Se mantienen las movilizaciones en la sanidad canaria, incluida la huelga del 17N
LA DISMINUCION DE 50 MILLONES EN EL PRESUPUESTO, ABOCA A 1300 INTERINOS AL PARO
Las esperanzas de un acuerdo que evitara la huelga sanitaria al final resultaron vanas. La reunión que la Directora del Servicio Canario de la Salud mantuvo con los sindicatos CCOO, UGT, CEMSATSE y SEPCA, integrantes del Comité de Huelga, reveló la nula disposición de la Administración a alterar sus planes de reducción de plantilla en el Servicio.
Tras más de dos horas de reunión, los sindicatos constataron que la disminución presupuestaria de 50 millones de euros para personal sanitario se da como un hecho por parte del Gobierno, sin admitir a este respecto ningún tipo de alteración negociada. De esos 50 millones de euros en que se reduce la dotación para la plantilla del SCS, 20 millones corresponden al incremento de jornada, 8 millones a la eliminación de los planes especiales de tarde y 2 millones a guardias médicas. Los 20 millones restantes no se detallaron en programas específicos debido a que, según la Administración, se obtienen de muchos “ajustes menudos” de racionalización del gasto.
Centrados en los 20 millones de euros de ahorro que supone el incremento de jornada, consecuencia de prescindir de 1.300 trabajadores que ahora mismo se encuentran en activo en el Servicio, resultó de todo punto imposible lograr que la Administración desistiera de este brutal recorte de plantilla y la caída en picado de la calidad asistencial que lleva aparejada, a pesar de las múltiples propuestas que desde la parte sindical se hicieron para someter esta medida a un proceso negociador sin condiciones previas. Desde el primer momento, se nos puso como condición que la negociación, en caso de producirse, debía finalizar como muy tarde el 12 de diciembre de este año, último día del plazo para presentar enmiendas parciales a la Ley Presupuestaria, y debía consistir en la sustitución de unos recortes por otros de la misma cuantía económica, pero SIEMPRE DENTRO DEL CAPÍTULO DE PERSONAL. En otras palabras, una pseudonegociación de apenas un mes y sin posibilidad de introducir criterios de ahorro que no incidan en la plantilla, un verdadero despropósito.
Como consecuencia de esta imposibilidad de encauzar el conflicto por vías racionales, no queda más remedio que mantener e incluso intensificar las medidas de presión programadas. Por tal motivo, anunciamos que, con independencia de nuevas y más contundentes medidas que sin duda se adoptarán, se mantiene definitivamente la huelga del 17 de noviembre, que se acompañará de concentraciones en todos los centros de trabajo del SCS ese mismo día, a las 11:30 horas, y de sendas manifestaciones en ambas capitales canarias a las 18 horas, con el siguiente recorrido:
Noticia relacionada.
Las Palmas de Gran Canaria: desde el parque San Telmo hasta Presidencia del Gobierno de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife: desde el Parque García Sanabria hasta Presidencia del Gobierno de Canarias.
2.034 personas están en lista de espera para ser operadas en el San Agustín
El aumento de la actividad asistencial lleva al hospital a las cifras más elevadas desde el inicio del año
Foto: Vista general de una de las fachadas del Hospital San Agustín, con el casco urbano de Avilés al fondo. :: MARIETA
El Comercio. 14.11.11 FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS.
El 71,28% de los enfermos aguarda hasta tres meses
LOS DATOS
26 pacientes se añadieron a la lista de espera del hospital respecto al mes de septiembre.
60 días de demora representan una disminución de tres jornadas respecto al mes anterior.
539 pacientes convierten a las cataratas en la patología con más enfermos en espera.
729 enfermos provocan que Oftalmología sea el servicio que acumula más demora.
El Hospital San Agustín cerró el mes de octubre con 2.034 pacientes en lista de espera quirúrgica, la mayor cifra en lo que va de año y con un aumento de 26 pacientes respecto a los 2.008 enfermos que, en septiembre de 2011, aguardaban por una operación según los datos publicados en el portal de salud del Principado de Asturias. La cifra representa un importante incremento en el número de pacientes en esa situación, más aún en un ejercicio donde la actividad acumula mayores demoras que en 2010.
A pesar de lo que puede parecer en una primera lectura, el dato refleja un aumento en la actividad asistencial en el centro de referencia de la comarca y el esfuerzo para atender a los pacientes que necesitan una intervención. Como es habitual, tres servicios, Cirugía General, Oftalmología y Traumatología, se mantienen como los que generan más actividad. Eso se explica por las características de la comarca, con una población envejecida, como se nota en algunas patologías, como las cataratas.
