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ACTUALIDAD

Los funcionarios, casi un mes sin paga

Los funcionarios, casi un mes sin paga

El ajuste de Zapatero supondrá que la mayoría de los trabajadores del Principado pierda hasta 135 euros en cada nómina, al año entre el 50% y el 80% de un salario mensual

«Prácticamente vamos a trabajar un mes gratis para Zapatero». Ayer daba igual a que puerta sindical se llamara. Tras casi todas la indignación era la nota predominante después de que en la noche del jueves el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero concretara el «tijeretazo» que van a sufrir los sueldos de todos los trabajadores públicos del país, de los que en Asturias hay más de 60.000.

 

Enlace con La Nueva España

 

http://www.lne.es/asturias/2010/05/22/funcionarios-mes-paga/918899.html

El Hospital San Agustín cubre todas sus plazas para postgraduados

El Hospital San Agustín cubre todas sus plazas para postgraduados

El centro sanitario incorpora desde ayer seis nuevos médicos residentes a su plantilla, más un químico y un farmacéutico

 

El Hospital San Agustín consolida su plantilla de profesionales con la integración de seis nuevos médicos residentes y dos licenciados superiores, que se suman a los veinte doctores que ya ejercen su labor con el mismo rango. Ayer se celebró en el centro hospitalario la ceremonia de bienvenida a los nuevos profesionales, que en los años sucesivos finalizarán su formación sanitaria para convertirse en especialistas.

Enlace con La Voz de Avilés

http://www.elcomerciodigital.com/v/20100522/aviles/hospital-agustin-cubre-todas-20100522.html

 

Enlace con La Voz de Asturias

 

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=555397

Por pedir que no quede ...

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Recorte

Quirós espera que se asuman las medidas con "responsabilidad" y no afecten a los servicios sanitarios

El consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, Ramón Quirós, apuntó hoy que la situación económica exige "medidas impopulares" para salir de la crisis y espera que se puedan asumir con "responsablidad" para que no afecten a la prestación de servicios básicos, como los sanitarios.

Así, Quirós reconoció que las medidas del Gobierno para reducir el déficit público, entre ellas la reducción salarial de los empleados públicos, va a generar "tensión" añadida a la que se venía produciendo, pero confía en que "la gente sea responsable" y recuerde que se está trabajando "con un bien social de primer nivel".

Por eso, apostó por la colaboración de todos para salir cuanto antes de esta situación. "Las organizaciones sindicales tienen que decidir cuál va a ser su estrategia, algunas anuncian ya movilizaciones; pero lo importante es que tomemos conciencia como sociedad de que quizás no podamos seguir viviendo al mismo nivel, y la situación exige medidas impopulares que hay que tomar con el ánimo de que sean eficaces y permitan salir cuanto antes de esta situación y retomar la senda de crecimiento de la economía y el empleo", resaltó.

Quirós hizo estas declaraciones antes de participar en la inauguración del XXIII Congreso de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio que se celebra en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Igualmente, el consejero reconoció que los ajustes afectarán a su departamento, al igual que al conjunto de la Administración. "Habrá que echar cuentas, mirar la situación y hacer un esfuerzo suplementario al que venimos haciendo en estos últimos años", argumentó.

"La situación es complicada y la Administración tiene que hacer un esfuerzo adicional. En salud, se viene trabajando haciendo un esfuerzo duro en los últimos años y tenemos que mirar cómo podemos encajar esta nueva situación", añadió.

MODIFICADO DEL HUCA

Además, Quirós se refirió al acuerdo alcanzado entre la empresa pública Gispasa y la UTE adjudicataria de las obras de construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para un segundo modificado del proyecto del hospital que eleva el coste en 36 millones hasta los 296 millones de euros.

Así, el consejero dijo que "los acuerdos siempre son buenos porque permiten seguir avanzando". Del mismo modo, afirmó que su departamento trabaja ya en el traslado y recordó que los plazos se mantienen, esperando recibir la obra a finales de 2010 y de completar el traslado en 2011, aunque la fecha concreta no le preocupa.

"Seguimos manteniendo 2011 como fecha de apertura, pero no es una cosa que nos obsesione. El hospital lo abriremos cuando esté en condiciones de recibir a los pacientes asegurando todos los cuidados que necesiten", apuntilló.

Así es el mayor «tijeretazo» social

Protestas en Oviedo y Gijón contra el ajuste económico

Protestas en Oviedo y Gijón contra el ajuste económico

 

La tijera del recorte estuvo muy presente en la concentración convocada por UGT, CC OO y CSIF, en Oviedo.

