ACTUALIDAD

Tras la “factura sombra” ¿subyace el copago sanitario?...

La información del coste de la consulta no llega al paciente

Las comunidades están reacias a aplicar la factura en la sombra’ y esperan a que Sanidad les dé instrucciones.

La medida está prevista para que entre en vigor a finales de este mes

La Voz de Asturias. 11/10/2010 / VANESSA PI / MADRID

A falta de 20 días para que finalice octubre, el plazo fijado por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que entre en vigor la llamada factura en la sombra (la entrega al paciente de un documento donde conste el gasto de su consulta hospitalaria), el consenso que busca el ministerio está lejos de alcanzarse.

Al menos dos comunidades autónomas, Catalunya y Navarra, han descartado informar a los pacientes del coste de la asistencia que reciben. Otras regiones evitan entrar en detalles y han delegado en el Ministerio de Sanidad para que les presente una propuesta unificada y, entonces, decidir si aplican o no la medida. La iniciativa pondrá de manifiesto por ejemplo que, cada vez que se llama al médico para que acuda a visitar al enfermo a su casa, las arcas públicas desembolsan más de 70 euros. Otro ejemplo: cada visita al médico de cabecera cuesta alrededor de 60.

Catalunya y Navarra descartan aplicar la propuesta de Sanidad

La medida forma parte de los acuerdos que tomaron las autonomías y el Ministerio de Sanidad el pasado 18 de marzo para promover la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Las administraciones consideraron entonces que la factura en la sombra es una acción para ayudar a "concienciar a la ciudadanía de la necesidad de hacer un buen uso del sistema" y por tanto moderar "la presión asistencial". Sanidad insiste en que la factura en sombra no supondrá coste alguno para los pacientes. Además, argumenta que "los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se invierten sus impuestos".

Pero la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) sospecha que tras la iniciativa hay una voluntad de aplicar el copago sanitario, cuyo debate se reabrió hace medio año con la boca chica, como si se tratara de un sondeo a la opinión pública. "La factura en sombra es sembrar sobre un futuro copago", asegura la presidenta de la Fadsp, Carmen Ortiz.

Autonomías pioneras

Galicia, desde 1998, y el País Valencià, desde 2003, son las únicas autonomías que ya dan a los pacientes un documento donde consta el gasto que la prestación recibida ha significado a las arcas públicas. Andalucía empezará a aplicar la medida en las próximas semanas, según fuentes de su Consejería de Salud. Arrancará con una prueba piloto en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

Catalunya aplicó la medida en 2003, pero la abandonó al cabo de unos meses. Según argumentan fuentes de la Conselleria de Sanitat, la medida no se puede aplicar de forma continua, porque "perdería efectividad". Por ello, Catalunya no se plantea volver a dar la factura en sombra al menos en los próximos meses.

Tampoco Navarra establecerá la factura en sombra. A cambio, el pasado junio, su consejera de Salud, María Kutz, lideró una campaña informativa a pie de calle, trasladando a los ciudadanos el coste de los tratamientos, consultas y pruebas que más se realizan en el Sistema Nacional de Salud. Además, los médicos también informaron a los pacientes del coste de las pruebas que se les realizaron.

El resto de comunidades o no expresan claramente si aplicarán la factura en la sombra o si lo harán, no saben cómo. Por ejemplo, Extremadura, que quiere aplicar la medida y que esta sea común en toda España, está "a la espera de directrices más concretas del ministerio". Según explican, "aún no está acordado si la información de los procedimientos a los usuarios será individual o bien se dará una información a la población en general sobre los procedimientos médicos".

Fuentes del Ministerio de Sanidad explican que cada comunidad autónoma decidirá el modelo que mejor se adapte a sus posibilidades. "Podría emitirse una factura con un coste medio por servicio o una factura que midiera los costes de la atención personalizada de cada paciente", detallan.

"Más ruido que nueces"

El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y presidente de la Asociación Mundial de Economía de la Salud, Guillem López Casanovas, critica la factura en sombra: "Es más ruido que nueces". Según argumenta, el hecho de dar una factura al paciente tras darle el alta lleva a pensar que se acude al médico "por capricho".

Si de verdad se pretende una medida efectiva, López Casasnovas apunta que bastaría con campañas informando al paciente de qué cuestan las intervenciones al sistema. Este experto también propone crear una especie de hoja resumen anual de cuál ha sido la utilización que cada ciudadano ha hecho del sistema, lo que permitiría detectar si se diera un uso indebido. Lo ideal sería, apunta, que sobre el posible uso indebido por ejemplo un paso por las Urgencias sin acudir por la atención primaria se pudiera aplicar una especie de copago en función de la renta del paciente.

En cambio, la catedrática de Economía de la Universitat de Barcelona, Marisol Rodríguez, considera positiva la factura en sombra. "Resulta educativa, en un país donde no estamos acostumbrados a valorar lo público. Como aparentemente es gratis, nadie toma conciencia del coste de ir al médico", argumenta. De todos modos, esta experta alberga dudas sobre la efectividad real de la medida a la hora de reducir el gasto.

En lo que sí resultará efectiva la medida, asegura Rodríguez, es que "esa mayor valoración puede facilitar una mejor aceptación de un posible copago".

El Foro de Pacientes: "No somos clientes, somos pacientes"

Por su parte, el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, reivindica que se explique al ciudadano "para qué se va a hacer" la factura en la sombra. Jovell, reivindica que los ciudadanos no van al médico por gusto. "No somos clientes del Sistema Nacional de Salud, somos usuarios y pacientes. No elegimos cuándo vamos ni cuánto nos cuesta", reivindica. "Vamos a utilizar igual la sanidad, cueste más o cueste menos", sentencia.

