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El teléfono móvil deja seco a Emilio

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Un sierense con párkinson denuncia que el uso de celulares en los centros sanitarios afecta a la batería de los electrodos que lleva en el cerebro

Foto: Carmen Rosillo y Emilio Jiménez, en LA NUEVA ESPAÑA, con un teléfono móvil desconectado. miki lópez

Lne.es » Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Emilio estaba tan tranquilo y, de repente, notó un picor en los labios, y que se le nublaba la vista; empezaron a temblarle la mano y la pierna derechas; comenzó a quedarse como petrificado; su rostro se fue enrojeciendo... Su esposa en seguida adivinó lo que le sucedía. Y se dirigió al hombre que estaba sentado junto a ellos en la sala de espera.

-¿Le importaría apagar el móvil?

-¿Por qué? Lo apagaré si me da la gana.

-Es que a mi marido le está molestando.

El hombre se levantó y se alejó visiblemente airado. Emilio respiró aliviado, pero al cabo de un rato el individuo del teléfono volvió. La mujer vio que su marido se encontraba mal de nuevo.

-Oiga, le he pedido que apague el móvil, por favor.

-¿Y por qué sabe que lo tengo encendido?

-Yo no lo sé, pero mi marido sí.

Finalmente, el testarudo hombre del móvil accedió a apagar el aparato.

La escena es real. Se produjo recientemente en las policlínicas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). No es que Emilio Jiménez Calvo guarde una particular aversión a las nuevas tecnologías. De hecho, es un beneficiario muy directo de ellas. Hace casi once años le fueron implantados en el cerebro dos electrodos para paliar los tremendos temblores que le causaba el párkinson, una enfermedad que le fue diagnosticada hace 17 años, cuando tenía sólo 41.

Los electrodos han mejorado sustancialmente su calidad de vida, pero presentan un pequeño problema: sus baterías se ven perturbadas por la proximidad de teléfonos móviles, ordenadores, hornos microondas u otros aparatos de uso cotidiano. «En realidad, no les afectan todos los aparatos, sino los que son más viejos, pero esto no siempre se cumple», afirma Carmen Rosillo Santos, esposa de Emilio y su eficaz escudo protector en situaciones como la descrita.

En ocasiones las baterías de los electrodos llegan a agotarse a causa de estas perturbaciones, pese a que en teoría tienen una durabilidad de cinco años. Tal circunstancia se produce dos o tres veces al año, y entonces Emilio y Carmen -vecinos de Pola de Siero- se ven obligados a acudir al HUCA para que se las recarguen. En esos casos la situación de Emilio se vuelve bastante crítica. «Se queda bloqueado, no puede moverse», indica su mujer, quien ha querido dar a conocer el caso con el fin de transmitir un mensaje nítido: «Es necesario que todos, también las autoridades sanitarias, seamos mucho más sensibles con el uso de los teléfonos móviles, particularmente en los centros sanitarios, donde deberían estar prohibidos».

Esta misma semana, en el centro de salud de Pola de Siero, y en plena consulta con el médico, Emilio Jiménez comenzó a sentirse mal. Hasta el punto de que, terminada la conversación, no era capaz de levantarse de la silla. Los teléfonos móviles y los ordenadores que había en los alrededores estaban interfiriendo en las baterías de los electrodos. Su médico de cabecera respalda plenamente su reivindicación.

LA NUEVA ESPAÑA puede dar fe de que tales relatos no son fruto de la exageración ni de la fantasía. Durante la conversación mantenida con este periódico, en la sala entró el fotógrafo y, de inmediato, Emilio comentó:

-Aquí hay un móvil.

En efecto, lo había y estaba conectado. Y los labios, los ojos, la mano y la pierna de Emilio ya estaban sufriendo la interferencia.

En el Hospital Universitario Central de Asturias, el equipo del neurocirujano Fernando Seijo es un referente nacional -y en ocasiones mundial- en la implantación de electrodos para aliviar los síntomas del párkinson. El pasado mes de marzo fue presentada una técnica pionera realizada con un electrodo de última generación y una batería que puede recargarse en el propio domicilio y que dura entre 15 y 20 años. La función del electrodo consiste en emitir impulsos eléctricos que, de modo similar a un marcapasos en el corazón, modulan los circuitos cerebrales alterados y permiten recuperar las funciones perdidas.