Por un parte, a lo largo del año se viene registrando un aumento en la actividad de consultas externas. En el primer semestre del año, la actividad en esta área creció un 9,73%. El aumento en el número de personas en consultas externas también provoca que suban las cifras de personas que aguardan para ser operadas.
El Principado se prepara para hacer públicas las listas de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas con el mismo sistema que las intervenciones quirúrgicas. Es decir, mes a mes, con datos desglosados por hospitales y en toda la red pública regional. De esta manera, se contará con más información para poder entender y explicar el funcionamiento del sistema.
Además, no se puede olvidar que los equipos que operan son los mismos que pasan consultan. Al aumentar el número de diagnósticos, disminuye el número de intervenciones, lo que provoca un incremento en los tiempos medios de espera.
Así, en octubre de este año, la demora media era de 60 días frente a los 48 del pasado año. Sin embargo, comparando la evolución de septiembre de 2011 al pasado mes, se constata una reducción de tres jornadas. Eso demuestra el esfuerzo por responder a esa demanda que se mantiene constante.
En esta línea, otro dato importante es la reducción en la demora máxima, que es el mayor tiempo que lleva esperando una persona para ser operada y que es intervenida en el mes. El pasado mes de octubre, el dato fue de 179 días frente a los 205 registrados en 2010.
Esta reducción demuestra una reducción en el tiempo de espera de los pacientes por su operación. En el conjunto de Asturias, la demora máxima alcanzada fue de 350 días, es decir, casi un año aguardando por una operación.
Espera estructural
A sos factores se une un tercer elemento, como es la propia dificultad para definir el concepto de lista de espera. En la web del Principado se explica que en la lista de espera estructural aparecen aquellos pacientes que «se encuentran en situación de ser intervenidos quirúrgicamente y cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles».
El reloj, según la explicación de la administración, empieza a contar desde «la fecha de indicación de la intervención por una especialidad quirúrgica o servicio del hospital». Antes de ese momento, todos los pacientes aguardan por un itinerario de consultas y pruebas antes de recibir la citación que marcará la necesidad de operación.
En la medida que se aplique el acelerador para reducir el tamaño de ese conjunto, la lista de espera tenderá a incrementarse porque se introducen nuevas personas en el circuito asistencial. Eso se comprueba al ver la evolución en el número de las intervenciones que se vienen realizando.
En un contexto demográfico como la comarca de Avilés que en los últimos años se mantiene estable y sin ninguna epidemia registrada en 2010-2011, se comprueba como en septiembre de 2011, Oftalmología cerraba ese mes con 656 personas en lista de espera. Y el pasado mes de octubre con 729.
Comparando con el año anterior, los datos eran de 411 y 397 para septiembre y octubre de 2010. Lo que ha sucedido es evidente: se ha producido una mayor respuesta a personas que aguardaban a ser atendidas por la sanidad pública.
Además, tampoco se puede olvidar que el número de quirófanos es limitado y que son varios servicios los que deben operar. Eso también incide que el número de personas aguardando aumente, a pesar de los esfuerzos de la administración autorizando la actividad por la tarde.
Tampoco se puede olvidar que, habitualmente, después del verano siempre se registra un aumento de las listas de espera, ya que entre junio y agosto siempre se reduce el volumen de actividad en los centros sanitarios.
En los meses invernales, la aparición o no de fenómenos como la epidemia de la gripe pueden provocar un aumento o disminución de las personas que aguardan por una intervención por la propia disponibilidad de espacios en el centro sanitario.
La conclusión es que aunque los datos demuestran que se ha producido un incremento objetivo en el número de pacientes que aguarda para ser operado, esto se debe por un mayor esfuerzo que, desde agosto, se viene realizando para reducir el número de personas que aguardan para se intervenidos.
Récord en Oftalmología
En este sentido, una de las claves pasa por el incremento de la actividad en Oftalmología, uno de los tres servicios con más carga de trabajo en el área sanitaria. La suma de los pacientes de esta especialidad junto con Cirugía y Traumatología que esperan por una intervención representan el 85,69% de las demoras registradas en la comarca.
