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ACTUALIDAD

Sobradamente advertido, sobradamente agotada la paciencia y la administración lo lee así …

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Minería del carbón

El Gobierno afirma que los sindicatos se encierran para «calentar» el paro del 29-S

Industria asegura «haber hecho todo lo posible por el sector»

Zapatero pide a Barroso en Bruselas que agilice la aprobación del real decreto

Madrid, Modem Press

El Gobierno de Zapatero considera que, tras la decisión de los sindicatos de convocar cuatro días de huelga general en la minería del carbón en España, los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre, y mantener, desde medianoche del miércoles, un encierro en la sede del Ministerio de Industria en Madrid, existen razones «que van más allá de las que atañen directamente al sector de la minería del carbón» y que tienen que ver con «calentar» la convocatoria de la huelga general prevista para el próximo día 29.

Con su actitud, según declararon fuentes del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, las organizaciones sindicales estarían intentando crear el caldo de cultivo necesario para «calentar» las fechas previas a la jornada de huelga general convocada por Comisiones Obreras y UGT. Y es que desde Industria no se dejó de calificar de «sorprendente» la reacción de los sindicatos, pese a que ya habían anunciado que si no se satisfacían sus reivindicaciones convocarían una huelga de 48 o 72 horas en todo el sector minero. las nuevas protestas fueron decididas por las cúpulas de SOMA-FIA-UGT y la Federación de Industria de Comisiones Obreras tras la reunión que el pasado miércoles por la tarde mantuvieron cono el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, para analizar la grave situación que atraviesa la minería del carbón en nuestro país.

En el Ministerio de Industria, aseguran que «nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra manos, y los sindicatos lo saben, pero ahora la aprobación del real decreto depende de Bruselas y eso es algo que no está en nuestras manos. Y, por otro lado, en relación a la otra parte del conflicto, quienes tienen la obligación de pagar los salarios son los empresarios y para ello, para que lo hicieran, hemos puesto en sus manos todos los recursos posibles».

En este sentido, el Ministro de Industria anunció el miércoles la apertura de un expediente a las empresas de los Grupos Victorino Alonso y Viloria para que justifiquen en qué han utilizado los «367 millones de euros en ayudas públicas que han recibido desde julio del 2009. Sebastián aseguró que si ambas empresas no justifican el destino de las subvenciones públicas recibidas en ese período de tiempo les obligarán a devolverlas.

Respecto al real decreto, que Industria espera que sea aprobado por la UE el próximo 29 de septiembre -la misma fecha en la que se celebrará la huelga general en España-, el propio José Luis Rodríguez Zapatero, informaron fuentes de Moncloa, pidió ayer en Bruselas al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que agilice su autorización. El jefe del Ejecutivo español mantuvo un breve encuentro con Barroso durante el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas y ambos analizaron el retraso de la Comisión a la hora de dar luz verde a las ayudas al carbón nacional.

Sin embargo, Zapatero explicó el contenido de su encuentro con Barroso durante la posterior rueda de prensa, en la que se limitó a decir que es «un buen conocedor del sector», que a su Gobierno «le interesa» seguir contando con el carbón autóctono, aunque reconoce que «las circunstancias para el carbón son cada vez más difíciles porque contamina». «Pero trabajaremos con la Comisión para que ese plazo del 2014 (del nuevo reglamento de ayudas a la minería) se amplíe». «Y como antes se habló de otras fechas y luego de unas diferentes, que se fueron superando, esperamos superar el 2014 cuando llegue el momento de abordarlo», concluyó Rodríguez Zapatero.

Los sindicatos mantendrán el encierro en Industria hasta que cobren los mineros

Villa: «No vamos a ser partícipes de argumentos que traten de chantajear a los trabajadores o al gobierno»

Liébana: «Ya no basta con buena voluntad»

Madrid, Modem Press

Los sindicatos mantendrán el encierro, que iniciaron la medianoche del miércoles en las dependencias del Ministerio de Industria, mientras «no se solucionen los problemas» que han llevado a la minería del carbón en España a la situación de «incertidumbre y grave crisis» por la que atraviesa el sector. Los responsables de minería de FIA-UGT, Víctor Vázquez, y de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Juan Carlos Álvarez Liébana, aseguraron a las puertas del Ministerio, que «mantendremos el encierro hasta que los trabajadores cobren sus salarios y se apruebe el real decreto» que primará la producción eléctrica con carbón nacional.

Además, las organizaciones sindicales presentaron ayer en el Ministerio de Trabajo la documentación necesaria para la convocatoria de los cuatro días de huelga general en todo el sector de la minería del carbón en España los próximos 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Fernández y Álvarez Liébana, que mantienen el encierro junto al Secretario General del SOMA, José Ángel Fernández Villa, el Secretario General de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, Maximino García y los líderes de ambas formaciones en Castilla y León, Manuel López y Gonzalo Díez, reconocieron la «buena voluntad» que mostró el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la reunión del miércoles para solucionar los problemas, pero «ya no nos basta con la buena voluntad y queremos hechos. Esto es: que se paguen los salarios y se apruebe el real decreto y no que se nos hable de posibilidades de que quizás el real decreto se apruebe el día 29... Esto ya no nos vale», sentenció Liébana.