Los sindicatos celebraron concentraciones en Oviedo y Gijón contra el ajuste económico del Gobierno

La primera manifestación contra el ajuste económico del Gobierno, celebrada anteayer en Oviedo tras la convocatoria de los sindicatos minoritarios, dio pasó ayer a dos nuevas protestas en forma de concentraciones. Una, en Oviedo, frente a la Delegación del Gobierno de Asturias, convocada por los sindicatos CC OO, UGT y CSIF y otra en la plaza Mayor de Gijón con CSI, Suatea, la Confederación Intersindical y CGT como convocantes.

Enlace con La Voz de Avilés

http://www.elcomerciodigital.com/v/20100521/economia/protestas-oviedo-gijon-contra-20100521.html

Contra el “Zapaterazo” …

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Miles de funcionarios se manifiestan en España por la bajada de sus sueldos

Se quejan de que no sólo están recortando su salario, en muchos casos de mileuristas, sino también su prestigio

20.05.10 - 23:39 - ATLAS | ESPAÑA

Miles de personas, mayoritariamente funcionarios, empleados públicos y jubilados, se han manifestado hoy en las capitales de todo el país para protestar contra un recorte salarial para este año que oscilará entre el 0,56 y el 7%, así como contra la congelación de las pensiones en 2011. Al mismo tiempo que el Gobierno aprobaba el decreto ley que incluye estas medidas, miles de personas exigían en las calles la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En Madrid, centenares de personas se concentraron desde las 18.00 horas frente al ministerio de Economía y Hacienda para exigir una rectificación al Gobierno y quejarse del poco valor que el Ejecutivo da al trabajo de los funcionarios. Entre pancartas de "No a los recortes salariales ni sociales" o que "La crisis la paguen los culpables" los manifestantes tachaban de "injusticia" y de "antisocial" el paquete de medidas de ajuste del Gobierno.

En Barcelona, más de un millar de funcionarios han lanzado huevos contra la sede de la Subdelegación del Gobierno, al tiempo que hacían un llamamiento a la movilización general del sector público fijada para el 8 de junio por el "ataque a los derechos sociales".

También, en Castilla y León cerca de 5.000 personas, según fuentes policiales, se concentraron frente a todas las subdelegaciones del Gobierno para decir que los perjudicados por el recorte son "los funcionarios que cuidan a los enfermos en los hospitales, a los más mayores, y los que educan a los niños en los colegios", entre otros colectivos.

Asimismo, en Sevilla se concentraron miles de personas bajo el lema "Por la calidad de los servicios públicos", mientras que en otras capitales de provincia como en Santander cientos de funcionarios cortaron la principal arteria urbana de la ciudad.

Asturias

Un millar contra los recortes

Militantes de UGT, CC OO y CSIF se concentran ante la Delegación del Gobierno en Oviedo y advierten de la posibilidad de una huelga general frente al «tijeretazo»

Oviedo, Marta PÉREZ, en La Nueva España
«Esto es sólo el principio; cuando la gente vea la rebaja en la nómina, habrá más contestación». La reflexión, de Arturo Granda, personal laboral de la Administración, resume parte del sentir general de los empleados públicos que asistieron ayer a la concentración convocada por los sindicatos UGT, CC OO y CSIF ante la Delegación del Gobierno, en Oviedo, para protestar «contra el recorte salarial y la congelación de las pensiones», como rezaba la pancarta principal que sostenían, entre otros líderes sindicales, el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, y el secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino. Asistieron 2.500 personas según la organización y menos de la mitad, unas 1.000 personas, según la Policía Local; en cualquier caso, la respuesta fue menos concurrida que la del miércoles, cuando unos 2.000 funcionarios recorrieron las calles de Oviedo convocados por los sindicatos profesionales.

