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Es evidente que hay alternativas, y no una sino muchas…

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Javier Fernández reclama un impuesto para «garantizar y reforzar» las pensiones

El Presidente teme que ligar las prestaciones a los ingresos de la Seguridad Social suponga «una bajada brutal en la economía de los beneficiarios»

Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España

El presidente del Principado, Javier Fernández, se mostró ayer partidario de estudiar otra fórmula de financiación, «más allá de las cotizaciones», para asegurar el futuro de las pensiones, «garantizarlas y, si es posible, reforzarlas». Entre las alternativas que propone estaría la de establecer «un impuesto» con ese destino «no sé si específico o a través de los Presupuestos del Estado en el futuro, todo eso queda abierto». Fernández solucionó con esa declaración de intenciones una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, durante el turno de cuestiones al Presidente al que ayer se sometió. El jefe del Ejecutivo asturiano planteó esta posibilidad ante la cada vez «menor participación de los salarios en el producto interior bruto (PIB).

El temor de Javier Fernández es que la vinculación de las pensiones a los ingresos y los gastos de la Seguridad Social pueda derivar «en una bajada brutal de la capacidad económica de los pensionistas si se registran niveles altos de inflación y se deja de actualizar las pensiones en función del índice de precios al consumo (IPC)».

El portavoz de IU, Ángel González, había expresado al Presidente su preocupación por el estado de «alarma social» que se ha generado en torno al futuro de las pensiones al hilo de las informaciones que llegan desde el Gobierno central y desde la Comisión Europea. «Esto se combate democráticamente, en los tribunales y en la calle», advirtió González después de asegurar que le necesidad es «acabar con las pensiones de miseria, garantizar la revalorización y, si es necesario, aplicar impuestos a los ricos». González solicitó al presidente regional más «beligerancia» a la hora de defender la justicia y la igualdad.

Javier Fernández no fue tan lejos como pretendía el diputado de IU, aunque sí admitió la posibilidad de aplicar un impuesto. Advirtió del error que se produce al relacionar los activos y los pasivos del sistema y prefirió que la evaluación partiese de «cuánto se produce y cómo se reparte ese beneficio». En el lado negativo, vaticinó en los próximos años una «bajada de la pensión media en Asturias» y subrayó que «si ahora disfrutamos de las más altas tras el País Vasco es porque hubo empresas que tenían cotizaciones altas, y muchas de esas empresas eran públicas».

Fernández ve posible un nuevo impuesto para garantizar el futuro de las pensiones

«Si los salarios cada vez tienen una menor participación en el conjunto del PIB, habrá que recurrir a fórmulas más allá de las cotizaciones», defiende el presidente asturiano

15.06.13 - AIDA COLLADO | OVIEDO, en El Comercio.

«Soy partidario de garantizar y, si es posible, reforzar el poder adquisitivo de las pensiones». El presidente del Principado, Javier Fernández, partió de esta premisa para responder en el pleno a una pregunta de IU, que le interrogó sobre la posibilidad de crear un impuesto especial a los patrimonios y rentas más altas, con destino exclusivo a las pensiones. «Si los salarios cada vez tienen una menor participación en el conjunto del PIB, obviamente habrá que recurrir a otras fórmulas más allá de las cotizaciones», consideró Fernández, quien no descartó la habilitación de un tributo específico. Dejó bien claro, eso sí, que «todo está abierto» y la cuestión debe ser tratada en el marco del Pacto de Toledo. Es allí, especificó, donde se debe determinar «qué va a pasar» en el futuro.

El jefe del Ejecutivo regional rechazó el informe encargado por el Gobierno central a un grupo de expertos, que en su opinión atiende a cuestiones «coyunturales», al vincular las prestaciones al nivel de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Porque esto, insistió, puede provocar una bajada «brutal» de la capacidad económica de los jubilados si se registran altos niveles de inflación y no se actualizan las pensiones en función del IPC.

Vaticinó, además, que la pensión media en Asturias será más baja a medida que pasen los años. «Algunos dirán que es por la decadencia de esta comunidad y no tendrán en cuenta que si ahora disfrutamos de esas pensiones es precisamente porque hubo empresas que tenían altas cotizaciones», argumentó. Y no fue su única predicción: Javier Fernández se mostró convencido de que «los mismos que lanzaron esa diatriba de rebajar los salarios para ser competitivos serán los que dirán que la bajada de las pensiones es una muestra más de la decadencia de la región».

