Este 1 de enero entra en vigor la Ley General de Salud Pública, aprobada por el anterior Gobierno
Los parados de larga duración recuperan su derecho a una asistencia sanitaria pública
Foto: La sanidad vasca ya atiende a pacientes riojanos que necesitan tratamientos complejos. -HUMBERTO BILBAO
EUROPA PRESS Madrid 01/01/2012 10:33 Actualizado: 01/01/2012 10:47(Leer más)
El Gobierno eleva la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo
El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal.
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Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.
De esta forma, el Ejecutivo 'popular' da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.
El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.
Los funcionarios que quieran mantener su jornada de 35 horas semanales deberán bajarse el sueldo
Los funcionarios que quieran seguir manteniendo una jornada de 35 horas semanales y no verla incrementada hasta las 37,5 horas tendrán que bajarse proporcionalmente el sueldo, según el decreto de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros.
Esta cláusula permitirá al Gobierno aplicar rebajas salariales en el sector público sin tener que adoptar ninguna medida directa al menos hasta el próximo mes de marzo, cuando se presenten los Presupuestos para 2012, en los que se podría incluir un nuevo recorte salarial a los funcionarios.
Los funcionarios que no quieran acogerse a esta posible rebaja de la jornada cobrarán lo mismo que en 2011, ya que no escaparán de la congelación salarial que ha aprobado el Gobierno, excepto para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para los Cuerpos de lucha contra el fraude de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social.
Tras la reunión de la mesa general de las Administraciones Públicas, en la que los sindicatos conocieron esta medidas de primera mano del secretario de Estado del ramo, Antonio Beteta, ya anticiparon que el Gobierno podría adoptar otras medidas para ir más allá y recortar el sueldo de los funcionarios.
Los funcionarios ya vieron reducido su salario en un 5% de media tras el decreto de ajustes que aprobó el anterior Gobierno socialista en mayo de 2010.
El Gobierno vuelve a congelar el sueldo de los empleados públicos y eleva la jornada a 37,5 horas
Las bajas y jubilaciones no serán cubiertas salvo en cuerpos de seguridad y servicios básicos
V. G. C., Madrid, en El País.
Los 2,6 millones de funcionarios españoles mantendrán su sueldo pero muchos de ellos —principalmente los que dependen de comunidades, ayuntamientos, diputaciones y cabildos— tendrán que trabajar más horas. El Consejo de Ministros aprobó este viernes volver a congelar en 2012 el salario de los empleados públicos, que ya ha estado congelado este año y se había reducido un 5% en 2010. Congelarlo quiere decir que no baja, pero sí pierde poder adquisitivo porque tampoco sube, mientras que los precios sí subirán.
A la vez, la jornada laboral de los funcionarios se eleva a 37,5 horas semanales. En la actualidad, esa es la jornada de los empleados de la Administración central, al menos es la que recoge como jornada máxima el convenio colectivo aprobado en 2009; en las administraciones autonómica y local no está homogeneizado: hay funcionarios con jornadas de 37,5 horas, otros que trabajan 35 y otros incluso menos (o más).
El aumento de jornada —37,5 horas para todos— supone que los funcionarios afectados cobrarán lo mismo por trabajar más tiempo. Además, podría dar lugar a despidos de trabajadores interinos o con contrato laboral, si las tareas que realizan fueran asumidas en ese tiempo extra por los funcionarios de carrera. Quien no quiera trabajar 37,5 horas puede negarse, pero tendrá que aceptar una reducción del sueldo.
Por otra parte, la tasa de reposición de las plantillas de empleados públicos de toda España queda congelada. Eso significa que no saldrán a oposición nuevas plazas y que las bajas, jubilaciones o traslados no serán cubiertos. Con estas excepciones: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, centros de salud y hospitales, profesores y el personal dedicado a perseguir el fraude “fiscal y laboral”; en esos casos, la tasa de reposición podría llegar, como máximo, al 10%, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Indignación de CC OO
En España hay 2,6 millones de funcionarios. El 50% depende de las comunidades autónomas, el 24% de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos o consejos insulares, y solo el 22% del Gobierno central (hay también un 4% en universidades).
