Como los sindicalistas del HUCA no lo reclaman ni en campaña de elecciones sindicales, lo hace el concejal de urbanismo de Oviedo...

Mortera reclama que el parking del HUCA sea gratuito para el personal del hospital
El concejal alerta de «enormes dificultades» en La Corredoria ante la falta de aparcamiento y la ausencia del enlace con la autovía a Gijón
Foto: El nuevo HUCA./ Ch. N.
Los aparcamientos del HUCA no serán una solución y sí un problema. Así se lo dice el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, al consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, en una carta en la que le exige que el parking proyectado en el HUCA sea, al menos, gratuito para los trabajadores del nuevo hospital.

Mortera denuncia en su misiva las «noticias recientes» por las que ha tenido el conocimiento de que Gispasa «tiene la voluntad de convertir las plazas de aparcamiento del futuro HUCA en estacionamiento de pago». El concejal de Urbanismo recalca al consejero de Economía que el Ayuntamiento lamentó en su día la oportunidad perdida que suponía construir exclusivamente 2.200 plazas, tratándose de «una obra nueva sobre una superficie muy extensa», lo que hubiera permitido acoger muchos más vehículos; pero el verdadero problema lo detecta el Ayuntamiento de Oviedo en «el coste relevante» que estos nuevos espacios van a suponer para los usuarios, que se traduce en una situación «mucho más preocupante para la ordenación del tráfico y la gestión del estacionamiento en el entorno» y que afectará «especialmente a los 5.600 profesionales que trabajarán en estas dependencias».

Analiza, así, Mortera que una cuantía de mercado, y cita entre 45 y 50 euros al mes, supondría «una merma relevante en los ingresos de estos mismos profesionales a los que nadie ha consultado sobre el futuro complejo hospitalario y que han visto reducido su salario real en al menos un doce por ciento en estos dos últimos años».

El problema, aparte del «quebranto en sus bolsillos» del que habla Alberto Mortera, sería también que una parte de esos vehículos privados «busque estacionamiento gratuito en las calles de La Corredoria y en las áreas adyacentes al propio HUCA».

Esa deriva de tráfico procedente del nuevo complejo hospitalario vendría a sumarse, según denuncia el Ayuntamiento, con el procedente de otras áreas que se vería obligado a circular también por La Corredoria para acceder al Hospital, ante la falta de ejecución del prometido enlace del HUCA con la autovía a Gijón, la AS-II. Mortera destaca en su carta a Rabanal que «se ha aplazado sin fecha la construcción del enlace desde el HUCA a la AS-II», e ironiza con la persistencia de dicho proyecto en los planteamientos del Ejecutivo regional, pues, explica, «sigue presente en las recreaciones virtuales que componen las imágenes con las que se ilustra el proceso de construcción hospitalario en las repetidas presentaciones de las distintas áreas hospitalarias».

El resultado de la combinación entre un aparcamiento pequeño de pago y la falta de un enlace con la AS-II, concluye el concejal del Ayuntamiento de Oviedo, es que «los residentes de La Corredoria soportarán en sus calles miles de nuevos vehículos diarios y encontrarán enormes dificultades para poder aparcar en las inmediaciones de sus domicilios o de sus empresas».

Menos Valcarcel y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell

Todos contra el copago sanitario

Partidos asturianos con representación parlamentaria y aspirantes coinciden en su oposición a esa fórmula de financiación de la sanidad pública

Oviedo /Castrillón, P. R. / I. M. / Agencias, en La Nueva España 
El pasado mes de febrero, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobaba por una amplia mayoría una propuesta de su presidente, el diputado asturiano de IU Gaspar Llamazares, que rechazaba «la introducción de cualquier fórmula de copago por parte de los usuarios en el Sistema Nacional de Salud». Todos los grupos parlamentarios, excepto CiU y PNV, que se abstuvieron, aprobaron la proposición no de ley.

Un mes después, cuando faltan apenas sesenta días para las elecciones municipales y autonómicas, unas manifestaciones del presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, planteando la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de la sanidad y la educación, han causado un cruce de acusaciones entre los partidos, sobre todo entre los dos mayoritarios, PSOE y PP. La conclusión es la misma que votaron en febrero: todos están contra el copago.

