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Gasto por persona sobre lo presupuestado, no es lo mismo que sobre lo realmente gastado ¿o la deuda acumulada y la que se deriva de un año para otro no cuentan?

Asturias mantiene al alza para 2012 su gasto sanitario por habitante, 1.530 euros

Madrid, Efe

Asturias tendrá en 2012 un gasto sanitario por habitante de 1.530 euros, treinta y cinco euros más que en 2011 y 320 más que la media nacional, que queda establecida en 1.210 euros.

Son datos de un informe facilitado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, entidad que denuncia que ese gasto sanitario por habitante va a sufrir este año recién comenzado una reducción del 6% por ciento en España.

En nueve comunidades autónomas, según la Federación, bajará el presupuesto, aunque en la mayoría de los casos en porcentajes casi simbólicos respecto al año pasado. La reducción más significativa es la de Extremadura (unos 56 euros menos), seguida de La Rioja (49 euros menos).

La comunidad autónoma con mayor gasto sanitario por habitante es el País Vasco, con 1.557 euros, y la que menos gasta es la Comunidad Valenciana, con 1.060 euros.

Según los datos del informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, la evolución del gasto en el Principado de Asturias fue de 1.507 euros por habitante en 2010, de 1.495 euros en 2011 y de 1.530 euros presupuestados para el ejercicio del presente año.

Asturias es la única región que aumenta el gasto en sanidad
Los expertos advierten de que el presupuesto de la región está «hinchado»

03/01/2012, Carolina García, Oviedo, en La Voz de Asturias
Asturias es la única región que aumenta el gasto por habitante en sanidad. Según los datos recabados por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, la región es la segunda comunidad que dedicará, este año, más presupuesto a la sanidad y la única que incrementa la partida respecto a años anteriores. Pese a las cifras, el responsable de la federación en Asturias, Carlos Ponte, puntualiza que hay que ser “cautos” ya que se trata de unos presupuestos “hinchados” por Francisco Álvarez-Cascos y que aún están a la espera de contar con apoyos políticos en el Parlamento para dar salida a las cuentas presentadas por su Gobierno.
En concreto, la región destinaría algo más de 1.530 euros por cada habitante, lo que la coloca tan sólo por debajo del País Vasco (1.557 euros). Tendiendo en cuenta los presupuestos de los dos años anteriores, se trata también de la mayor partida destinada a este fin desde el año 2010. Según este informe, estaríamos hablando de la única comunidad que aumenta, en 2012, el gasto por habitante.
Y es que, tras analizar el informe del resto de comunidades, la federación advierte de una disminución respecto al gasto presupuestado durante los años 2010 y 2011. Entonces, la media de esos años fue de 1.288 euros y 1.343 euros, respectivamente. De ahí que desde la federación advierten de que “los presupuestos sanitarios de las comunidades decrecen en 2012, siendo globalmente insuficientes, evidenciando que la crisis la esta pagando la sanidad pública. Esta insuficiencia es muy preocupante en aquellas comunidades que ya se encontraban entre las que tenían menores presupuestos en años anteriores”.
En términos globales, se destinan unos 1.210 euros de media por habitante, aunque existen “diferencias notorias” y “no justificables” de casi 500 euros entre las comunidades que invierten más y menos.
Además, advierten de que “todavía” faltan los datos de Castilla-La Mancha, que no ha presentado los presupuestos, lo que “hace pensar que los datos se verán empeorados. De momento, y a la espera de esas cifras, las regiones que destinan menos cantidad son, por este orden, Valencia (1.060 euros), Baleares (1.066) o Madrid (1.104). La federación recuerda también que las comunidades con menor financiación per cápita son las que tienen más problema de deuda y de demoras en los pagos, por lo que “una disminución global de los presupuestos empeorara el problema”.

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El Gobierno centrará en la Administración y las autonomías su segundo ajuste

Podará la administración y las empresas públicas, y modificará leyes para permitir más recortes autonómicos

Equipo al completo. Cristóbal Montoro (izda.), con los altos cargos de su Ministerio, Miguel Ferre Navarrete, Secretario de Hacienda; Marta Fernández Currás, Secretaria de Presupuestos; Antonio Beteta, Secretario de Administraciones Públicas; Pilar Platero, subsecretaria de Hacienda;Enrique Ossorio, secretario general de Coordinación Autonómica; y Felipe Martínez, director de gabinete. :: MONDELO / EFE

El Comercio. 03.01.12 - 02:39 -

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El tipo máximo del IRPF en Asturias será de los más altos de la UE con la nueva subida

Cascos confía en que Rajoy «rectifique» en los ajustes que proyecta para Asturias

Mariano Rajoy suma y sigue con su resta. El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del jueves un segundo paquete de medidas de ajuste para taponar «la herida» del déficit público, según anunció ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Será el segundo ’tijeretazo’ en seis días. En el primero, que se gestó el 30 de diciembre, subió por sorpresa los impuestos de la renta y del capital, congeló el sueldo a los funcionarios y recortó el gasto ministerial para ahorrar unos 15.100 millones de euros. Pero si se confirma, como señalan las previsiones que maneja el Ejecutivo, que el déficit alcanza el 8%, Rajoy deberá recortar aún 21.000 millones de euros durante el presente ejercicio para situar el déficit a finales de 2012 en un 4,4% y cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