«No se movió mucho la convocatoria, pienso. Pero también pasa lo de siempre, la gente es muy cómoda, se queda en casa mientras otros les sacamos las castañas del fuego», lamentó Áurea Pérez, funcionaria de Justicia, mientras sostenía una pancarta que exigía «dignidad y respeto» para los trabajadores. La concentración de ayer respondía a una convocatoria acordada por los tres sindicatos (UGT, CC OO y CSIF) que se secundó con distinto resultado en las principales capitales de provincia españolas. En el comunicado consensuado por las organizaciones convocantes -lo leyó el periodista Pachi Poncela- se presentó el acto como «inicio de un proceso de movilizaciones que continuarán con el paro general del 8 de junio», en referencia a la convocatoria de huelga de los empleados públicos en todas las administraciones del Estado el próximo 8 de junio. «Animamos a sumarse a todos para dejar patente nuestro malestar y exigir al Gobierno una rectificación», continuó el manifiesto, que concluyó con una referencia a la posibilidad de convocar una huelga general. Los trabajadores concentrados la pidieron, aunque tímidamente, con esa recurrida canción de protesta obrera: «Había una vez, una huelga, una huelga, había una vez una huelga general». Sin embargo, la mayor parte de las consignas coreadas tenía más que ver con alusiones directas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el grito de «¡Zapatero, embustero!». De hecho, uno de los puntos que los sindicatos reprochan al presidente del Gobierno es que haya roto el acuerdo salarial firmado con los funcionarios hace medio año. «Los únicos parámetros que han cambiado desde entonces es la presión de los que generaron la crisis», rezaba el manifiesto de las organizaciones convocantes.

Al margen del manifiesto, el secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía del sindicato CC OO, Jesús González, comentó que «este Gobierno ha perdido el rumbo y el crédito», y que la estrategia «equivocada» que está llevando a cabo «no es compartida por nadie y va a tener la respuesta que se merece, que es la huelga». En el mismo sentido se pronunció el representante de CSIF, Lucas Álvarez, que añadió que la política de Zapatero se rige por la «improvisación», por lo que «se está ganando enemigos; ahora el único aliado que tiene es la patronal». Por su parte, el representante de UGT, Luis Ángel Ardura, insistió en que «un funcionario no es una persona con corbata, inaccesible y sentada en un despacho», sino que, de hecho, son ellos quienes están haciendo el «esfuerzo económico», junto a los pensionistas, a los que Ardura se refirió como «clases bajas y medias».

A pie de calle, las hermanas Estrella y María José Ramírez, funcionarias mileuristas, según explicaron, asistieron a la concentración de ayer y aseguran que irán a todas. «Es abusivo, de lo más bochornoso para el trabajador. ¿Cómo me pueden decir que me sacrifique para ayudar a salir de la crisis mientras veo cómo están cambiando el mobiliario y los ordenadores en la Delegación Provincial de la Tesorería?», expuso Estrella Ramírez. «Tienen que recortar por otro lado, los altos cargos, los asesores, los que nombran a dedo, no con los mileuristas», apoyó su hermana María José Ramírez. El «despilfarro» de los sobrecostes del HUCA y «la subcontratación de servicios a empresas privadas» también entra en la lista de agravios enumerados por las funcionarias, que intentaban protegerse del sol con la sombra de una pancarta vecina que no dejó indiferente a nadie: «Si eres rico y cabrón, tendrás la gracia del Gobierno y la oposición».

A la espera de la aprobación en el parlamento del Decreto-Ley y su posterior publicación, el “Zapaterazo” va más o menos así…

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Los funcionarios que menos cobran perderán el 0,5%, y los de sueldos más altos, el 7%

El recorte salarial será por niveles
Porcentaje sobre el salario base y la antigüedad
El 30% de la rebaja se quita de la paga de diciembre, y el resto, en siete nóminas
La extraordinaria de julio no se verá afectada y se abonará en su integridad
Más de 60.000 empleados públicos de la región se ven afectados por la medida

Madrid / Oviedo, Agencias, La Nueva España

La mayoría de los funcionarios asturianos -los que trabajan como administrativos y auxiliares administrativos- verán recortado su sueldo un 4,5% en el caso de la primera categoría y un 2,75% en el caso de la segunda, según detallaron anoche las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado.

El recorte salarial para los empleados públicos aprobado ayer por el Consejo de Ministros oscilará entre el 0,56% y el 7% dependiendo del grupo y el nivel, y se aplicará tanto al salario base como a la antigüedad a partir de la nómina del próximo junio. En Asturias el «tijeretazo» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero afectará a más de 60.000 empleados públicos, si se suman los casi 36.000 dependientes del Principado, los 11.060 que la Administración central tiene en la región, los 10.585 funcionarios y personal laboral de los ayuntamientos y los 2.885 empleados de la Universidad de Oviedo.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, ministra de Economía, fueron las encargadas de explicar el recorte en la rueda de prensa que siguió a un maratoniano consejo de ministros que comenzó a las cuatro y media de la tarde. Elena Salgado explicó que la bajada de sueldo aplicada a los funcionarios no tiene carácter retroactivo, por lo que la paga extraordinaria de julio no se verá afectada, dado que ya ha sido prácticamente devengada. Del recorte total de la bajada de sueldos que se llevará a cabo en 2010 el 30 por ciento se restará de la paga extra de diciembre, mientras que el 70 por ciento restante se irá descontando entre las siete nóminas que se cobrarán entre junio y diciembre.