Y, en el caso de Oftalmología, las cataratas supone la enfermedad que genera más actividad en los quirófanos. De los 729 personas que aguardan por ser operadas en ese servicio, 539 son para operaciones de cataratas, lo que representa el 26,49% de la lista de espera. Con todo, no es el mes con más actividad. En julio aguardaban 591 personas, 555 en agosto y 490 en septiembre. Son casos que se van resolviendo en los siguientes meses y que demuestran el esfuerzo para atender a la población.
La catarata es una patología asociada al envejecimiento. Los avances en su tratamiento en la década de 1990 provocó que dejase de ser una de las más molestas y complejas cirugías a intervenciones ambulatorias.
La rapidez en la recuperación de los pacientes, que prácticamente al día siguiente de la operación comienzan a recuperar la visión normal, ha provocado su generalización. La pirámide de edad en la comarca demuestra que en los próximos años no disminuirá el número de personas que reclaman esta intervención.
Convocatorias de libre designación teledirigidas
Siempre me llamó la atención que las convocatorias de puestos de libre designación eran la “crónica de una adjudicación anunciada” ya que normalmente la autoridad convocante sondeaba posibles candidatos antes de elaborar la convocatoria. El problema no radica tanto en consultar quién tiene la llave adecuada para la cerradura del puesto, como en que se diseñe la cerradura a la medida de una llave preexistente. Viene al caso porque recientemente el BOE publica un puesto de trabajo de un perfil sospechoso. Veamos.(leer más)
«La familia demanda tanta atención como el paciente»
Supervisora de la Unidad de Ictus del hospital de Cabueñes. Ve la labor de enfermería fundamental por el trato continuado con el enfermo y familiares
Foto: Begoña Calleja, en la sala de control de la Unidad de Ictus de Cabueñes, situada en la octava planta. armando álvarez
La Voz de Asturias. 14/11/2011 / María Iglesias Gijón
En Cabueñes todos saben que la planta octava izquierda es diferente. Y es que la Unidad de Ictus del hospital no sólo ocupa un espacio físico en el centro gijonés, sino que tiene alma y una “sensibilidad especial”. La supervisora del área, la enfermera Begoña Calleja, es consciente de que el personal hace su trabajo “muy bien”, y no en vano han recibido esta semana el Premio de Ética Asistencial Mariano Lacort. Instruida sobre este tipo de unidades en el hospital Josep Trueta (Gerona), Begoña tiene catorce enfermeras a su cargo, y postula su labor como “fundamental” a la hora de mediar con la familia, o informar a familiares y pacientes. Además, han elaborado un tríptico en el que advierten sobre cómo prevenir un ictus.
¿Cuáles son los factores por los que la demanda ha ido en aumento en el área V? La gente conoce mejor sus síntomas y se da cuenta de que es un urgencia médica por lo que rápidamente acuden al hospital. Además, va siendo una patología más conocida. Destaca que casi un 40% de pacientes lleguen por propia iniciativa.
¿Qué ventajas tiene una Unidad de Ictus? Todas. Es una unidad de cuidados intermedios (no intensivos), que tiene como objetivo el tratamiento precoz, y captar antes los síntomas del paciente mediante la monotorización. También disponen de una rehabilitación precoz. Las primeras 24, 48 horas son claves en el tratamiento del ictus. Como los puedes tratar antes, la rehabilitación y las consecuencias son menos traumáticas, e incluso un paciente que podría tener secuelas, puede salir de la unidad sin ellas.
¿Qué protocolos se siguen desde que llega el enfermo hasta que se le da el alta? Si esa persona avisa el SAMU, ellos activan lo que se denomina el Código Ictus: toman sus constantes, les hacen un electro y avisan al neurólogo del hospital. Cuando el paciente entra a urgencias, el equipo ya está al tanto y lo derivan al neurólogo de urgencias. Luego, hay que estudiar si puede ser un candidato a un tratamiento de fibrinolisis, o se deriva a la Unidad de Ictus. Allí, están controlados por un neurólogo de guardia, las enfermeras, y supervisados con monotorización no invasiva.
¿Están coordinados con otros servicios públicos? Sí, estamos en contacto con una trabajadora social -coordinada con la Unidad de Ictus- que informa a los familiares sobre las ayudas que disponen. Normalmente trabajamos sobre consulta, pero si vemos que algún paciente lo necesita, la llamamos y ella cita a posteriori a la familia. Luego, si nosotros tenemos algún tipo de problema con la hemorragia, tenemos Neurocirugía en Oviedo y podemos acceder muy rápido.