Emilio Jiménez necesitó hasta tres intervenciones para que los dispositivos cerebrales quedaran correctamente implantados. «Fueron mano de santo», señala este poleso al que un párkinson precoz y galopante había llegado a reducir enormemente su calidad de vida. Acciones cotidianas como vestirse o llevar la cuchara a la boca se le habían hecho imposibles. Tuvo que jubilarse de su trabajo como encargado de obras de la empresa Dragados y Construcciones.

Con los electrodos la vida de Emilio ha ganado en normalidad, pero su salud aspira a conquistar nuevos espacios. Por eso su mujer solicitó recientemente en el departamento de atención al paciente del HUCA la instalación de carteles que adviertan de la prohibición de usar teléfonos móviles en los recintos sanitarios.

-Me dijeron que sería inútil, porque la gente no haría caso.

Investiduras engrasadas......Los indignados llevan sus protestas a la elección de los nuevos alcaldes

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12/06/2011 00:00 /

Escoltados por la Policía. Los concejales de Avilés celebraron ayer una investidura tumultuosa, abroncada por los indignados del 15-M. Alrededor de medio centenar de manifestantes increparon estruendosamente a los miembros de la nueva corporación local en el trayecto que va desde el Ayuntamiento hasta la antigua Plaza del Pescado, donde se sirvió un cava para celebrar el acto institucional al término del pleno y la apertura del nuevo mandato. La alcaldesa Pilar Varela y el resto de los ediles tuvieron que ser protegidos por varios agentes de Policía que formaron un cordón de seguridad.

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/Investiduras-engrasadas_0_497950218.html

El exjefe de Urgencias del Severo Ochoa de Leganés dio una charla sobre los derechos al final de la vida en Avilés.

 

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«La libertad en el final de la vida tiene que ser un derecho universal»

11.06.11 - A. PALACIO | AVILÉS, en El Comercio.

Foto: Luis Montes Médico y presidente de DMD.

El doctor Luis Montes, ahora presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), y el jefe del servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés denunciado por mala praxis durante el 'caso Lamela' -más tarde declarado inocente por la Justicia-, participó ayer en un coloquio sobre los derechos al final de la vida, organizado por IU en la Casa de Cultura. Montes aseguró que «una ley de muerte digna que está despenalizada, es de buenas prácticas y necesaria, debe ser transversal y admitida como tal, aunque tendría mis dudas de que se pusiese en práctica con un gobierno de derechas una ley que cambie el ordenamiento jurídico y el código penal que penaliza el homicidio compasivo».

-¿Qué le parece la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna?

-La ciudadanía tiene claro que la muerte, que es inevitable, debe ser breve, sencilla, confortable y que no hiera la sensibilidad de nuestros familiares y amigos. Una agonía dilatada en el tiempo no la comparte ni un 1% de la sociedad. En un caso como el de Ramón Sampedro, que exige una ayuda para morir, no puede estar penalizada esa colaboración. Es un derecho disponer de nuestra propia vida porque es nuestra, no es del Estado de derecho ni de una sacralidad de la vida de un ser superior. Tenemos el derecho, en esas condiciones de intenso sufrimiento, de disponer de ella.

-¿Cuál es el papel del médico?

-La Ley de Autonomía del 2002 lleva unos derechos de ciudadanía que los médicos no van a desarrollar. Yo llevo mucho tiempo trabajando como médico y lo hago mucho mejor en el paternalismo. Ahora implica que los derechos de ciudadanía van a ser conculcados, cuando el ciudadano es el único que los puede reivindicar. El cambio no puede venir desde el vértice, tiene que venir de los ciudadanos.

-¿Hay problemas con los familiares de los pacientes?