¿Dónde meterá la tijera? Según Montoro, el jueves no se adoptarán nuevas decisiones coercitivas -la subida del IVA y de los impuestos especiales se espera para marzo-, sino de reformas económicas encaminadas a menguar el déficit. Un objetivo irrenunciable por el que Rajoy ya ha incumplido su promesa electoral de no subir los impuestos. El titular de Economía, Luis de Guindos, respaldó al presidente al destacar que si no hubiera acometido el ajuste lo habrían impuesto Bruselas.

Claro que Rajoy, tres días antes del ’tijeretazo’, comentó en una charla informal en el Congreso que los sacrificios llegarían a partir de marzo, con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. La realidad fue otra bien distinta. Fuentes del Gobierno indicaron que la víspera de la festividad de Reyes será el momento para poner negro sobre blanco la poda anunciada por Rajoy en la administración periférica -en especial, en las subdelegaciones del Gobierno- y en las 451 empresas públicas estatales. Insisten que este hubiera sido el primer paso del presidente si no hubiera conocido la desviación del déficit.

Son, en síntesis, las soluciones cosméticas que adoptaron los presidentes autonómicos del PP nada más llegar al poder en marzo del año pasado, es decir, eliminación de organismos públicos o instituciones, supresión de altos cargos, reducción del parque móvil y una gestión de compras unitaria para ahorrar. Cada uno adoptó su propio camino. Desde María Dolores de Cospedal, que acabó con el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha hasta el valenciano Alberto Fabra, que ha fijado un máximo de 20 euros al día para los menús de sus altos cargos. Unas acciones más efectistas de cara a enviar un mensaje de austeridad que de ahorro real porque los que se deja de gastar es casi irrelevante en comparación con el volumen de la deuda.

Duplicidades

El cónclave ministerial también podría dar luz verde a la modificación de algunas leyes y reglamentos que permitiría a los gobierno regionales incrementar sus planes de austeridad. Rajoy hizo referencia a uno de estos cambios en su debate de investidura, la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan privatizar de manera parcial o total sus canales públicos de radio y televisión. Otras las apuntó en campaña electoral, pero sin profundizar.

El presidente del Gobierno se muestra, al menos de inicio, contrario al copago sanitario, pero es partidario de dar un importante tajo al gasto farmacéutico con el modelo implantado por Alberto Núñez Feijóo en Galicia, comunidad que logró reducir el 10,57 % su factura farmacéutica en los primeros diez meses de 2010 gracias al denominado catálogo gallego de medicamentos. Se trata de un listado propio de fármacos que financia el servicio de salud y consiste en que cuando hay más de un fármaco con el mismo principio activo, pero con distinto precio, sólo se puede adquirir el más barato. Una prueba de que a Rajoy le gusta este modelo es que Ana Mato ha fichado como su número tres a la hasta ahora consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Pilar Farjas.

Erradicar la duplicidad es otra de las obsesiones del presidente que aboga por una competencia, una administración. Le desagrada de manera especial, así lo ha hecho público en varias ocasiones, las embajadas autonómicas en el exterior. En este sentido, el titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, planteó a las autonomías cerrar estas dependencias para evitar el despilfarro. A cambio, ofreció las embajadas para que puedan trabajar funcionarios o empleados regionales.

El Gobierno cancela también las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios de forma alevosa, ya que no contaron nada pero está en el Real Decreto-Ley ya publicado

El BOE publica las medidas del Gobierno

Ver BOE | Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

nuevatribuna.es

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el Real-Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera con el que el Gobierno reducirá gastos en 8.900 millones de euros y subirá impuestos en 6.200 millones de euros con el objetivo de reducir un déficit público que se situará en el 8% en 2011, dos puntos porcentuales por encima de lo previsto inicialmente.

Dicho Real-Decreto, que entrará en vigor este domingo, 1 de enero, incluye además el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, la congelación salarial y el recorte de la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal.

El Real-Decreto también recoge, entre otras medidas, la subida de las pensiones en un 1% en términos generales, con arreglo a lo que prevé el Gobierno que subirá la inflación, aunque el alza de las pensiones mínimas y no contributivas llega al 2,9% como consecuencia de la desviación de precios registrada en 2011.

El Gobierno pretende recaudar entre 6.100 y 6.200 millones de euros como consecuencia de algunos cambios fiscales que incluyen un alza temporal y progresiva del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

IVA SUPERREDUCIDO Y DEDUCCIÓN POR VIVIENDA

Así, la cuota estatal sube en una escala del 0,75% para el primer nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado, a partir de 300.000 euros de base liquidable. La subida se hará sólo en el tramo estatal, aunque la recaudación será compartida a través del fondo suficiencia.

