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ACTUALIDAD

La deuda de la sanidad española se dispara más allá de los 9.400 millones

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Las autonomías retrasan pagos a los proveedores hasta más de 700 días. En tres años el volumen de facturas pendientes de cobro se ha duplicado

El País. María R. Sahuquillo Madrid 9 JUN 2011 - 03:00 CET

El ejercicio de 2011 ha empezado con una sanidad más morosa que nunca. La maniobra de los hospitales de guardar las facturas de los proveedores sanitarios y farmacéuticos en el cajón ha cuajado y se ha convertido ya en una costumbre. Tanto, que las autonomías acumulan una deuda de 4.300 millones de euros en material (desde tiritas y gasas hasta catéteres y tecnología más compleja) y de 5.191 en fármacos. Las Administraciones tardan, además, en pagar estas deudas más de un año: 395 días para los proveedores sanitarios y 410 para los laboratorios. Un periodo muy superior a los 50 días que marca la Ley de Contratos del Sector Público.(leer más)

El Gobierno defiende la «solvencia» del Principado al aprobar la liquidación de 2010

 

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Migoya acusa al PP de mostrar «una realidad que perjudica los intereses de Asturias al ofrecer una imagen a los mercados que no es real»

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La reducción de los costes de personal, uno de los objetivos de la región.

Lne.es » Oviedo, J. A. ARDURA

El Gobierno regional ha defendido «la solvencia económica» del Principado antes del traspaso de poderes, que se deberá materializar en las próximas semanas y tras aprobar ayer la liquidación de 2010. La portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, avanzó ayer que el consejero de Economía, Jaime Rabanal, presentará hoy la cuenta general de 2010, último ejercicio liquidado, que demuestra «la gestión eficaz y responsable de las finanzas públicas del Principado».

 

La Consejera portavoz calificó de «gratuitas y catastrofistas» las palabras de la diputada nacional del PP y concejal electa en Gijón, Pilar Fernández Pardo, en las que manifestaba que la Administración asturiana estaba «al borde de la quiebra» y decía que la situación de las finanzas públicas de Asturias era similar a la de Castilla-La Mancha, cuestionadas con dureza por María Dolores de Cospedal antes del traspaso de poderes en esa comunidad.

 

Ana Rosa Migoya, portavoz del Gobierno regional, salió ayer al paso de esas manifestaciones y confirmó que el Consejo de Gobierno acababa de aprobar la cuenta general de 2010, que hoy presentará el consejero de Economía, Jaime Rabanal. «La liquidación del último ejercicio muestra la situación económica y financiera en esa fecha y la solvencia económica del Principado, así como el cumplimiento del déficit público y el bajo endeudamiento», avanzó Migoya. «Se ha hecho una gestión eficaz y responsable de las finanzas públicas del Principado», mantuvo la Consejera, quien se remitió no sólo a los datos que maneja el Ejecutivo del que forma parte, sino también a otras instituciones. «Todos los indicadores, los internos y también los externos del Banco de España y del Ministerio de Economía, establecen el estado de las cifras macroeconómicas de Asturias, que se encuentra entre las comunidades autónomas menos endeudadas y que ha cumplido con los ajustes del déficit», planteó Migoya. La portavoz del Gobierno de Areces añadió que los análisis de las agencias de rating reflejan que Asturias «tiene posibilidad de recurrir al crédito y disponer de solvencia económica. En su opinión, con todos esos datos y la cuenta general «se caen todas esas manifestaciones gratuitas y catastrofistas, que pretenden desprestigiar al Gobierno». Migoya incluso cargó contra la que considera una estrategia del PP porque «traslada una realidad que perjudica los intereses de Asturias, ya que ofrece una imagen a los mercados que no es la real».

 

La consejera de Administraciones Públicas también respondió a las críticas realizadas desde Foro Asturias, el partido que preside y lidera Francisco Álvarez-Cascos, por tomar decisiones que, a juicio del partido que ha obtenido más diputados autonómicos, excede las competencias de un gobierno saliente. «La Administración regional no puede estar paralizada por el interés general de los asturianos», respondió Ana Rosa Migoya, quien considera que todos los acuerdos adoptados desde el 22-M «se hacen con normalidad; por supuesto no hemos aprobado ninguna obligación que conlleve un gasto plurianual. Tomamos las decisiones que son oportunas en cada momento. Es así de sencillo», sostuvo la portavoz del Ejecutivo de Areces.