Sufrirán más las nóminas de los que más cobran. La rebaja salarial llegará al 8% en el caso de los directores generales, al 9% en el de los subsecretarios y al 10% para los secretarios de Estado; por su parte, los ministros, los vicepresidentes y el presidente del Gobierno se rebajarán su salario el 15%.

Ya del lado de los trabajadores, el recorte mínimo será del 0,56% para aquellos funcionarios del grupo E, el más bajo de la administración, del tipo de personal de limpieza y operarios. Para el grupo C, el de los auxiliares administrativos, la rebaja será del 2,75%. En el caso de los administrativos (C1), el recorte será del 4,5%. Ya en el caso de los funcionarios titulados superiores y licenciados universitarios, el ajuste será del 5,75% para los adscritos al grupo A2 y del 7% para los del grupo A1.

Según las cifras recogidas en el texto del real decreto por las que se aprueba el recorte, la Administración General del Estado se ahorrará unos 535 millones de euros este año, y otros 1.035 millones el año que viene. Para las administraciones territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este ejercicio, y unos 3.465 millones el próximo. La reducción salarial de los funcionarios permitirá a todas las administraciones ahorrar 6.800 millones de euros, 2.300 millones este ejercicio y 4.500 el próximo.

Asimismo, según indicaron ayer las vicepresidentas en su comparecencia pública, dentro de la Administración General del Estado tanto los complementos específicos como el de destino se reducirán en un 5%, menos en el caso del grupo E, el más bajo de la Administración, para el que bajará sólo el 1%. Para el personal laboral de las administraciones públicas se ha previsto una bajada media del 5%, aunque tendrá que negociarse «si se desea incorporar progresividad», indicó la vicepresidenta Salgado.

En el caso de los empleados de comunidades autónomas y ayuntamientos, se bajará el 2% el salario base, mientras que el otro 3% se aplicará a las retribuciones complementarias.

Por otra parte, el Gobierno también incluyó ayer en este ajuste de gastos de personal que habrá otros ámbitos del Estado, como el Consejo de Estado y los órganos superiores de Justicia, cuyos miembros verán reducido su el salario entre el 7 y el 8 por ciento.

Los recortes a los pensionistas y funcionarios copan el 40% de los 15.250 millones de ahorro

A los empleados de ayuntamientos se bajará el 2% el salario base

El recorte de sueldo para los empleados públicos oscilará entre el 0,56 y el 7%

Madrid.

El duro ajuste fiscal que aprobó ayer el Gobierno se basa en principalmente en los recortes sociales a pensionistas y funcionarios, dos colectivos que sufrirán como nadie el tijeretazo de Zapatero. El Ejecutivo socialista prevé ahorrar más de 6.000 millones de los 15.250 millones previstos en los años 2010 y 2011 con el recorte de los salarios de los funcionarios y la congelación de las pensiones, lo que supone el 40% del total.

El recorte salarial para los empleados públicos aprobado por el Consejo de Ministros oscilará entre el 0,56% y el 7% dependiendo del grupo y nivel, y se aplicará tanto al salario base como a la antigüedad a partir de la nómina de junio próximo.

En la rueda de prensa posterior la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, explicó que la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que la paga extraordinaria de junio no se verá afectada, dado que ya ha sido prácticamente devengada.

Del recorte total que se llevará a cabo en 2010, el 30% se restará de la paga extra de diciembre, en tanto que el 70% restante se repartirá entre las siete nóminas que se cobrarán entre junio y diciembre.

La rebaja salarial llegará al 8% en el caso de los directores generales, al 9% en el de los subsecretarios y al 10% para los secretarios de Estado, en tanto que los ministros, los vicepresidentes y el presidente del Gobierno se rebajarán su salario el 15%.

El recorte mínimo, del 0,56%, será para los trabajadores del grupo E, del 2,75% para el C2, del 4,5% para el C1, del 5,75% para el A2 y del 7% para el A1. Asimismo, dentro de la Administración General del Estado tanto los complementos específicos como el de destino se reducirán en un 5%, menos en el caso del grupo E, para el que bajará sólo el 1%.