Teóricamente, los acuerdos anunciados por Sáenz de Santamaría —congelación del sueldo, aumento de la jornada laboral, tasa de reposición cero— afectan a todos ellos, aunque en el documento que La Moncloa colgó en su página web no se precisa. De hecho, en ese documento las excepciones a la tasa de reposición que se señalan son solo las que dependen de la Administración central: “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Cuerpos de lucha contra el fraude”. No se menciona a personal sanitario y docente. El servicio de prensa no pudo aclararlo ayer, aunque un portavoz afirmó que, en caso de duda, hay que remitirse a lo anunciado por la vicepresidenta.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se había reunido por la mañana con los sindicatos para comunicarles las medidas al mismo tiempo que se estaban aprobando. Según CC OO, les habló de la congelación del sueldo y de la tasa de reposición, pero no de la ampliación de la jornada laboral. “De las 37,5 horas no nos ha dicho ni una palabra. Nos hemos enterado viendo la rueda de prensa por televisión. No solo es inaceptable que nos lo haya ocultado, sino que la jornada es un aspecto de obligada negociación. No descartamos presentar algún tipo de demanda”, afirmó Juan Carlos Rodríguez, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato.
Rebajar la tasa de fraude en diez puntos recaudaría 38.000 millones adicionales, más del doble de lo que prevé ahorrar Rajoy
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que las nuevas medidas mejoran la igualdad y la progresividad del sistema tributario, aunque señalan que el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital.
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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calificaron hoy de “progresiva” la subida de la tarifa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y destacaron que “el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital”.
Además, valoran que el Gobierno eleve la progresividad porque se intenta que "paguen más los que más tienen", pero lamentaron que no se hayan eliminado los instrumentos legales que disfrutan los grandes patrimonios como las sociedades instrumentales y las SICAVs que permiten eludir la tributación de millonarias rentas inmobiliarias, plusvalías y dividendos, mientras que la subida impositiva afectará a todos los pensionistas, trabajadores y autónomos que no disponen de estos instrumentos.
Por otro lado, el colectivo calificó de "insuficiente" la tasa de reposición del 10% de los efectivos destinados a la inspección tributaria y laboral en un contexto generalizado de congelación de la plantilla pública, así como la voluntad manifestada por el nuevo Ejecutivo de luchar contra la economía y el empleo sumergido dentro de un plan global antifraude que, según aseguró, verá la luz en los próximos meses.
En la actualidad, la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal y el tercio restante es fraude laboral. (Ver documento en pdf adjunto por Comunidades Autónomas)
Con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa sumergida en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, de los cuales se recuperarían 25.500 millones en impuestos evadidos y unos 13.000 millones en cuotas a la Seguridad Social defraudadas. Esta cifra total supone más del doble de los 16.500 millones que prevé ahorrar el nuevo Ejecutivo el próximo, pero sin necesidad de acometer nuevos recortes sociales como la nueva congelación del sueldo de los funcionarios o las subidas d e impuestos.
En este sentido, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, lamentó que "los funcionarios paguen doblemente la consecución de los objetivos del déficit, puesto que ya ese les rebajó el sueldo hace dos años y congelado en cuatro ocasiones, teniendo ahora que pagar un nuevo gravamen en el IRPF".
Medidas en vivienda
Entre las medidas del nuevo Ejecutivo, Gestha calificó de positivo que se mantenga el IVA superreducido para la compra de vivienda nueva durante un año más, aunque matizó que será necesario vender el doble de viviendas para compensar la rebaja de este impuesto. Esto supone que en 2012 deberán salir al mercado casi 367.000 inmuebles nuevos, frente a los 183.000 de 2011.
Por otro lado, Gestha estima que la recuperación de las deducciones por inversión en vivienda habitual -que rondan los 5.000 millones anuales- eliminará ese ahorro potencial de 1.500 millones de euros que el Gobierno habría alcanzado a largo plazo en caso de haberlas mantenido, aunque reconoció no tendrá un impacto inmediato sobre las cuentas públicas.
Nuevos cargos
Por otro lado, Gestha recordó al nuevo secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria (AEAT), Miguel Ferre, así como a la que será directora de este organismo, Beatriz Viana, que su tarea al frente de la lucha contra el fraude es clave para mejorar los ingresos del Estado y cumplir con el objetivo de déficit público del 4,4% del PIB para el próximo año.