La reforma del Gobierno para los convenios decepciona a empresarios y economistas

 

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El borrador se aparta de las exigencias de la CEOE sobre flexibilidad laboral - Los expertos asturianos consideran «mínimas» las aportaciones del documento

Foto: Café para los sindicatos. Juan Rosell, presidente de la patronal, junto a Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, y Cándido Méndez, su homólogo en UGT, en un desayuno organizado por Fórum Europa.

Lne.es  Oviedo / Madrid, Marián MARTÍNEZ / Agencias

El borrador del Gobierno para la reforma de la negociación colectiva se aleja claramente de las aspiraciones de la patronal CEOE. De hecho, su presidente, Juan Rosell, se mostró esperanzado en poder influir para introducir modificaciones antes del viernes porque, a su juicio, el texto es «decepcionante» y «bastante desequilibrado». Los sindicatos, por su parte, advirtieron de que aunque se tramite como ley, para su aplicación final necesita del acuerdo de los agentes sociales, «si no, será papel mojado». La reforma que el Consejo de Ministros aprobará el viernes consagra la prevalencia de los convenios de empresa sobre los provinciales (como defiende la patronal), mantiene la llamada «ultraactividad» (como pedían los sindicatos), impulsa la mediación y el arbitraje para reducir la judicialización de conflictos y limita la capacidad de maniobra de los empresarios para modificar las condiciones de trabajo.

 

Los expertos ven un paralelismo entre esta reforma y la laboral en el sentido de que «no aborda» las cuestiones realmente importantes para procurar un cambio efectivo en el mercado laboral. La mayor crítica es que las pequeñas y medianas empresas, sin representación sindical, seguirán sometidas a normas rígidas establecidas en convenios sectoriales generales y a menudo despegadas, según esos expertos, de las necesidades de cada empresa y su mercado. Los cambios más significativos que contiene el documento del Gobierno son los siguientes:

 

Convenios de empresa. Tendrán «prioridad aplicativa respecto del sectorial de cualquier ámbito», que mantendrá su jerarquía. Se trata así de estimular a empresarios y sindicatos a pactar.

 

l Mediación. En el afán de evitar los conflictos, en cada convenio se incluirá el nombramiento de una comisión paritaria (empresarial y sindical) cuyo cometido será la de solventar las discrepancias que puedan surgir y aquellos casos relativos a modificaciones en las condiciones de trabajo o salariales si se diera el caso. Si en este paso no hubiera acuerdo, las partes deberán recurrir a un mediador, cuya resolución no sería vinculante y, de mantenerse el desacuerdo, a un arbitraje, cuya resolución tendrá rango de ley.

 

l «Ultraactividad». Este criterio hace que siga vigente el convenio anterior si no hay acuerdo sobre el nuevo. La patronal quería eliminar la «ultraactividad» o restringirla de forma drástica. El Gobierno la mantiene, como exigían los sindicatos. Se fija un plazo máximo de 20 meses para negociar el nuevo convenio. Si en ese tiempo no hubiera acuerdo, se recurrirá a la mediación y al arbitraje. Aunque falle este último recurso, el convenio anterior seguirá siendo de aplicación.

 

l Flexibilidad. En este punto se centran las principales críticas de la CEOE después de que ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, le presentase el documento. En él se limita a un máximo del 5% la proporción de la jornada de trabajo que el empresario podrá modificar de manera unilateral, aunque también establece que esa proporción se pueda aumentar en cada convenio. La CEOE reclama una tasa mínima del 15%. Si en la aplicación de esta flexibilidad interna hubiese discrepancias, la comisión paritaria deberá decidir en un plazo máximo de siete días. Si se mantuvieran los desacuerdos, se acudiría a la mediación y, finalmente, al arbitraje.

 

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirmó ayer que la CEOE «tendrá al Gobierno abierto para cualquier fórmula de mejora de la flexibilidad que sea fruto del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales». De momento, el Gobierno sigue buscando apoyos parlamentarios para sacar adelante su documento.