La única voz discrepante ha sido la del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, quien defiende el copago o la colaboración público-privada como fórmulas que hay que estudiar para financiar la sanidad y la educación, que, según dijo, representan el 55 por ciento del gasto de las comunidades autónomas. «Sin duda alguna, lo que peor podemos hacer en estos momentos es quedarnos quietos-parados y viendo cómo el edificio se destruye», afirmó.

Las declaraciones de Valcárcel, aunque matizadas ayer -«es preciso poner solución a la financiación de los servicios básicos a los ciudadanos, lo que no es copago», afirmó- sirvieron de coartada al PSOE. Su portavoz en el Congreso, el diputado José Antonio Alonso, dijo que su partido tiene claro que la intención del PP es «privatizar al máximo» la sanidad pública y que quien no pueda pagar por recibir este servicio tenga que «aguantar una sanidad pública devaluada».

Pero también hay altos cargos socialistas que se han mostrado favorables a algún tipo de pago. De hecho, Gaspar Llamazares presentó la propuesta en la Comisión de Sanidad porque el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, había hablado de la posibilidad de utilizar esta fórmula. En el decreto ley de recortes de mayo de 2010 estuvo a punto de incluirse. Carlos Ocaña dijo entonces que el copago «se planteó también para ser incluido en el decreto de reducción del déficit aprobado el pasado viernes, pero finalmente no se hizo porque para reducir el gasto en Sanidad se aprobó la rebaja en el precio de los medicamentos».

En Asturias, el coordinador de la Federación Socialista Asturiana, Jesús Gutiérrez, aseguró que el copago «no es una modalidad que los socialistas asturianos defiendan». Gutiérrez aseguró que la FSA dejó su posición «muy clara» hace tiempo y aprovechó para criticar la propuesta del PP, aunque agradeció que los conservadores «se quiten la careta».

En lo que respecta al copago educativo, al que el presidente Valcárcel también se refirió en sus manifestaciones, el consejero de Educación del Principado, Herminio Sastre, lo rechazó ayer tajantemente. «Desde el Gobierno regional abogamos por seguir manteniendo el Estado del bienestar con una educación pública, de calidad y para todos los ciudadanos», afirmó en Salinas, localidad castrillonense en la que visitó el colegio público y mantuvo un encuentro con los profesores y los alumnos de sexto curso de Primaria. «El Gobierno asturiano no se va a plantear la posibilidad de introducir el copago, además la situación económica de Asturias es mejor que la de Murcia», afirmó.

Isabel Pérez-Espinosa, candidata del PP al Principado fue tan contundente como su presidente nacional, Mariano Rajoy. «No contemplamos el copago. Tiene que haber contención en el gasto sanitario y aunque planteamos una serie de medidas, ninguna de ellas es el copago».

Jesús Iglesias, candidato de IU/Los Verdes a la Presidencia del Gobierno de Asturias, está convencido de que el PP tiene «un programa secreto» que puede conocerse a través de su Fundación FAES, presidida por el ex presidente José María Aznar. «Y FAES considera imprescindible el copago para el sostenimiento del sistema sanitario».

En cuanto a los partidos políticos asturianos sin representación parlamentaria pero que aspiran a conseguirla en las próximas elecciones, todos son contrarios al copago, según manifestaron sus líderes a LA NUEVA ESPAÑA. Únicamente FAC, la formación que lidera Francisco Álvarez-Cascos, ha pospuesto su opinión. «Lo haremos en cuanto tengamos el programa del área de sanidad, actualmente en elaboración», declaró un portavoz.

«Estamos radicalmente en contra», afirmó Juan Morales, candidato de IDEAS. «Me parece una inmoralidad plantearlo siquiera cuando en Asturias no se han aclarado los sobrecostes del nuevo Hospital Universitario».

«Le responderé en dos palabras», subrayó Xuan Xosé Sánchez-Vicente, candidato del PAS/URAS, al solicitarle brevedad en la respuesta: «Frontal oposición».