-Si los ciudadanos no desarrollamos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, lo que es conocido como el testamento vital, y no dejamos dicho lo que queremos, serán nuestros familiares los que van a decidir los procesos. Pero en la familia, al igual que la sociedad, existe un pluralismo y llegar a una unidad de criterios es difícil si no has dejado todo por escrito.

-¿Qué se aconseja desde la asociación que preside para evitar este tipo de conflictos?

-Intentamos conseguir que se dejen los testamentos vitales y que se nos respete en nuestro estado final de la vida. También qué tratamientos aconsejamos y pedimos que se nos practiquen y ejecuten. Hablamos del testamento vital porque hay poca pedagogía al respecto, la mayoría de la ciudadanía no sabe ni dónde se puede hacer. Nuestra asociación, además de otras labores, exige que se cambie el ordenamiento jurídico y el código penal porque los ciudadanos somos propietarios de nuestro derecho a la vida y si decidimos apearnos, dimitir o abandonarla cuando deseemos, queremos que se pueda cumplir nuestro deseo.

-Desde hace años anima a las familias a denunciar los casos de agonía prolongada.

-Sí, pero el problema es superar el miedo y la valentía a seguir el proceso porque la justicia es lenta y después del duelo es un tema complicado. Aunque es algo bonito de defender y desarrollar, porque si no tenemos este derecho vamos a seguir muriendo muy mal, cuando la libertad en el final de la vida tiene que ser un derecho universal.

-¿Cómo recuerda todo el proceso del 'caso Lamela'?

-Personalmente creo que fue un hecho tan infame que me cabe la satisfacción de haber abierto el proceso sobre la muerte digna en este país.

Ciertamente no todos los políticos son de los que no representan la voz de la ciudadanía… hay honrosas excepciones

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Las protestas del 15M, protagonistas de las sesiones de investidura en Asturias

Los alcaldes han reaccionados de forma dispar ante las protestas

11.06.11 - LUIS E. GONZÁLEZ IGLESIAS / MARTA VARELA | OVIEDO, en El Comercio.

Su aparición en las sesiones de investidura en Asturias no fue una sorpresa. El movimiento 15M había convocado para hoy una protesta general coincidiendo con las sesiones de investidura. Lo que sí dejó atónitos a algunos alcaldes fue la fuerza de las concentraciones con las que fueron recibidos durante su toma de posesión. Especialmente relevante fue la concentración celebrada en Oviedo. Durante toda la sesión de investidura, los gritos se dejaron sentir en la sesión plenaria. «Chorizo el que no vote», clamaban los manifestantes mientras los partidos políticos defendían sus posturas. Al principio, los políticos hicieron oídos sordos. «No hay Coca-Cola para tanto cacique», tronaban los manifestantes. Los gritos se hicieron tan sonoros que el primer edil ovetense terminó por contestarles, tachando de «algarada» la concentración y lamentando la organización de este tipo de actos en la ciudad.

Pero también fueron muchos los concejos donde se dejó notar la 'indignación». «No nos representáis» fue otro de los argumentos que escucharon los nuevos alcaldes de la región. En Langreo, la socialista Esther Díaz lo oyó prácticamente en su cara cuando precisamente abordaba la complicada situación económica, política y social que se encuentra en el origen de estas protestas.

También en Avilés Pilar Varela tuvo como acompañantes en el camino a la sesión de investidura a los manifestantes del 15M y también a los agentes de la policía que su municipio, como en otros muchos, se encargaron de velar por el orden público en las sesiones de investidura.

Otros alcaldes se tomaron con mayor cercanía las protestas de los indignados si bien es cierto tampoco en todos los concejos tuvieron la misma virulencia. Algunos ediles como el de San Martín del Rey Aurelio y especialmente el de Mieres, Aníbal Vázquez, de IU, no dudaron en saludar a los participantes en las concentraciones e incluso en detenerse a escuchar atentamente sus reivindicaciones.