El colectivo animó a los nuevos responsables de la AEAT a afrontar los cambios organizativos y estructurales necesarios para contener el desfase entre ingresos y gastos provocado por el alto nivel de economía sumergida en España. Asimismo, hizo un llamamiento directo a la nueva directora general para que aumente las competencias y responsabilidades de los técnicos en la lucha contra el fraude fiscal, ya que "gracias a su cualificación y experiencia son una pieza fundamental para erradicar las bolsas de fraude, como bien conoce Viana por su trayectoria profesional en el Ministerio de Hacienda".
UGT dice que las medidas de "recorte" y "picoteo fiscal" del Gobierno no traerán la recuperación
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha asegurado que las actuaciones aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros son medidas "recurrentes" de "recorte y picoteo fiscal", que no van a impulsar el crecimiento económico y el empleo y contiene aspectos "profundamente injustos".
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En un comunicado, la organización asegura que las decisiones del Gobierno de este viernes son un "anticipo" de la estrategia que va a desarrollar el PP con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2012, que se presentarán en marzo, con un "mensaje" que profundiza en las políticas de ajuste.
UGT cree necesaria una reforma fiscal integral equitativa, progresiva y redistributiva, que se revisen el conjunto de las figuras fiscales, se recuperen los impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones, así como que se graven productos de ahorro del capital o de la inversión como son las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).
Asimismo, cree que la congelación del SMI y del IPREM repercuten sobre los colectivos con rentas más bajas y en las personas desempleadas "y vuelven a hacer recaer el peso del ajuste sobre los empleados públicos".
Además, el aumento del 1% de las pensiones es "claramente insuficiente", por lo que el Gobierno debe garantizar que aplicará en noviembre de 2012 la cláusula de revisión automática si se supera esa cifra.
"De entrada, la revalorización puede conllevar una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo del año: el aumento anunciado hoy sólo supondría 8 euros mensuales más en una pensión media", afirma el sindicato.
VALORA LA PRÓRRGA DE AYUDAS A PARADOS SIN PRESTACIÓN
Por otra parte, UGT valora la prórroga del Plan Prepara, "reiteradamente reclamada por las organizaciones sindicales", pero recuerda que existen más de un millón y medio de desempleados sin prestación.
Además, recalca que la tasa de reposición del empleo público es una medida que, "aplicada con generalidad" no responde a las necesidades de la economía española y terminará afectando a la calidad de los servicios públicos.
En todo caso, el Ejecutivo debe aclarar cuanto antes si piensa acometer nuevos recortes salariales a los trabajadores públicos con la aprobación en el mes de marzo de los nuevos Presupuestos.
Por último, asegura que recuperación de la deducción por compra de vivienda habitual, aunque "indudablemente popular", puesto que supone en principio una rebaja fiscal, posee efectos "contraproducentes", puesto que su impacto se traslada finalmente a un aumento de los precios de la vivienda.
CCOO: El Gobierno elige el camino fácil
CCOO, tras conocer las decisiones del Consejo de Ministros, sale al paso de las mismas, que vienen a cuestionar a las primeras de cambio, los compromisos asumidos solemnemente por Mariano Rajoy, y que se traducían en no exigir sacrificios a los sectores más débiles.
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Así, el Ejecutivo con una conducta en zig-zag, actualiza las pensiones y prorroga la ayuda de 400 euros a las personas en paro que hayan agotado su prestación-decisiones que saludamos-, pero a la vez, evita la recuperación del poder adquisitivo perdido por 6,2 millones de pensionistas en 2011, congela el SMI, congela las retribuciones de los empleados públicos, a los que también, en un gesto impropio de un responsable político por haberlo ocultado esta mañana en la reunión de la Mesa de la Función Pública, prolonga su jornada laboral, elimina la Renta Básica de Emancipación (RBE), y reduce un 20% las subvenciones a partidos y sindicatos. El Gobierno avanza algunos cambios en la política tributaria, muy lejos de la profunda reforma fiscal que necesita el país para alcanzar los recursos públicos necesarios.