En el IBI, se ha subido el tributo durante los dos próximos años para el 50% de las viviendas que son las que tienen un valor catastral superior a la media de cada municipio.

De la misma forma, ha extendido a todo 2012 el IVA ’superreducido’ del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010. En Impuestos Especiales, ha eliminado la bonificación al gasóleo profesional.

Todas estas decisiones aportarán 6.000 millones "con holgura", ya que la subida del IRPF aportará 4.111 millones de euros, mientras que el incremento de las rentas de capital aportará 1.246 millones; la subida del IBI, 918 millones; y la supresión de las deducciones del gasóleo profesional, 200 millones.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un acuerdo de no disponibilidad de gasto por valor de 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios del nuevo Ejecutivo, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

La cifra procede de todos los capítulos presupuestarios, es decir, tanto de los gastos financieros como de los no financieros. El Gobierno llevará a cabo una reducción de las estructuras administrativas (subsecretarías y direcciones generales) para reducir gastos en un 18,9%. En concreto, se eliminan 30 direcciones generales.

Además, se reduce en un 20% las subvenciones a partidos políticos para ahorra 29,68 millones; a sindicatos y organizaciones empresariales, para ahorrar 55 millones.

Así, el Ministerio Fomento ajustará su presupuestos en 1.612 millones de euros, el de Industria, Energía y Turismo en 1.091 millones de euros, el de Economía y Competitividad en 1.083 millones de euros el de Asuntos Exteriores y Cooperación en 1.016 millones de euros.

El ajuste en Educación, Cultura y Deporte alcanzará los 485 millones de euros, gracias ante todo a la decisión de suprimir el canon digital y reducir subvenciones al cine. Sanidad recortará 409 millones de euros y Defensa 340 millones de euros.

Por su parte, Hacienda y Administraciones Públicas recortará en 442 millones de euros, la "mayoría" procedente de RTVE, Empleo y Seguridad Social en 439 millones de euros y Agricultura y Medio Ambiente en 409 millones de euros.

RECORTE EN EL FONDO DE COMPENSACIÓN

Interior reducirá su presupuesto en 163 millones de euros, partida en la que se incluye la reducción en el 20% de las subvenciones a los partidos. De menor cuantía será el ajuste en Justicia, con 48,8 millones y Presidencia, con 19,6 millones de euros.

Además en el capítulo de gastos con diversos ministerios y relaciones con entes territoriales con 1.040 millones de euros. El Fondo de Compensación Interterritorial verá reducida su cuantía en 302 millones de euros.

Este acuerdo de no disponibilidad se incluye en la prórroga de los Presupuestos de 2011, que estarán vigentes hasta que en marzo de 2012 se presenten unas cuentas nuevas.

El Gobierno cancela también las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios

EFE. 01.01.2012

Las Administraciones Públicas no podrán realizar aportaciones a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de jubilación durante el año que viene, según consta en el Real Decreto-ley que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta prohibición del Gobierno afecta tanto a la Administración General del Estado, como a las de las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales, los órganos constitucionales, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales.

Esta supresión de aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios (cuyo impacto no se cuantifica) se suma a la congelación del salario en 2012 y a la ampliación, de 35 horas a 37,5 horas, de la jornada de los trabajadores públicos.

El Gobierno ha justificado estas decisiones, englobadas en un paquete de medidas urgentes que supondrán un recorte del gasto de 8.900 millones de euros, en una estimación de déficit público para 2011 del 8 % del PIB, dos puntos superior a lo previsto.

Junto a este recorte de gastos, el Gobierno aprobó este viernes "un recargo temporal de solidaridad" a las rentas del trabajo y el capital en el IRPF para 2012 y 2013, una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) también por dos años y la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional, lo que incrementará los ingresos en 6.275 millones.

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Cascos asegura que el ajuste de Rajoy es «inasumible» para Asturias

El presidente del Principado estima en más de mil millones las pérdidas que supondrán para la región la aplicación de los recortes

Foto:Luis de Guindos, Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y Cristobal Montoro, el pasado viernes, tras anunciar el contenido del primer plan de ajuste del Gobierno que preside Mariano Rajoy. :: AFP

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«Si todos vamos juntos, 2012 será un año de recuperación»

El Comercio. 02.01.12 - 02:39 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | GIJÓN.

Afirma que el Principado es la comunidad más perjudicada por el ajuste del Gobierno popular

Califica de «insolidario» el tijeretazo y acusa al Ejecutivo central de hacer recaer un 10% del recorte en Asturias

Avisa de que las medidas suponen un «frenazo espectacular» para la región y rompen el principio de solidaridad

La titular de Empleo, Fátima Báñez, defiende el carácter «equitativo» del plan de ahorro

El presidente del Gobierno asturiano, Francisco Álvarez Cascos, atacó ayer con dureza el ajuste que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy por el impacto que, a su juicio, tiene en una comunidad como Asturias. Cascos considera que los recortes presupuestarios por valor de 8.900 millones de euros, anunciados el pasado viernes, «son inasumibles» para el Principado. Según sus estimaciones, la autonomía que preside es la que peor parada sale, al recaer en ella más del 10% del ajuste. Calcula que con los planes anunciados por el Gobierno popular, Asturias perdería más de mil millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, tras analizar las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Cascos no ocultó su indignación por unas medidas «injustas» y que rompen, a su juicio, «el principio de solidaridad territorial» y que «contravienen el derecho comunitario». El presidente anunció, asimismo, su intención de solicitar de inmediato una reunión con los ministros de Hacienda (Cristóbal Montoro) e Industria (José Manuel Soria) para tratar el asunto, aunque deslizó que no descarta adoptar «medidas de otro tipo».