¿Cubren bien la demanda del área? Sí. La Unidad nació debido a esa alta demanda y la cantidad de pacientes con esa patología. Nosotros teníamos la necesidad y los medios, y lo aprovechamos. Lo ideal sería que todos los hospitales dispusieran de una Unidad de Ictus (sólo la tiene el HUCA), pero para ello necesitarían cumplir con los requisitos.
¿Qué papel tiene el servicio de enfermería? Es fundamental porque la observación y el trato continuo con el enfermo le da mucha información al médico. De hecho, son las primeras que captan cambios en el enfermo, que son básicos incluso para variar el tratamiento.
¿Al ser un patología brusca, el trato con el paciente es diferente? Sí, el ictus es algo brusco, que no lo esperas. Es difícil de asimilar por parte del enfermo y también del familiar, sobre todo en gente joven, que trabaja, es deportista y que de repente se ve en una silla de ruedas. Hay que tener una sensibilidad especial, hablar mucho con los pacientes, mucho con los familiares porque demandan tanta atención como los pacientes y hay que hacerles ver que los pacientes son dependientes, pero que los familiares tienen que hacer un esfuerzo por intentar que el enfermo vuelva a ser independiente.
López Alba: «La diabetes genera el mayor gasto al sistema sanitario»
El endocrino de Jove pide implicación de los pacientes ante un problema de salud al que «se sigue sin dar el valor» que tiene
Foto: El endocrinólogo Alfonso López Alba. juan plaza
Lne.es » Sociedad Gijón, A. RUBIERA
Es la enfermedad que está relacionada con más del 30% de los ictus cerebrales, con más del 50% de los infartos, es la primera causa de ceguera entre adultos de 18 a 64 años, y es la primera causa de amputaciones entre la población general. Y sin embargo, para desesperación de los endocrinos y de todos los equipos sanitarios que trabajan desde hace años en el tema, «la población sigue sin darle valor a la diabetes porque como no duele?». Es el lamento que manifiesta el doctor Alfonso López Alba, médico endocrino del Hospital de Jove y uno de los organizadores de la sesión informativa que hoy tendrá lugar en el centro sanitario gijonés con motivo del «Día mundial de la diabetes». A las mesas informativa y el refuerzo por dar a conocer esta enfermedad se sumará, a las 13.00 horas, en el salón de actos del hospital, una charla abierta a todo el público interesado que impartirá el doctor López Alba y la enfermera educadora de Jove, y que lleva por título: «Diabetes: el valor del control».
«La diabetes es la enfermedad que más gasto genera al sistema sanitario. El triple que el cáncer, mucho más que muchísimas enfermedades a las que la población general tiene mucho respeto. Sufrimos el problema de que sólo lo agudo es lo relevante, pero somos muchos profesionales los que tenemos claro que un trasplante no debe verse como un logro; la acción verdaderamente importante debe ser la que nos lleve a tal control de la diabetes que no sea necesario llegar al trasplante», explica López Alba. Habla con entusiasmo y con ansia. El ansia de explicar a cuantas más personas pueda, sanas o enfermas, que «el impacto de la diabetes sobre la sanidad es brutal. Tanto sobre el gasto sanitario como en las necesidades de atención o la calidad de vida». Sobre el gasto, este experto sostiene: «Un euro de cada cinco que se gastan en sanidad va a la diabetes. Eso es muchísimo dinero si se tiene en cuenta que el mayor coste viene dado por las complicaciones que sufren los pacientes que tienen descontrolados sus niveles de azúcar en sangre. Es un drama lo que nos estamos gastando en una enfermedad que con un cambio de hábitos de comida y de estilo de vida se podría atenuar».
El doctor López Alba es muy crítico con quienes hacen oídos sordos al control de una enfermedad que, más que nunca y en momentos de crisis económica como la actual, exige de la corresponsabilidad del paciente. «No hay que ver la diabetes como algo negativo. Es sólo una condición genética. El 14% de la población española tiene diabetes y eso podría no suponer ningún problema. En muchos casos sólo si engordamos, si comemos mal, si no hacemos un ejercicio mínimo? si descuidamos unas pautas de autocuidado, es cuando despertamos precozmente una enfermedad que bien controlada puede tener un impacto mínimo», explica.