Arturo García, el hasta hace diez días párroco de La Manjoya, impulsor del Partido Democrático y Constitucional (PyC), asegura que, para empezar, «está mal que se denomine copago a algo que siempre paga el mismo, que es el administrado». Y añade: «También lo veo mal porque al que apenas utiliza la sanidad se le debía restar de su impuesto sobre la renta. Y además en Asturias tenemos céntimo sanitario, con lo cual sería tripago»

Y Quirós se enfadó ¿particularmente con Riera?

El informe de PwC corrige la deuda sanitaria regional y la baja a 132 millones

La consutora modifica su documento 'Diez temas candentes de la sanidad española' tras la petición hecha desde Asturias al detectar datos erróneos

30.03.11 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

La consultora Price Waterhouse ha corregido la deuda sanitaria de Asturias, la referida a fármacos y productos sanitarios, y la rebaja de 301 a 132 millones de euros. La rectificación llega una semana después de que la firma presentara públicamente en Madrid el informe 'Diez temas candentes de la sanidad española para 2011', un documento en el que participaron 22 expertos sanitarios, entre ellos un miembro de la propia Consejería de Salud del Principado, y en el que PwC recogía que el nivel de endeudamiento de la sanidad regional se elevaba a 301 millones (241 millones en productos sanitarios y 60 en fármacos).

Según los datos ahora corregidos, y que a última hora de ayer fueron introducidos en el informe que la compañía tiene colgado en su web, la deuda hospitalaria del Principado asciende a 132 millones de euros, lo que supone un 8,4% del presupuesto sanitario total. Se trata de 72 millones en productos sanitarios y otros 60 millones en medicinas. PwC reconoció ayer haber recogido y publicado datos incorrectos en relación a la deuda sanitaria de todas las autonomías, incluida Asturias. El nivel de endeudamiento en el conjunto de la sanidad de España es, según las nuevas cifras, de 6.875 millones de euros (no de 8.739 millones), una cifra que a ojos de PwC sigue siendo «elevadísima y desorbitada». Estos datos provienen de las patronales farmacéutica (FEFE) y de la tecnología y productos sanitarios (Fenin).

Ética periodística

La consultora pidió disculpas a EL COMERCIO, único medio regional que se hizo eco de este documento y al que la Consejería de Salud criticó ayer en público al término de un seminario que sobre ética y salud se celebró en el HUCA. Ramón Quirós dijo estar «indignado» porque «cuando salen datos falsos, que son errores de los periodistas, sois incapaces de rectificarlos. Nosotros metemos la pata -prosiguió- y nos vamos a la calle, pero hay otros que meten la pata, abren con datos falsos y jamás rectifican», dijo. Lo que no aclaró Quirós a los medios allí presentes es que el error al que se refería parte del informe original de PwC, en cuya elaboración intervino su propio departamento.

Y tampoco que la puntualización de Price Waterhouse sobre la deuda asturiana se produjo después de que la Consejería de Salud reclamara a la consultora y por extensión a este periódico una corrección pública. Pero EL COMERCIO ya lo había hecho, como lo demuestra la información recogida ayer bajo el título: 'La Consejería de Salud sitúa la deuda sanitaria en 132,45 millones', datos facilitados por el propio Quirós a este medio. Una cifra que concuerda con la corrección posterior de PwC.

La publicación sobre la deuda sanitaria parece haber abierto la caja de los truenos. Y eso que sólo se refieren a una parte del endeudamiento, puesto que no recoge lo que el Sespa debe a otros muchos proveedores que trabajan para la sanidad pública. Son datos por los que las administraciones prefieren pasar de puntillas pese a que los expertos consideran que deberían ser públicos.

Buscas 29 de marzo de 2001

 

ENLACE CON LA PAGINA DE EMPLEO DE HOSPITAL SAN AGUSTIN

Entre los 132 de Quiros a septiembre 2010 y los 301 de PwC a diciembre de ese mismo año estará la realidad

La Consejería de Salud sitúa la deuda sanitaria en 132,45 millones de euros

Quirós corrige a la baja los datos recogidos en un informe de PwC, que elevaban el debe asturiano a 301 millones

Foto: Riera, participe en el estudio PwC y Quiros, consejero de Salud.