En un primer comunicado CCOO valoraba esta mañana alguna de las medidas adoptadas y rechazaba otras. Después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, CCOO reitera su opinión favorable sobre alguna de las medidas (incremento mínimo de las pensiones en 2012, prórroga de las ayudas de 400 euros, tímidos pasos en la fiscalidad), pero lamenta que el Ejecutivo haya elegido el camino más fácil: reducir gasto a costa de alguno de los colectivos más débiles -perceptores del SMI, jóvenes y empleadas y empleados públicos-. Todo ello, dando continuidad a las políticas de ajuste y austeridad para contener precipitadamente el déficit, ya practicadas por el Gobierno anterior, y cuyos resultados son contundentes: 5 millones de personas en paro, baja tasa de actividad, creciente precariedad, menos costes laborales, pérdida de derechos sociales y entrada inminente en una nueva recesión económica.
CCOO cree un gran error la eliminación de la RBE, cuyo objetivo es contribuir a la emancipación de los jóvenes facilitando el pago del alquiler de la vivienda, en un país como España con una edad de emancipación (30 años), muy alejada de la media europea (21 años), y que retrasará el desarrollo de los jóvenes como personas y como ciudadanos. Igualmente “se nos antoja radicalmente injusta la reducción de la subvención a los sindicatos en un 20%, cuando en realidad los sindicatos siguen sin recibir el reconocimiento institucional que se merecen como organizaciones esenciales de una sociedad democrática, tal y como señala la Constitución Española”.
Llamazares: "Recortan los gastos hasta el rigor mortis
"El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha hablado sobre los recortes del Gobierno conservador
PÚBLICO.ES/EFE MADRID
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha criticado el tijeretazo histórico anunciado por el Gobierno y ha lamentado que con el Ejecutivo conservador llegue "la glaciación: nos congelan a todos y recortan los gastos hasta el rigor mortis".
Así se ha pronunciado desde su cuenta de Twitter Llamazares, quien ha apreciado la "parte positiva" en las decisiones tomadas: la subida progresiva de impuestos "que el Gobierno del PSOE no se atrevió a realizar". No obstante, el diputado en el Congreso por IU ha querido matizar su afirmación y ha señalado después que el nuevo Ejecutivo "habla de progresividad sin tocar sociedades, plusvalías, fraude y evasión fiscal".
"Las rentas más altas eluden la solidaridad" ha zanjado antes de ironizar sobre el proceso de traspaso entre el gobierno del PSOE y el del PP: "El traspaso perfecto acaba, como el yerno perfecto, en un fiasco monumental. La comisión negociadora son unos ineptos o unos mentirosos".
El PSOE también ha denunciado que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no prorrogar la Renta Básica de Emancipación (RBE) es una medida "regresiva" e "injusta" que supone un recorte económico que además niega "oportunidades" a los jóvenes y fuerza la "caída" del mercado de alquiler de viviendas.
El diputado socialista César Luena ha asegurado que el nuevo Ejecutivo muestra un "mal arranque" de legislatura y le ha instado a explicar tanto "qué alternativas ofrece a los jóvenes" como qué cuantía pretende ahorrar. Además, ha animado al Gobierno conservador a aclarar si va a poner en marcha algún tipo de exención o deducción fiscal por alquiler por vivienda para los jóvenes de 30 años y sus arrendadores. En 2011 se destinaron unos 400 millones de euros a la RBE.
El Colegio de Economistas dice que las medidas del Gobierno afectan principalmente a las clases medias
El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich Rosell, ha afirmado que las medidas económicas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros afectan principalmente a las clases medias y responden a la necesidad del Estado de conseguir "liquidez de forma rápida".
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"Se vuelve a cargar las tintas sobre las clases medias", afirmó Pich en declaraciones a Europa Press, quien añadió que "por otro lado, es el único camino posible" para hacer frente a la situación económica que atraviesa España y al déficit del Estado.
El presidente de los economistas señaló que los cambios fiscales aprobados, como subir el IRPF y el IBI de forma temporal y progresiva para 2012 y 2013 responden a la necesidad de "recaudar rápidamente para aportar liquidez" frente al déficit público previsto para 2011, fijado por el nuevo Gobierno en el 8%, dos puntos porcentuales por encima de lo comprometido con Bruselas.
Pich se mostró sorprendido por la subida del IBI debido a la "complejidad" que tiene su gestión, dadas las diferencias existentes en la gestión catastral entre los distintos municipios, y recordó que "cualquiera" habría apostado por que el nuevo Gobierno se hubiera decantado por subir el IVA o los impuestos especiales.