«El pago de los salarios no se negocia. Es un derecho de los trabajadores y una obligación de los empresarios pagarlos», afirmó, por su parte, Fernández Villa, quién apostilló que la estabilidad del sector pasa por «la aprobación inmediata del decreto, la aprobación del nuevo reglamento sin fecha para las ayudas y la aplicación del plan de reactivación».

Un plan de reactivación, afirmó Víctor Fernández, «sobre el que no aceptaremos ningún recorte respecto a lo firmado y sobre el que el Ministro no nos dio ninguna certidumbre cuando los rumores apuntan a un posible recorte de entre el 30 y el 70% de los fondos de reactivación».

José Ángel Fernández Villa insistió, además, en la necesidad de elaborar un plan para abordar la nacionalización del sector, algo que a su juicio evitaría «estar permanentemente en situación de incertidumbre a la que sectores muy determinados están sometiendo a la minería, y en los trabajadores generaría más confianza en el respeto a sus derechos económicos y laborales».

El líder sindical manifestó que, «dentro del contexto de la garantía de suministro energético, y la importancia de la energía en el desarrollo del país, España debe de tener presencia y participación en las empresas energéticas, al igual que la tuvo en su momento, y el carbón es el único recurso de energía primaria autóctona del que disponemos». Por ello, agregó que «se debe de crear una gran empresa pública estatal carbonera que puede resultar mucho más rentable y menos costosa económicamente para el mantenimiento de la producción actual de carbón autóctono a largo plazo, que es el objetivo que se plantea el Gobierno». El líder sindical también apuntó a que «hay que acabar con las incertidumbres en el sector y el real decreto de Restricciones por Garantía de Suministro debe entrar en funcionamiento».

En referencia a los impagos de nóminas de los grupos Alonso y Viloria aseguró que «somos conscientes de la situación de crisis general y las incertidumbres en el sector, pero no vamos a ser partícipes de ningún planteamiento que trate de chantajear a los trabajadores, al sindicato o al gobierno». Por último, Villa afirmó que «el verdadero reto de futuro de las comarcas mineras es la reactivación económica e industrial, y por ello hay que garantizar el volumen de recursos disponibles durante el periodo de vigencia del plan hasta 2012».

De eso y que a nadie convence…esta reforma que no creará empleo

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Los empresarios también reniegan de la ’reforma del despido’ que les sabe a poco

La vuelta al tajo no disipa el ruido de sables en CEOE. El número de liberados importa poco a la patronal: “Hay otros temas mucho más importantes”. Abogados alertan sobre el “riesgo” del aumento de despidos tras la reforma.

NUEVATRIBUNA.ES / L.M.-

El ruido de sables volvió hoy a presidir la junta directiva de CEOE. Los empresarios, reunidos para fijar posición sobre asuntos varios, no encuentran la fórmula para despedir a su presidente Gerardo Díaz Ferrán. Sin embargo, coinciden con los sindicatos en algo; como a estos, la reforma laboral del Gobierno socialista les parece inútil. No creará empleo, afirman. Ni reducirá el número de temporales. Por otra parte, aseguran que, esta vez, no están dispuestos a esperar a que el Gobierno les haga el trabajo sucio y muestran su "compromiso" para reformar la negociación colectiva junto a las centrales sindicales. Será después de la huelga general. Pero advierten: “Esperemos que el Gobierno no tenga que legislar”.

La vuelta al colegio pilla a CEOE con algunas asignaturas pendientes. A juzgar por el ruido de sables, algunos sectores no soportan ya la imagen que su presidente Gerardo Díaz Ferrán proyecta sobre el logotipo de la empresarial. La sombra de Marsans es alargada. Pero nadie, dicen, quiere pasar a la historia como el traidor que apuñaló al César. Ahora bien, en la oscuridad del off the record, en la patronal hasta los monos hablan inglés.

Hoy el secretario general de la empresarial, José María Lacasa, tuvo que salir de nuevo a explicar lo inexplicable. La renovación de la cabeza visible de la patronal “no estaba en el orden del día”. En el turno de preguntas, “nadie ha preguntado” por esta cuestión, añadió. Sin embargo, en fuentes empresariales citadas por El Mundo se advierte de que la patronal está buscando una salida airosa para el presidente de CEOE, perseguido por la sarta de irregularidades publicadas tras el derrumbe de su imperio empresarial. La cosa puede acabar en elecciones anticipadas, dicen.

Hasta entonces, la vida sigue igual. Salvo en algo. Y es que patrones y obreros, a las puertas de la huelga general convocada el 29 de septiembre, se han puesto de acuerdo en algo. La patronal también reniega de la reforma laboral aprobada por el Parlamento. Dicen que no servirá para crear empleo. Tampoco será útil para atajar la temporalidad. “Ha hecho muy poco en materia de contratación y se ha concentrado en el despido”, atacó hoy Lacasa, quien juzgó “insuficiente” el cambio normativo. También él esgrimió los últimos datos del paro, transcurridos dos meses desde la entrada en vigor parcial de la reforma -a través de un decreto ley- y destacó la caída en la contratación estable, hasta el 6 por ciento desde el 8 por ciento anterior. Sobre otra cuestión, como el numero de liberados, Lacasa se limitó a reiterar algunas cifras publicadas y desdeñó la polémica al señalar que en el sector privado hay tantos liberados como dictan la ley y los acuerdos. “Hay problemas mucho más importantes”, zanjó.