La opinión de los médicos dista de la vehemencia con que Jovell defiende a los pacientes. El secretario general de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, defiende la efectividad de la factura en la sombra para mantener la sostenibilidad del sistema, siempre que vaya acompañada de otras iniciativas encaminadas a recortar el gasto.

Según recuerda, "objetivamente los españoles frecuentan el Sistema Nacional de Salud al menos tres o cuatro veces más" que otros vecinos europeos, como es el caso de los franceses. "Enseguida se va al médico, por miedo a tener una enfermedad", insiste.

El espinoso debate del copago médico

Quienes se oponen a la implantación de la factura en la sombra alegan que acabará desembocando en el copago sanitario. Con el siguiente razonamiento: se empieza por informar al ciudadano del coste de la asistencia que recibe y una vez este sabe lo cara que resulta a las arcas públicas, se le acaba haciendo pagar por ella. El debate sobre el copago sanitario nunca ha dejado de estar presente, si bien en tiempos de bonanza económica ha estado más o menos latente. En época de vacas flacas, la propia ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, relanzó, el pasado mayo, la discusión sobre la posibilidad de que el ciudadano pague parte de la asistencia que recibe. La impopularidad de la medida puso una vez más de manifiesto que las comunidades autonónomas desmentían en público lo que debatían de puertas para adentro. Así, ni siquiera la consellera catalana de Sanidad, Marina Geli (PSC), tradicional defensora de implantar un copago sanitario para disuadir del uso excesivo de la sanidad pública, quiso entrar en el debate abierto por la ministra. Las autonomías que sí se posicionaron lo hicieron para descartar rotundamente la implantación del copago sanitario.

Esto ZP no lo arregla ni con ese intento de proyección de una imagen de “estadista de estado” que hace lo que es mejor para el país incluso a costa de sus propios intereses... ¡¡a otro perro con ese hueso!!

Brecha histórica entre PP y PSOE

PUBLISCOPIO ELECTORAL: Los conservadores aventajan en 13,4 puntos a los socialistas.

Zapatero es el líder peor valorado

11/10/2010 06:08 / PÚBLICO / MADRID

La brecha que separa al Partido Socialista del Partido Popular en expectativa de voto supera por primera vez la barrera de los diez puntos -frontera que rebasa con holgura- y se agranda hasta dimensiones inéditas en la evolución histórica del Publiscopio. Esta es la principal conclusión del estudio correspondiente a octubre, que recoge un significativo deterioro del horizonte electoral del PSOE y una merma considerable de la valoración ciudadana de la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

El PP incrementa este mes su ventaja hasta situarse 13,4 puntos porcentuales por encima del PSOE. Son 4,8 puntos más que la ya holgada distancia que mediaba entre los dos partidos mayoritarios el pasado junio.

El PP obtendría el 42,8% de los votos en unas generales y el PSOE, el 29,4%

De este modo, si hoy se celebrasen elecciones generales, la formación que preside Mariano Rajoy obtendría el 42,8% de los votos, quedando muy por delante del PSOE, que lograría el 29,4%. La brecha crece considerablemente, por tanto, al pasar de 8,6 puntos en junio a los 13,4 de octubre.

El desgaste paulatino que experimenta el PSOE se acentúa de esta forma en un momento político en el que el Gobierno tiene por delante la necesidad de asegurarse apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y acaba de dejar atrás la huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral.

La recogida de datos que han servido para elaborar este Publiscopio confeccionado a partir del análisis de 2.329 entrevistas se realizó, precisamente, entre los días 20 de septiembre y 7 de octubre, fechas que incluyen el paro general del 29-S.

CiU ha duplicado sus expectativas de voto a lo largo del último año

Pérdidas del PSOE

A lo largo del último año, el PSOE ha perdido 8,6 puntos porcentuales en expectativa de voto en contraste con el PP, que sólo ha retrocedido dos décimas en el mismo periodo de tiempo. Los conservadores se mantienen así en una horquilla de resultados muy regular desde las últimas elecciones generales, con leves subidas y bajadas sobre el eje del 40%. Los socialistas, muy al contrario, han perdido 14,2 puntos desde los comicios que ganaron en marzo de 2008.

Respecto a junio, el PP experimenta un incremento de 1,1 puntos porcentuales en expectativa de voto, frente al retroceso de 3,7 puntos que registra el PSOE.

Zapatero es el único líder que baja en valoración respecto a junio

En cuanto al resto de formaciones de ámbito nacional, Izquierda Unida (IU) frena el ascenso que ha registrado a lo largo del último año y pierde seis décimas en relación al pasado junio, en el que disparó sus expectativas consolidándose como tercera fuerza política. La formación que encabeza Cayo Lara obtendría hoy el 6,9% de los votos en unas elecciones generales.

Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que dirige Rosa Díez, también registra un leve descenso una décima, situándose como cuarta opción con el 5,4% de los votos.

Dos sondeos de Público y La Razón dan al PP más de 13 puntos de ventaja sobre el PSOE

El Publiscopio sitúa la brecha entre ambos partidos en 13,4 puntos.

La última encuesta de NC Report para La Razón da al PP 13,7 puntos por encima del PSOE en expectativa de voto.

NUEVATRIBUNA.ES - 11.10.2010

Según la encuesta de Público correspondiente a octubre, el PP obtendría el 42,8% de los votos en unas generales y el PSOE, el 29,4%

La recogida de datos que han servido para elaborar este Publiscopio confeccionado a partir del análisis de 2.329 entrevistas se realizó, precisamente, entre los días 20 de septiembre y 7 de octubre, fechas que incluyen el paro general del 29-S.