Reforma de los convenios y enlace con el texto íntegro del borrador…

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CCOO y UGT se desvinculan de la reforma de los convenios

Los sindicatos mayoritarios advierten al Gobierno que "se equivoca" si busca "un ejercicio de funambulismo"

EFE / MADRID

CCOO y UGT advirtieron hoy al Gobierno de que no se sienten ni vinculados ni comprometidos con su propuesta de reforma de la negociación colectiva, y le aseguraron que "se equivoca" si busca "un ejercicio de equilibrio y funambulismo" porque corre el peligro de no contentar a ninguna de las partes.

"Este no es el proyecto que corresponde al principio de acuerdo que se alcanzó con la patronal", aseguró en rueda de prensa el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, junto al de CCOO, Ramón Górriz, tras mantener una reunión de dos horas con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para discutir el borrador del decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

El responsable de CCOO afirmó que "esta reforma que el Gobierno se plantea hacer de manera unilateral" no tiene como motivo un plazo concreto, sino "dar una señal a los mercados financieros", con lo que se están "equivocando", insistió.

Las claves de la reforma

La flexibilidad interna

Las empresas reclaman libertad para modificar jornadas laborales, horarios, turnos y aplicar movilidad funcional y geográfica para adaptarse a los mercados y situación económica del momento. El Gobierno limita la flexibilidad al 5% de la jornada anual.

Mediación y arbitraje

El Gobierno quiere que se constituyan comisiones paritarias (patronal y sindicatos) para negociar convenios y resolver conflictos. Si con esta fórmula no se alcanzaran acuerdos, se iría a un proceso de mediación, y si éste fallase se pasaría al arbitraje, cuya resolución sería de obligado cumplimiento.

Ultraactividad

Ahora, cuando un convenio caduca, su contenido se mantiene vigente hasta que se pacta uno nuevo. La patronal pretendía eliminar esta prórroga o al menos limitarla en el tiempo. Los sindicatos exigían mantenerla, como hace el Gobierno en su texto de reforma.

Jerarquía de los convenios

Se priman los de empresa sobre los sectoriales, aunque éstos mantendrán su jerarquía porque más del 80% de las pequeñas, medianas y microempresas del país se rigen por estos acuerdos. El fin último es forzar a que empresarios y sindicatos tengan que pactar.

VER EL TEXTO DEL BORRADOR PUBLICADO POR EL PAIS

La deuda del Principado supone un 7,1% del PIB, mientras que la media de endeudamiento autonómico se sitúa en el 10,9%...

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La despedida del consejero

Rabanal presume de legar al nuevo Gobierno la segunda deuda más baja del país

El Consejero descarta que corran peligro las nóminas de los funcionarios

El Principado paga a sus proveedores a 64 días y Salud, a 132, mantiene Economía

Deja al nuevo Gobierno una deuda de 1.634 millones, la segunda más baja del país

El consejero de Economía, Jaime Rabanal, reclama responsabilidad y advierte del riesgo de excederse en la crítica a las cuentas públicas

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

El consejero de Economía, Jaime Rabanal, presentó ayer la última cuenta general del Gobierno de Vicente Álvarez Areces, que deja una deuda de 1.634 millones de euros, la segunda más baja del país. El responsable de las finanzas del Principado destacó la solvencia de la Administración asturiana, aseguró que no hay ningún «agujero negro» en las cuentas que deja en herencia el Gobierno asturiano y afirmó categóricamente que no están en peligro las nóminas de los más de 35.000 empleados públicos, como ha insinuado el PP al hilo de la situación económica del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El titular de la cartera de Economía y Hacienda durante la mayor parte de los gobiernos de Areces precisó ayer que la deuda del Principado, a 31 de diciembre de 2010, era de 1.634 millones de euros, «algo inferior a lo previsto en el avance de la liquidación». Rabanal destacó que Asturias es la segunda autonomía menos endeudada de España. La deuda del Principado supone un 7,1% del PIB, mientras que la media de endeudamiento autonómico se sitúa en el 10,9%. «Muchas autonomías triplican la deuda del Principado», afirmó el consejero de Economía y Hacienda, que añadió que ese dato «señala la solvencia de las finanzas del Principado». También destacó que la Administración asturiana hizo los deberes al cumplir el objetivo de déficit señalado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de las autonomías, del 2,6 por ciento.