Respecto al conjunto de medidas económicas aprobadas este viernes por el Gobierno del PP, Pich afirmó que "son decisiones políticas que habrá que analizar teniendo en cuenta que el Gobierno ha tenido poco tiempo para estudiar la situación" desde que se formalizó el traspaso de poderes la pasada semana.
COMUNICADO OFICIALMENTE A LOS SINDICATOS
Las pensiones subirán un 1% y se congelarán los salarios públicos
Prorrogará los Presupuestos Generales del Estado, congelará el salario de los funcionarios y actualizará las pensiones sólo un 1%
Ha llegado el día. Ese en el que Mariano Rajoy tiene que traducir lo que ha dicho, en hechos. Es decir, en recortes. Su recien estrenado Gobierno aprueba hoy su primer paquete de medidas para combatir la crisis. Sin embargo, los únicos que van a poder sonreir serán los pensionistas, que verán actualizadas sus pensiones. Se bajara la posibilidad de que las prestaciones suban cerca del 1%. Para el resto continúan los sacrificios.
El Consejo de Ministros va a aprobar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y con ello la congelación del salario de los funcionarios y también la del Salario Mínimo Interprofesional, que se mantendrá en los 641,4 euros mensuales. Ésta es la primera vez que se congela el salario mínimo desde que se creó.
Congelación de sueldos a funcionarios
El Gobierno ya ha comunicado este viernes por la mañana a los sindicatos de la función pública la congelación de salarios a los funcionarios para 2012. Así se lo ha trasladado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a los representantes sindicales durante la reunión de la mesa general de Administraciones Públicas, convocada esta mañana para tratar tanto las retribuciones de los empleados en 2012 como la oferta pública de empleo.
Así mismo, el Ejecutivo les ha comunicado que la tasa de reposición de funcionarios en la Sanidad y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado será del 10% en ambos casos. Lo que mantiene es la tasa de reposición cero para el resto de personal del sector público, entre los que está incluido el profesorado.
El Gobierno no ha desvelado en la reunión si tiene la intención de rebajar el sueldo de los funcionarios cuando presente los nuevos Presupuestos para 2012 en marzo, si bien han asegurado que hay "desilusión" entre los representantes sindicales tras conocer su congelación y "temor" porque "creen que no es la última medida".
Todas estas medidas se articularán a través de un decreto ley de medidas económicas urgentes. El Congreso lo aprobará, probablemente, el 12 de enero. Además, se aprobará un plan de no disponibilidad de crédito, que limitará los gastos en los que pueden incurrir los diferentes ministerios durante el primer trimestre.
Previsiblemente el Gobierno mantendrá también la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que ya incluyó el equipo económico de José Luis Rodríguez Zapatero en las cuentas del 2011.
El grueso de los recortes, tras las andaluzas
El Iprem es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos a muchos efectos, como las ayudas para la vivienda, las becas o los subsidios por desempleo, entre otros. Actualmente está situado en 532,51 euros.
Por otro lado, el PP podría decidir este viernes si renueva la Renta Básica de Emancipación --210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años--, después de cuatro años en vigor. Según ha sugerido el PP a través del perfil en twitter de Rajoy, es previsible que la ayuda, que contó con un presupuesto de 364,1 millones en 2011 (ampliados después en 46,1 millones) no continúe en 2012.
Todas estas medidas forman parte del primer ajuste parcial, con el que De Guindos ya anunció que el Estado se pretende ahorrar 4.000 de los 16.500 millones que debe ahorrar para 2012. Sin embargo, Rajoy ha preferido dejar el grueso de los recortes para alcanzar el objetivo de déficit comprometido para 2012 (4,4 % del PIB) después de las elecciones andaluzas.
Nuevos nombramientos
Pero la apretada agenda del Consejo de Ministros de hoy no termina ahí. También aprobará los nombramientos de un segundo grupo de altos cargos, entre los que figuran al menos seis secretarios de Estado, y propondrá que el nuevo fiscal general del Estado sea Eduardo Torres-Dulce.