Asegura que le sobran los motivos para rechazar el denominado ’tijeretazo’. Entiende el presidente asturiano que el recorte está «injustamente distribuido y resulta insolidario, ya que hace recaer sobre el Principado más del 10% de la cuantía total, cuando la región representa el 2,3% del conjunto de España, cuadruplicando la carga que supone para los asturianos».

El aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación por el cese de actividad de la minería del carbón y la no disponibilidad de 1.600 millones de euros en inversiones del Ministerio de Fomento son tres aspectos incluidos en el plan de ajuste que tienen repercusiones «muy negativas» para el Principado. Desde el punto de vista del desarrollo económico, asegura que se trata de un «frenazo espectacular» para Asturias.

Sólo en lo referente a fondos mineros e infraestructuras, calcula que la decisión del Gobierno central puede suponer la pérdida de más de mil millones de euros en los compromisos del Estado con la región.

En su opinión, esto demuestra, en contra de lo anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no es cierta la afirmación de que «se trata de un esfuerzo de todos y que no recae en los más débiles». Aludió de este modo a las palabras textuales utilizadas por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el anuncio de las medidas de recorte.

Esgrimió, una vez más, los problemas que arrastra Asturias en los últimos años y que, según su opinión, deberían suponer una mayor sensibilidad por parte del Gobierno central en lugar de convertirla en la principal damnificada del ’tijeretazo’.

«Es la única comunidad autónoma con la población estancada en la última década, tiene el segundo peor crecimiento del PIB por habitante en el mismo periodo, es la peor comunicada por culpa de tener sus infraestructuras paralizadas y es la que tiene actualmente la tasa de población activa más baja de España», explicó Cascos, que considera estos argumentos suficientes para que el Gobierno de Rajoy entienda «que no puede ser la más penalizada por los recortes».

Reuniones con los ministros

A juicio del presidente del Principado, el conjunto de acuerdos del Consejo de Ministros rompen el principio de solidaridad interterritorial que conlleva la adopción de una medida de esta naturaleza, pero que obliga a los poderes públicos a corregir y no a acentuar los desequilibrios territoriales existentes, y a promover un desarrollo armónico y equilibrado.

Así, considera que los ajustes «son contrarios» al espíritu y a la letra de nuestra Constitución que atribuye al Estado en su artículo 138 la garantía de «la realización efectiva del principio de solidaridad», y también a la Ley de Financiación de las Comunidades (Lofca), «que define al Estado como el encargado de conseguir el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español».

La primera decisión que se adoptará desde el Principado tras conocer el calado de las iniciativas planteadas por el Ejecutivo central será solicitar de forma urgente una reunión con los ministros de Hacienda y de Industria, así como una comparecencia ante la Junta General del Principado para analizar en sede parlamentaria la situación y buscar, de ese modo, «fórmulas de respuesta que cuenten con el máximo respaldo parlamentario».

No parece que se vayan a quedar ahí las respuestas del Gobierno que preside. Una vez que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros la pasada semana sea publicado, Cascos dejó entrever que habrá «más acciones» desde Asturias contra el plan de ajuste. Estas medidas, sin embargo, quedan en el alero hasta que se mantengan los encuentros con los respectivos ministros y se adopten resoluciones en el marco de la Cámara autonómica.

El presidente insistió en que su partido, Foro Asturias, ya advirtió «insistentemente» de estos riesgos a la sociedad asturiana. «Ahora -prosiguió- comprobamos con tristeza que estas preocupaciones se han confirmado».

No parece que haya valido de mucho el hecho de que el único diputado de Foro Asturias en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, haya votado a favor de la investidura de Rajoy. A este respecto, el presidente del Principado recordó que en su discurso, el parlamentario de Foro ya realizó claras advertencias al Gobierno central, en materia de infraestructuras y fondos mineros.

Confianza en el Ejecutivo

Las duras manifestaciones de Álvarez-Cascos llegan un día después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pidiera un margen de confianza hacia el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. En un acto en Huelva, Báñez aseguró que ni los parados ni los pensionistas «deben temer» con el Gobierno del PP porque ambos colectivos son «una prioridad» para el Gobierno.