Jaime Rabanal admitió que el adelanto del cierre de la contabilidad propició que a 31 de diciembre de 2010 el Principado quedaran pendientes de pago 753,6 millones de euros, una cantidad que, aseguró, ha menguado en su mayor parte a lo largo de los últimos meses. En la actualidad, el Principado adeuda de esa cantidad unos 78 millones de euros, «que corresponden en su totalidad a pagos a otros organismos de la Administración», según un portavoz de la Consejería de Economía. El Consejero calificó de «razonables» los plazos de pago a los proveedores «dentro de las dificultades en las que estamos todas las administraciones». Y aseguró que «el Principado y sus organismos estamos pagando a 64 días, mientras que el Sespa lo está haciendo a 132 días». Rabanal evitó entrar en polémicas con las patronales del sector farmacéutico, que el pasado miércoles cifraron en 356 días el plazo de pago de Asturias. «Es cuestión de criterios», respondió.

Rabanal llamó la atención sobre el hecho de que la cuenta general de 2010 recoge un ahorro bruto positivo de 17 millones de euros. «A lo largo de todos estos años hemos mantenido un ahorro bruto positivo, los ingresos corrientes fueron mayores que los gastos corrientes. Es un dato importante, aunque, evidentemente, ha caído. En 2005 y 2006 los ahorros brutos eran de 500 millones, y ahora estamos en 17 millones porque se ha producido una caída importante de los ingresos», argumentó el consejero de Economía.

A juicio de Jaime Rabanal, la conclusión de los datos que arroja la cuenta general es que la situación del Principado es de «solvencia y tranquilidad para afrontar los próximos ejercicios». El responsable de Economía hizo «un llamamiento a la responsabilidad» para no generar incertidumbres en los mercados. «Nuestra obligación es transmitir confianza a los ciudadanos y a los mercados, porque todo lo que discutimos aquí es observado con mucha atención por los mercados». La prima de riesgo, añadió, no afecta sólo al Principado, «sino al conjunto de los ciudadanos, a las empresas y a las familias, que tienen que endeudarse o están endeudadas. Según Rabanal, «no conviene hacer ruido con algunas cosas, porque la desconfianza con las finanzas públicas es negativa (...), la responsabilidad de los que se van y de los que vienen tiene que ver con transmitir esa idea de confianza, de que estamos en una situación difícil pero que es posible salir de ella», e hizo hincapié en que «todas estas cosas que discutimos con demasiada alegría afectan a la incertidumbre y, en definitiva, a los tipos de interés».

El titular de Economía aseguró que el Gobierno entrante no encontrará «agujeros negros» en las cuentas del Principado. «En absoluto, cuando hablamos de la deuda hablamos de todas las empresas y organismos que están en la cuenta general; no está Sedes porque es una empresa de mercado», matizó Rabanal, aunque admitió que puede haber disparidad en los «criterios de devengo, decir que esto es de 2010 o de 2011, allá cada uno con su responsabilidad». También rechazó de forma categórica que el Principado pueda tener problemas para afrontar las nóminas de la plantilla de los empleados públicos en los próximos meses, un riesgo que, según el PP, corren algunas autonomías. «En ningún caso. Me parece un error profundo y el ejercicio de responsabilidad deben hacerlo los que se van y los que llegan. El ruido en una cuestión como ésta es peligroso y muy poco responsable, porque lo pagan los ciudadanos». Rabanal dejó entrever que el PP se ha excedido en sus advertencias. «Cada Gobierno puede fijar sus prioridades y orientaciones de gasto, pero poner en cuestión la solvencia de las administraciones publicas es intentar embarrar el campo y al final acabaremos todos con las piernas rotas, y eso no es positivo para nadie».