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Ángel González, instó al presidente asturiano a «mojarse» en la defensa de los pensionistas y le recordó la «alarma social» generada ante las sucesivas pérdidas de poder adquisitivo sufridas por el colectivo. A este respecto, el diputado recordó que nada más y nada menos que el 30% de la población asturiana es pensionista. Dio otro dato: las reformas del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las acciones puestas en marcha por el actual, Mariano Rajoy, han costado ya a los receptores de estas prestaciones la pérdida de un 12% de poder adquisitivo. Y las previsiones sobre el desempleo apuntan a que en un tiempo se alcanzará el 20%. Por esta razón, incidió, el Principado ha de mostrarse «beligerante» ante las intenciones del Ejecutivo estatal.

Y una forma de hacerlo, interpretan desde IU, es estableciendo «urgentemente un impuesto» a los ricos, con el objetivo de preservar unas prestaciones que en algunos casos, destacó González ante el resto de parlamentarios, «son miserables hasta el punto de que el recibo de la luz se lleva la mitad».

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«Nos obligan a irnos de Asturias»

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«El presupuesto de I+D+i no llega a 6.000 millones. El dinero público destinado a Bankia suma 22.424».
Algunos de los participantes en la manifestación de ayer, en el Paseo de los Álamos, en Oviedo. 
El Comercio. 15.06.13 - 00:36 - A. VILLACORTA | OVIEDO.
Hicieron las maletas y se fueron con su bagaje, sus ilusiones y sus años de esfuerzo a la espalda. Quizá para no volver más. Unos 200 profesores e investigadores de la Universidad de Oviedo, armados con sus equipajes y carteles que rezaban ’Se vende científico’, escenificaron ayer por las calles de Oviedo la fuga de cerebros a la que les condenan los recortes: «Nos obligan a irnos de Asturias. Es la salida que nos dejan».
La protesta, impulsada en ciudades de todo el país por el ’Colectivo Carta Abierta por la Ciencia’ (respaldado en Asturias por CC OO, el Colectivo de Investigadores Predoctorales, el Movimiento Universitario Crítico, y el foro de profesores, alumnos y personal de administración de la Universidad de Oviedo) pretendía llamar a la sociedad «a reflexionar» sobre «la única vía» a la que se están viendo abocados decenas de ellos. Capital humano que será irremplazable.
Para eso se reunieron junto a la escultura de El Viajero, en la plaza de Porlier, y, desde allí, comenzaron una ronda de despedidas: primero frente al Edificio Histórico de la Universidad, donde dijeron adiós al rector y su equipo, y, después, ante la sede del parlamento, donde hicieron lo propio con los responsables de la política universitaria y a «los políticos en general».
Ataviados con sus batas de trabajo, se encaminaron, por último, hacia la estación de Renfe, todo un símbolo de la denuncia cursada hace ya un año, cuando representantes de las universidades y de los centros de investigación de España elaboraron una ’Carta Abierta’ que enviaron al Gobierno y a los grupos parlamentarios «para intentar paralizar la durísima política presupuestaria lanzada contra el sistema de I+D+i». Una misiva «suscrita por más de 40.000 científicos y tecnólogos». Y, sin embargo, desde entonces, los hechos «no han hecho sino agravar el penoso escenario» que en aquel momento criticaban.
Cifras cantan. «¿Sabías que el presupuesto de España para I+D+i se ha reducido un 40% desde 2009? ¿O que el presupuesto para 2013 en investigación es de 5.932 millones de euros y el dinero público destinado a Bankia asciende a 22.424 millones? ¿Sabías que hay investigadores que tienen que participar en concursos de televisión para financiar sus investigaciones», preguntaba Elena Herrera, becaria de investigación, megáfono en mano.

Más ajustes en 2014

Nadie se escapa a la tijera: «Ni pre ni postdoctorales, ni investigadores de plantilla ni personal contratado». Y habrá más: «Las convocatorias de 2013 del Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación están paralizadas. De no hacerse ya, un tercio de los investigadores se quedará sin recursos en 2014. Y el Programa de Reformas remitido por el Gobierno a la UE anuncia la congelación de la inversión en I+D hasta el año 2020 y reduce el objetivo a alcanzar un 2% del PIB en esa fecha, frente al 3% inicialmente previsto». Estamos, alertan, «ante el desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear y la amenaza del abandono de líneas de investigación y de desarrollo tecnológico que son punteras».