CUATRECASAS ADVIERTE DEL “RIESGO” DE DESPIDOS

Por su parte, el bufete de abogados Cuatrecasas publicó hoy un informe de la reforma laboral patrocinado por la agencia de empleo temporal Manpower. En la presentación del informe, el presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas, Salvador del Rey, alertó de que la reforma aumenta el riesgo de que se generalicen los despidos al no solventarse el problema de la temporalidad, ni la flexiblidad interna que precisan las empresas. Tras recalcar algunos aspectos “positivos” de la ley, insistió en que la reforma incumple los dos objetivos fundamentales marcados en el preámbulo del texto legal: dar al empleo estabilidad y conseguir mayor flexibilidad interna.

Del Rey criticó que las empresas que deseen descolgarse de un convenio deban recurrir a un árbitro. “No es la solución. No tenemos árbitros”, lamentó, tras explicar que el desarrollo del arbitraje tardará al menos 2 y 3 años. Además, confirmó que los jueces verán “limitado” su papel a la hora de decidir sobre despidos por cambios organizativos, técnicos o de circunstancias de la producción.

No obstante, la ley opera una gran reforma en el mercado de trabajo sin parangón desde la de 1994, afirmó. “Se tocan instituciones esenciales del mercado de trabajo”, asegura. Criticó además la “inseguridad” que, en su opinión, creará el hecho de que vayan a coexistir dos tipos de contratos indefinidos. “Y la inseguridad no fomenta el uso del contrato indefinido”, sentenció.

Por el contrario, entre los pasos positivos, alabó el nuevo papel que jugará el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) al subvencionar una parte del despido. En su opinión, esto supone un reconocimiento de las tesis que ligan contratación y abaratamiento del despido, una opinión con la que discrepan otros expertos. Del Rey lamentó que se limite la contratación temporal y, en cuanto al despido, consideró que la causa económica será el precepto más difícil de interpretar entre todos los que tipifica la reforma. Aun así, el texto no logrará en su opinión “cambiar la lógica fundamental de nuestro mercado de trabajo”.

Zapatero pide «el mismo respeto» para la reforma que para la huelga…

16.09.10 - A. MONTILLA | MADRID, en El Comercio.

José Luis Rodríguez Zapatero demostró en el Congreso que le incomoda debatir la reforma laboral con las formaciones de izquierda. El presidente del Ejecutivo, en respuesta a una pregunta del diputado de ICV Joan Herrera, reiteró que el Gobierno seguirá adelante con la nueva normativa de trabajo pase lo que pase en la huelga general del 29 de septiembre. Y lo hará «por el bien del interés general».

Herrera tachó de «falta de respeto» esta negativa de Zapatero y, tras recordarle que en 2004 llegó a La Moncloa «encaramado» en una movilización popular tras el 11-M, apostilló que hasta los ex presidentes Felipe González y José María Aznar habían «rectificado» tras otras convocatorias similares. «Usted se ha quedado en buenas palabras y malos hechos», le espetó Herrera. Zapatero, tras reiterar su «profundo respeto» a la decisión de los sindicatos, reclamó a Herrera el mismo respeto para la reforma laboral porque ha sido aprobada por la mayoría de la Cámara baja.

El presidente advirtió de que cuando la situación es difícil y las medidas «duras» es «más complicado el acuerdo».

Al hilo de esta reflexión acotó que ni el PSOE ni la «mayoría de los ciudadanos» pueden estar «satisfechos» con un marco laboral que ha sido incapaz de reducir la tasa de paro en España. Animó a los detractores de la reforma laboral a «ver el resultado» del nuevo modelo.

Méndez y Toxo creen que el Gobierno "cambiará antes o después" la reforma laboral

La afirmación de los secretarios generales de las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO contradicen la voluntad expresada por el Gobierno, incluido el propio Zapatero, de que la reforma perdure durante mucho tiempo.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han realizado estas declaraciones en una comparecencia de prensa que han ofrecido en Logroño, antes de participar en una asamblea para delegados y cuadros sindicales. Han asegurado que la reforma laboral, aprobada el pasado 9 de septiembre, "es lesiva para los trabajadores", al tiempo que aseguran que la huelga general del 29 de septiembre "es una huelga cargada de futuro".

Según Méndez y Toxo, la reforma laboral, aprobada el pasado 9 de septiembre, "es lesiva para los trabajadores", al tiempo que aseguran que la huelga general del 29 de septiembre "es una huelga cargada de futuro".

El líder de UGT ha asegurado que se viene "observando un clima de crecimiento" de adhesión a la huelga general. "Pocas huelgas generales han estado tan justificadas y cargadas de razón como la del 29 de septiembre, que entre otras cuestiones se posiciona contra la reforma laboral del Gobierno", ha añadido Méndez. Con las políticas que está desarrollando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario general de UGT ha alertado de que en la recuperación económica, se corre "el riesgo de que España se sitúe en el furgón de cola", si bien ha matizado a continuación que "aún podría ocurrir algo peor" y es que se quede "en la vía muerta".

Méndez ha señalado que el Gobierno ha realizado "una contrarreforma laboral que asesta un duro golpe a los derechos laborales, al tiempo que se ha dado un golpe muy duro a aspectos como la negociación colectiva".