A lo largo del último año, el PSOE ha perdido 8,6 puntos porcentuales en expectativa de voto en contraste con el PP, que sólo ha retrocedido dos décimas en el mismo periodo de tiempo. Respecto a junio, el PP experimenta un incremento de 1,1 puntos porcentuales en expectativa de voto, frente al retroceso de 3,7 puntos que registra el PSOE.

En cuanto al resto de formaciones de ámbito nacional, Izquierda Unida (IU) frena el ascenso que ha registrado a lo largo del último año y pierde seis décimas en relación al pasado junio, en el que disparó sus expectativas consolidándose como tercera fuerza política. La formación que encabeza Cayo Lara obtendría hoy el 6,9% de los votos en unas elecciones generales.

Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que dirige Rosa Díez, también registra un leve descenso una décima, situándose como cuarta opción con el 5,4% de los votos.

En puertas de las próximas elecciones autonómicas en Catalunya que se celebrarán el 28 de noviembre el partido que preside Artur Mas, Convergència i Unió (CiU), registra una significativa subida de 1,3 puntos porcentuales, reforzando su progresiva tendencia al alza del último año. Desde octubre de 2009 CiU ha duplicado sus expectativas de voto, pasando del 2,2% al 4,8% que refleja esta última entrega del Publiscopio.

La otra formación nacionalista catalana analizada, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), apenas varía sus resultados. Avanza una décima respecto a junio y lograría hoy el 1,1% de los sufragios en unos comicios generales.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) retrocede tres décimas del 1,2% de junio al 0,9% de octubre y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) experimenta una mejora de una décima 1,3% en junio, frente al 1,4% de este mes.

Según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el PP lograría entre 175 y 178 escaños (la mayoría absoluta está fijada en 176), hasta 24 más que en los últimos comicios. De esta manera, la formación de Mariano Rajoy se hace con el 46,25 por ciento de los sufragios, lo que supone 13,7 puntos más que el PSOE, que se queda con entre 131 y 134 diputados, esto es, entre 35 y 38 menos que en 2008.

Este sondeo, en cambio, refleja un importante ascenso de IU, que si en las pasadas generales obtuvo 2 diputados, en ésta se haría con entre 12 y 15. También crece en votos y escaños, aunque algo menos, CiU. Pasaría de sus 10 escaños actuales a entre 14 y 15. UPyD, por su parte, también alcanzaría mejores resultados. El único diputado que tiene la formación de Rosa Díez se transformaría ahora en 3 ó 4.

Se mantienen el PNV y el BNG, que conservarían sus 6 y dos escaños, mientras que Esquerra pasaría de 3 a entre 1 y 2 representantes, y NaBai, de dos a uno.

En cuanto a la abstención, en comparación con las generales de 2008 se ha incrementado en 4,5 puntos, pasando de 9,1 millones de ciudadanos que no votaron en los últimos comicios a más de 10,8 que no lo harán en esta ocasión.

VALORACIÓN DE LÍDERES

La encuesta de Público incluye, por otra parte, la valoración de líderes en la que el presidente del Gobierno es considerado, por primera vez, el político peor valorado. José Luis Rodríguez Zapatero consigue una puntuación media de 3,3 en una escala de 0 a 10, lo que supone una bajada de una décima respecto al Publiscopio de junio.

El presidente del PP logra una nota media de 4,2, tres décimas más que en junio, supera al jefe del Ejecutivo casi por un punto 0,9 décimas y se mantiene como el tercer líder mejor valorado. Aún así, sigue sin conseguir el aprobado.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, es la dirigente que obtiene mejor puntuación media (4,8), seguida por el líder de CiU, Artur Mas (4,3), Mariano Rajoy (4,2); el coordinador federal de IU, Cayo Lara (3,7); el presidente del PNV (3,5), Iñigo Urkullu, y el de ERC, Joan Puigcerós (3,4), en una clasificación que cierra Zapatero (3,3).

El presidente del Gobierno es, además, el único dirigente político cuya valoración empeora respecto al pasado junio. El resto de líderes mejoran su calificación media, salvo el máximo responsable de IU, Cayo Lara, que se mantiene.

Entre los votantes socialistas, el líder del PSOE obtiene una puntuación media de 4,6 (en una escala de 0 a 10), bajando respect a junio. Por el contrario, el presidente del PP, Mariano Rajoy, mejora entre sus votantes, al conseguir una puntuación de 6,6. La valoración de Rodríguez Zapatero mejora levemente entre los votantes del PP, que le otorgan tres décimas más que en junio y el aprecio a Rajoy aumenta entre los electores del PSOE, aunque muy ligeramente -una décima respecto a de junio-.

Ya se están produciendo los primeros casos de empresas que proceden a retirar expedientes de suspensión temporal cuya tramitación había sido iniciada, para reemplazarlos por procesos de extinción de contratos

Las empresas asturianas han presentado ya 31 regulaciones con la reforma laboral

La nueva normativa equipara las reducciones de jornada a las suspensiones en lo que se refiere al gasto de días de desempleo

El Principado ya ha autorizado las primeras regulaciones de empleo por previsión de pérdidas

11.10.10 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El comercio.

Las empresas asturianas ya han inaugurado la reforma laboral con la presentación de expedientes de regulación de empleo (EREs) como vía de ajuste de sus plantillas. Desde que entró en vigor el nuevo texto, el pasado 9 de septiembre, el Principado ha autorizado un total de 31 expedientes, según confirmaron desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional.