29.03.11 - M. ARRESEIGOR / L. FONSECA | MIERES/GIJÓN, en El Comercio.

La Consejería de Salud del Principado sitúo ayer en 132,45 millones de euros el volumen de deuda del sistema sanitario asturiano. Su titular, Ramón Quirós, que ayer participó en la visita a las obras del nuevo hospital que se construye en Mieres, corrigió a la baja los datos recogidos en un informe de la empresa consultora PwC, que elevaban a 301 millones de euros lo adeudado por la sanidad regional y del que ayer se hizo eco este periódico.

La administración autonómica asegura que las cifras de deuda empleadas por la firma Price Waterhouse (PwC) «son erróneas y no se corresponden con la realidad». Precisa, en este sentido, que la deuda hospitalaria de Asturias se compone de una partida de 72,45 millones en concepto de productos sanitarios y otra de 60 millones relacionada con medicamentos. Los datos de la consejería son a fecha del 30 de septiembre de 2010. Los recogidos por PwC llegaban al 31 de diciembre del mismo año.

El informe al que se refiere Salud y que parece haber destapado la caja de los truenos, es el titulado: ’Diez temas candentes de la sanidad española para 2011. El momento de hacer más con menos’. Fue elaborado por 22 expertos sanitarios de todo el país y presentado públicamente en rueda de prensa hace una semana en Madrid. Entre los participantes figuran dos exministros de Sanidad, Julián García Vargas (PSOE) y Ana Pastor (PP), a los que se suma el también ex ministro de Administración Públicas, el socialista Jordi Sevilla. Además, se da la circunstancia de que en la confección de este análisis, donde se alerta sobre el elevado nivel de endeudamiento de la sanidad pública española, participó la propia Consejería de Salud, a través de su director general de Calidad e Innovación, José Ramón Riera, que formó parte de las ponencias, aunque no intervino en las conclusiones finales del documento.

Responsables de PwC con los que se puso ayer en contacto este periódico señalaron que la Consejería de Salud del Principado no se puso en comunicación con la empresa «para precisar ningún dato». Ayer mismo, la consultora daba por válidas las cifras que venían reflejadas en el trabajo y mantenía la misma versión en su página web.

En el citado documento, los expertos no sólo hablan de deuda sanitaria. También hacen un repaso a la evolución de los presupuestos en materia de salud, a la productividad del sistema sanitario, la colaboración público-privada, la innovación y el gasto farmacéutico.

Dilatar los pagos

Los datos a los que se refiere Salud, los 132,45 millones de euros de deuda, son los que dio a conocer en octubre del pasado año la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y Farmaindustria. En aquel entonces, ambas entidades situaban la deuda sanitaria española en 6.875 millones de euros. Son 1.864 millones menos a los que hace referencia el informe de PwC. Según la patronal de empresas en tecnología sanitaria, Andalucía encabeza el ranking de deudores sanitarios del país. A esta comunidad corresponde el 24,53% de la deuda nacional. A Valencia le corresponde otro 16%.

En lo que sí coinciden unos y otros es que las comunidades autónomas dilatan cada vez más los pagos a proveedores. En Asturias, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) demora, de media, 129 días en pagar sus facturas. Hay otras regiones con mucha peor ratio. Es el caso de Cantabria que, según Fenin retrasa sus pagos 709 días, o de Baleares, con una media de 645 días. «En estas comunidades comienzan a tener dificultades los laboratorios y otros suministradores para la negociación de las facturas con los bancos en la modalidad de ’factoring’», indica la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).

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Que el objetivo de estas agencias no es reflejar la realidad sino influir en ella en beneficio propio, ya nos lo suponíamos...

La Audiencia abre diligencias contra las agencias de rating
Pere Rusiñol – Público
El titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido incoar diligencias previas para investigar si las grandes agencias calificadoras (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) han cometido los delitos que les atribuye la querella presentada en la Audiencia Nacional por alterar el precio de las cosas en beneficio propio y en perjuicio del erario público y de los ahorradores.