Las estimaciones oficiales hablan de que hay un millón y medio de españoles que tienen diabetes y no lo saben; una cifra que incluye a 60.000 asturianos. «Lo primero que debemos hacer es un esfuerzo para que el primer diagnóstico se produzca, como ocurre ahora, cuando llegan a las consultas porque ya tienen una primera complicación importante». En ese campo puede jugar muy a favor de la población hacerse un simple test de riesgo de diabetes -«consiste en contestar a 14 preguntas muy fáciles, se llama el test Find Risc», indica el endocrino gijonés- y, si es necesario, hacerse una glucemia capilar «que vale 30 céntimos; más barato, imposible». Se estima que la fase de prediabetes es cuando el valor de glucosa en ayunas está entre 100 y 126, y la diabetes se declara con más de 126. «Los beneficios de tener una buena información y participar activamente en el control de la enfermedad son tan enormes que resulta frustrante que pase el tiempo y siga siendo una enfermedad de tanto calado. Un buen control de la diabetes disminuye el 50% de las complicaciones posibles y reduciría a menos de la mitad el gasto sanitario que generan estos pacientes», insiste. Y por si todos los mensajes anteriores no fueran lo suficientemente potentes, añade: «Una diabetes mal controlada igual te puede provocar un infarto diez años antes de lo que te correspondería. ¿Nos interesa, o no, prestarle más atención?».
http://www.lavozdeasturias.es/asturias/cifra-diabeticos-duplica-Asturias-decadas_0_590940914.html
Democracia y corrupción en la crisis del modelo social europeo
nuevatribuna.es | Antonio Baylos | Actualizado 12 Noviembre 2011 - 10:21 h.
Relacionar estas categorías resulta a primera vista algo forzado para un jurista del trabajo. Reflexionando un poco, la relación es más clara.
A los efectos que aquí interesan, hay que tener en cuenta tres significados de la palabra corrupción en relación con la noción de democracia. La primera hace referencia a una actividad delictiva de especial desvalor social, la segunda a la política que favorece la actividad o conducta delictiva haciéndola compatible con las instituciones democráticas. La tercera, plantea un contexto de degradación de la capacidad de mediación institucional de la política democrática. Se dirá algo de cada una de estos tres significados.
Como actividad delictiva, la corrupción es una conducta en la que destaca la utilización en provecho propio del poder público, o el incumplimiento en beneficio privado de las reglas que disciplinan el ejercicio correcto de las prerrogativas en el ejercicio del poder. Se trata de una categoría en aumento que tiene perfiles jurídico-penales y también ético–sociales. Son muchas las conductas que reúnen estas características, pero entre ellas son típicas las maniobras ilegales para la financiación de los partidos políticos, la utilización de la especulación inmobiliaria para el lucro privado, las comisiones para adjudicar contratos a las empresas públicas o en un proceso de licitación de concursos públicos, la creación de empresas pantalla para desviar fondos públicos o en general el clientelismo electoral aprovechando medios públicos. Se trata de fenómenos en impresionante aumento en estos últimos años, aunque siempre en estos casos hay que recordar que el incremento tiene que ver también con la visibilidad del fenómeno antes oculto y la mayor capacidad del sistema para reprimir estas conductas.
Este tipo de corrupción reúne dos características. Ante todo, la separación entre el momento de su conocimiento e información al público a través de los medios de comunicación y su inserción institucional como acto reprimido por el poder del Estado, en un proceso de judicialización de este proceso de incriminación. Lo que lleva aparejada la importancia acentuada del momento informativo, que es un momento privado, gestionado desde los parámetros ideológicos de las empresas editoras de los medios de comunicación de que se trate, que se confronta, paralelamente, con la dilación genérica del momento enjuiciatorio, lo que permite que se perciba socialmente una situación de impunidad de la corrupción en la esfera pública.
Es clara la utilización en clave ideológica del momento de la “denuncia” informativa, lo que produce la resignificación mediática de la política como hábitat natural de la corrupción. Allí anida también la utilización de este discurso en clave antisindical, asimilando a estos fenómenos las subvenciones obtenidas para la formación ocupacional, o las indemnizaciones del patrimonio sindical, o en fin, la concentración de crédito horario en lo que la prensa llama “liberados” sindicales. Se trata no obstante de una parte del discurso antisindical en circulación que no constituye el núcleo central del mismo, pero que si lo acompaña y lo refuerza.
La corrupción aparece además como elemento compatible con las instituciones democráticas. No es una paradoja que coincida un enorme desprestigio de la política como ámbito de consecución de intereses privados y, simultáneamente, que en los procesos electorales que se han realizado, los políticos corruptos – procesados – sean refrendados mayoritariamente por la población.