Contra el tijeretazo a la ciencia
Los científicos denuncian que la I+D está al borde del colapso
El Comercio. 15.06.13 - 01:11 - M. E. ALONSO | MADRID 

La comunidad científica ha animado a la sociedad a movilizarse el próximo 14 de junio para denunciar la acelerada pérdida de recursos y capital humano que sufre la investigación España y la situación crítica en la que se encuentra. "El Gobierno debe tomar con urgencia decisiones que eviten el colapso de nuestro sistema de I+D+i", advierten los miembros de la Carta por la Ciencia, colectivo que reúne a sociedades y organizaciones científicas, sindicatos y representantes de las universidades.

Un año después de la primera movilización en defensa de la ciencia, el colectivo denuncia que la situación ha empeorado: el sistema de investigación "se encuentra ahora mismo al nivel de hace doce años". Además, ha señalado que la situación actual está llevando a España a perder "varias generaciones de investigadores" lo que, a su juicio, "no se recuperará hasta dentro de una década". "De no cambiarse esta política, el daño a nuestro sistema público de I+D+i será irreparable", denuncian. Y es que, recuerdan, el futuro, el progreso y el bienestar de la ciudadanía se basa en la I+D+i.

En una nueva carta, que entregarán este viernes en el Ministerio de Educación, los investigadores denuncian que la financiación pública al I+D español, desde 2009, ha caído alrededor de un 40% con una dotación prevista en 2013 de 5.932 millones de euros, un 0,5% del PIB nacional. El Plan de Reformas de la Unión Europea, que inicialmente proyectaba que la inversión en ciencia alcanzase el 3% del Producto Interior Bruto en el año 2020, redujo este objetivo al 2% todavía cuatro veces por encima de la asignación actual de España.

Para el representante de CC OO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Criado, al "Gobierno le falta coordinación" y le ha pedido al Ministro de Economía, Luis de Guindos, "menos declaraciones y más documentos en el BOE". En este sentido, se ha referido al último anuncio del ministro de una partida de más de cien millones de euros para la I+D+i que se aprobaría en "las próximas semanas" y que irían destinados a "mejorar el plan de viabilidad del CSIC" y a "mejorar sustancialmente la dotación de las convocatorias de proyectos de recursos humanos de este año". "La realidad es que el CSIC necesita más de cien millones para salir adelante" ha señalado Criado, para quien esta inversión del Ejecutivo "no va a salvar" el sistema de investigación.

El investigador del CSIC ha señalado que el pasado año el organismo perdió 1.200 trabajadores como consecuencia de la crisis y según las estimaciones hechas para este, "perderá otros 1.200 trabajadores" de los cuales "entre 200 y 300 serán jubilaciones". "La falta de motivación y de proyectos ha provocado que los investigadores se están jubilando a los 63 años", ha denunciado Criado. Plazas que se están perdiendo, "porque no se reponen", ha sentenciado.

Fuga de cerebros

Durante el encuentro con los medios, el colectivo ha querido destacar además el estancamiento de las convocatorias de proyectos, que no sólo está provocando que "la maquinaria se atasque" sino que cada vez más investigadores se marchen fuera. "La sangría continúa. Es una hemorragia que no sabemos cómo contener", ha apuntado José Manuel Fernández, de la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios.

"Estamos regalando recursos", ha lamentado este joven investigador, quien ha puntualizado que "sí, estamos acostumbrados a salir". "Lo que nos preocupa es que un científico español que pide recursos para trabajar en otro país, no va a volver a España", ha explicado Fernández. A su juicio, en estos casos está perdiendo doblemente, "los recursos que no vienen y el personal humano".

En la citada carta, el colectivo anuncia un decálogo de medidas, entre ellas un Pacto de Estado por la ciencia, la creación de la Agencia Estatal de Investigación e inversiones para cumplir el compromiso del 2% del PIB para I+D+i en 2013-2016.