Para el personal laboral de las administraciones públicas se ha previsto una bajada media del 5%, pero tendrá que negociarse su progresividad para los diferentes niveles salariales, dado que estos empleados tienen sus propios convenios colectivos.

En caso de que no se consiga acordar un escalado, al personal laboral se le aplicara de manera general una bajada del 5%.

En lo que respecta al sector empresarial estatal, el recorte sólo será aplicable a los cargos directivos, si bien no se ha especificado cuál será su cuantía.

En el caso de los empleados de comunidades autónomas y ayuntamientos, se bajará el 2% el salario base, mientras que el otro 3% se aplicará a las retribuciones complementarias. El Gobierno confía en que todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, respalden el decreto-ley de medidas de recorte del gasto público porque, pese a las discrepancias con algunas de ellas, "el conjunto es equilibrado". Fuentes del Ejecutivo se mostraron convencidas de que el decreto saldrá adelante en su trámite parlamentario porque confían en que el Partido Popular no vote en contra, al igual que algunas formaciones nacionalistas. Las mismas fuentes explicaron también que el decreto -que se publicará mañana sábado o el domingo- podría debatirse la próxima semana en el Congreso, aunque para esto es necesario que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en que así sea.

Si los que deciden la legalidad son el Estado – Administración General – y el Principado – Consejería de Sanidad -, no es necesario esperar mucho … entonces el poder legislativo – Junta General – ¿de qué sirve? …

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Debate en torno al futuro del Hospital de Arriondas
Salud descarta aplicar la ley de integración hasta despejar las dudas sobre su legalidad

La Consejería cree posible que la norma sea devuelta a la Junta General si Estado y Principado estiman que el texto es inconstitucional y exigen cambios.

Arriondas, Ramón DÍAZ, para La Nueva España
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios descarta aplicar la ley de integración del Hospital del Oriente hasta que sean definitivamente despejadas las dudas sobre si infringe o no la Constitución española. El departamento que encabeza Ramón Quirós no descarta que la ley de integración, aprobada el pasado mes de febrero en la Junta General, sea finalmente devuelta al Parlamento regional si el Estado y el Principado estiman que el texto es inconstitucional y reclaman cambios en su articulado.

José María González Gancedo, secretario general técnico de la Consejería de Salud y patrono de la Fundación pública Grande Covián, que gestiona el hospital, expresó ayer su convencimiento de que el Principado no debe aplicar una ley sobre cuya legalidad existen «dudas razonables», tal como ha señalado el Defensor del Pueblo haciéndose eco de las quejas de un grupo de trabajadores sanitarios asturianos. González Gancedo defendió que la decisión del Ministerio de Política Territorial de crear una comisión bilateral con el Principado para examinar el texto de la ley y comprobar su posible inconstitucionalidad es «el camino correcto», un «proceso regulado» que persigue «resolver las dudas» y, si es posible, «evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional».

González Gancedo recordó que la Consejería había advertido desde el primer momento de los riesgos, «sobre todo para los trabajadores», de una ley «no ortodoxa», que propone convertir la plantilla del hospital en «personal propio» del Sespa. El patrono del Grande Covián no descartó que la ley sea devuelta a la Junta General para su modificación, si las administraciones central y regional observan indicios de inconstitucionalidad.

Aseguró que «nadie», y menos aún la Consejería, ha puesto «en entredicho la capacidad y la profesionalidad de los trabajadores del Hospital», pero sí el camino elegido por PP e IU, impulsores de la ley de integración, para que adquieran la condición de personal público. Según González Gancedo, la actual situación, con la ley de integración en el aire, «no debería afectar al funcionamiento del Hospital», cuyo clima laboral «ha mejorado» en los últimos meses. Llamó a los trabajadores a centrarse en «ejercer su trabajo, que lo hacen y muy bien», y envió un «mensaje de tranquilidad» a los usuarios del Grande Covián. «Queremos que ese hospital funcione, que se atienda adecuadamente al paciente y que haya un buen clima laboral», señaló.

González Gancedo expresó su opinión sobre la ley de integración: «Dependiendo de cómo se aplique, puede ser anticonstitucional». Abogó por «buscar un arreglo» y por alejarse de las «posiciones dogmáticas», en velada referencia al convencimiento de PP e IU de que la ley de integración es el único camino adecuado para el Hospital, cuando, a su juicio, surgió «para resolver un conflicto laboral».