El Gobierno asturiano, silencioso y más sumiso incluso que los del PP
Oviedo / Madrid, P. Á. / Efe, en La Nueva España
El Gobierno asturiano permanece mudo en pleno debate nacional sobre los recortes en servicios tan básicos como los sanitarios y los sociales. La Consejería de Sanidad del Principado perseveró ayer en esta actitud de mutismo, derivada de su voluntad de llegar a un pacto con el Partido Popular para que Francisco Álvarez-Cascos pueda presidir el Ejecutivo regional en los próximos años.
Se supone que José María Navia-Osorio, titular en funciones de la Consejería de Sanidad, tendrá que pronunciarse en algún sentido en la próxima reunión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Ese encuentro está programado para el próximo día 18.
El Gobierno en funciones de Cascos está mostrándose incluso más sumiso que otros ejecutivos gobernados por el PP. Por poner sólo dos ejemplos, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró ayer mismo que en su comunidad no habrá «copago sanitario». Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Monago, afirmó que «no» es partidario de esta medida para Extremadura debido a las «características» de la región.
Las autonomías critican el recorte de unos 283 millones y Sanidad habla de «herencia socialista»
Madrid, Agencias, E. G., en La Nueva España
Distintos consejeros del área de Bienestar Social han transmitido ayer a la Ministra del ramo su preocupación por el recorte en este ejercicio de los 283 millones de euros del nivel acordado -fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para completar la financiación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
Y, como no podía ser de otra forma, Ana Mato echó mano al argumento preferido del Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno: «La situación económica de España es fruto de la herencia recibida» y ha llamado a la eficacia en la gestión. «Deben hacer un especial esfuerzo y priorizar como ha hecho el Gobierno», ha señalado en relación a las dificultades planteadas por comunidades como Canarias sobre la viabilidad del sistema.
La Ministra, en todo caso, no lo pone especialmente negro en materia presupuestaria y recordó ayer a los consejeros que en este ejercicio se mantiene el presupuesto global para Dependencia, que ahora supone el 61% del total de los fondos de que dispone el Ministerio, y ha destacado que si bien el Gobierno ha hecho un ajuste, a la vez ha aplazado la incorporación de nuevos dependientes moderados al sistema, «relajando» la presión sobre las diecisiete comunidades autónomas.
El Ministerio admite que «están abiertas todas las opciones» para sostener la sanidad
Sevilla, Europa Press
La directora general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Sagrario Pérez Castellanos, admitió ayer que el Ejecutivo central tiene abiertas «todas las opciones» para poder sostener el actual modelo sanitario, ya sea el establecimiento del euro por receta de Cataluña, el copago farmacéutico o que los ciudadanos aumenten su aportación en función del nivel de renta (progresividad).
Pérez Castellano participó en Sevilla en el Foro «Salud, Sociedad y Empresa», organizado por Novartis. Aunque admitió que «todas las opciones están encima de la mesa» con vistas a la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reconoció: «Es evidente que hay algunas que nos gustan más».
La directora general apeló al consenso de todas las comunidades autónomas en la próxima reunión del citado órgano interterritorial. Al ser cuestionada acerca de si es posible alcanzar acuerdos para una cartera de servicios básica para la totalidad de las regiones, Pérez Castellano se mostró «convencida» de lograrlo, «porque es absolutamente imprescindible y necesario para el ciudadano». «Lo que no es posible y de recibo es que una técnica (diagnóstica) en unos sitios se considere que no es válida y en otros sí», lamentó la colaboradora de Ana Mato, para quien «de lo que se trata es de unificar los criterios».
OPINIONES:
Los recortes en Sanidad: un verdadero despropósito
Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
nuevatribuna.es
Los nuevos recortes en educación y sanidad anunciados de manera casi clandestina por el Gobierno constituyen un verdadero despropósito y no solo por la manera en que se han publicitado en un baile de contradicciones y desmentidos de unos y otros (interesantes las intervenciones de Guindos y Florian para un teatrillo del absurdo), sino sobre todo porque ni se explicita como se van a llevar a cabo (las medidas concretas) y menos aun como se va a obligar a las comunidades autónomas a adoptar estos recortes en estas áreas concretas.