También ha justificado el líder de UGT la convocatoria de huelga por los "ataques" al sistema de pensiones. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de "tirar por la calle de en medio y proponer retrasar la edad de jubilación a los 67 años". Ante ello, se ha preguntado "¿si están en condiciones de garantizar un puesto de trabajo hasta los 67 años", al tiempo que ha reclamado que se mantenga el ’Pacto de Toledo’.

Por estos motivos, Méndez espera que el Gobierno "si no lo hace antes", el próximo 30 de septiembre "rectifique lo que ha hecho mal, dé marcha atrás de los atropellos que supone la contrarreforma laboral y las políticas de ajuste, así como que recupere el diálogo y el consenso en relación con las pensiones y renuncie a seguir adelante con ideas negativas como el retraso de la jubilación a los 67 años".

Por su parte, Fernández Toxo ha reiterado que la reforma laboral aprobada "es lesiva" para los trabajadores, así como que "no va a generar empleo, algo que ha admitido hasta el propio Gobierno". Además, ha señalado que "no toca de ninguna manera la regulación de la contratación a tiempo parcial".

El líder de Comisiones Obreras ha señalado que lo que "facilita es el despido de los trabajadores" y modifica las condiciones de contratación "instalándose en una dinámica que lo que puede provocar es un proceso de sustitución de trabajo estable por trabajo en precario". Algo que "condenará a las nuevas generaciones de trabajadores a un horizonte de deterioro creciente de las condiciones de trabajo, con bajos salarios entre otras cuestiones", indicó.

Fernández Toxo ha admitido que "como la reforma no genera empleo, deteriora el existente y hace crecer la temporalidad, más tarde o más temprano terminará por modificarse, por más que el Gobierno insista en que no va a haber rectificación de la reforma laboral". Para el secretario general de CC.OO. resulta curioso que con las "mismas normas laborales", La Rioja cuente con 8 puntos de paro menos que la media nacional. Ante ello, ha afirmado que "empecinarse en decir que son las normas laborales las que están dificultando el mantenimiento del empleo, es un disparate o, lo que es peor, ideología barata que se mete de contrabando al país para justificar lo injustificable".

Preguntado por los periodistas acerca de las declaraciones de Rodríguez Zapatero sobre la formación de desempleados, Méndez ha señalado que detrás de la frase "hay un reconocimiento a los parado o bien una amenaza que ha comenzado a fraguarse con la rebaja de 100 a 30 días para imponer sanciones a los trabajadores que rechacen ofertas de empleo o de formación". Fernández Toxo ha asegurado que puede ser que el Gobierno "esté buscando una excusa para retocar y maquillar las cifras del desempleo".

Manifiestos de la cultura y la universidad por la huelga general del 29 de septiembre…

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Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Caballero Bonald y Eduardo Mendicutti apoyan la huelga

Todos ellos se encuentran entre los intelectuales que apoyan la huelga general convocada por UGT y CCOO y que han suscrito un manifiesto a favor de los sindicatos en Andalucía. Más de mil profesores de Universidad, expertos en distintas materias y trabajadores de la cultura también han promovido manifiestos de apoyo a la convocatoria del 29 de septiembre.

NUEVATRIBUNA.ES/ AGENCIAS -

Según han indicado en fuentes sindicales, entre las personas del mundo de la cultura que han apoyado la convocatoria de huelga se encuentran Luis García Montero; Joaquín Sabina; Miguel Ríos; José Manuel Caballero Bonald; Almudena Grandes; Eduardo Mendicutti; los poetas Benjamín Prados, José Carlos Rosales, Jesús Fernández Palacios y Milena Rodríguez; la periodista Ángeles Aguilera, el editor Jesús García Sánchez; el actor Juan Diego; el pintor Juan Vida.

Todos ellos suscriben un 'Manifiesto de la cultura y la universidad por la huelga general del 29 de septiembre', que se leerá en un acto de adhesión a la huelga de la cultura y la universidad, que se celebrará en Sevilla el 22 de septiembre, organizado por CCOO-A y UGT-A. Tres días después, el sábado 25, el mundo de la Cultura y de la Universidad celebrará otro acto en Madrid, convocado por la Unión de Actores, Asociaciones del Espectáculo, CCOO y UGT.

Según el manifiesto, estos intelectuales consideran que los sindicatos "tienen razón cuando afirman que esta reforma no servirá para crear empleo, aumentará los contratos temporales, facilitará y abaratará el despido, reforzará el poder de los empresarios a la hora de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, privatizará la gestión del desempleo y debilitará las negociaciones colectivas y el papel de las organizaciones sindicales".

Asimismo, consideran que los acontecimientos y la crisis de los últimos años significan "una agresión manifiesta a la democracia, la dignidad política y a los derechos de la ciudadanía".

Han lamentado que "ahora no sólo se quiere utilizar la crisis para justificar una reforma laboral que sólo beneficia a sus causantes, sino que además se pretende debilitar definitivamente el poder de los estados y la capacidad política de los ciudadanos".

"Hemos asistido a una farsa en la que, entre aparentes discusiones, abstenciones y críticas, el Gobierno ha firmado un pacto con la derecha y los empresarios para imponer medidas de una agresiva orientación neoliberal", asevera el manifiesto, donde se apunta que la crisis económica "depende de una crisis más amplia, política y cultural, que está negando la autoridad de los gobiernos y sometiendo la vida cotidiana a los códigos de la soledad, la desigualdad y la renuncia a la solidaridad".

