantías antes de concretar la inyección económica. Las alternativas de la federación pasa porque varios ayuntamientos compartan empleados y servicios, como la recogida de basura, por reducir inversiones y gasto corriente y por ampliar los concursos públicos de suministro de material.

 

Hace unas semanas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy lanzaba un salvavidas a las maltrechas arcas municipales, al anunciar un programa para garantizar la liquidez de los concejos españoles y el pago a los proveedores. De los 78 ayuntamientos asturianos, 56 se acogieron al plan de Montoro y presentaron la semana pasada la documentación necesaria para cursar la solicitud. Los 22 restantes, en principio, no sufren demoras en los pagos. Los otros 56 acumulan una deuda de 81 millones de euros. Aunque la cifra puede parecer muy elevada es, en realidad, solo una pequeña porción de los 9.584 millones que conforman la deuda de las entidades locales en España.

 

Tijeretazo municipal Los ayuntamientos tienen ahora un mes para presentar su plan de viabilidad, cómo piensan reconducir sus finanzas para no seguir generando deuda. En ese plan de ajuste es donde nacen ahora las divergencias. El proyecto publicado por el BOE incluye un formulario oficial con 14 apartados sobre la financiación de los servicios públicos que prestan los concejos. Deben detallar cómo van a sufragar servicios públicos básicos de su competencia, como el abastecimiento de agua, el servicio de alcantarillado, la recogida de basuras o el tratamiento de los residuos sólidos, además de detallar el impacto financiero para los próximos 10 años. Los consistorios también deberán aclarar qué van a hacer con otros servicios que prestan pero que, en teoría, no son de su competencia, ya sean sanitarios, educativos o de prestación social. Un ejemplo pueden ser las escuelas públicas de cero a tres años.

 

El presidente de la FACC, el alcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar, cree que el detalle con el que Hacienda ha diseñado el plan de viabilidad supone “una intromisión en las competencias de los ayuntamientos”. De Luis entiende que el Gobierno establezca criterios pero no que baje a la arena de la gestión y les imponga medidas tan concretas. Sobre todo, porque los especialistas en la administración municipal saben que para gobernar una entidad local hay que tener en cuenta la singularidad de los territorios y el devenir del día a día.

 

Otras opciones Frente al tijeretazo indiscriminado de Montoro, la federación asturiana de concejos exige que, ante todo, se defienda la calidad de los servicios que se presta a los ciudadanos. Antonio de Luis afirma que los funcionarios son necesarios y rechaza el recorte de las plantillas. Entiende que no se contraten refuerzos, que se supriman algunos contratos temporales o que, en casos extremos, se reduzcan los sueldos, pero no que se despida.

 

La alternativa es usar la cabeza y las herramientas legales que ya tienen a su alcance. Así habla de coordinar a varios ayuntamientos pero sin estructuras mancomunadas que incrementen gastos y burocracia. La idea de compartir servicios queda clara con el ejemplo de la recogida de basura. Varios municipios se pueden unir para sacar a concurso un único servicio, con las rutas que sean necesarias. De Luis dice que la ley también les permite contratar personal a medias, que pase parte de la semana en un consistorio y parte en otro, o con un reparto de jornada por horas.

 

El resto de los instrumentos son de sentido común: reducir la inversión al mínimo, ajustar el gasto corriente y conseguir atraer a más proveedores de servicios a los concursos públicos, ahora que los ayuntamientos tienen liquidez, para rebajar los precios.

 

El formulario oficial publicado por Hacienda establece tanto medidas de ajuste de gastos como de ingresos. El Gobierno central también pide que se especifiquen las “subidas tributarias, la supresión de exenciones y las bonificaciones voluntarias”.

 

Si todo va como Cristóbal Montoro espera, y pese a la avalancha de solicitudes --5.000 en toda España--, los proveedores con facturas pendientes de ayuntamientos morosos podrán comenzar a cobrar en el mes de mayo. A partir de ese momento, comenzarán a funcionar los mecanismos de control. Los interventores municipales deberán entregar anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento y, en caso de desviación, el Estado podrá retener parte de las transferencias.

 

Ahora solo resta por ver qué harán esos 56 ayuntamientos asturianos que necesitan con urgencia liquidez.