Los ingresos no repuntan en lo que va de año, admite el titular de Economía

El Principado reconoce un «gasto desplazado» de 160 millones en facturas del Sespa

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España 

La comparecencia de Jaime Rabanal para explicar las grandes cifras de la cuenta general de 2010 acabó en clave de despedida. El titular de Economía dio las gracias a los medios de comunicación «por la colaboración prestada en todos estos años» antes de dar por finalizada «una etapa larga» y confirmar que «ahora pasaremos a otras cosas». Rabanal, que ha solicitado el retorno a su puesto en la Administración sanitaria de Castilla y León, fue fiel a su estilo realista en su última rueda de prensa a la hora de valorar la evolución de las finanzas públicas de Asturias. El Consejero confirmó que los ingresos no han repuntado en la primera parte de este ejercicio.

«Con carácter general, no hay un repunte de los ingresos; sí puede haberlo en algún impuesto como el IVA, pero sigue siendo necesario mantener el control del gasto para poder ejecutar el presupuesto y cumplir el objetivo de déficit», apuntó el responsable de las finanzas públicas de Asturias.

El titular de la cartera de Economía destacó el alto nivel de ejecución en las previsiones, tanto de ingresos como de gastos. «Están en niveles similares a las de años anteriores, lo que significa que hacemos previsiones de ingresos adecuadas y ajustadas al ciclo económico, frente a lo que se dice cuando presentamos el presupuesto para su debate en el Parlamento».

Rabanal reconoció que en las cuentas del Principado hay un «gasto desplazado» de 160 millones de euros, correspondiente a facturas del Sespa. «Esta partida se movía en los 163 millones de euros en 2009, y ahora está en unos 160 millones, cantidad donde se incluyen la facturas contabilizadas y también otras que por distintas razones no están confirmadas, pero se sabe que son gastos». Y añadió que el Principado «ha hecho un esfuerzo adicional al final del ejercicio, con algunos créditos aplicados al Sespa que nos permiten hacer frente a más gasto».

El consejero de Economía cifró en 1.800 millones de euros la deuda estimada para el Principado a finales de este año, y afirmó que su departamento todavía no maneja una estimación concreta del déficit del segundo trimestre del año. «Creemos que podrá seguir en unos parámetros razonables, aunque podría ser algo mayor porque hay más ejecución de gasto, pero dentro del límite previsto del 1,3% anual».

Y eso que la encuesta del CIS es anterior al inicio del movimiento del 15-M…

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El descrédito de los políticos y los partidos bate todas las marcas históricas

El último sondeo del CIS constata que cerca de la tercera parte de los ciudadanos cree que son uno de los grandes problemas del país

10.06.11 - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID, en El Comercio.

El descrédito de los políticos y sus organizaciones bate marcas históricas, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro, realizado entre el 3 y el 11 de mayo, al inicio de la pasada campaña electoral, revela que más de una cuarta parte de los españoles, el 27,5%, cita a los políticos, a los partidos o al Gobierno cuando se pregunta por los tres principales problemas que tiene el país.

Sólo el paro y la economía preocupan más que las fuerzas políticas y sus dirigentes, que viven sus horas más bajas de popularidad, incluso peores que a mediados de los noventa, en pleno enfrentamiento descarnado entre José María Aznar y Felipe González, con el telón de fondo de los GAL y las continuas denuncias de corrupción en los aledaños del Gobierno socialista.

La encuesta, cuyo trabajo de campo concluyó cuatro días antes de que eclosionara el Movimiento 15-M, revela que algo más del 22,1% de la población considera que la «clase política» es un problema de los mayores del país, a lo que hay que sumar otro 5,4% que cita espontáneamente «el gobierno, los políticos y los partidos políticos». Y la cosa no va a mejor; en tan solo un mes, la percepción de los ciudadanos sobre los gestores públicos y legisladores empeoró en seis décimas, antes incluso de la irrupción del fenómeno de los 'indignados'.

Para encontrar un enfado tan marcado de los ciudadanos con los representantes públicos, que llevan ya 15 meses en el 'top' de los quebraderos de cabeza nacionales, hay que desempolvar los estudios sociológicos del CIS de septiembre de 1995, cuando algo más del 20% de los encuestados consideraba a los políticos y los partidos uno de los mayores males que aquejaban el país. Eran años de la gran crispación.