"LA HUELGA NO SÓLO UN DERECHO SINO UNA NECESIDAD DEMOCRÁTICA"

Lamentan que aunque "se intente evidenciar que los gobiernos no pueden representar a sus votantes porque están sometidos a las leyes de los mercados, no es verdad, y los gobiernos pueden y deben defendernos del asalto de los especuladores". "Aceptar como inevitable un deterioro permanente de nuestras condiciones de trabajo significa renunciar a la ciudadanía, a la política y al sentido último de la democracia", han aseverado.

Por ello, han considerado que la huelga del 29 de septiembre "no afecta sólo al movimiento sindical, sino que se trata de una llamada a todos los ciudadanos dispuestos a manifestar su oposición a una Europa gobernada por los mercaderes, sin lugar para la política y los espacios públicos del Estado".

"Es una llamada a los trabajadores de la cultura porque no podemos dejar de lado los problemas que genera esta crisis al modelo cultural y educativo de nuestra sociedad; porque la inversión en formación y cultura no puede ser residual; porque precarizará aún más el empleo de las industrias culturales", han añadido en el manifiesto, donde han apuntado que los trabajadores de la cultura "nos unimos a este manifiesto, no como un sector más 'conocido' que otros grupos, sino porque somos unos trabajadores, ni más ni menos que los demás".

Por último, han agregado que "se trata de dejar oír nuestra voz contra los especuladores y sus cómplices, se trata de levantar nuestra palabra contra los que quieren servirse del silencio para humillarnos y justificar sus negocios indecentes" y han aseverado que esta huelga general "no es sólo un derecho, es una necesidad democrática".

En cuanto a los manifiestos promovidos por más de mil profesores de Universidad, expertos en distintas materias y trabajadores de la cultura, este es su contenido:

Manifiesto promovido por trabajadores de la cultura
Manifiesto promovido por profesores de Universidad y profesionales

¿Alguien pensaba que las cosas no podían empeorar?...

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Zapatero previene de que las pensiones tendrán problemas en diez o quince años

El Gobierno abordará la reforma antes de fin de año y cambiará el cálculo de la jubilación

Oslo, Agencias, en La Nueva España
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió ayer de que el sistema de pensiones español «puede tener problemas en 10 o 15 años», por lo que el Ejecutivo tendrá lista su reforma antes de finales de año. También dejó claro que aumentará el período de cotización para calcular la jubilación, aunque no entró en detalles.

Zapatero, que participó ayer en Oslo en una conferencia sobre empleo organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), admitió que cambiar el sistema de pensiones «no será fácil», pero añadió que «si un gobernante sabe, con los datos de que dispone, que dentro de 10 o 15 años nuestro sistema de pensiones, que es la columna de la cohesión social, puede tener problemas, hay que actuar y vamos a actuar», manifestó. Para justificar la necesidad de la reforma, recordó que la expectativa de vida de los españoles se sitúa sólo por detrás de la de los japoneses.

La reforma del sistema de pensiones se está analizando todavía en el marco del Pacto de Toledo, y Zapatero dice apostar por conseguir el máximo consenso. Sobre todo después de aprobar una reforma laboral que supondrá una huelga general y tras los duros paros que el retraso de la jubilación ha supuesto en la vecina Francia. El Gobierno también quiere revisar el sistema de cálculo de las pensiones. El FMI y la OCDE abogan por tener en cuenta toda la vida laboral para determinar la cuantía de la jubilación, a lo que se oponen los sindicatos.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostó ayer por tener una «visión distinta» del empleo y el desempleo y opinó que los desempleados que reciben formación no deben ser considerados parados. «Una persona cuando está formándose está trabajando para un país; esto es lo que hemos descubierto de la crisis, que la formación y la innovación es fundamental», subrayó. Y añadió que España, por sufrir la crisis como la ha sufrido, «será un buen laboratorio» para «generar nuevas ideas».

Zapatero apostó en Oslo, durante una conferencia del FMI y la OIT, por reorientar las políticas de protección social a los parados hacia la formación para luchar contra el paro, y aseguró que España no caerá en «la peor crisis», que es, a su juicio, la del pesimismo y la resignación. El presidente español apenas citó la reforma laboral, y se centró en la «nueva mirada» que se necesita para pasar de las tradicionales políticas sociales a políticas que fomenten la capacitación de los trabajadores y estimulen a los emprendedores e innovadores.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, expresó su «asombro» por las palabras de Zapatero. Afirmó que el Presidente «ha perdido el norte» y le pidió que «no utilice a los parados como conejillos de indias».

En Oslo, el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, calificó de «catastrófica» la situación del mercado laboral mundial. Y en el caso de España lamentó el fuerte aumento del paro juvenil, que está en el 40%. «Si no se adoptan las políticas adecuadas, el coste económico y social será tremendo, porque estaremos hablando de una generación perdida», señaló.

Los matices del Consejero a las investigaciones con células madre intrauterinas de Jove no despejan “sus” dudas …

 

El consejero de Salud se muestra crítico con los investigadores por dar a conocer el trabajo en un acto con pacientes, en vez de que éste fuera «evaluado por sus pares»

El Comercio. 13.09.10 -L. FONSECA, en El Comercio.