PULSAR: Una querella amenaza a las agencias de rating en España

En un auto fechado el 28 de febrero y que no ha sido aún notificado a las partes pero que sí se ha incorporado al procedimiento, el juez sostiene que los hechos objeto de la querella revisten caracteres de delito, por lo que procede la incoación de diligencias previas, según informan fuentes jurídicas.
Abogados de Cuatrecasas y Uría se entrevistan con la fiscal del caso
En el mismo auto, el magistrado solicita a la Fiscalía que informe sobre las diligencias a practicar y sobre quién debe asumir la investigación. La fiscal del caso, Carmen Monfort, ha solicitado la traducción al español de las querellas análogas presentadas en Estados Unidos, a instancias precisamente de los fiscales de Connecicut y Ohio, que los promotores de la iniciativa en España aportaron a su causa en la Audiencia Nacional.
Además, en una providencia del pasado viernes, el juez solicita a los querellantes que aporten dicha traducción como paso previo a decidir sobre si la Audiencia asume finalmente la investigación.
El debate sobre la competencia sólo es posible una vez que el magistrado ha decidido ya que los hechos expuestos merecen una investigación por ser, en el caso de confirmarse, constitutivos de delito. Una vez dado este paso, el siguiente punto es dirimir a quién corresponde la competencia de investigar: la propia Audiencia Nacional o un juzgado ordinario. Y es respecto a este punto quién debe investigar, una vez decidido que la querella merece una investigación y no el archivo que el magistrado ha solicitado al Ministerio Público que se pronuncie.
Moreno aún no ha decidido si asume él la investigación o la deriva
La acusación popular
La acusación popular, que reúne a seis organizaciones (Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, Attac, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, IU e ICV) sostiene que la competencia recae en la Audiencia Nacional porque los afectados son los ahorradores de todo el país y el conjunto de las administraciones públicas, que tienen que pagar intereses más altos por culpa del supuesto “conflicto de intereses” de las agencias de rating. Pero si el juez interpretara que los principales actores están en Madrid, podría derivar el caso a la jurisdicción ordinaria.
La querella, coordinada por los abogados Gonzalo Boye y Jaume Asens, sostiene que las grandes agencias han infringido los artículos 284 y 285 del Código Penal para alterar en beneficio propio “los precios que hubiera de resultar de la libre concurrencia”. Ambos artículos prevén multa y penas de cárcel de entre seis meses y cuatro años.
Los denunciantes preparan una ampliación de la querella criminal ya presentada para incoporar la última rebaja que hizo Moody’s de la deuda española, que a su juicio refuerza la querella. La agencia la anunció justo antes de una intervención clave del Banco de España, con lo que supuestamente se reforzaría que “el objetivo no es reflejar la realidad sino influir en ella en beneficio propio”, en opinión de Boye. Los plazos elegidos por Moody’s provocaron la indignación del Gobierno y una caída de la Bolsa española.
Libertad de expresión
Las agencias calificadoras han evitado pronunciarse públicamente sobre la querella presentada en España, pero se han visto forzadas a defenderse ya en los tribunales de EEUU y de Alemania, donde suman al menos cuatro casos abiertos, parecidos al de España. En todos ellos argumentan que sus informes son meras opiniones que deben quedar al amparo de la libertad de expresión.
Sin embargo, la reciente reforma del Código Penal incluye en España explícitamente, en el citado artículo 284, la difusión de “noticias o rumores sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos”.
Pese al hermetismo de dichas agencias, fuentes jurídicas explican que dos de los más reputados bufetes de abogados de España han sido ya contratados para defender sus intereses ante la Audiencia Nacional con el objetivo de conseguir el archivo lo más rápidamente posible: Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Uría Menéndez.
Ambos bufetes han realizado ya discretas gestiones en esta dirección. Fuentes jurídicas explican que la semana pasada ambos despachos mantuvieron sendas reuniones con la fiscal Carmen Monfort, encargada del caso.
Que las agencias de rating se han tomado muy en serio la querella que ha recibido una amplia cobertura en la prensa internacional con artículos en Der Spiegel, La Stampa y otras publicaciones lo muestra que ambos despachos encargaron dichas gestiones a algunos de sus miembros seniors mejor conectados. Las mismas fuentes explican que por parte de Uría Menéndez se encargó Carlos Bueren, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional. Por parte de Cuatrecasas, Luis Jordana de Pozas, exfiscal de la Audiencia de Madrid, y Joaquín Burkhalter.
Sendos portavoces de Uría Menéndez y de Cuatrecasas han declinado informar sobre si han asumido la representación de los intereses de las agencias alegando confidencialidad. Las agencias, por su parte, han trasladado a sus respectivas sedes centrales en EEUU el dossier del caso en España. La fiscal está a la espera de la traducción de las querellas en EEUU antes de pronunciarse sobre la competencia.
PP: “Culparles de la crisis es una visión estrecha”
Para el Partido Popular, las agencias de calificación de riesgos no son la mejor vía posible para medir la situación de la economía y las empresas, pero cree que echarles a ellas la culpa de la crisis es tener “una visión muy estrecha”. El secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, aseguró ayer en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que estas instituciones no hicieron un buen trabajo antes de la crisis, pero tampoco cree que lo hicieran los bancos centrales. “No tiene lógica que determinados elementos tan importantes dependan de unos pocos señores [los directivos de las agencias de rating], pero no creo que ellas sean el gran problema de esta crisis”, apostilló, tras recordar que, cuando la economía iba bien, nadie se preocupaba de qué nota le adjudicaban a la deuda de un país.