La titular de Empleo justificó la dureza de algunas de las medidas adoptadas ante «la mentira» del Ejecutivo socialista. Aludió de esta forma al desfase que, según los populares, se ha producido en el déficit público, que se situará en el 8% este año y no en 6% inicial que había planteado el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En este sentido, hizo hincapié en que el Gabinete de Rajoy «va a responder a los españoles con contundencia, tras la confianza depositada», algo que, a su juicio, «no es fácil porque el Ejecutivo socialista ha dejado un país en ruina económica y social» y puso como ejemplo el plan de salida de la crisis, al que calificó de «contundente, equitativo y solidario» frente a las consideraciones realizadas por el presidente asturiano.

Un año de su adiós al PP

Ayer, día de Año Nuevo, se cumplían justo doce meses de la salida de Francisco Álvarez-Cascos del Partido Popular, tras 34 años de militancia. Una vez que Mariano Rajoy optó por Isabel Pérez-Espinosa como cabeza de lista por Asturias para las elecciones autonómicas, Cascos rehusó continuar en un partido que él mismo contribuyó a construir desde su origen y del que fue secretario general coincidiendo con la etapa de José María Aznar al frente del Ejecutivo estatal. A lo largo de 2011, lejos de cerrarse las heridas, las discrepancias de Cascos con el PP se han incrementado. La constitución de Foro Asturias y su victoria en los comicios regionales del pasado mes de mayo deterioró aún más un divorcio que quedó de relive durante la campaña de las elecciones generales cuando Foro decidió presentarse por la circunscripción de Madrid. A pesar de las diferencias que se han visto en el Principado, el partido que ahora preside Álvarez-Cascos fue la única formación, además del PP y UPN, que apoyó con su voto en el Congreso la investidura de Rajoy.

ACOM se reúne hoy para analizar el recorte de los fondos

La Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) celebrará hoy una reunión de urgencia para abordar el recorte de fondos mineros de infraestructuras para el próximo ejercicio aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y que asciende a unos 175 millones, según las previsiones del actual plan del carbón. El presidente en funciones de ACOM, Ángel Calvo, no ocultó el sábado su preocupación ante la posibilidad de que los recortes afecten a la recuperación de unas comarcas marcadas por la reestructuración industrial. Según Calvo, el anuncio realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy llevará a alcaldes mineros de diferente signo político a defender juntos la necesidad de dar marcha atrás al recorte para evitar que las comarcas mineras sigan perdiendo empleos y población. Además, advirtió sobre la incertidumbre que planea sobre las partidas que no son de infraestructuras y que también dependen de fondos mineros como las ayudas empresariales y las de formación.

La donación de órganos creció un 25% en 2011 y permitió 93 trasplantes en Asturias

El pasado año hubo 50 donantes, diez más de los que se habían conseguido en 2010

Foto: Priya Maliyakkal, de 35 años, junto a su madre, Mary, que le cedió su riñón. En la imagen, las dos protagonistas posan junto al personal de la planta de Nefrología del HUCA. :: JESÚS DÍAZ

El Comercio. 02.01.12 - 02:38 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

Las donaciones de órganos lograron recuperarse en Asturias durante 2011. Tras un año a la baja, como fue 2010, cuando la cifra de donantes había bajado a 40 personas, el año que acaba de concluir no sólo cerró con un notable repunte sino que casi iguala el récord histórico de 2007. En 2011 las donaciones de corazones, hígados y riñones para trasplantes crecieron un 25% en la región. Fueron 50 las personas, nueve de ellas en vida, que cedieron alguno de sus órganos. Esto ha permitido que el Hospital Central practicara 93 trasplantes a lo largo de 2011.

Las 50 cesiones sitúan al HUCA a tan sólo dos donaciones de las 52 que hubo hace ahora un lustro y que de momento se mantienen como la cifra más alta registrada en el Principado desde que se pusiera en marcha la donación de órganos, hace ya tres décadas. El aumento en el volumen de donantes se debe, en gran medida, al incremento de las donaciones de riñón en vida. El pasado año nueve personas decidieron ceder voluntariamente un riñón a un familiar enfermo. El último de estos trasplantes, denominado ’intervivos’, tuvo lugar el 14 de diciembre. Fue entre una madre, que viajó expresamente desde la India, y su hija, que vive desde hace cinco años. La madre, de 56 años, cedió a Priya, de 35, uno de sus riñones. La joven llevaba esperando por un trasplante desde 2009.

Durante 2012, el HUCA continuará promoviendo más donaciones renales intervivos. «Los nefrólogos lo están haciendo muy bien», aseguró ayer el coordinador regional de trasplantes. Jesús Otero se mostró satisfecho con las 50 donaciones de 2011. «Hemos logrado diez donantes más en un año, algo que no es nada fácil», matizó.

Asturias logró así alcanzar las 46 donaciones de órganos por millón de habitantes. Hubo también un 9% de negativas familiares, un porcentaje que los responsables de trasplantes se afanan por reducir cada año, aunque no siempre lo consiguen.

Los 50 donantes permitieron que el HUCA realizara un total de 93 trasplantes el pasado año. Fueron 53 de riñón (9 de ellos donados por personas vivas), 29 de hígado y 11 de corazón. El último de los implantes de 2011 se realizó en la última semana del año. Fue un trasplante renal. El donante había cedido también su hígado, pero éste fue enviado fuera de Asturias.