El principal cambio que introduce la reforma laboral en cuanto a los expedientes de regulación de empleo es que abre la puerta a presentarlos cuando «existan pérdidas actuales o previstas» o «disminución persistente de su nivel de ingresos que pueda afectar a la viabilidad o al mantenimiento del empleo». Una circunstancia que ha provocado que algunas compañías asturianas esperaran a que entrara en vigor la ley para presentar los expedientes a la autoridad laboral. No obstante, de momento, la entrada en vigor de la reforma no ha provocado un incremento notable en el número de expedientes solicitados, ni en el de los finalmente concedidos. De hecho, en el mismo mes de 2009 se autorizaron un total 43, según el registro estadístico del Ministerio de Industria.

Lo positivo de la reforma en este aspecto reside en el cobro del desempleo. Hasta ahora, las reducciones de jornada estaban castigadas frente a las suspensiones de empleo porque con ellas el empresario forzaba al trabajador a gastar más desempleo del que realmente utilizaba. Además, si se reducía la jornada laboral por debajo del 33% no había derecho al desempleo. Con la nueva norma, no sólo tienen derecho al desempleo todas las reducciones de jornada que no estén por debajo del 10%, sino que se establece que con ellas se gastará la prestación por desempleo de manera proporcional al número de horas que se deje de trabajar. De esta forma, las reducciones de jornada se equiparan a las suspensiones de empleo en lo que se refiere al gasto de los días de desempleo.

Los cambios que introduce la nueva norma en las regulaciones de empleo pueden provocar en los próximos meses que aumenten las reducciones de jornada por debajo del 33% que antes apenas se registraban por no tener derecho al desempleo. Sin embargo, en los expedientes que hasta el momento se han autorizado en la región este hecho no se ha producido, según reconocen desde la Consejería de Industria y Empleo.

Aunque los expedientes de regulación de empleo están lejos de representar el grueso de las extinciones laborales que se han producido en los últimos tres años en Asturias (que mayoritariamente se realizan mediante la no renovación de los contratos temporales y los despidos individuales), lo cierto es que son los procesos que más trascienden a la opinión pública, puesto que son colectivos. Con los últimos datos del Ministerio de Trabajo en la mano, van a menos, no en número (pues en los siete primeros meses de 2010 -los últimos datos disponibles- se autorizaron 381, por 353 en el mismo periodo del año anterior) pero sí en trabajadores afectados, 10.490 en los primeros siete meses del año, frente a los 12.254 de 2009.

Vía libre para la extinción

Aunque aún es pronto para valorar los efectos de la reforma en el mercado de trabajo, CC OO asegura que ya se están produciendo los primeros casos de empresas que proceden a retirar expedientes de suspensión temporal cuya tramitación había sido iniciada, para reemplazarlos por procesos de extinción de contratos al amparo de lo previsto en la reforma recientemente aprobada. «Los trabajadores comienzan a padecer los graves y negativos efectos de la nueva ley al ampliarse los supuestos y contar las empresas con una mayor facilidad para despedir trabajadores», explica el sindicato.

En este sentido, la organización dirigida por Ignacio Fernández Toxo recuerda que la «mera invocación» por parte de las empresas de problemas económicos o causas relativas a su funcionamiento les permiten desprenderse de toda o parte de su plantilla. «Actuaciones que antes eran ilegales obtienen su calificación legal como causas legítimas para el despido, lo que acarrea la pérdida de empleo y el abono de una indemnización inferior a si el despido no fuera justificado». El sindicato explica que con el nuevo marco se amplían las causas del despido objetivo y del colectivo vía ERE, algo que, dice, afecta no sólo a las causas, sino a la duración del periodo de consultas y al control administrativo y judicial del despido.

Si Francia pasa de 60 a 62 años la edad de jubilación y en España estamos en 64 ¿de qué habla el gobierno con su propuesta de los 67 años?...

Reforma de las pensiones

Méndez: ´Las pensiones son una decisión nacional´

El secretario general de UGT cree que el Gobierno "no puede escudarse en las posiciones de la UE"

EFE

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado hoy que las actuaciones en materia de política social y en pensiones, así como en el empleo, son nacionales, y no europeas.

Méndez que ha asistido a la apertura del VIII Congreso Estatal de Unidad Progresista (UP), organización integrada en la ONCE, ha señalado a los periodista que el Gobierno "no puede escudarse en las posiciones de la Unión Europea para la aplicación de este tipo de políticas porque Europa aquí no tiene nada que decir, ya que es una decisión nacional, de cada país".

Para el líder sindical, el Gobierno no ha sabido explicar en Europa y en España "el tema de las pensiones" que se encuentra contemplado en "algo que no tiene el resto de Europa" como es el Pacto de Toledo.

Nosotros, ha añadido Méndez, tenemos recogido en el Pacto de Toledo la flexibilidad de la jubilación, que permite su anticipación o su retraso más allá de los 65 años de forma voluntaria, pactada e incentivada.

En España, según el secretario general de UGT, la media de la edad de jubilación es, por esos motivos indicados, de 64 años, por lo que consideramos "innecesaria" una modificación.
El Gobierno debe, por tanto, "primero explicar", y "luego rectificar", lo mismo que debe hacer con la reforma laboral, ha añadido Méndez.

Ante lo sucedido en Francia donde el Senado ha aprobado por mayoría ampliar el plazo de jubilación de 60 a 62 años, y eso sí podría ser un espejo en el que mirarse y un ejemplo a seguir, Cándido Méndez, ha vuelto a incidir en que es soberanía nacional tomar una decisión así, y que en España están firmados los pactos de Toledo.