Proponer un recorte tan amplio sin aclarar en que conceptos pretende hacerse plantea al menos dos problemas adicionales, el primero es la perdida de credibilidad del gobierno que parece hacer la propuesta sin ningún fundamento concreto y de una manera apresurada y poco razonada porque si no fuera así no habría problema en especificar que es exactamente lo que se quiere hacer y de donde saldrá esta disminución del gasto; la segunda es que cabe sospechar que va a suceder como en Cataluña, que se pretende un recorte indiscriminado que en un tema como la sanidad es difícilmente justificable y que desde luego va a producir serios problemas de desatención y por lo tanto para la salud de muchas personas.
Un asunto especialmente importante es que, como sucedió con las declaraciones del Sr de Guindos, parece que tras estas decisiones/propuestas se esconde un profundo desconocimiento de las normas de funcionamiento de nuestro país. Como es conocido el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2001 y en 2009 se basa en la transferencia del estado a las mismas de unas determinadas cantidades y en la capacidad de las autonomías para redistribuir el presupuesto para atender las diferentes competencias que tienen asumidas, es decir que el modelo es no finalista y el gobierno no tiene capacidad para imponer a las CCAA recortes en temas concretos sino tan solo en las cuantías globales que transfiere a las mismas, y son estas las que, en última instancia tendrán que decidir si trasladan estos recortes a educación y sanidad y en que cuantía o prefieren hacerlo a otras partidas de gasto.
Otro aspecto que también parece desconocerse es que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre algunos impuestos y pueden optar, si se produce esta disminución de las aportaciones estatales, por incrementar todos o algunos de ellos para subir la recaudación y por lo tanto los fondos disponibles, que por supuesto también pueden decidir autónomamente a que conceptos dedican.
Desde el Gobierno los recortes en Sanidad pueden decidirse en dos aspectos, aquellas transferencias que se hacen de manera condicionada desde el presupuesto del Ministerio de Sanidad (ya lo ha hecho en el proyecto de presupuestos en lo referente a la Salud Pública), que son partidas de menor cuantía en el entorno del gasto sanitario, y desde luego en lo que respecta a la política farmacéutica mediante fijaciones de precios, financiación selectiva, financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Se trata de un aspecto importante tanto por su volumen de gasto (alrededor del 30% del gasto sanitario), como por la posibilidad real de ahorro potencial sin alterar la calidad de la prestación, pero por supuesto la política concreta de cada autonomía es muy importante a la hora de hacer operativas estas medidas porque intervenir sobre los precios es un parte de las actuaciones, pero hay muchas otras dirigidas a evitar prescripciones inadecuadas que a largo plazo son las mas efectivas.
En resumen estamos ante una situación muy preocupante en la que el Gobierno no parece tener propuestas fundamentadas sobre los recortes, o las tiene y es incapaz de defenderlas públicamente, además de que se invaden competencias de las CCAA a las que simplemente se ningunea. Desgraciadamente todo parece indicar que estamos ante una ofensiva muy seria para desmantelar el sistema sanitario público en nuestro país lo que, en la actual situación económica puede llevar a un importante deterioro de la salud de la población.
Con muchos matices de ámbitos territoriales, del cómo uy el qué y niveles de representación de las distintas sociedades…
Los médicos de familia, partidarios del copago de los medicamentos según la renta
Los facultativos rechazan la propuesta de Cospedal de que la sanidad pública deje de financiar determinados fármacos para usos menores o con un precio más bajo
Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España
Algo se mueve, y esta vez parece que va en serio. El Foro de Médicos de Atención Primaria defendió ayer la modificación del actual sistema de copago farmacéutico vigente en España, de manera que los ciudadanos paguen por sus medicamentos en función de la renta que perciban. Sin embargo, la citada organización rechazó la implantación de tasas por consulta médica o por receta, como ya se ha aprobado en Cataluña. Los médicos de los centros de salud asturianos se han pronunciado en términos semejantes, aunque con matices de mayor o menor envergadura.
Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), subrayó que el actual sistema de copago de medicamentos es «antiguo y tiene que ponerse al día». «Nos parece equitativo el pago por renta», agregó Basora, quien criticó la «simple clasificación» entre pensionista y trabajador activo actualmente en vigor, en función del cual los pensionistas no pagan nada por los medicamentos con receta médica, mientras que los trabajadores activos abonan un 40 por ciento del importe. «No responde a la situación actual social y económica», indicó el responsable de Semfyc.
Muy similar fue la versión del presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Luis Llisterri, quien, sin embargo, expresó su rechazo a la implantación de un pago por consulta. «El copago puede ser especialmente peligroso en ciertas áreas, como pacientes crónicos o con rentas bajas», señaló Llisterri. A su juicio, el pago de «un simple euro» puede propiciar un aumento de complicaciones de enfermedades. «Ya hay estudios que indican contundentemente que los pacientes en los que se establece un copago dejan de tomar las pastillas, y este incumplimiento conduce a una mayor morbilidad y mayores ingresos», precisó del presidente de Semergen.
En Asturias, Manuel Amadeo Fernández Barrial, presidente regional de Semergen, indicó que esta organización aún no ha adoptado una posición oficial a nivel autonómico. Su planteamiento personal es «contrario, al menos en un principio, a todo lo que sea establecer barreras económicas para que el paciente llegue al médico», filosofía que aplica a cualquier tipo de copago. En todo caso, precisa, «lo primero es que las autoridades sanitarias aclaren qué es lo que piensan hacer y luego que los demás nos pronunciemos».
Entre tanto, el presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), José María Fernández Rodríguez-Lazín, expresó el apoyo de esta organización al copago de los medicamentos, pero con dos premisas. La primera, que sea fruto «del consenso entre todas las comunidades autónomas». La segunda, que la citada medida se ponga en marcha de forma simultánea a muchas otras que son factibles y que pueden confluir en el mismo objetivo: propiciar un ahorro de recursos. «Lo que no apoyamos es el copago puro y duro, ya sea por receta o por ingreso hospitalario, como medida aislada», concluyó el doctor Lazín, quien advirtió, no obstante, de que este tipo de reformas exige la puesta a punto de unos procedimientos operativos «que no pueden hacerse de hoy para mañana».
De otra parte, los representantes de los médicos de atención primaria se opusieron a que la Administración pública deje de financiar determinados medicamentos para usos menores o con un precio más bajo. Era la respuesta a lo declarado ayer mismo por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se manifestó partidaria de que la Seguridad Social deje de financiar los medicamentos más baratos, que cuestan uno o dos euros «y de los que todo el mundo tiene cajas en casa sin terminar».
Cospedal matizó que hay otros medicamentos, «como los de los enfermos crónicos o de determinadas cuantías», que no deben dejar de financiarse «porque hay gente que los necesita para vivir». A la pregunta de si es partidaria de que se pague una tasa por receta, afirmó que debe depender del nivel de renta. La «número 2» del PP señaló que los servicios sanitarios habrán de estudiar si es viable o no el copago por consulta o por intervención en los casos de las rentas más altas. En caso de respuesta afirmativa, prosiguió, habría que establecer baremos dependiendo del tipo de intervenciones o de si es en los servicios públicos o a través de los seguros privados. «En cualquier caso, el nivel de renta tiene mucho que ver con todo ello», apostilló.
Para el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, las políticas de recorte de medicamentos hacen que «se acaben utilizando medicamentos más caros», por lo que «no se ahorrará lo suficiente como para conseguir que el sistema siga siendo sostenible». De ahí su exhortación al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a «apostar por el uso responsable de los medicamentos».
«Hemos medicalizado nuestra vida, y muchas veces, por falta de tiempo o por la propia medicalización, puede hacer que lo cómodo o menos problemático sea que cada paciente salga con una receta por consulta. Tenemos que hacer una reflexión entre todos, porque todos somos corresponsables», reflexionó.
A la vista de todo lo dicho, y con el fin de evaluar todos estos desafíos, el Foro de Médicos de Atención Primaria reclamó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, una reunión con los profesionales con vistas a tomar decisiones que permitan una mejor gestión de los recursos.
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