 

Joaquín Lorences, catedrático de la Universidad de Oviedo, remarcó ayer que la reforma «afectará a una minoría del mercado laboral, porque más del 80% de los trabajadores pertenecen a pymes y micropymes sin representación sindical y que no pertenecen a asociaciones empresariales. «Se seguirán rigiendo por un convenio de reglas generales y homogeneizadas que no tendrá en cuenta a esas empresas», expuso Lorences. Una solución sería «arbitrar cláusulas de descuelgue realistas para estas empresas, que les den la flexibilidad de adaptarse a las distintas situaciones, igual que las grandes».

 

Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro del grupo de economistas («Los Cien») que ha sugerido su propia reforma, aseguró que «a expensas de un análisis más sosegado, las aportaciones son mínimas».

La patronal confía en cambiar la reforma de los convenios en el Congreso

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Rosell denuncia que el Ejecutivo no ha respetado los principios de acuerdo alcanzados con los sindicatos antes de la ruptura de las negociaciones, sobre todo en flexibilidad interna de las empresas

El País. MARTA GARIJO | Madrid 09/06/2011

  Consulta el borrador de la reforma de los convenios que el Gobierno aprobará el viernes.

El rechazo frontal con el que la patronal ha recibido el borrador del Gobierno para reformar la negociación colectiva augura muchas dificultades para aplicarla, ya que los cambios en los convenios que introducirá la nueva ley dependen mucho de la voluntad de las partes para llevarlos a cabo. Según denunció ayer el presidente de la CEOE, Juan Rosell, la reforma, tal y como está planteada ahora, es "decepcionante y desequilibrada". Tal y como ha añadido, no "resuelve problemas y no va en la dirección adecuada" ya que no se reflejan las medidas de flexibilidad laboral que son necesarias para crear un clima de confianza empresarial que pudiera ayudar a mejorar el empleo. "La flexibilidad interna es nuestro caballo de batalla", ha asegurado el presidente de la CEOE antes de advertir de que confían en que durante su trámite parlamentario puedan hacer algunos cambios en el texto e introducir sus recomendaciones.

En referencia a anteriores declaraciones Rosell ha dicho que si antes tenían la música, pero no la letra, ahora no tienen "ni la letra, ni la música". "No pedimos reformas solo para el beneficio de empresas y empresarios, sino para beneficios del país", ha apuntado Rosell.

En opinión de Rosell, donde más flaquea el texto elaborado por el Ministerio de Trabajo es en el tema de la flexibilidad interna, donde el Gobierno obliga a incluir en los convenios un porcentaje máximo y mínimo de la jornada de trabajo que se distribuye irregularmente a lo largo del año. Si no se pacta otra cosa, ese porcentaje será del 5%. La cifra queda lejos de las pretensiones de la patronal, aunque incomoda a los sindicatos. Según ha señalado el líder de la patronal, el borrador se queda lejos de lo que ya habían logrado pactar con los sindicatos.

Rosell no ha querido entrar a calificar el mecanismo de desbloqueo que se introduce en el texto, sobre el que ha matizado que el Gobierno ha introducido algunas cuestiones "técnicas" sobre la solución extrajudicial de conflictos. En cambio, sí ha querido volver a insistir en las medidas de flexibilidad interna, que asegura que no se plasman en el borrador. "No queremos barra libre, pero hay muchos convenios de empresa que están introduciendo medidas de flexibilidad como la jornada irregular o la bolsa de horas", ha especificado posteriormente. También ha echado en falta que el borrador no recoge los avances en mutuas y sobre el absentismo laboral.

Ayer por la tarde un grupo de técnicos de la patronal se reunían con el ministerio de trabajo para hablar sobre las medidas especificadas en el borrador. Rosell ha apuntado que no creen que de aquí al viernes se introduzcan grandes cambios en el texto, pero ha explicado que esperan que durante el proceso legislativo sea posible realizar algunos. "Esto no lo vamos a tener resuelto hasta bien entrado el mes de septiembre", ha señalado.

El Gobierno, ya que el PSOE no tiene mayoría en el Congreso, necesita el apoyo de otros grupos para sacar adelante la reforma. Sin embargo, los que hasta ahora habían sido los mejores socios parlamentarios del Ejecutivo, PNV y CiU, son en esta materia más cercanos a la CEOE, sobre todo por los nacionalistas catalanes, por lo que la patronal puede encontrar medios para introducir algunos cambios en la ley a través de enmiendas. Según se ha limitado a afirmar Rosell, desde la patronal confían en "hacer llegar" sus recomendaciones a los grupos parlamentarios sin citar a ninguno de ellos en concreto.