Se produce la asimilación del espacio de la política a un peculiar espacio de mercado – aunque de acceso restringido – en el que se busca la obtención de un lucro personal –individual o de grupo- en el contexto de un suministro de servicios a la comunidad como ejercicio de funciones públicas.
En España este hecho tiene mucho que ver posiblemente con una cierta comprensión desviada del pacto implícito en la transición democrática de la dictadura a la democracia. Es sabido que la amnistía hizo ingresar en una sola dimensión la cancelación de conductas delictivas tipificadas como tal bajo el franquismo y luego reconocidas como derechos democráticos en la Constitución, junto con la renuncia a remover los hechos y conductas lesivas de los derechos humanos fundamentales plasmadas en los crímenes de la guerra civil, las torturas y los asesinatos de Estado. La ley de Memoria Histórica del 2007 pretendió extender la reparación económica y moral a estos supuestos, pero su aplicación está siendo ralentizada y dificultada, incluso con episodios de clara indicación autoritaria como el procesamiento del magistrado Garzón.
En cualquier caso, en la continuidad franquista no revisada entraba de forma no visible la corrupción como elemento caracterizante de la actividad de los grandes grupos económicos cuya relación con el poder político estaba dirigida a la obtención de posiciones de ventaja en el mercado. Es decir, que en la dictadura, el espacio de la política era un espacio cerrado, hermético a la participación popular, como terreno de asignación de posiciones de ventaja de todo tipo, económicas, sociales y laborales, también a través de la represión de la resistencia obrera. Esta visión se difuminó y quedó como en letargo en los primeros años de la transición, ante el auge de una cierta conflictividad más difusa y el enfrentamiento complejo de los actores sociales y políticos en ese primer período. Pero a partir de 1986, con el ingreso en la OTAN y la consolidación de la “modernización” española de aquellos años, se despierta de su breve sueño de piedra y comienza a andar cada vez más adelante y con mayor determinación, a partir de los tiempos de la modernización capitalista y del “pelotazo”. Se ponen en práctica políticas públicas que favorecen esta apropiación de la política por los intereses privados individuales o grupales, y el propio modelo de crecimiento económico basado en la especulación inmobiliaria, incentiva y extiende estos fenómenos.
Actualmente se puede diagnosticar, en fin, un contexto de degradación del espacio público – democrático que favorece la erosión de los derechos sociales primero e, inmediatamente, de los propios derechos democráticos de participación ciudadana. Las líneas de tendencia señaladas lo promueven. Tanto la percepción de la política como ámbito “natural” de concreción de interés privado de quienes se dedican a ella, definidos ahora como “profesionales de la política” o “clase política”, como la definición de éste ámbito como un peculiar espacio de mercado para la obtención de un lucro personal, que se define además por su hermetismo y su refracción a cualquier participación popular, auto administrado por grandes grupos de interés económico, se confirman como expresiones sociales que se corresponden con los hechos sucedidos con las reformas del 2010 – 2011 en el marco de la crisis del euro.
La fuerza normativa directa de los mercados financieros sobre los distintos gobiernos periféricos de Europa y la tutela de las instituciones reguladoras de los mercados (FMI y BCE) sobre las autoridades europeas, exigiendo la adopción de “reformas estructurales” se inserta sin dificultad en las tendencias culturales e ideológicas que han fomentado las políticas de corrupción. Las reformas estructurales se imponen como programa a todos los gobiernos sea cual sea su orientación política, socialistas o conservadores, que metabolizan en su acción de manera unánime, la lógica neoliberal.
Como resultado se produce una reacción de doble dirección. La mediación institucional que cristaliza la participación popular a través de las elecciones políticas se considera ineficiente o inútil porque el proyecto de reforma social y de vigencia de derechos de ciudadanía que pretende agrupar suficientes consensos en torno a una mayoría social de progreso, se ha desvanecido al transformarse en su contrario y hacer suyo el programa neoliberal como un destino inexorable. Por ello de un lado se produce una clara separación entre las expectativas ciudadanas respecto de las figuras de la representación política, simbolizada en el lema del movimiento 15 –M:”no nos representan”, porque la democracia representativa y el mecanismo electoral se conciben como un instrumento separado de las necesidades populares, al servicio de los grandes grupos de interés económico. Y esta impresión se confirma con el incremento de los beneficios de los grandes bancos y la naturalidad con que se otorgan bonus y generosas indemnizaciones y pensiones a todos los dirigentes financieros, incluidos aquellos cuya gestión ha hecho necesaria la inyección de fondos públicos para salvar esas entidades, mientras se exigen sacrificios importantes al resto de los ciudadanos.