Pero el problema de la listas de espera y de la demora media no son sólo un problema de Gijón (que está por debajo de la media regional), sino de toda Asturias

VER CUADRO Y GRAFICOS COMPARATIVOS DE LA LISTA DE ESPERA Y LA DEMORA MEDIA REGIONAL

Nota: En los datos se han elegido los meses de Abril y Mayo – tras la semana santa – por ser lo más parecido a Septiembre – tras el periodo veraniego -…

Los hospitales de Jove y Cruz Roja se encuentran al mínimo por los recortes

60 trabajadores están afectados por el ajuste de Jove, que deja al servicio de Urgencias con un solo médico en horario nocturno

El hospital de la calle Uría comunica al comité que agudizará el recorte y cerrará quirófanos

09.10.10 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El comercio.

Los hospitales de Jove y Cruz Roja están bajo mínimos. El repentino recorte presupuestario que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) decidió aplicarles en julio pasado a raíz de la crisis económica ha obligado a estos centros concertados a reducir carga de trabajo y reprogramar operaciones y consultas. Ambos hospitales tienen activadas desde el verano diversas medidas de contención, entre las que resalta la suspensión de parte de la actividad que hasta ahora venían realizando en horario de tarde. Sus responsables confiaban que con estas actuaciones lograrían hacer frente a la merma económica del 3,2% decretada por el Sespa. Pero los que empezaron siendo ajustes 'mínimos' se verán ahora agudizados.

Tal y como adelantó ayer EL COMERCIO, Cruz Roja ha tenido que sumarse a la paralización de operaciones vespertinas como lo hiciera primero Jove. El notable descenso en el volumen de pacientes que solía derivar Cabueñes, ha llevado al hospital concertado a tener que cerrar quirófanos. También ha anulado citas médicas y quirúrgicas ya programadas. El caso más sangrante es el de varios pacientes de Traumatología que iban a ser operados de la cadera la próxima semana y que ayer mismo, viernes, fueron desconvocados por teléfono. El centro de la calle Uría adoptó esta disposición obligado por el Sespa, que por problemas económicos ha decidido que todas los implantes de cadera se realicen sólo en Cabueñes. De hecho, uno de los planes de choque (las llamadas peonadas de tarde) que Cabueñes ha puesto en marcha para reducir las demoras quirúrgicas obedece casi en exclusiva a 'repescar' a los pacientes afectados por los recortes a Cruz Roja. La operación de prótesis de cadera es una de las más caras de las derivadas. Su coste en la concertada oscila entre los 7.858,56 euros y los 9.468,15. No obstante, diversas fuentes apuntan que su precio es más elevado en la red pública, donde el coste de hora de quirófano es mayor.

Cambios de funciones

Pero la paralización de operaciones no será la única medida extraordinaria. Los directivos de Cruz Roja convocaron ayer de urgencia al comité de empresa para informales de ajustes de mayor alcance. Fuentes sindicales precisaron que Cruz Roja ha decidido cerrar de forma definitiva los quirófanos de tarde. Sólo mantendrá la actividad quirúrgica en horario de mañana. Pero no al completo. El centro sanitario abrirá únicamente cuatro de sus cinco quirófanos, aunque habrá días en que serán aún menos las salas de cirugía que mantendrá operativas, advirtieron las mismas fuentes.

Además, Cruz Roja incrementará la movilidad funcional que desde el verano aplica a la plantilla. A partir de la próxima semana, cuando algunos de los quirófanos permanezcan inactivos, muchos trabajadores no sólo serán cambiados de planta o de lugar de trabajo, sino incluso de función. «No hay trabajo para todos», advirtió ayer la gerencia al personal. De ahí que se proponga que trabajadores que hasta ahora hacían funciones de enfermería pasen a realizar trabajo de auxiliar. El hospital ha advertido al comité de que «la situación es muy difícil» y que el centro sanitario «está asfixiado».

Con todo, Cruz Roja ha querido dejar claro que «de momento» no tiene previsto aplicar ningún expediente de regulación de empleo. Tampoco despidos. De hecho, se ha comprometido -siempre según fuentes sindicales- a convertir en personal fijo a algunos trabajadores que están a punto de cumplir el tiempo máximo permitido para ser personal interino.

6.568 operaciones pactadas

Según el convenio singular firmado con el Sespa en abril, el centro concertado tenía asignado un presupuesto de 12,7 millones para la realización de 6.568 operaciones (un volumen por debajo de la actividad real), 1.430 procesos de geriatría, 13.000 estudios citológicos, 15.013 controles de Sintrom y 15.500 mamografías. Ese acuerdo se vio modificado en julio por el Sespa para aplicar la reducción tarifaria del 3,2%.

Tradicionalmente, y por demanda del propio Servicio de Salud, Cruz Roja solía realizar algo más de actividad quirúrgica, superando las 7.000 cirugías anuales. Durante el último cuatrimestre del año era habitual que Cabueñes aumentara las derivaciones hacia Cruz Roja con el fin de rebajar sus esperas. Eso obligaba al hospital concertado a apurar su actividad durante el año. Pero el pasado mes de julio y a consecuencia de la crisis, los tercios cambiaron. El Sespa ordenó suspender gran parte de las derivaciones a los quirófanos de la calle Uría y trasladó a Cabueñes, en horario de tarde, toda la actividad entendida como extraordinaria. Fuentes consultadas aseguran que Cruz Roja ya practicó del orden de las 5.000 intervenciones de las poco más de 6.000 pactadas. El Sespa se niega a modificar el volumen de actividad previsto. Incluso, a pesar de que se haya disparado la demora para operarse en Gijón, que está ya en 70 días, 19 días por encima de la espera quirúrgica que había en junio, antes del recorte.