Bruselas pide a España que suba el IVA, la luz y la gasolina y baje las cotizaciones sociales

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La CE reclama al Gobierno español que ponga un límite al gasto de las autonomías - Salgado rechaza el plan porque reprimiría el consumo

Foto: Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda.

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Las propuestas.

Lne.es » Bruselas, Agencias

La Comisión Europea (CE) presentó un nuevo plan de ajuste para España en el que plantea al Gobierno la subida del IVA y de los impuestos de la energía, es decir, de la luz y de los combustibles. Los nuevos impuestos permitirían reducir las cotizaciones a la Seguridad Social para así disminuir los costes de las empresas. Además, Bruselas respaldó el plan que pergeña el Gobierno de España de limitar el gasto a las comunidades autónomas para cumplir los objetivos de reducción del déficit. La CE también destacó que España necesita acelerar las reformas de las pensiones y de la negociación colectiva, así como analizar el impacto de la reforma laboral, para endurecerla si no ha supuesto una reducción del paro. Otra recomendación es desligar los salarios del IPC y unirlos a la productividad.

 

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya replicó ayer a la CE rechazando una subida del IVA porque «en este momento» hay que estimular el consumo. «No nos parece razonable una reducción de cotizaciones sociales porque sirven para pagar futuras pensiones», explicó, al tiempo que descartó que España vaya a seguir a «corto plazo» esta recomendación de la CE: «Dentro de unas cuantas legislaturas, cuando todas las reformas estén produciendo efectos, será ocasión para ver qué dice la CE», zanjó.

 

La CE presentó su receta para que España salga de la crisis. Bruselas considera que «el principal reto» de la economía española continúa siendo «recuperar la confianza de los mercados» y, en este contexto, «es clave garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas». Dado que las regiones contabilizan «una importante proporción» del gasto y que muchas excedieron sus objetivos de reducción del déficit en 2010, Bruselas insta a introducir límites mediante acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

 

La CE hizo estas apreciaciones a partir del programa enviado por el Ejecutivo español a Bruselas el 29 de abril pasado y que deberá inspirar la acción del Gobierno en el próximo año. Dentro de sus recomendaciones, la CE pidió a España que adopte «más medidas» de consolidación fiscal en 2011 y 2012 si el crecimiento económico es menor de lo esperado y afecta negativamente a la reducción del déficit.

 

Bruselas es menos optimista que el Gobierno en sus previsiones de crecimiento, lo que según la CE provocará un pequeño desfase de tres décimas respecto a la meta de reducción del déficit para este año, fijada en el 6% del PIB. El incumplimiento se ensanchará en 2012, cuando el desequilibrio de las cuentas públicas se colocará en el 5,3%, frente al objetivo de situarlo en el 4,4% del PIB, según Bruselas.

 

Paralelamente, la CE ha planteado la posibilidad de recortar las cotizaciones a la Seguridad Social para reducir los costes salariales de las empresas, que han registrado un fuerte incremento desde los años noventa en detrimento de la competitividad. La contracción de los ingresos en las arcas públicas se supliría con un aumento del IVA o un incremento de la fiscalidad de la energía.

 

Entre las medidas destinadas a mejorar la situación del desempleo y aumentar la productividad, Bruselas insta a España a que finalice la reforma de la negociación colectiva y a que reforme las cláusulas de revisión salarial para garantizar que «reflejan la productividad», así como el contexto económico y la situación de las empresas.

 

En todo caso, si las medidas resultan insuficientes, Bruselas aconseja a España que vaya «más allá en las reformas para reducir la segmentación del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes».

Ex ministro de cultura

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Muere Jorge Semprún, la conciencia crítica del siglo XX

El Comercio. 08.06.11  - MADRID

EnviarLa lucidez resistente caracteriza la obra de uno de los grandes intelectuales europeos de la segunda mitad del siglo XXVivió en el exilio tras la Guerra Civil, luchó en París en la Resistencia contra la ocupación alemana y fue confinado en un campo de concentración naziEl que fuera Ministro de Cultura con Felipe González falleció en su casa de París a los 87 años(leer más)

Vigil reclama «sacrificios» para «salvar» la sanidad pública

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El ex-presidente del Principado reflexiona ante el sindicato de Pensionistas de UGT sobre los retos de la atención sanitaria

Foto: Juan Luis Rodríguez Vigil durante su conferencia de ayer. :: MARIETA

El Comercio. 08.06.11 - 03:15 - FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS.