Pero esta separación funciona también a la inversa, generando el desapego o la desconfianza de los gobiernos respecto de los ciudadanos. La vicisitud de la reforma constitucional española por la que se incluyó en el texto constitucional el techo del déficit público es emblemática, puesto que no sólo se incorpora un dogma acuñado en Mont Pélegrin desde hace tanto tiempo, sino que el real objetivo del acuerdo entre los dos grandes partidos democráticos del gobierno y de la oposición fue el de evitar la participación democrática de los ciudadanos refrendando en las urnas la medida. Como también el ejemplo griego, anunciando un referéndum sobre las condiciones de rescate de la deuda que provocó la airada reacción de las autoridades monetarias europeas anunciando la revocación del préstamo si se producía el referéndum, demuestra la existencia de un proceso de expulsión de las garantías e instrumentos democráticos de la gestión de la política, que se ha saldado además con la eliminación de la escena política del gobernante que tuvo la audacia de proponer la consulta popular.
La reducción de los derechos sociales, el progresivo desmantelamiento controlado de aspectos importantes del modelo social europeo, se consideran correctamente como un fin directamente perseguido como forma de enriquecimiento de los poderosos y de acentuación de las desigualdades a través de la acción política de gobierno. Es un fenómeno gigantesco de expoliación de los estándares sociales de los ciudadanos en beneficio de los grupos financieros en donde se produce una inversión perversa según la cual lo público es privado y da nombre a un espacio que tendencialmente afirma la desigualdad, y que paulatinamente se acompaña de un proceso de reducción de derechos de participación democrática. Se suele presentar además de manera intencionada como un fenómeno inmodificable, especialmente mediante la entrega de la representación a los actores políticos principales a través del mecanismo electoral.
Hay sin embargo señales muy consistentes de resistencia social y política.. En primer lugar, la reivindicación de la transparencia de la acción política, la democratización de los procesos electorales y la exigencia de incorporar nuevos instrumentos de participación ciudadana y colectiva. Estos puntos están hoy en el centro del debate político de la izquierda, tanto política como social, al punto que se han incorporado posiblemente de manera definitiva al proyecto de reforma que se quiere movilizar en las elecciones políticas primero, pero también más allá de este circuito electoral. Con independencia de lo que suceda en España en las elecciones del 20 de noviembre, la obediencia a los dictados del BCE o del FMI estará asegurada en los términos en que estas instituciones lo exijan, pero sin embargo es posible que se produzcan en Europa en tiempo próximo ciertas mutaciones políticas electorales que sustituyan los gobiernos conservadores mayoritarios ahora y den una oportunidad a las medidas de control político de los mercados, una política económica común y reformas eficaces en orden a la creación de políticas europeas progresistas en materia fiscal y hacendística. Por último la reorganización de la resistencia de los sujetos sociales, en donde el sindicalismo tiene un protagonismo evidente, y que acelera fenómenos de movilización social en torno a un proyecto autónomo de ordenación social que se contiene no sólo dentro de las fronteras nacionales, sino que se despliega en una mayor coordinación europea y global.
La resistencia al estado de excepción económico que degrada y reduce derechos sociales y democráticos es cada vez más amplia. Es una actuación de los sujetos sociales que se resiste a permitir la degradación continua de la autonomía de la política y el debilitamiento de la sociedad civil.
La Rioja expulsa de su sanidad a 9.000 vecinos de municipios vascos
La medida rompe un acuerdo de asistencia que se mantenía desde hace décadas
Foto: Una de las salas del hospital de San Pedro, en Logroño.-
ANIA ELORZA / JAIME PRATS - Vitoria / Valencia -
Los recortes sanitarios y su consecuencia sobre la salud de los pacientes han dado un salto cualitativo con la decisión del Gobierno de La Rioja de dejar de prestar atención especializada a 9.000 vecinos de poblaciones limítrofes de la provincia de Álava, como Laguardia, Labastida u Oyón, que tradicionalmente han sido asistidos en Logroño. La medida también afecta a municipios cercanos que pertenecen a Navarra.(leer más)