Por su parte, en el Hospital de Jove, al otro lado de la ciudad, ocurre otro tanto de lo mismo. El personal ha cifrado en 60 los trabajadores afectados por el recorte. La plantilla de Jove está compuesta por 489 profesionales, que dan servicio a una población de 80.000 habitantes. El personal ha remitido un informe a la gerente del Sespa, Elena Arias, en el que se señala que Jove es el hospital con menos plantilla de toda Asturias. Centros sanitarios de similares dimensiones como es el Valle del Nalón, con 212 camas, tiene el doble de personal.

El comité de empresa denuncia, por su parte, que con la supresión de guardias médicas en horario nocturno el hospital queda bajo mínimos. La gerencia de Jove ha decidido que a partir de las 21 horas sólo haya un médico de medicina interna en lugar de los dos que había hasta ahora. También habrá un único facultativo en las urgencias. Esto hace que cuando «hay que ir a la UVI y a ver un paciente en planta hay que llamar al médico de Urgencias, que deja el servicio desasistido», alertan. Según cálculos del comité, cada médico de urgencias de Jove atiende al año 2.665 pacientes. «En el resto de hospitales comarcales el promedio está en 1.618 pacientes», reza el informe, donde los médicos reclaman «la intervención de la autoridad sanitaria».

Una buena noticia que hay que tomar con prudencia

La constitucionalidad del recorte a los funcionarios, en entredicho

La Audiencia Nacional ha dado la razón a un grupo de trabajadores de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que planteó un conflicto colectivo.

La rebaja salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo oscila entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional. Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 7.10.2010

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que hace constar sus "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit del pasado 20 de mayo referido al recorte salarial a los funcionarios en régimen laboral. La Audiencia entiende que este artículo "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical" en relación con el derecho a la negociación colectiva.

El Alto Tribunal ha emitido esta providencia, en el marco de un conflicto colectivo planteado a instancias de los sindicatos en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT).

En el texto, fechado el 4 de octubre, la Audiencia, de manera unánime, ha decidido conceder un plazo de diez días "improrrogables" a las partes para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad.

Asimismo, la Audiencia concede el mismo plazo a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen "lo que su derecho convenga" sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo del mismo al manifestar también los magistrados de la Sala sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.

El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

Según el letrado del Gabinete Interfederal de CC.OO. Enrique Lillo, esta providencia, "sin prejuzgar el sentido final del procedimiento", refuerza la posición defendida por el sindicato frente a la reducción salarial a los funcionarios y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados en el ámbito de las administraciones públicas para 2010.

El sindicato ha subrayado en un comunicado que mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales que ha iniciado en defensa de los empleados públicos, "promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a los cerca de tres millones de personas afectadas".

RECURSOS AL SUPREMO

La rebaja salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo oscila entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional. Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%. Estas medidas comenzaron a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre --sin afectar a la paga extra de junio, pero sí a la de diciembre--. Tras este recorte, los salarios públicos han quedado congelados en 2011.

El Gobierno ha afirmado que este recorte salarial a los empleados públicos le supondrá un ahorro de 2.300 millones de euros este año (desde su aplicación en junio hasta diciembre) y otros 2.200 millones adicionales en 2011, lo que suma un total de 4.500 millones de euros.

El recorte salarial a los funcionarios ha provocado la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos, entre ellos CC.OO., UGT y CSI-CSIF y el Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública ANPE, así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.

EL GOBIERNO DEFIENDE LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA

El Gobierno recomienda "prudencia" para analizar la providencia previamente pero considera que el recorte de salarios a los empleados públicos se enmarca "plenamente" en la legalidad porque está "avalado" por el Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé la posibilidad de suspender o modificar los pactos y acuerdos alcanzados con los sindicatos "de manera excepcional por interés público".

En el caso concreto del recorte del sueldo a los funcionarios, el Gobierno considera que fue una medida derivada de una "alteración sustancial" de las circunstancias económicas, lo que obligó al Ejecutivo a aprobar un plan de ajuste del gasto público que incluyó esta rebaja. Y en cuanto a la providencia, la enmarca en un procedimiento judicial "normal" que aún no ha concluido, dado que se encuentra en su fase preliminar y las partes deben presentar ahora sus alegaciones.

Evidentemente los “gestores” que afirman esto ... ¿lo hacen desde el anonimato ?

Gestores sanitarios alertan de que una caída del presupuesto aboca a recortar servicios

Los directivos de la sanidad pública se muestran inquietos con los planes de Rabanal y sostienen que la mejora de la gestión no da más de sí

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Las posibilidades de mejorar la gestión de la sanidad pública asturiana no dan mucho más de sí. Por consiguiente, si el año que viene hubiera menos dinero disponible, es casi seguro que no quedaría más remedio que recortar prestaciones.

Estas dos aseveraciones resumen la advertencia lanzada ayer por diversos gestores sanitarios, quienes subrayaron que una congelación en el presupuesto de 2011 de la Consejería de Salud, y más aún un eventual recorte del mismo, generaría «problemas» y pondría los servicios públicos en una situación límite.

Los primeros datos esbozados anteayer por el consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, respecto a las cuentas previstas para 2011 han causado inquietud en los despachos oficiales. Rabanal anunció que el Presupuesto autonómico del año que viene se reducirá a los niveles de hace un lustro, con una caída de unos 337 millones de euros que lo dejarán por debajo de los 4.000 millones. «No hay nada intocable», enfatizó el titular de Economía en alusión a los diversos epígrafes de las cuentas regionales.