El magistrado Fernando Román García será el nuevo secretario de Estado de Justicia; Víctor Calvo-Sotelo, hijo del fallecido presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, de Telecomunicaciones, y el juez Ignacio Ulloa Rubio, actualmente letrado del Tribunal Constitucional (TC), de Seguridad.
También están confirmados los nombramientos de otros cuatro secretarios de Estado: Engracia Hidalgo (Empleo); Juan Manuel Moreno (Servicios Sociales e Igualdad); Federico Ramos (Medio Ambiente) y Tomás Burgos (Seguridad Social).
En este segundo Consejo de Ministros se acordarán otros nombramientos relevantes, como los de los directores generales de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que ya lo fue en los ocho años de gobierno de José María Aznar, y del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa.
En cuanto a los subsecretarios, ya están decididas las designaciones de Juan Bravo (Justicia); Jaime Haddad (Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y Pedro Llorente Cachorro (Empleo). Haddad y Llorente son dos de los ocho altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre que pasan a formar parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En la reunión se aprobará, igualmente, la supresión del mando único de la Policía y de la Guardia Civil, y serán nombrados Ignacio Cosidó director general de la Policía y Arsenio Fernández de Mesa director general de la Guardia Civil.
Noticia de Publico.es
FELIPE ARMENDÁRIZ/EFE/MALLORCA El magistrado de instrucción 3 de Palma, José Castro, ha citado a declarar en calidad de imputado a Iñaki Urdangarin para el próximo 6 de febrero a las 9:00 horas, tras dictar un auto en el que levanta el secreto de sumario que pesaba sobre la pieza 25 del caso Palma Arena en la que se investiga presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituo Nóos
http://www.lne.es/espana/2011/12/29/urdangarin-declarara-imputado-gestion-noos/1177396.html
Castilla y León comenzará a aplicar la tasa sobre el combustible en 2012
La Voz de Asturias. 30/12/2011 00:00 / P. á. R / Efe Oviedo / Valladolid
Se acabó la ventaja de repostar en Castilla y León kilómetros antes de entrar en Asturias con el objetivo de beneficiarse de un menor precio. A partir de 2012, las gasolineras de la comunidad vecina tendrán que aplicar el llamado céntimo sanitario, el mismo que Francisco Álvarez-Cascos prometió eliminar en la campaña y del que ahora parece haberse olvidado. Lo cierto es que el presidente castellano y leonés, Juan Vicente Herrera, (del PP) adelantó ayer que se comenzará a incrementar el precio de los carburantes en 4,8 céntimos con el objetivo de financiar el sistema sanitario regional.
La decisión afecta directamente al sector del transporte asturiano, que lleva años reclamando la desaparición del impuesto en el Principado pero que ahora se encontrará que, por ejemplo, en sus rutas a Madrid tiene que pagar el tributo tanto en su región de origen como en Castilla y León y también la capital del país. Con la medida puesta en marcha por el Gobierno de Herrera, de las comunidades limítrofes con Asturias solo Cantabria queda sin el impuesto en vigor.
El transporte asturiano, al menos los pertenecientes a Cesintra, ya afearon al ejecutivo de Álvarez-Cascos que no cumpliese su promesa electoral de suprimir el impuesto, cuestión que tampoco tiene programada para 2012 a tenor de los últimos presupuestos presentados el miércoles.
Junto a Asturias, Galicia, Castilla y León y Madrid, también Castilla-La Mancha y Valencia cuentan con este tributo, y dadas las estrecheces económicas de las regiones españoles es totalmente descartable que alguna de ellas vaya a suprimir el impuesto.
Además del céntimo sanitario, la comunidad vecina también ha puesto en marcha una tasa que en su día también sonó para Asturias. En Castilla y León se denominará ecotasa y se concreta ahora con la intención de recaudar de las compañías eléctricas 60 millones de euros para reparar el “daño medioambiental” que generan los aprovechamientos de agua embalsada, los parques eólicos y las instalaciones de alta tensión. Por todo ello y por las similitudes con Asturias, este impuesto también se valoró en el Principado
Sedes, Gispasa, la Junta de Saneamiento o la RTPA, entre las entidades que más ajustan sus partidas
El Comercio. 30.12.11 -ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO.