 Al consejero de Salud, la investigación con células madre uterinas del Hospital de Jove le saca ampollas. Pero no por la investigación en sí, de la que no duda que pueda ofrecer en el futuro resultados prometedores, sino por la forma en que fue dada a conocer. «No se puede utilizar a los pacientes para pedir financiación, y así se lo he hecho saber a Vizoso (Francisco) y Carlos (Rodríguez)», responsables del trabajo científico, uno como investigador de Jove y el otro como director de la empresa de biotecnología, Projech.

Ramón Quirós ya se había mostrado crítico en junio pasado con esta investigación, cuando en unas jornadas sobre el futuro del sistema sanitario celebradas en Oviedo acusó al grupo de científicos de Gijón de generar «expectativas irreales» entre los enfermos.

En declaraciones a EL COMERCIO, el titular de Salud abunda ahora un poco más sobre este asunto. «No soy partidario de pedir dinero para investigar utilizando a los pacientes», dice. Quirós se refiere así al acto público de presentación que el equipo de Vizoso y Projech realizó el 17 de octubre de 2009, en el Hospital de Jove, donde dieron a conocer los pormenores de su trabajo: la obtención de células madre uterinas capaces de actuar sobre enfermedades degenerativas.

Financiación

En ese acto, tras desgranar detalles de lo investigado en laboratorio, sus promotores alertaron sobre la falta de financiación para poder continuar adelante con los ensayos preclínicos, un aspecto que no gustó nada a la Administración regional. Tampoco sentó bien que a la presentación fueran invitadas diversas asociaciones de pacientes.

«En este país hay suficientes fondos de investigación para que proyectos relevantes, como el que dicen ellos tener, logren financiación», precisa Quirós. Esta es la primera vez que el consejero de Salud explica su postura en relación con este trabajo de investigación, que está teniendo continuidad gracias a la colaboración alcanzada con el Instituto de Neurociencias de Alicante, que dirige Salvador Martínez, quien ha iniciado ensayos preclínicos para probar el potencial de las células madre uterinas en ratones afectados de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Pero la publicación, tardía, del trabajo de Jove y Projech en una revista científica (’In Vivo’) tampoco parece haber acallado los temores de la Consejería de Salud. «Esperaba que publicaran en una revista de más impacto», advirtió Ramón Quirós. En este sentido, el responsable de Salud señaló que «los trabajos se deben intentar publicar en los medios más potentes que se pueda», porque eso habla del nivel del estudio realizado, considera el consejero.

Finalmente, Quirós animó a los científicos del Hospital de Jove y de la empresa que sustenta los ensayos a «que presenten su investigación para que sea evaluada por sus pares, en agencias de financiación tanto españolas como europeas».

El despido, económico

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LA NUEVA ESPAÑA . Las empresas podrán extinguir contratos alegando una mera previsión de pérdidas, pero el juez mantendrá la última palabra

El Parlamento dio luz verde esta semana a la sexta reforma laboral de la democracia. Aprobada en solitario por el PSOE, la norma revisa aspectos clave de las relaciones entre empresas y trabajadores.

LA NUEVA ESPAÑA inicia una serie de artículos dedicados a explicar una reforma que, como otras precedentes, ha provocado la convocatoria de una huelga general.

MARIÁN MARTÍNEZ La modificación de las causas del despido objetivo y su nueva redacción no contenta ni a los representantes de los trabajadores ni al mundo empresarial. Esta modalidad de extinción de contrato debía justificarse en causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas. El cambio se encuentra principalmente en las causas económicas. Su aplicación, que en todo caso necesita el visto bueno de la autoridad judicial, supone reducir todas las indemnizaciones, con independencia del tipo de contrato y los años de vigencia, a 20 días por año de trabajo y con un período máximo de 12 meses. También se reduce a la mitad el tiempo de preaviso del despido y se elimina el despido nulo en el caso de que la tramitación sea incorrecta.

 Las causas. La redacción anterior era hasta ahora tan abierta e imprecisa que eran los jueces los que acababan fijando las condiciones por las que se podía entender que sí se daban esas condiciones o no. Así que se había establecido, a base de jurisprudencia, que la empresa debía acreditar pérdidas durante más de dos años consecutivos. La reducción de beneficios no se entendía como pérdida económica. Y tampoco se admitía que la previsión de pérdidas económicas justificase despidos.

 La nueva legislación laboral justifica el despido objetivo cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo».

 Es decir, se abre el abanico de las causas económicas que justifican el despido, admitiendo la reducción del nivel de ingresos, sin necesidad de que existan números rojos; la mera previsión pérdidas, aunque no las haya por el momento, y la existencia efectiva de pérdidas. Pero no se determina durante cuánto tiempo deben darse esas situaciones, una indefinición que los expertos exigían eliminar.

 Las indemnizaciones. El despido objetivo por causas económicas es de 20 días por año de trabajo, con un máximo de 12 mensualidades. Si el trabajador demanda a la empresa, es el juez el que debe dictaminar si están justificadas las causas económicas o no. En caso afirmativo, la indemnización es la mínima. Si el juez sentencia que no concurren las causas económicas, los despidos se declaran improcedentes y en ese caso la indemnización depende del tipo de contrato.