Los científicos españoles salen de los laboratorios para salvar la I+D

Grecia: Una mirada que asusta a nuestro más inmediato futuro… ¡¡si no le(s) ponemos freno yá!!

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Primero fueron a por los griegos y …, luego a por los portugueses y …, luego… ¡¡nosotros!!

Insulina un 25% más cara y un aumento del 200% en los contagios de VIH

Los recortes desmantelan el sistema de salud griego

María Antonia Sánchez-Vallejo, Madrid, en El País.

El anuncio, este jueves, del cierre de 13 hospitales en el país es la última noticia aciaga para el sistema de salud griego. El sinfín de ajustes y recortes de fondos públicos ha dejado a un número creciente de personas sin seguro médico –entre ellas, unos 470.000 inmigrantes sin permiso de residencia- y a alrededor del 10% de la población en situación de “extrema pobreza”. Los recortes se hacen notar especialmente en dos ámbitos: en la salud mental, con un incremento de los suicidios de alrededor del 20% sólo entre 2009 y 2011, así como una reducción drástica de los programas de prevención y asistencia, y en el campo de las enfermedades infecto-contagiosas, con un aumento dramático de los contagios por VIH –los casos se han disparado un 200% desde 2011- y brotes de enfermedades que se creían erradicadas en Europa, como la tuberculosis, o son propias de otros continentes, como la malaria. En paralelo, se ha producido una sangría de médicos en el país: sólo en la región de Atenas, 4.000 médicos han emigrado al extranjero en los últimos tres años, según el colegio médico local.

La reducción de personal en hospitales públicos es otra consecuencia de la austeridad. Grecia gastará este año 2.000 millones de euros, frente a los más de 3.000 millones que destinaba a tal efecto en 2009. El segundo rescate, acordado en febrero de 2012 por valor de 130.000 millones de euros, establecía la obligatoriedad de cerrar o fusionar hospitales para reducir la factura sanitaria del Estado; en este contexto se inscribe el anunciado cierre de 13 establecimientos en todo el país. El Estado adeudaba a mediados de abril 35 millones de euros en sueldos a trabajadores hospitalarios.

El incremento del número de parados de larga duración ha dejado sin prestación por desempleo a un creciente número de personas; actualmente sólo perciben subsidio de paro unas 160.000 personas del 1,3 millones sin trabajo. El desempleo golpea especialmente a los menores de 25 años (más del 60%), lo que ha multiplicado el consumo de drogas por vía parenteral y, consecuentemente, el número de contagios de VIH. El cierre de los centros que realizaban gratis la prueba del sida, otro recorte de la Administración, ha disparado la prevalencia a niveles epidemiológicos: el número de contagios es hoy un 200% mayor que en 2011; y los fondos públicos para la detección se hallan bloqueados desde 2012. El contagio entre drogodependientes supone la mitad de los casos; por primera vez, la principal vía de contagio han sido las relaciones homosexuales sin protección.

El sistema de copago vigente obliga al ciudadano a sufragar cualquier acto médico, de unos análisis a un parto o una cesárea, lo que expulsa del sistema –hacia la atención sanitaria de ONG o la beneficencia interesada de partidos como el neonazi Aurora Dorada, con un sistema de médicos “sólo para griegos”- a un creciente número de personas. En noviembre pasado, además, el Gobierno aprobó una subida del 10% al 25% en el copago de medicamentos para enfermedades crónicas graves. La tasa menor se aplicará a las enfermedades primarias o principales, y el 25%, a las derivadas o secundarias. Es decir, el tratamiento para el cáncer o el sida queda excluido de la tasa, pero no la medicación para las dolencias derivadas que suelen acompañarlas. En la lista de medicamentos gravados figuran los indicados para el tratamiento del Párkinson, la diabetes –la insulina tiene un recargo del 25%-, el Alzheimer y la demencia o las cardiopatías congénitas, entre una quincena de dolencias. A partir de 2014, además, se impondrá el pago de un euro por receta, además del correspondiente incremento del copago farmacéutico.

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El número de empleados públicos creció en Asturias durante el primer semestre de 2012

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El Principado y Aragón fueron las únicas comunidades en las que aumentó el número de trabajadores en las administraciones públicas
El Comercio. 13.06.13 - 00:26 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO.