Premio «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica del año 1994

Patarroyo halla la clave de la vacuna contra las enfermedades infecciosas

La revista «Chemical Reviews» publica el estudio del premio «Príncipe» de Investigación, que sienta las bases para nuevas antivirales sintéticas

Oviedo, P. RUBIERA, en La Nueva España
«¡Han sido treinta y tres años de trabajo!», declaraba a LA NUEVA ESPAÑA desde Bogotá Manuel Elkin Patarroyo. El premio «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica del año 1994, descubridor de la primera vacuna contra la malaria, volvió ayer a la actualidad al conocerse el nuevo avance del equipo que dirige en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic): el hallazgo de los principios químicos y las bases estructurales que permitirán fabricar vacunas sintéticas para prevenir las más de 500 enfermedades infecciosas que existen y que matan, cada año, a cerca de 17 millones de personas. El aval científico se lo da la publicación del descubrimiento en la revista estadounidense «Chemical Reviews», dedicada al ámbito de la química interdisciplinar.

¿En qué consiste el avance? El propio Patarroyo lo explica: «Es un concepto y un método. El concepto radica en que para poder desarrollar las vacunas hay que reconocer los fragmentos que los microbios utilizan para agarrarse a las células e invadirlas. Esos fragmentos son invisibles al sistema de defensa. Cambiamos uno a uno los átomos de los fragmentos hasta que encontramos los átomos que hay que cambiar y entonces se hacen visibles para el sistema inmune. El método es a través de la síntesis química de esos fragmentos, que puede modificarlos. Con este hallazgo se va más allá de la naturaleza de los microbios porque se modifican sus átomos según las necesidades del cuerpo a través de un proceso estandarizado, algo que no puede hacerse con las vacunas biológicas».

Hay una tercera parte, añade el investigador, que es el análisis de los fragmentos. «Hay publicados 90 pero tenemos casi 200 y, al analizarlos, encontramos que había unas características tanto de los fragmentos como de los cambios y eso es lo que se puede aplicar», señala.

El ensayo se ha presentado a través de un modelo práctico, una nueva vacuna contra la malaria que, en monos, ha logrado una efectividad del 90 por ciento. «Ahora toca hacer eso mismo en humanos y no creo que se logre antes de un año. Además hay que cumplir con las normas éticas, legales, hay que hacer la patente y, una vez obtenidos resultados, hay que crear plantas de producción para que las vacunas puedan distribuirse».