 El trabajador que tenga un contrato indefinido ordinario deberá ser indemnizado con 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades. Si se trata de un contrato de fomento de la contratación indefinida (que ahora se generaliza), el trabajador recibirá una indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 meses. Además, la empresa deberá pagar los salarios de tramitación (el sueldo correspondiente al período que pasa desde el despido hasta la resolución judicial).

 El preaviso. Otra de las novedades que incluye el despido objetivo es el tiempo de preaviso. Antes, el trabajador debía recibir la carta con 30 días de anticipación y la práctica habitual era, según los expertos, incumplir este período y abonar el mes entero de salario. Pero con la nueva legislación, este período se reduce a 15 días, con lo cual tampoco se abona el mes entero y además no computa íntegro para la indemnización.

 La tramitación. Para tramitar un despido por causas objetivas hay que cumplir unos requisitos formales muy exigentes, desde la carta de despido hasta la comunicación a los representantes sindicales y toda la tramitación ante las autoridades laborales. En la anterior legislación, el mínimo error suponía la nulidad del despido, lo que conllevaba la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo. Con la reforma laboral recién aprobada, los errores como mucho pueden provocar un despido improcedente con la consiguiente indemnización, pero no su nulidad.

 Nuevas contrataciones. El empresario o corporación que despida por causas objetivas a parte de la plantilla no puede acogerse a las bonificaciones previstas para el fomento de la contratación indefinida, que es el tipo de contrato que se generaliza.

 ¿Cómo ven los cambios comentados quienes profesionalmente se van a dedicar a aplicarlos? No hay unanimidad. Carlos García Barcala, socio del despacho de abogados Garrigues, explicó que en el caso del despido objetivo por causas económicas la reforma laboral «da más facilidad al empresario y más seguridad jurídica en cuanto al resultado del despido, puesto que las causas son más flexibles y no tan restrictivas como las que marcaban los jueces con la anterior normativa». Descartó, sin embargo, que vaya a producirse un «aluvión» de despidos. «Los empresarios, por regla general, despiden cuando no les queda más remedio».

 El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (Asnala), José Luis Roales, fue mucho más crítico. En su opinión, la redacción actual es muy inconcreta, con lo que, igual que antes, sigue siendo potestad del juez decidir si la situación de la empresa justifica o no el despido objetivo por causas económicas. «La redacción beneficia claramente al trabajador, porque para las empresas se mantiene la incertidumbre de si se admitirá o no la causa objetiva, por lo que es probable que para evitar más problemas se opte por el despido improcedente o despido exprés, aunque sea más caro», explicó.

Entrevista al autor del informe del CES sobre 'El futuro del sistema sanitario público del Principado' …

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«Si el gasto sanitario sube, llevará a Asturias a la bancarrota»

«Respetaría las 8 áreas sanitarias, ya que cada una tiene una identidad geográfica y cultural»

Francisco Javier Elola Somoza Médico, gestor sanitario y consultor

11.09.10 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Su libro ’El futuro del sistema sanitario público del Principado’ se ha convertido en una especie de best-seller entre médicos, gerentes y otros cargos de la sanidad. En pocas semanas, los 2.000 ejemplares editados por el Consejo Económico y Consultivo (CES) se agotaron. El CES prepara una nueva tirada. Su autor, Francisco Javier Elola Somoza, de 58 años, (valenciano, aunque residente en Madrid desde pequeño) está sorprendido del éxito. Tal vez, el ’gancho’ viene porque en las 235 páginas, su autor se atreve a decir aquello que los políticos ni siquiera se animan a esbozar, como es la reorganización del mapa sanitario o el recorte de servicios. Elola es médico y experto en gestión sanitaria. Entre 1986 y 1997 ocupó diversos cargos en el Ministerio de Sanidad. Desde hace 11 años tiene una consultora.

-¿El gasto sanitario puede llevar a Asturias a la bancarrota?

-Si, claro. Las tasas de crecimiento que está teniendo el gasto sanitario en Asturias y en el conjunto de España comprometen el desarrollo de otras políticas públicas y también de otros sectores económicos. Asturias podría acabar en bancarrota, sí.

-Según apunta en su estudio, de mantenerse el actual incremento, en 2017 la sanidad supondrá el 53% del presupuesto del Principado. ¿Se puede soportar eso?

-No, no sería sostenible.

-Ante un gasto que subió un 70% en 8 años, ¿qué se puede hacer?

-Hay dos disyuntivas. Una es coger la tijera y recortar. Hablamos del copago o del ticket moderador, que consiste en aplicar una tasa por ir al médico. El problema del copago es que no discrimina y afecta a sectores de escasos recursos. La otra alternativa es mejorar la eficiencia del sistema.

-¿En qué se traduce la eficiencia?

-Hablamos de planificar mejor, de utilizar de forma óptima los recursos o de aumentar la productividad. También de racionalizar el uso de los medicamentos o evitar procesos quirúrgicos innecesarios.

-¿No sería más simple una tasa?

-Sí, pero los efectos secundarios de esas medidas son peores. Sin embargo, si mejoramos la eficiencia lograríamos hacer más con menos dinero.

-Este verano se habló mucho del copago, incluso, por parte del Ministerio de Sanidad. ¿Cree necesario modificar el sistema de copago farmacéutico para que comiencen a pagar los jubilados de rentas altas?