También crece hasta cifras desconocidas la percepción de los políticos como un problema que «afecta personalmente» a cada uno de los encuestados, algo hasta ahora inaudito. Un 8,4% de los sondeados por el CIS ve a los servidores públicos como una contrariedad para su vida diaria.

Otras inquietudes

Los políticos y su 27,5%, a la vista de las respuestas de los 2.482 entrevistados, inquietan mucho más que otras cuestiones como la inmigración, que es la cuarta preocupación, con el 11,2%, o el terrorismo y ETA, con un 9%. El terrorismo, a pesar del alto el fuego anunciado en enero y en pleno debate sobre la legalización de Bildu y su participación electoral, subió cerca de 3,5% en tan solo cuatro días. El resto de problemas están a mucha distancia de los políticos, seguridad ciudadana, 7,9%,, educación, 5,6%, corrupción, 5%, o sanidad, 4,1%.

Sólo uno de cada veinte españoles considera además que la situación política es buena o muy buena, frente al 66,8% que la ve como mala o muy mala. Casi la mitad, el 45,8%, cree que dentro de un año nada cambiará, y uno de cada tres dice que el panorama político será peor incluso.

La preocupación que causan los políticos solo es superada por la inquietud que causa la crisis. Y, sobre todo, el desempleo. Ocho de cada diez piensa que la coyuntura económica es mala o muy mala. El paro, como viene siendo desde hace más de cinco años, es el mayor desafío de España para dos de cada tres ciudadanos y uno de los tres mayores problemas para el 84% de los encuestados. Para llegar a estos niveles de preocupación por el desempleo hay que remontarse a 1997. Además, casi la mitad de las personas, un 46%, cita de manera espontáneamente la «situación económica» cuando le cuestionan sobre los problemas más importantes del país.

El Principado adeuda 200 millones a los proveedores de fármacos y tecnología

 

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La demora en los pagos del Gobierno asturiano es inferior a la media nacional

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Dos deudas cuantiosas.  

La Nueva España. Oviedo, P. Á.

Las deudas del Principado con los suministradores de medicamentos y tecnología sanitarias ascienden a 196,7 millones de euros, según desvelaron ayer las patronales de ambos sectores. Esta cifra procede de la suma de 118,7 millones en fármacos para hospitales (que se obtienen directamente de los laboratorios, al margen de las oficinas de farmacia) y de 78 en aparataje.

En el conjunto de España, los pagos pendientes de las administraciones sanitarias suman unos 9.300 millones, con unas demoras medias de pago que se sitúan en el entorno de los 400 días. Asturias presenta en ambos casos un retraso en los pagos inferior a la media nacional. En el apartado de la tecnología, la demora del Principado es de 253 días, muy inferior a los 395 días de media del Sistema Nacional de Salud. En el caso de los medicamentos hospitalarios, el retraso del Principado (356 días) es también menor que el nacional (410 días).

Tanto Farmaindustria -patronal de los laboratorios farmacéuticos- como Fenin -Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria- hicieron ayer pública la situación de sus balances en relación con las administraciones públicas. Las cifras de la primera tienen como referencia el pasado 31 de marzo. Las de la segunda, el 30 de abril. La difusión de estos números llega en pleno debate político acerca del volumen de endeudamiento, del nivel de solvencia y de la exigencia de austeridad de las 17 comunidades autónomas que componen el mapa español.

Los datos de Fenin ponen de relieve que siete comunidades -Murcia (667 días), Valencia (645 días), Andalucía (624 días), Cantabria (599 días), Castilla y León (594 días), Baleares (488 días), Castilla La Mancha (468 días)- superan el año en sus plazos medios de pago. Seis autonomías tienen demoras inferiores a la de Asturias. Navarra, con sólo 53 días, destaca por encima de todas.

El informe de Farmaindustria indica que «hasta cinco comunidades acumulan más de 600 días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales». Castilla y León es la que registra mayor demora (725 días), seguida de Andalucía (659 días). Ocho autonomías mejoran los períodos de pago del Principado.