En los últimos años, sobre todo desde que comenzó la crisis, el Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces venía recurriendo a los entes, organismos y empresas que integran el sector público autonómico como mecanismo para potenciar la inversión que no podía activar a través del presupuesto ordinario de la Administración. Los recursos que manejaban estas entidades fueron creciendo ejercicio a ejercicio. Con la llegada al poder de Francisco Álvarez-Cascos, que siempre se ha mostrado contrario a la proliferación de lo que no ha dudado en calificar como «chiringuitos», la cosa ha cambiado. El proyecto de cuentas para 2012 presentado por el Gobierno, ya en la Junta General para el inicio del trámite parlamentario, cifra los fondos que manejarán estos entes en 2.291 millones de euros, 97,5 menos que en el presupuesto actual. Los que en los últimos meses han estado en el ojo del huracán por diferentes motivos -RTPA, Sedes, Junta de Saneamiento...- son los que salen peor parados.
Es evidente que entre ambos gabinetes, el socialista y el de Foro, hay una profunda diferencia en el concepto de la administración pública. El PSOE siempre defendió el impulso de este tipo de entidades, dentro de unos márgenes «razonables», como la mejor fórmula para prestar determinados servicios con mejor calidad y a un coste más moderado. Álvarez-Cascos y su equipo, por contra, entienden que buena parte de estos organismos son inservibles, máxime en un momento económico tan delicado como el actual, y consideran que el servicio puede ser prestado por la propia administración con igual o mayor eficacia y ahorro. Dos estrategias diametralmente opuestas que tienen su reflejo en las cuentas públicas.
El último presupuesto aprobado por Areces y su Gobierno establecía que los organismos, entes y empresas públicas contaban con 2.389,5 millones de euros. El proyecto avanzado por Cascos y planificado por el consejero de Hacienda, Ramón del Riego, reduce esa cifra a 2.291 millones, 97,5 millones menos. Hay que precisar, eso sí, que las cuentas dan un doble trato a estas entidades. En unos casos se consignan créditos para que ejecuten sus programas de trabajo, mientras que en otros lo que se hace es dar luz verde a sus estados financieros.
Crece el Sespa
Sea como sea, la disponibilidad de recursos es menor. Con excepciones, eso sí, sobre todo en el caso del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que es el organismo que sale mejor parado, en el marco de la apuesta del Gobierno por eludir la «deuda oculta» que achaca a sus antecesores socialistas y por planificar el gasto real que se llevará la sanidad. El incremento ronda los cien millones de euros.
Quienes encaran 2012 en una posición menos optimista son algunas de las entidades que en estos últimos meses, y por distintos motivos, han estado en el epicentro del debate político. La RTPA es el mejor ejemplo. Objeto de recortes ya este año, con un tijeretazo que ha acabado propiciando incluso un acuerdo entre PSOE, PP e IU para ponerle freno en la Junta General, sus cuentas para el próximo ejercicio sufrirán un fortísimo descenso. De los 35,2 millones de presupuesto consolidado con que inició el presente ejercicio pasará ahora a apenas 17 millones.
La Junta de Saneamiento, objeto de debate a raíz de las diferencias de criterio respecto de si sus cuentas computaban o no a efectos del déficit regional, sigue un camino similar y pasa de 155 millones a 83. Y Sedes, cuya venta persigue el Gobierno, cae de 72 millones a 54.
En términos generales, hay empresas que mejoran su posición respecto a 2011 (el Hospital del Oriente, el ERA, el Consejo de la Juventud, el Consorcio de Transportes...) y otras que salen peor paradas, caso del Servicio Público de Empleo, el Idepa, Gispasa o Viviendas del Principado (Vipasa).
El País. FERRAN BALSELLS | Barcelona -
Prat impulsa el plan para abrir los centros de salud al capital privado - La Generalitat dice que los cargos son compatibles
Josep Prat Domènech, el presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) —empresa de la Generalitat que gestiona unos 400 centros sanitarios de titularidad pública— e impulsor del plan que prevé trocear y abrir al capital privado esta empresa pública,compagina este cargo con la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. USP tiene cuatro centros en Barcelona y Girona, entre ellos el Instituto Universitario USP Dexeus, que alberga una fundación que mantiene un contrato desde 2009 por 360.100 euros para prestar servicios sanitarios a Salud. Esta contratación, otorgada por el tripartito, se mantiene vigente con Prat como máximo responsable del ICS.(leer más)