El equipo de Patarroyo está formado por unas 120 personas y, según el propio científico, este hallazgo ha podido salir adelante gracias a la colaboración de España. «Desafortunadamente, el Gobierno de Colombia nos quitó el presupuesto, pero España ha colaborado enormemente a través de la Caja de Ahorros de Navarra y la Agencia Española de Cooperación, y también hemos recibido ayuda de la Universidad de Rosario. Con todos ellos pudimos salir adelante», declara Manuel Patarroyo.

«Mi padre siempre decía que cuando hay claridad de ideas y pureza de intenciones, el éxito siempre aparece», asegura.

El investigador colombiano viajará el próximo mes de mayo a España para recoger, en Navarra, el Premio Internacional «Príncipe de Viana» de la Solidaridad 2011, que le han concedido por su búsqueda de soluciones para las enfermedades infecciosas, principalmente la malaria.

Volverá a recoger un galardón de manos de don Felipe. En 1994 recibió en Oviedo el «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica. «Es uno de mis grandes orgullos; siempre recuerdo mi estancia en Oviedo, me sentí feliz y dichoso. Recuerdo el calor de los asturianos y el afecto espectacular de los ovetenses. Es el premio más bonito que he recibido», subraya.

«Dijeron que mi vacuna contra la malaria no servía, pero nadie ha sacado nada mejor»

Oviedo, P. R., en La Nueva España 
Manuel Elkin Patarroyo logró la primera vacuna sintética contra la malaria en 1986, denominada SPF-66. El entusiasmo inicial dio paso a la cautela en la comunidad científica, que consideró que no resolvía el serio problema de salud que representa esta enfermedad. Se calcula que se producen anualmente 500 millones de casos de malaria, la mayoría en África, de los que tres mueren, sobre todo niños menores de 5 años. En 1996, Patarroyo cedió la patente de la vacuna a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Publiqué la primera vacuna contra la malaria hace veinticinco años y protegía a entre un 30 y un 50 por ciento de los enfermos. Dijeron que no servía. Ha pasado todo este tiempo y nadie ha sacado nada mejor. Lo tomo con un proceso», asegura Manuel Patarroyo.

Licenciado en Medicina por la Universidad Nacional de Colombia, Manuel Patarroyo, de 64 años, se doctoró en la Universidad Rockefeller de Nueva York.

Fundador y actual director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia asociado a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá; director de la línea de investigación en Relación Estructura-Función en la Búsqueda de Vacunas Sintéticas en el doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Rosario; profesor de la misma Universidad así como colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para el desarrollo de vacunas sintéticas contra la malaria, la tuberculosis y la lepra, Patarroyo es un científico de personalidad singular, que siempre ha manifestado su preocupación por quienes padecen este tipo de enfermedades y no tienen medios.

«Es un orgullo que la solución al problema de las infecciones, a través de este modelo, sea aportado por colombianos a la Humanidad entera», declaró ayer a los medios de su país.

El nuevo centro de salud de La Luz-Villalegre se abrirá antes del verano

    

 

E. C.
El nuevo centro de salud de La Luz-Villalegre, que tuvo un presupuesto de 5 millones de euros, se abrirá antes del verano (en junio a lo más tardar), según afirmó ayer el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, durante su visita a la obra ya finalizada. Entre los cientos de participantes a la visita se encontraban Andrés Diego Ollaca y Alejandro González Vigil de la Villa, arquitectos responsables de este edificio de 3.900 metros cuadrados y tres plantas que acogerá 12 consultas de medicina general, 12 de enfermería, tres de pediatría, tres de enfermería pediátrica, tres de atención continuada en urgencias, una sala polivalente, consulta de matrona, trabajo social, y consulta de fisioterapia. Atenderá a una población de unas 17.000 personas. También asistió al acto la artista plástica María Jesús Rodríguez, autora del mural «Los reguerones 3» que puede verse a la entrada del edificio. «Hace un año poníamos la primera piedra, os acordaréis perfectamente porque también llovía; hoy venimos a dar cuenta de los compromisos», indicó la Alcaldesa, Pilar Varela.