El número de empleados de los estamentos públicos en el Principado se situó en julio de 2012 en 59.865, frente a los 59.794 que había en enero del mismo año, lo que supone un aumento del 0,12%. En ese periodo solo disminuyó el número de trabajadores dependiente del Principado, que se redujo en 102 empleados. En el resto de departamentos de la administración se registró un aumento, es cierto que pequeño, pero un aumento que no deja de ser llamativo, toda vez que en la casi totalidad de las comunidades autónomas se ha recurrido a la tijera para reducir el gasto de personal en las administraciones públicas.

En el Principado, por el contrario, se elevó el número de trabajadores de la Administración del Estado (131), así como también se incrementó la cuantía de empleados públicos de las entidades locales (13) y los dependientes de la Universidad de Oviedo (29).

Es necesario precisar que el periodo de tiempo que toma como referencia el boletín del Ministerio de Hacienda coincidió con una época convulsa para Asturias, que vivió en apenas dos meses la prórroga presupuestaria, la disolución de la Cámara regional y la posterior convocatoria de elecciones autonómicas, procesos estos que influyeron en la esperada reorganización de las administraciones públicas del Principado.

Fue justo hace un año, por tanto, cuando tomó posesión el Gobierno de Javier Fernández que, a las pocas semanas de iniciar su andadura, anunció una reforma de las estructuras administrativas que tenía por objeto, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, hacerlas «más austeras» y «eficientes». Los resultados de esa reforma, que afectó tanto al organigrama de gobierno como a ciertas empresas de titularidad pública, tendrían que constatarse en los siguientes estudios que elabore el departamento dirigido por Cristóbal Montoro.

50.000 empleos menos

Con la excepción de los datos de Asturias o Aragón, el ministro de Hacienda, de momento, tiene motivos para estar satisfecho. Las exigencias impuestas desde Madrid han calado entre las autonomías y ayuntamientos. Solo en los primeros seis meses de 2012 se suprimieron 49.656 empleos.

Las administraciones locales fueron las que más efectivos perdieron en estos seis meses, con 29.917 empleados menos (5%), hasta quedar en 567.295 trabajadores. Las comunidades se han apretado el cinturón y han reducido 17.657 puestos de trabajo, lo que supone un 1,3% menos de julio a enero. Las universidades públicas, por su parte, perdieron 113 empleos en este periodo (un 0,07%), al pasar de 154.881 efectivos a principios de 2012 a un total de 154.768 el 1 de julio de ese mismo ejercicio.

En lo que afecta a la Administración Pública Estatal, que incluye a la Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico, se destruyeron 1.969 puestos de trabajo (-0,33%), hasta un total de 579.892 empleados.

Dentro de la Administración General del Estado, los ministerios y organismos autónomos fueron los que más puestos de trabajo perdieron en estos seis meses, con 1.845 empleos menos (-1,4%), hasta quedar en 123.136 efectivos.

Foro exige al Principado medidas para evitar okupas en el viejo Hospital

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Los foristas temen que tras el traslado del HUCA a La Cadellada el Cristo sea un «nido de delincuencia»
Lne. 13.06.13 - 00:28 - M. LASTRA | OVIEDO.P. G. P.
El grupo municipal de Foro en el Ayuntamiento de Oviedo registró ayer una petición para que el Pleno pida al Principado que explique el destino que va a dar a los terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) del Cristo una vez que sea trasladado a las nuevas instalaciones de La Cadellada. Además, foristas quieren que el Principado concrete qué medidas va a tomar para evitar que, una vez concluido el traslado, los edificios del viejo complejo hospitalario «queden abandonados» y «se llenen de okupas y se conviertan en posibles nidos de delincuencia».
El Comercio. 13.06.13 - 00:28 - M. LASTRA | OVIEDO.

«Graves problemas»

Lo que ocurra con los edificios del hospital es, según Donate, «de enorme interés», ya que de no resolverse satisfactoriamente «podría ocasionar graves problemas al municipio». El primero de ellos, alerta, sería el abandono de los edificios y que «un verdadero ejército de okupas terminara por despojarlos de grandes cantidades de material valioso».

