El 47,8 por ciento de las 15.000 prestaciones que se ofrecen en la actualidad en el Principado son para cuidados en el entorno familiar
Foto: Pedro Rodríguez, director general de Servicios y Prestaciones Sociales.
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Las cifras.
La Nueva España. Oviedo, P. R.
En 2014, cuando apenas falte un año para completar el desarrollo de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, conocida popularmente como ley de Dependencia, habrá en Asturias entre 25.000 y 30.000 personas dependientes que necesiten atención diaria. En la actualidad son alrededor de 15.000, según afirma Pedro Rodríguez Martínez, director general de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social.
La atención a los mayores, a los dependientes, a las personas con discapacidad, infancia, servicios sociales municipales y los que reciben el salario social, cuesta este año al Principado 263,6 millones de euros, un 77 por ciento del presupuesto total de Bienestar, en el que también se incluyen vivienda y cooperación. «Desde 2006 el presupuesto ha crecido un 82 por ciento», asegura Pedro Rodríguez.
¿Podrá continuar desarrollándose la ley de Dependencia en la actual situación de crisis económica? «En términos normativos está prácticamente concluido el desarrollo, tanto en gestión como en acreditación de centros, valoración de la capacidad económica del usuario y guías de buenas prácticas», afirma el responsable.
Y añade: «El reto es que no se concreten los posibles recortes en la aplicación de la ley debido precisamente a la crisis. Ya hubo algunas propuestas en el sentido de suspender el desarrollo de la norma. Esa es la clave. Habrá que ir mejorando en la gestión y en los plazos», señala.
La incorporación a los beneficios de la ley de aquellas personas con una dependencia moderada obligará a incrementar los servicios y las prestaciones diarias, pero Pedro Rodríguez considera que este es un aspecto en el que la Administración puede contribuir a la solución de la crisis económica generando puestos estables en la atención a la dependencia. «Mantener el ritmo de compromiso será complicado en términos presupuestarios, pero esa será la apuesta», señala.
Desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia, en enero de 2007, Asturias ha generado unos 2.200 empleos en centros públicos y privados concertados.
El actual equipo de gobierno de Bienestar Social, que lidera Noemí Martín (IU), se incorporó a la Consejería en diciembre de 2008, cuando el PSOE llevaba año y medio gobernando. «Hemos desarrollado un trabajo muy intenso. Llevo 23 años trabajando como funcionario y no recuerdo dos años de crecimiento tanto cuantitativo como en desarrollo cualitativo de una norma».
La nueva regulación de los precios de los servicios sociales, el copago, aprobado el pasado mes abril, completa una arquitectura destinada a regular el reconocimiento de derechos, algunos de ellos como el de la dependencia, de carácter universal. «Y todo esto lo hemos hecho en un contexto de crisis económica aguda», señala Pedro Rodríguez.
El copago ha servido, entre otras cosas, para regular la situación de los usuarios de centros de atención a personas con la discapacidad que, según Pedro Rodríguez, era «muy variopinta». Con el nuevo régimen, el precio medio es de 76 euros mensuales, incluyendo el transporte, pero casi el 59 por ciento de las personas pagan menos de 50 euros, cantidad que sólo abonan el 6,25 por ciento de los usuarios. Y hay gente que no paga, apunta.
El director general de Prestaciones subraya que no ha sido fácil garantizar los recursos y que, sin embargo, lo han logrado, con incrementos anuales muy significativos. «Hemos tenido que defenderlos contra viento y marea, frente a otras posiciones que proponían un freno al desarrollo de la ley de Dependencia», apunta.
En lo que respecta al desarrollo de la ley de Dependencia, a 31 de diciembre de 2010 se habían presentado 33.749 solicitudes, se habían valorado 28.492 (el 84,4%), de las que 17.766 tenían derecho a atención y, de ellas, 14.751 tenían derecho a un servicio o prestación (el 83% de las personas cuando la media de España está en el 74,3%). En total, el Principado atiende a 26.616 personas en centros, servicios y prestaciones a la dependencia.
En abril de este año el plazo medio global de atención a personas con dependencia era de 5,8 meses -muy cerca de los 6 que la consejera de Bienestar se trazó como objetivo- aunque, cuando se trata de aprobar las prestaciones económicas, el plazo de gestión es de 8,9 meses, porque «requiere unos niveles más estrictos de control», asegura Pedro Rodríguez.
El 47,8 por ciento de las prestaciones de la ley son para cuidados en el entorno familiar y el resto para servicios profesionales, teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día. El 62 por ciento de las personas dependientes quieren ser atendidas por su familia.