Medicina regenerativa, el reto para 2012

La creación de un centro de medicina regenerativa es el principal reto del equipo de trasplantes para el año que acaba de iniciarse. El proyecto está impulsado por el coordinador regional de trasplantes de Asturias y ya ha sido presentada a la Consejería de Sanidad, que ha mostrado buena sintonía. La iniciativa, valorada en cuatro millones de euros, busca aglutinar bajo un mismo techo todos aquellos proyectos que en materia de terapia celular se desarrollan actualmente en Asturias. El centro dispondrá de un edificio propio que estará ubicado junto al futuro HUCA, en la parcela de La Cadellada.

CEOE y sindicatos apuran los días para intentar alcanzar un acuerdo laboral antes del 7 de enero

Los presidentes de CEOE-Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, tomarán personalmente las riendas de las negociaciones la próxima semana para tratar de alcanzar antes del 7 de enero algo más que un acuerdo parcial que sirva de base para la próxima reforma laboral que debería aprobarse en el primer trimestre.

nuevatribuna.es | | Actualizado 01 Enero 2012 - 22:27 h.

En el caso de que una vez cumplido el plazo fijado por el Gobierno no haya un acuerdo global entre patronal y sindicatos es previsible que el Ejecutivo legisle, aunque desde el Ministerio de Empleo no se ha aclarado si cabría un primer acuerdo de mínimos en enero y una nueva prórroga hasta marzo para que las partes puedan seguir negociando los asuntos más espinosos.

A la vista del decreto de medidas urgentes aprobado el pasado viernes, al Ejecutivo no le temblará tampoco el pulso si tiene que legislar unilateralmente la nueva reforma del mercado de trabajo, lo que podría servir de acicate para que en los próximos días se produjese un acercamiento de posturas entre los agentes sociales.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se encargó en la reciente ronda de contactos con los ’primeras espadas’ de la patronal y los sindicatos de transmitirles esta urgencia, algo que, según dijo posteriormente, fue acogido con buena voluntad por sus interlocutores.

Sin embargo, será difícil que los agentes sociales den pasos al frente que no se hayan dado hasta ahora. Por el momento, solo habría cuatro ámbitos en los que el acuerdo estaría prácticamente cerrado: la redistribución de los festivos, la solución extrajudicial de los conflictos, mutuas y absentismo y formación.

PASAR FESTIVOS AL LUNES

Uno de los puntos más cercanos al acuerdo es el de la reorganización de los festivos que dependen del Gobierno Central, para trasladar algunos de estos días al lunes para ganar competitividad.

Los agentes sociales están discutiendo en torno a tres fechas. Dos de ellas estarían pactadas ya: el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la Asunción de la Virgen (15 de agosto). El problema es si el tercero es el de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) -que la CEOE rechaza porque supondría mover tres festividades religiosas- o el Día de la Constitución (6 de diciembre).

En cualquier caso, una y otra fecha supondría acabar con el ’macropuente’ de diciembre. La patronal quiere que el cambio de los festivos opere ya desde 2012.

Además, estaría prácticamente culminado un pacto para renovar el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) -que actualmente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012- desde enero del próximo año hasta 2016.

Este arbitraje afectaría a la negociación colectiva de ámbito nacional, sería voluntario, tendría mayor vinculación a las comisiones paritarias y se extendería a otros litigios como los plazos máximos de negociación de convenios, para solucionar el problema de la ultraactividad (prórroga automática de un convenio en ausencia de su renovación).

Además, este arbitraje tendría eficacia general y directa, de modo que aquellas empresas que no se quieran adherir tendrán que comunicarlo expresamente y tendrán un plazo de unos tres meses para acordar con los sindicatos otras vías de solución extrajudicial. Dentro de este acuerdo se incluiría también una fusión de las listas de árbitros de todos los agentes sociales y una búsqueda de más profesionalidad con el reforzamiento de su formación continua.

LOS ESCOLLOS: SALARIOS Y CONTRATACIÓN

En cuanto a los desacuerdos, las mayores fricciones siguen centradas en la renovación del acuerdo de moderación salarial hasta 2014. La postura de la CEOE es la de un "crecimiento extremadamente moderado" de los salarios. En el caso de lossindicatos, apuestan por una moderación salarial, pero no hasta ese punto, y ponen la barrera de lo extremo en aproximadamente el 1%.

Asimismo, aún aleja a las partes la petición por parte de la CEOE de desindexar los salarios y vincularlos a productividad. En este terreno, los sindicatos estarían poniendo de manifiesto la dificultad de conocer datos objetivos sobre productividad, aunque estarían abiertos a ligar los salarios a otras fórmulas, como la inflación subyacente (IPC sin precios energéticos ni alimentos frescos), o hablar de salarios fijos y variables.

Además, los sindicatos piden que se respete el vigente acuerdo de moderación salarial para 2012 --entre el 1,5% y el 2,5%-- en el caso de los convenios plurianuales con efectos en el próximo año, cuestión en la que parece haber bastante cercanía.