Además, señala las repercusiones que tendrían para los barrios colindantes, concretamente para El Cristo-Buenavista y Montecerrao. El abandono «perjudicaría al comercio de la zona y supondría una evidente degradación de la misma». Todo ello, advierte el concejal de Foro, sin tener en cuenta que podría convertirse en «un nido de delincuencia al estar formado por edificios abandonados y sin vigilancia».

Los expertos proponen que la atención sanitaria funcione mañana y tarde

 

El comité asesor del Principado plantea que los aparatos de alta tecnología, como resonancias y escáneres, sean utilizados las 24 horas del día

El comité asesor pide que se puedan fichar profesionales de prestigio de fuera de Asturias

 
 ÁLEX PIÑA Abelardo Román, exgerente del HUCA, conversa con Zenaida Álvarez, antigua responsable de la Fundación Hospital de Jove, en presencia de María José Capellín, directora de la Escuela de Trabajo Social, de Gijón. Detrás, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, con el médico Francisco Ortega.

Plantean que las plazas de médicos se cubran por formación y no por criterios de antigüedad

Creen necesario reforzar las políticas de educación sanitaria para los ciudadanos OVIEDO. Una sanidad pública que funcione en turnos de mañana y tarde, y en la que los servicios con aparatos de alta tecnología permanezcan abiertos 24 horas, citando a pacientes para resonancias y escáneres en horarios, incluso de madrugada, como están haciendo ya algunos hospitales catalanes que apuestan por la «utilización intensiva de sus instalaciones». Este es uno de los planteamientos que elevará al Principado el Comité Asesor de Sanidad, que desde febrero trabaja en la elaboración de un documento con propuestas para mejorar la sostenibilidad del sistema público de salud. Formado por 14 expertos convocados por el Principado entre los que figuran el investigador Carlos López-Otín o el fundador de la Sociedad Internacional de Bioética (Sibi), Marcelo Palacios, el comité se reunió ayer en sesión plenaria en el Palacio Conde Toreno, de Oviedo. Sólo hubo dos ausencias, la de la profesora del Centro de Biología Molecular, Margarita Salas, y el médico José Vera, que se excusaron por motivos de salud.

El informe oficial que diseñan estos ‘sabios’ y que se denomina ‘Propuestas de acción para la sostenibilidad del sistema sanitario de Asturias’ verá la luz en unos quince días. Según pudo saber EL COMERCIO, el borrador sobre el que ayer debatieron durante casi tres horas recoge un compendio de recomendaciones (más de 70) para mejorar el funcionamiento de la sanidad, un sector en el que trabajan en Asturias más de 15.000 personas y que al año consume del orden de los 1.400 millones de euros.

Acabar con las bolsas de ineficiencia del sistema sanitario y avanzar hacia un modelo de hospitales y centros de salud cuyas consultas permanezcan abiertas más allá de las tres de la tarde. Los expertos abogan por flexibilizar el actual modelo y por habilitar turnos de trabajo también en horario vespertino, de manera que la atención a los pacientes se pueda prolongar hasta las 20 o 22 horas. Consideran ineficaz y poco rentable que los centros sanitarios, sobre todo los hospitales, dejen de funcionar a las 15 horas. Máxime en áreas dotadas de alta tecnología. Eso sí, el Comité Asesor de Sanidad puntualiza que la apertura de tarde debería hacerse sin tener que desplegar más recursos económicos, es decir, a través de una reorganización de turnos y plantillas, algo a lo que ya han mostrado su oposición el colectivo de médicos, que en el HUCA impidió la creación de turnos de trabajo vespertinos.

En el conglomerado de proposiciones se habla también de diluir la división entre Primaria y Especializada, crear equipos integrales y avanzar hacia hospitales que se complementen. El Comité Asesor, creado el 17 de febrero y cuyos integrantes no cobran asignación económica alguna, también realizó planteamientos relacionados con la contratación de personal. En este sentido, hablan de la posibilidad de contratar especialistas de fuera de Asturias y de España y que las plazas se puedan cubrir por méritos específicos de formación y no por antigüedad, como ocurre actualmente.