Aún no se han concretado las cuantías de las que dispondrá cada departamento, pero en el ámbito sanitario la preocupación ya es notable. No es extraño, pues los servicios de salud disponen este año de un presupuesto de 1.635,7 millones de euros, una porción muy relevante de la tarta total.

En lo que va de 2010, los directivos de la sanidad ya han tenido que apretarse el cinturón para ajustarse a un presupuesto inferior al gasto real de 2009. Ahora confiesan que el cinturón apenas tiene algún agujero más. Máxime si se tiene en cuenta que lo habitual desde tiempos inmemoriales era que las cuentas de la sanidad pública registraran un crecimiento que oscila entre el cinco y el diez por ciento anual. Otro «handicap» se deriva de la rigidez de un presupuesto que en un 50 por ciento se destina a personal y en un 25 por ciento a medicamentos con receta.

Este año se está caracterizando por algunos ajustes que, a juicio de algunos gestores de los servicios consultados por LA NUEVA ESPAÑA, han llevado casi al extremo el margen de ahorro. A partir de ahí, prosiguen, «ya habría que hablar de recortes en la cartera de servicios». Pero esa decisión «es de otro calado y debe ser analizada por el Gobierno», apostillan.

Entre los que quieren recortar más, que menos mal que no gobiernan, y los que menos…

«Si las cuentas regionales no bajan mil millones, no serán reales», afirma el PP

El Gobierno de Areces espera mantener la inversión «en lo máximo que nos sea posible» l IU confía en «corregir» las cuentas de Zapatero

Oviedo, R. L. M. / P. G., en La Nueva España

Al PP no le salen las cuentas del Presupuesto regional, en IU no se dan por aludidos, en CC OO avisan de que partidas hasta ahora intocables también serán víctimas de la tijera, el Gobierno dice que hará todo lo posible y la patronal mantiene su discurso de «recortes sí, pero manteniendo la inversión». Éstas son las posiciones de los principales partidos y agentes sociales del Principado sobre el recorte de entre 500 y 550 millones de euros que sufrirá el Presupuesto de 2011 respecto al aprobado inicialmente para este año y que tuvo que ser reducido, según anunció Jaime Rabanal, consejero de Economía.

Desde el PP, su diputado regional Ramón García Cañal considera que si el presupuesto de 2011 «no tiene mil millones menos que el actual, no será real». De esta forma, los populares advierten de que unas cuentas realistas no deberían superar los 3.400 millones, frente a los casi 3.900 que calcula el Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces. Los cálculos de los populares, según Cañal, se basan en «la caída de los ingresos, de las transferencias del Estado y de la Unión Europea, así como a las limitaciones de la ley de Estabilidad Presupuestaria». Las cuentas que hacen los populares asturianos se basan en que en 2011 el Principado sólo podrá endeudarse en 300 millones de euros frente a los 660 millones de este año y la devolución al Estado por los adelantos a cuenta de la financiación autonómica alcanzará, como mínimo, los 300 millones. Pero García Cañal teme que el Gobierno del Principado trate de cuadrar a martillazos el próximo Presupuestos «recurriendo a los artificios contables, llevando la deuda a los organismos y entes públicos. Este año ya se hizo con la Junta de Saneamiento».

Por su parte, el Gobierno, a través de Ana Rosa Migoya, consejera y portavoz, adelantó ayer que el diseño del Presupuesto será «difícil» y recalcó que no crecerá «porque es imposible en un escenario de menos ingresos, con unas limitaciones para cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria y para recurrir a la deuda». Pero matizó que a pesar de todo el Principado hará un esfuerzo «en el máximo que nos sea posible para mantener la inversión y después salvaguardar los servicios públicos fundamentales».

Mientras, desde IU, socio del Gobierno socialista asturiano, Jesús Iglesias eludió entrar a valorar en profundidad los números adelantados por Rabanal. Eso sí, al coordinador de la coalición en el Principado le resultó «llamativo» que haya sido el consejero de Hacienda y no Vicente Álvarez Areces -«lo que ya era una tradición», según el líder de IU- el que haya marcado la línea para el diseño del próximo presupuesto. «Esperamos que el Consejero no pretenda colocarle el techo presupuestario al Presidente», añadió. Iglesias confía en que las cuentas que salgan del Parlamento asturiano «corrijan los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado Zapatero».

Mientras, Severino García Vigón, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) recalcó: «Siempre hemos preconizado la contención del gasto. Ya lo decíamos en los tiempos de bonanza y lo reiteramos ahora con más razón: las medidas de ajuste han de ir encaminadas al recorte del gasto, y no de la inversión productiva, que es la que genera actividad económica y empleo». Vigón espera que el Ejecutivo de Areces cumpla con los compromisos de inversión recogidos en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social en Asturias (ACEBA).

Al tiempo, Gilberto García, de CC OO, denunció que el Presupuesto asturiano sigue las líneas del presentado por el Gobierno de Zapatero, «que parten de perspectivas falsas». Así, García anunció una merma muy importante «de las inversiones» y también «en las partidas para dependencia, que también son generadoras de empleo». Y añadió: «El recorte acabará siendo mayor». Mientras, desde UPyD se adelanta que «nuevamente se engañará a los ciudadanos y nuevamente se tendrán que imponer medidas de recorte».