Aunque el Gobierno no puede legislar sobre los salarios del sector privado, la postura del Ejecutivo sobre esta cuestión parece clara. Así, tras la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, la ministra de Empleo dejó caer que la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) es un "importante mensaje de moderación salarial para ayudar a la recuperación económica".

CONTRATACIÓN

Por otro lado, las partes siguen negociando sin visos de acuerdo otras materias que deben tener, eso sí, la última palabra del Gobierno. Es el caso de la contratación, en el que hay tres frentes abiertos.

El primero sería el contrato de formación, actualmente limitado temporalmente a los trabajadores de hasta 30 años, pero destinado más adelante a aquellos de hasta 25 años, que la CEOE quiere desvincular de un límite de edad.

Además, la patronal quiere reducir su carga de formación retirando la obligación de que estos trabajadores tengan que estar guiados por un tutor en la empresa, responsable que los sindicatos piden que corra a cargo de los Servicios Públicos de Empleo. Además, las centrales persiguen que esta modalidad sirva de base para un futuro sistema de formación dual.

Otras cuestiones en el aire son el impulso de la contratación a tiempo parcial y de la conversión de contratos temporales en indefinidos, así como los costes del despido, aunque es una cuestión que en principio no está en la bolsa de temas que Rajoy trasladó a los agentes sociales.

Rajoy oculta la carta del BCE y estudia crear un 'banco malo'

 

Reclamó a Zapatero que la diera a conocer en agosto. El PP ha cambiado su dialéctica económica

La Voz de Asturias. 02/01/2012 07:11

Hace unos meses el Partido Popular decía que Europa le ponía deberes a José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora con Mariano Rajoy son solo recomendaciones. Tanto ha cambiado todo que el presidente del Gobierno aún no ha enseñado la carta del Banco Central Europeo (BCE) que recibió en el traspaso de poderes y tanto reclamó en su día.

Fue el pasado 23 de agosto cuando preguntó por ella en el Congreso a su antecesor en el cargo dando por hecho que la compra de deuda española por parte de la institución exigía que se cumplieran una serie de instrucciones. "Quiero saber si se le remitió y cuál es su contenido. Quiero que me lo responda", solicitó. Es más, le pidió que la presentara no ante él, sino ante "esta Cámara que representa la soberanía nacional". No obtuvo respuesta.

Sus cargos le secundaron. La primera, la recién elgida vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En una entrevista en Onda Cero, la dirigente conservadora reprochó la "falta absoluta de transparencia" de Zapatero porque había optado "por dar la callada por respuesta". "Los ciudadanos tienen derecho a saber si la carta ha existido", reclamó entonces. Y recordó que la reforma constitucional para limitar el déficit público la podía haber hecho España sin exigencias.

El equipo de Rajoy dice que no la hace pública porque no fue el destinatario

En un foro del PP, el hoy ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que nuestro país estaba siendo "intervenido por el BCE". También el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, resaltó que en Italia donde se recibió otra con un contenido similar se llevó al Parlamento para que todo el mundo pudiera conocer las medidas "impuestas desde Europa" y se comprometió a que su partido la daría a conocer.

En este momento la misiva sigue siendo secreta. A pesar de que Rajoy ha dicho en numerosas ocasiones que hay que "decir la verdad" y que no piensa ocultar nada a los españoles. Sus colaboradores argumentan que es algo que le correspondía haber hecho a sus destinatarios. Si les llega otra, dicen, ya se verá qué hacen. Además, indican que era para un momento dado y ahora se afronta otra etapa con circunstancias diferentes.

Para los bancos se busca una solución que no afecte a la deuda ni al contribuyente

Serán distintas pero Rajoy se ha servido de ella para reclamar a sus barones que cumplan el déficit y a los agentes sociales un pacto para sacar adelante una nueva reforma laboral. Para el PP es fundamental abordar una negociación colectiva, donde primen los convenios de empresa, y la simplificación de contratos. Hay quien teme que el jefe del Ejecutivo convierta la carta en su única hoja de ruta e imponga medidas muy duras. Todo con tal de no quedarse en el vagón de cola de la Unión Europea.

Para los socialistas la congelación del salario mínimo interprofesional, por primera vez en 45 años, es una señal de que Rajoy va acatar las condiciones del BCE porque, subrayan, el organismo que preside Jean Claude Trichet recomendó una "devaluación competitiva" de los sueldos. Y ese, se adivina, será el siguiente paso. Según el PSOE, la carta pedía actuaciones "contundentes" contra el desempleo juvenil pero no aludía directamente a los minijobs’, trabajos basura. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que eso no está entre los planes del Gobierno.

Activos tóxicos

Los recortes se llaman ahora ajustes y, al final, se suben los impuestos

Además de un nuevo acuerdo del mercado laboral, se procederá a la reestructuración del sistema financiero. Habrá una nueva ronda de fusiones y se estudia la creación de un banco malo’, para aglutinar los activos tóxicos del sistema. Este tema está sobre la mesa del PP desde hace varias semanas. Y hay opiniones para todos los gustos. Cuentan que hay dos sectores: uno que lo ve como la única solución y otro, el de los detractores, que se inclina por fórmulas diferentes.

Rajoy, salómonico, será quien diga la última palabra. En la cumbre del PPE en Marsella anunció que la decisión se conocería en el primer trimestre del año. Para eso ha eliminado la vicepresidencia económica y se ha puesto al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

El jefe del Ejecutivo recibe varios inputs a la vez. Tanto de los cargos que le rodean como de los banqueros con los que se reunió nada más ganar el 20-N. El presidente del Santander, Emilio Botín ya ha expresado en público que no le gusta: "Sería hacer una cosa que le va a costar dinero al contribuyente y no solucionar que se den los créditos", aseguró.

La finalidad de su creación es que las entidades puedan sanear sus balances liberando los inmuebles y el suelo que está en sus manos. Los que lo defienden piensan que lo único que tiene "malo" es el nombre que ha recibido. Pero consideran que es la única forma de que los bancos se puedan centrar en sus funciones y dejar de ser inmobiliarias. Los demás no se oponen radicalmente al banco malo pero si que quieren que sea algo hecho con "precisión". "Si se hace hay que hacerlo bien. Tendría que ser un buen banco malo o no suficientemente bueno", explican. Su denominación es importante.

De momento, De Guindos está recabando información del Banco de España. Y quiere evitar que al final el saneamiento de las entidades más débiles obligue al Estado a elevar su endeudamiento.

La semántica económica del Partido Popular ha variado. Los conservadores cuidan cómo utilizan las palabras y han incumplido hasta alguna de sus promesas electorales, como la de no subir impuestos. En el último Consejo de Ministro, Rajoy aprobó una subida del IBI y del IRPF. Al incremento de este último lo denominan "regargo temporal de solidaridad".

Desde que llegaron al poder los recortes pasaron a llamarse ajustes. Rajoy comenzó a reconocer que la crisis era mundial y no algo coyuntural de España, como manifestaba desde la oposición. Los "bandazos" que su partido había criticado a los socialistas llegaron a sus filas cuando, aún sin pisar la Moncloa, dieron diez años de plazo para la devolución de los anticipos de las Comunidades y tan solo unas horas después lo rectificaban. Y la "descoordinación" entre ministerios que tanto había denunciado, arreció de pronto sobre su gabinete entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a cuenta de una cifra que le correspondía dar al uno y no al otro.

El último caso se dio el viernes pasado cuando entre otas cosas congeló el sueldo de los funcionarios. En su día Pons dijo que él habría ido a la huelga por ese motivo y aseguró que partido recuperaría el poder adquisitivo de jubilados y funcionarios. Lo primero lo han cumplido. Lo segundo lo han dejado aparcado. "Estamos comprometidos con el Estado de Bienestar y defendemos el modelo con uñas y dientes", destacó en precampaña.

En mayo cuando se decidió los conservadores votaron en contra. Montoro dijo que las medidas eran "improvisadas, injustas e ineficaces" para sacar a España de la crisis. "No vamos a permitir que los ciudadanos paguen los errores del Gobierno", aseveró. A su juicio la decisión del Ejecutivo era el "certificado de defunción" de la política económica socialista. La secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, llegó a hacer un guiño a los empleados públicos. "Queremos negociar el recorte del sueldo de los funcionarios para que no sea tan brutal", sostuvo aunque al final se mantuvo en el 5%.

En aquel momento el PP estaba dispuesto a buscar alternativas, y señalar partidas con las que compensar el recorte.Ya no se lo plantea. De hecho ha congelado la oferta de empleo público. Algunos dirigentes del PP cuentan que a Rajoy no le importa prescindir de todos los interinos. En el debate de investidura reconoció que no quería a nadie en la Administración que entrara "por la puerta de atrás o señalado por el dedo". En privado, hay quien apunta que tal vez se vean obligados a "darle una vuelta" al despido de los funcionarios y terminen modificando la ley.

Como afecta realmente el Real Decreto-Ley 20/2011 al empleo público

El regalo envenenado de fin de año viene en el BOE de 31 de Diciembre de 2011. Se ha publicado el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Dicho Real Decreto-ley ha de ser leído como el bing-bang o el comienzo de la labor de esquilar a los empleados públicos. El mismo será seguido, según se ha confesado por el propio Gobierno, de próximas medidas legislativas a medio plazo. Por otra parte, dicho Real Decreto-ley tiene carácter básico y aplicable a todas las Administraciones en algunas de sus previsiones y en cambio en otras únicamente se aplica a la Administración del Estado, por lo que habrá que estar a lo que cada Comunidad Autónoma disponga respecto de sus sectores en algunos aspectos (en unos casos, como el juego de las siete y media, no llegará a tanto y en otros se pasará). Pues bien, veamos sintéticamente y en una primera impresión su alcance.(LEER MÁS)