-El sistema de copago farmacéutico actual no es justo. El problema es buscar alternativas que, haciéndolo más equitativo, no aumenten los costes administrativos o la posibilidad de abuso. Una estrategia más eficaz para abordar el crecimiento del gasto en medicinas debería basarse en una política más rigurosa de la oferta (por ejemplo, no incorporando como productos financiables por el sistema público aquellos que no supongan un significativo avance terapéutico) y fijando incentivos adecuados sobre los médicos, no para que reduzcan el gasto, sino para que hagan un uso apropiado de los fármacos.

-El informe Villardel, promovido por Cataluña, propone ampliar el copago y dar más participación privada con el fin de oxigenar al sector público. ¿Está de acuerdo?

-Desconozco ese informe, por lo que no me puedo pronunciar.

-Una de las propuestas que plantean es que los pacientes paguen por servicios no sanitarios, como pueden ser las comidas en los hospitales u otro tipo de prestación no médica. ¿Le parece acertado?

-La comida es una medida sanitaria más, por lo que no me parece acertado. Sin embargo, es lógico que se pague por servicios como el aparcamiento, alquiler de películas, los extras sobre la dieta prescrita... Es justo, aunque su incidencia sobre la racionalización del gasto es mínima.

Regionalizar servicios

-¿Qué nivel de eficiencia tiene el sistema sanitario asturiano?

-Al igual que el resto del sistema nacional de salud, tiene una eficiencia manifiestamente mejorable.

-¿En qué aspectos?

-Fundamentalmente, en planificación. En Asturias habría que apostar por regionalizar servicios, ya que con ello se evitaría la actual duplicidad de especialidades.

-El Principado habla de fusionar de áreas sanitarias. ¿Cómo lo ve?

-Personalmente, respetaría el mapa con sus 8 áreas sanitarias, ya que cada una tiene una identidad geográfica, poblacional y cultural que va más allá de la planificación sanitaria. En lugar de eso, superpondría por encima de ellas otras dos estructuras y apostaría por regionalizar.

-¿Y esas estructuras cómo serían?

-Serían tres sub-redes, una para el área de occidente (con los hospitales de Avilés y Jarrio), otra para oriente (con Arriondas, Cabueñes y Jove) y una tercera para el área central (con el HUCA, Cangas del Narcea, Mieres y Langreo). Los hospitales comarcales serían centros de apoyo de los hospitales más grandes. Y por encima de eso habría otra gran red de regionalización, donde se centralizarían servicios como los trasplantes, la cirugía cardíaca y vascular, el área del corazón, neurociencias y el cáncer.

-¿Propiciaría eso un ahorro?

-Si, porque permitiría reducir costes, sobre todo, laborales. Habría que abonar menos guardias médicas y también se harían menos contrataciones porque el personal de los hospitales comarcales estaría vinculado a la plantilla del hospital de área.

-Pero habría que quitar servicios...

-No se trataría de retirar servicios sino decidir dónde se haría cada modalidad asistencial. Hay ya experiencias, incluso en Asturias. Recuerdo que hace años los oncólogos del Hospital de Avilés se desplazaban una vez a la semana a Jarrio para aplicar los tratamientos de día.

Modelo de gestión del HUCA

-¿Es rentable que cada área sanitaria tenga su propio hospital?

-No, no es rentable. Jordi Colomer, que es un gestor muy relevante decía que estos hospitales se habían convertido en ’mini-yos’, es decir, HUCAs en pequeñito. Los centros comarcales son estructuras que no sólo no son rentables, sino que no ofrecen la calidad asistencial adecuada debido a su pequeña dimensión.

-Entonces, ¿habría que cerrarlos?

-Los hospitales locales (de áreas de salud con baja población) deberían integrarse con centros de referencia, formando complejos multihospitalarios para mejorar su calidad, seguridad y eficiencia.

-¿Le consta que el Principado haya elaborado un informe sobre reorganización basado en su trabajo ’El futuro del sistema sanitario público del Principado’?

-No conozco el informe al que se refiere, ni tengo información sobre si se ha elaborado.

-Volvamos al tema del dinero. Gastamos mucho más en sanidad pero seguimos siendo la misma población o, incluso, menos. ¿Hemos despilfarrado euros?

-El aumento del gasto sanitario no está relacionado con costes demográficos. Los salarios y las mejoras laborales son dos de los factores que más elevaron la factura sanitaria.

-En tiempos de crisis, ¿se puede mantener las prestaciones?

-Si se toman medidas adecuadas, sí. Los hospitales deben ser entendidos y gestionados como empresas.

-En plena recesión, el Principado hace otro HUCA. ¿Es eso rentable?

-La rentabilidad del HUCA dependerá no de lo que cueste construirlo sino cómo se gestione.

Con registro de salid del SESPA del día 7 de los corrientes...

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Resuelta, tras la inclusión de las plazas en ejecución de sentencia, el proceso de movilidad voluntaria de Urgencias de Atención Primaria…

Resolución de 7 de septiembre de 2010 de la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias por la que, se hace público el listado definitivo de puntuaciones y adjudicación de plazas, asi como, el listado definitivo de excluidos en el marco del proceso convocado por Resolución de 17 de marzo de 2010 de esta Dirección Gerencia (BOPA 22-03-2010) modificada por Resolución de 23 de marzo de 2010 (BOPA 30-3-2010).

VER TEXTO INTEGRO DE LA RESOLUCION CON SUS ANEXOS