Primera reunión de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo

El diálogo político para la reforma de las pensiones arranca sin ningún acuerdo

El PSOE anunció un acercamiento para ampliar a 20 años el cálculo del retiro y luego tuvo que desdecirse

Madrid / Oviedo, Agencias / M. M., en La Nueva España
La primera reunión de la Comisión parlamentaria Pacto de Toledo no sólo terminó sin consenso, sino que se saldó con bronca entre los partidos políticos y con pocos visos de que pueda haber acuerdo en breve plazo de tiempo. La portavoz del PSOE en esa comisión, Isabel López i Chamosa, aseguró antes de la reunión que existía una generalizada opinión favorable a la opción de ampliar el cómputo para el cálculo de las pensiones de 15 a 20 años. Eso fue por la mañana. Por la tarde, y ante los reproches de la oposición, se desdijo y admitió que por ahora no existe acuerdo ni en eso ni en ningún otro aspecto, y que no se prevé que lo haya pronto.

El PP acudió a la convocatoria para escuchar las propuestas del Ejecutivo, según explicó su representante, Tomás Burgos. Pero también para hacer una advertencia: la congelación de las pensiones en 2011 supondrá un «escollo importante» para la reedición del Pacto de Toledo porque implica un incumplimiento del acuerdo vigente. Aunque el principal partido de la oposición mostró su disposición a negociar, también incidió en sus reticencias a retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años.

El portavoz de IU, el asturiano Gaspar Llamazares, que se opone a la ampliación del cómputo, advirtió de que este asunto ni siquiera se puso sobre la mesa y que las presiones y las prisas a las que está sometido el Gobierno perjudicarán el debate y la negociación. La reunión de ayer se centró en la separación de fuentes y la revalorización de las pensiones, recomendaciones pendientes desde el documento del Pacto de Toledo de 2003.

La cita acabó sin acuerdo, pero con múltiples reacciones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ya había advertido por la mañana de que un desacuerdo sobre las pensiones «sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado», porque deterioraría la economía «de forma incomprensible». El Gobierno previene así, como ya han hecho los expertos, que frenar esta reforma generaría nuevos episodios de desconfianza en los mercados financieros.

El ex director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y ahora presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), David Taguas, también se refirió al Pacto de Toledo para defender que no se negocie la reforma de las pensiones con los sindicatos. Y criticó a quienes se oponen a reformar el actual sistema, porque intentan trasladar el problema al futuro para hacerlo recaer en las próximas generaciones, afirmó.

Un modelo con cambios en cada década

El PP advierte de que la congelación de las prestaciones para 2011 será un «escollo importante» en la negociación

Oviedo, M. M., en La Nueva España
La ampliación de los años para el cómputo de las pensiones no es una medida nueva. Ya se hizo en otras dos ocasiones. La primera, en 1985, cuando pasó de 2 a 8 años, y la segunda, en 1997, cuando se elevó hasta los 15 actuales. También se incrementó el período mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva, que era de 10 años y se elevó hasta los 15 aún vigentes.

El actual debate sobre la reforma de las pensiones contributivas se sostiene fundamentalmente en la evolución de la pirámide demográfica, que hace temer que dentro de un par de décadas haya más pensionistas que trabajadores que coticen para sostener el sistema.

A principios de esta década se calculaba que un 16% de la población eran pensionistas, mientras que un 70% eran trabajadores. Las estimaciones de los expertos apuntan a que en 2030 los pensionistas representarán un 36% del conjunto de la población, pero apenas habrá un 52% de personas que trabajen y coticen.

Otros expertos, contrarios a ampliar el período de cotización y el retraso de la jubilación, aseguran que todas las proyecciones anteriores han sido erróneas.

Más años de vida laboral y prestaciones menos generosas

La reforma camina hacia el retraso de la edad de jubilación y el endurecimiento del cálculo económico

Oviedo, M. M., en La Nueva España
La complejidad de la reforma del sistema de pensiones parte ya de los diferentes criterios que se plantean para actuar. Mientras los expertos y la mayor parte de partidos políticos se inclinan por incidir sobre el gasto que suponen para las arcas de la Seguridad Social, otros agentes, como los sindicatos, defienden que se actúe sobre la vía correspondiente a los ingresos. UGT y CC OO han anunciado que habrá nuevas movilizaciones.

Los gastos.

Los expertos parten de la base de que la baja demografía conllevará a medio plazo que cada vez haya menos cotizantes a la Seguridad Social y más pensionistas que cobren de ella, con lo que el coste de estas prestaciones se duplicará en un plazo de aproximadamente 15 años, hasta situarse en el entorno del 15% del producto interior bruto (PIB). Para actuar sobre el gasto, hay varias fórmulas posibles: retrasar la edad de jubilación de manera obligatoria (el Gobierno plantea que pase de 65 a 67 años la edad mínima legal) o voluntaria (mediante incentivos), limitar las jubilaciones anticipadas, ampliar el período de cómputo (ahora de 15 años), endurecer el acceso a la pensión íntegra (ahora se exigen 35 años de cotización) o reconsiderar la revalorización automática de las pensiones con arreglo a la inflación. En suma, medidas que rebajan la generosidad del sistema.

Los ingresos.

Los sindicatos se oponen a actuar sólo por la vía del gasto porque entienden que en la práctica esto se traduce en un claro recorte y exigen que se intervenga también en los ingresos a la caja de la Seguridad Social. ¿Cómo? Para empezar, aumentando las cotizaciones, algo que rechazan la patronal y la mayoría de los partidos porque implica aumentar los costes laborales. Un amplio sector de expertos desaconseja esa vía por el impacto negativo que puede tener en el empleo, más en una situación de crisis. Los sindicatos demandan también que los complementos para llegar a la pensión mínima se carguen al Presupuesto del Estado y no a la caja de la Seguridad Social. Algunos especialistas sugieren financiar las pensiones vía impuestos en lugar de las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores.