El tijeretazo golpea al sector público y afectará al empleo
Las obras de Fomento y las transferencias de Hacienda a las empresas del Principado soportan el grueso de un recorte de 157 millones // Cascos deja la puerta abierta a nuevos ajustes este año
El tijeretazo golpea al sector público y afectará al empleo El tijeretazo golpea al sector público y afectará al empleo
La Voz de Asturias. 05/10/2011/ Raúl álvarez Oviedo
El bolígrafo de Francisco Álvarez-Cascos tachó ayer casi 157 millones de euros del presupuesto regional para este año. El tijeretazo afecta a todas las consejerías, aunque su alcance es desigual. Los departamentos de Fomento y Medio Ambiente y de Hacienda y Sector Público son los más afectados, aunque el torrente de obras aplazadas, subvenciones retenidas y partidas adelgazadas salpica a todo el gabinete. El cerrojazo, según la estimación oficial, permitirá ahorrar el 3,65% de lo presupuestado y representa casi el 1% del tamaño de la economía asturiana. Su aplicación también tendrá efectos sobre el empleo, aunque el Gobierno no los ha contabilizado. La falta de fondos para la televisión pública amenaza 800 puestos de trabajo en el sector audiovisual y la Consejería de Economía no entregará más de 9,5 millones destinados en principio a ayudas a empresas.
En las primeras reacciones al plan, las repercusiones sobre el empleo de esa contracción del gasto aparecen como la primera preocupación de todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos y los empresarios. En particular, el Gobierno pone contra las cuerdas a la RTPA, a la que dejará de transferir más de 11 millones de euros hasta finales de año. La cadena teme que la sequía en sus arcas ponga fin a las emisiones en pocas semanas y se lleve por delante a su plantilla y todos los empleos inducidos en las productoras que contratan con ella. No es la única decisión que puede causar despidos. El Instituto de Promoción Económica (Idepa), uno de los organismos públicos peor vistos por Foro Asturias, verá desaparecer de su presupuesto 1,8 millones.
Líneas rojas La línea de puntos para la tijera gubernamental perfila otros dos grandes objetivos de los recortes. El Principado prevé eliminar 33 millones de euros en cargas financieras y aplaza inversiones por un importe similar. Todas las obras afectadas cuentan con financiación plurianual y Cascos confió en que, gracias a las aportaciones de ejercicios futuros, estén finalizadas según sus plazos iniciales. El Gobierno no ha tocado ninguna iniciativa cofinanciada con fondos mineros autonómicos y estatales para que el Gobierno central siga obligado a mantener su aportación. El presidente, que compareció en persona ante la prensa para explicar las medidas tras su aprobación en un Consejo de Gobierno extraordinario, también se esforzó en garantizar que las partidas cruciales del gasto social en las consejerías de Bienestar, Sanidad y Educación no perderán ni un euro.
Tras tres días de deliberaciones con todas las consejerías, los recortes, según la definición de Cascos, representan “un paso necesario en el saneamiento de las cuentas del Principado”. Desde su toma de posesión, el nuevo Gobierno ha insistido en la existencia de un agujero oculto en la contabilidad regional. El paquete aprobado ayer supone, según esa versión, una corrección de ese rumbo, pero podría no ser el único retoque del presupuesto, sino el prólogo a nuevos recortes. Según el presidente, después de la reducción del número de consejerías y altos cargos, este recorte “es el segundo de este Gobierno, pero no será necesariamente el último”.
Compromiso de austeridad Ante el Ejecutivo, quedan otros retos financieros pendientes. El Principado superó en el primer semestre del año el objetivo de déficit presupuestario fijado para todo el ejercicio y Cascos admitió ayer que el recorte no está concebido para abordar ese problema. “Tiene más de compromiso de austeridad que de respuesta a los requerimientos de la Administración central”, afirmó. El presidente dejó para una comparecencia inminente del consejero de Hacienda, Ramón del Riego, los detalles sobre el impacto del ajuste en el déficit y sobre las partidas concretas que, más allá del trazo grueso adelantado ayer, se verán afectadas. La falta de precisión sobre la mayoría de las intervenciones contrasta con el dedo que señala a la televisión pública. “Esas subvenciones son prescindibles”, aseveró.
La paralización de obras e inversiones afecta particularmente a las consejerías de Fomento, Bienestar Social y Agroganadería. Los programas de carreteras y construcciones hidráulicas se revisan para ahorrar 15 millones. La Junta de Saneamiento, muy criticada la semana pasada por la consejera Isabel Marqués en la Junta General, pierde 31 millones. En Bienestar y Agroganadería, las reprogramaciones afectan a otros 15 millones, aunque el Gobierno puntualiza que en la primera no se ve afectada la prestación de ningún servicio.
Las previsiones también incluyen revisiones del gasto corriente con poco impacto real pero efectistas ante la opinión pública. El Principado prevé prescindir de 300 de los 691 vehículos de su parque móvil (no todos son coches oficiales de altos cargos) y de 1.000 de las 2.311 líneas de telefonía móvil que tiene contratadas. Las compras de material de oficina, las dietas de los funcionarios y los demás gastos necesarios para funcionamiento diario también quedan bajo la lupa.
Los ajustes del Principado no reciben ningún apoyo
IU y PSOE califican el plan de «antisocial» y creen que generará más desempleo
05/10/2011 00:00 / S.d.m./j.m. Huerga Oviedo/caso
A nadie le gusta el ajuste económico presentado ayer por el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos. Unos los critican abiertamente calificándolo de “antisocial” y augurando que incrementará la tasa de paro, otros reclaman prudencia hasta conocer la concreción del proyecto y las partidas exactas que se cercenan; otros, la mayoría, no quiere ni pronunciarse públicamente a pesar de la alarma que se está creando. La cautela es la única característica común en las reacciones que ha causado el tijeretazo de Cascos.
Los tres partidos de la oposición se pronunciaron ayer. IU y PSOE señalan que es un plan que ataca aspectos sociales y que en lugar de ser un revulsivo para la contratación provocará un incremento en las tasas de paro. Por su parte, el PP cree que no tiene datos suficientes para valorarlo, al considerar que es poco concreto, por eso critica que el consejero de Hacienda, Ramón del Riego, no se haya “dignado” comparecer en la Junta General.
Javier Fernández, secretario general de la FSA-PSOE, se pregunta si Cascos habrá calculado con precisión el fuerte impacto que su programa de recortes tendrá en materia de empleo y recomienda al presidente del Principado que “calcule la pérdida de puestos de trabajo que va a suponer”. A falta de datos concretos, explica que las infraestructuras se llevarán la peor parte, pero teme la repercusión que tendrá en la educación o el bienestar social al paralizar la ampliación de la red instalaciones públicas, como las residencias para mayores. Del mismo modo, está convencido de que debilitará al sector empresarial al recortar las ayudas.
Fernández emplazó a la Consejería de Hacienda a hacer público un documento en el que concrete qué partidas exactamente se van a recortar. El líder socialista reprochó al Gobierno que, en vez de gobernar y escudarse en la herencia recibida, esté abonado al enfrentamiento continuado, primero con Cajastur y ahora con la patronal Fade y con el Niemeyer. También teme las consecuencias que el tijeretazo puede acarrear a los ayuntamientos y a las obras que requieren con urgencias los municipios asturianos.
Sin embargo, las diversas patronales asturianas prefirieron ayer guardar silencia. Tan sólo el presidente de Jóvenes Empresarios, Pablo Justel, habló, aunque con suma prudencia. Justel cree que cualquier reducción de los mercados y de la actividad termina pasando factura a los empresarios, aunque las medidas que adopte el Gobierno no vayan directamente contra ellos.
El candidato de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, es incluso más contundente que Fernández al calificar el plan de “antisocial” y de “generador de paro”. Acusa a Cascos de “sobreactuar” con su programa de ajustes y está convencido de que tendrá consecuencias negativas sobre los servicios públicos, pese a que trate de suavizarlo en público diciendo que “sólo afecta a móviles o a gasto superfluo”. Llamazares habló ayer antes del inicio de un coloquio previsto con antelación en Mieres. Hoy saldrá a la palestra el portavoz de IU en la Junta General, Jesús Iglesias, con un pronunciamiento más reposado.
Frente sindical Esta es la idea que también trata de transmitir Comisiones Obreras (CCOO). Su secretario general, Antonio Pino, afirma que las decisiones anunciadas por el Ejecutivo asturiano son “el primer paso para desmantelar los servicios públicos”. Pino cree que el Consejo de Gobierno hace lo contrario de lo que necesita Asturias, que es “realizar inversión productiva y actividad económica, que es lo que genera empleo”, porque ese comportamiento está causando “desconfianza”.
El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, piensa que, en principio, la propuesta no rebasa “ninguna de las líneas rojas” marcadas por su sindicato. Esos límites son las prestaciones básicas como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Sin embargo, afirma que, aunque no se ataque directamente a estos sectores, sí que ser verán asfixiados por el contexto económico. Braga indica que en lugar de recortar subvenciones y obra pública lo que tendría que haber hecho el Gobierno del Principado es diseñar una política de empleo efectiva e invertir, no cebarse “con la pieza más débil” que son los trabajadores. Porque el temor de UGT es que lo que esté haciendo el Ejecutivo es “extender como una mancha de aceite los ajustes”.