«Es necesario crear un órgano nacional que coordine la sanidad en España»

«Los sindicatos deben asumir que un hospital no se gestione como una oficina»

Afrontar sacrificios y reformas para mantener el sistema nacional de salud en unos márgenes de calidad similares a los actuales o verse abocados a un sistema dualista, con un seguro privado para las clases medias, con entrada ocasional en recursos públicos, y un sistema público de peor calidad para los menos pudientes. Es el panorama que ayer trazó el ex-presidente del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil, en la conferencia impartida ante el sindicato de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT que reunió a cerca de 300 personas en la Casa Municipal de Cultura de Avilés con motivo de su ejecutiva nacional que hoy se celebra en la ciudad.

El ponente defendió la calidad del sistema nacional de salud español, si bien lamentó que no fuese «homogénea en toda España. Los niveles de satisfacción de los usuarios son diferentes». Vigil matizó que «tenemos un sistema razonablemente bueno para lo que nos cuesta. Hoy en día, el mejor de Europa es el holandés seguido de Francia. El nuestro es comparable al Reino Unido o Canadá».

En su ponencia, alertó sobre diferentes problemas que ponían en riesgo la pervivencia del sistema público, si bien alertó que el peligro «no es la privatización, sino la degradación, como sucede en Madrid, que provoca que las clases medidas y las más pudientes contraten seguros privados, mientras que el sistema público queda como un recurso de menor calidad».

Entre los riesgos citó la desmembración de un sistema nacional en 17 sistemas diferentes, entre los que no circula la información y donde las diferentes carreras profesionales han provocado que «los costes laborales se incrementen entre el 40 y el 46%».

No menos importante es la pérdida de ingresos. En este sentido, se mostró escéptico sobre propuestas como la de Foro Asturias de reducir los impuestos. «Hay que ser un mago de las finanzas para mantener la sanidad con menos impuestos», afirmó.

La crisis económica termina por complicar el futuro de una sanidad afectada por el envejecimiento de la población, el incremento de los costes, el déficit de profesionalización en su gestión o métodos de gobierno «propios para una oficina, no para un hospital», afirmó Vigil.

En ese contexto es donde Vigil planteó la necesidad de introducir los «sacrificios». En su intervención no habló de recortes en las prestaciones asistenciales, sino en cambios en la organización. El primero, y más importante, la creación de un organismo nacional que homogeneizase la asistencia en toda España, unificase la carrera profesional y también gestiones ante las grandes empresas.

El segundo paquete de los sacrificios iría en el campo de la organización interna, donde los sindicatos, advirtió, deben asumir el reto de «modernizar el sistema y que los hospitales no se gestionen como oficinas. No defiendo privatizar hospitales, sí gestionarlos bien», aseguró.

Por último, también defendió retomar impuestos «en toda España» como el de Sucesiones o el de Patrimonios. Reconoció que su orientación principal debería ser «hacia las grandes fortunas, corrigiendo defectos que había en la legislación previa».

Los acampados de Sol levantarán el campamento este domingo

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Después de una asamblea de casi cinco horas, algunos ’indignados’ acuerdan marchar y otros quedarse

Foto: Cientos de ndignados en Sol durante la asamblea de esta tarde. EFE

La Voz de Asturias. 08/06/2011 / HÉCTOR JUANATEY / Madrid

"Consenso, qué palabra tan bonita", se leía en Twitter al final de la asamblea general de ayer en la acampada de la Puerta del Sol. Bonita, sí, pero tuvieron que pasar casi cinco horas para que pudiera ser escuchada en una afirmación y no en una pregunta. Preguntar se preguntó en varias ocasiones a lo largo de la noche a raíz de una propuesta de la comisión de legal que ya se había empezado a plantear el lunes: levantar la acampada el domingo, que no abandonar Sol, lugar que continuaría siendo el centro neurálgico del movimiento.

Si bien una inmensa mayoría de los acampados estaba a favor —más que a favor— de levantar el campamento, conscientes de que en la última semana la sola idea de debatir si irse o no no hacía más que lastrar el movimiento, en cuanto se formulaba la propuesta, una minoría de entre seis y diez personas realizaban un gesto que agotaba a los reunidos: cruzar los brazos en alto, símbolo de "disenso", otra de las palabras más escuchadas en la si no la asamblea más larga, sí la más pesada desde que hace tres semanas medio centenar de personas decidieron iniciar el campamento.

La asamblea comenzó con la comisión de legal planteando su propuesta. "El movimiento 15-M ya no hay quien lo pare. La acampada es una herramienta, no es un fin en sí mismo", anunciaron desde legal para añadir que "toca levantar la acampada y trabajar en los barrios y en los pueblos de Madrid". Según los análisis de la comisión jurídica, el mejor día para marchar, tal y como ya habían adelantado el lunes justo cuando la lluvia impidió continuar con la asamblea, es el próximo domingo 12: "No podemos irnos mañana ni quedarnos de forma indefinida. Esta semana es el plazo más adecuado para marchar. Si decidimos hoy, podremos dejar de debatir de una vez si nos vamos o no y tendremos tiempo para trabajar".

No obstante, con esa decisión no pretendían dar por zanjado el movimiento. "Seguiremos exigiendo el archivo de la causa abierta contra los detenidos en Madrid y Barcelona" y, de nuevo, insistieron en la dimisión del conseller de la Generalitat, Felipe Puig. Asimismo, la posibilidad de volver a acampar siempre estará con la puerta medio abierta. "Si se considera necesario, volveremos a acampar. El 12 de junio solo levantamos el campamento, ahora toca trabajar".

Empiezan a observarse los primeros signos de "violencia"

Una a una, las distintas comisiones de la acampada mostraron su apoyo a tal iniciativa: infraestructuras —matizaron que querían dejar en Sol un punto de información—; feminismo; extensión a los barrios —"otras acampadas ya han decidido marchar"—; información; comunicación; extensión a las ciudades; propuestas —"la descentralización nos hará más fuertes, el campamento nos hace vulnerables"—; permanencia, que al mismo tiempo anunció su disolución —"hay personas pernoctando que pueden perjudicar el movimiento"—; coordinación interna; salud; respeto; arte; y migración. A ellas se sumaron además los grupos de trabajo de Social y de Teatro, que aseguró que "el campamento ya ha tenido su vida natural".

Obstáculos

Quedó por saber, sin embargo, la opinión de la comisión de política y de alimentación, aunque esta última ya había mostrado quejas en los últimos días acerca de la permanencia. Sí hablaron la comisión de acampados y de política a largo plazo. La primera recordó que "hay un sector de personas que prefieren permanecer", por lo que propusieron dejar algo de la acampada, mientras que la segunda mostró su rechazo ante el levantamiento, cuyas propuestas fueron: "no negociar, no dejar un barracón ni un punto de información", postura que apuntaba claramente a un bloqueo del sentir mayoritario.

"Seguiremos exigiendo el archivo de la causa abierta contra los detenidos"

Tras las intervenciones de las distintas asambleas, comenzó entonces un camino lleno de obstáculos para los acampados. El modo de actuar en la asamblea exige que, siempre que alguien esté en contra de una propuesta, pueda explicar el por qué. Y así durante tres horas, las mismas personas comenzaron a desfilar ante el micrófono para prácticamente bloquear la propuesta de legal. Dicha petición se reformularía unas cinco veces hasta, cerca de la 1.00 horas, volver al comienzo y pedir "por favor" alcanzar el siguiente consenso: "Marchar el domingo 12 a las 12.00 horas los que quieran irse; los que no, que mañana presenten sus propuestas de cómo quedarse y si entonces no hay consenso, permanecerán en Sol a título individual, no en representación de la acampada".

Por extraño que parezca, las personas que en un principio se posicionarion "radicalmente en contra" de la propuesta inicial, permitieron que ese consenso saliese adelante, quizás por agotamiento. Mañana se presume, no obstante, una nueva asamblea larga, cansada y prácticamente obligada por una minoría de los acampados. En Sol, mientras, debaten cómo pasar una noche, en su opinión, "peligrosa" debido a que los últimos días ya empezaron a observarse los primeros signos de "violencia".