Revisión del mapa sanitario

Además de los profesionales ya citados, el Comité Asesor de Sanidad lo integran Carlos Suárez, jefe de servicio de Otorrinolaringología del HUCA y exdirector del Instituto Universitario Oncológico; Laura González, expresidenta de la Junta y exconsejera de Bienestar Social; Laura Cabiedes, profesora del departamento de Economía Aplicada; María José Capellín, directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón; Francisco Ortega: exresponsable de la Unidad de Nefrología del HUCA; Juan Sebastián López-Arranz, cirujano especializado en estomatología y exrector; Abelardo Román, exgerente del HUCA; Zenaida Álvarez, exgerente de la Fundación Hospital de Jove; Ramón Menéndez, cirujano del Hospital de Mieres, ya jubilado; Sergio Gallego, presidente del Comité de Bioética del Principado.

Adelanto del primer capítulo del libro coordinado por Marciano Sánchez Bayle…

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Breve historia de la privatización sanitaria en España

Este es el primer capítulo del libro 'La contrarreforma sanitaria', publicado por Los Libros de la Catarata y coordinado por Marciano Sánchez Bayle, sobre los procesos de privatización sanitaria, definidos por el coordinador del volumen como "un sistemático desmantelamiento de los sistemas de protección social, entre ellos, la sanidad pública”.

 

eldiario.es

El actual modelo sanitario en España proviene de la Ley General de Sanidad (LGS) aprobada en 1986. Esta dise­ñaba un modelo sanitario basado en lo que se conoce como servicio nacional de salud que recoge las caracte­rísticas fundamentales del National Health Service (NHS) del Reino Unido en sus inicios, es decir, la uni­versalización del derecho a la atención sanitaria, un modelo basado en la prevención y la promoción, que integra los servicios sanitarios y que tiene una provisión mayoritaria y hegemónicamente pública.

No obstante, pronto comenzaron a producirse modifi­caciones en este modelo. La primera fue la aprobación de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) en 1990, que definía un modelo sanitario mixto, que integraba en una sola red de utilización pública todos los recursos sani­tarios, sean o no de titularidad pública, y que recoge una
tradición de entidades (mutuas, fundaciones, consorcios, centros de iglesia) históricamente dedicadas a la salud en Cataluña; para ello se utiliza como un instrumento fun­damental la separación entre las funciones de compra y pro­visión.

La LOSC crea la Red de Hospitales de UtilizaciónvPública (Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública; XHUP, por sus siglas en catalán), que favorece este proceso de provisión privada con financiación pública. Hay que tener en cuenta que Cataluña tenía una situación especial a la del resto del país (mientras que en 1986 la relación entre provisión pri­vada/pública era de 70/30 en Cataluña, en el resto del país era la inversa); también que, en Cataluña, CiU ha mantenido el gobierno prácticamente desde la democracia y que sus planteamientos sanitarios siempre se han movido en el ámbito neoliberal. Desde entonces, y de una manera conti­nuada y paulatinamente, se ha ido avanzando en la implan­tación y consolidación de este modelo en Cataluña.

El siguiente paso fue en 1991, cuando se aprobó el deno­minado Informe Abril (Informe y Recomendaciones de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud). En él se proponían casi todas las medidas que luego se han ido plasmando a lo largo del tiempo (establecimiento de copagos, empresarización de la provisión sanitaria, am­pliar el papel del mercado en el sistema sanitario, favorecer el papel de los seguros y la provisión privada, laboralizar al personal sanitario, etc.). Ante el amplio rechazo social, pro­fesional y político que se produjo, las medidas quedaron aparcadas, al menos en teoría, aunque fueron poniéndose en marcha de una manera silente y en "cómodos plazos".

En 1992 se constituye la empresa pública Hospital Costa del Sol en Andalucía. El sistema incorpora principios de gestión privada a centros que son de titularidad pú­blica, con personalidad jurídica diferenciada. Las em­presas se constituyen mediante leyes autonómicas y tienen el control del Parlamento regional.

El siguiente paso significativo fue la constitución por la Xunta de Galicia de la Fundación del Hospital de Verín en 1995, que es el primer caso de la puesta en mar­cha de un modelo de gestión privado aprovechando la ley de fundaciones de 1994. El modelo de fundaciones se extendió posteriormente, ampliándose en Galicia (tres más), en Mallorca (uno), en Madrid (uno) y en La Rioja (uno). El modelo no demostró ventajas sobre el sistema de gestión tradicional y dejó de ampliarse por la puesta en marcha de la siguiente fase.

En 1996 se pone en funcionamiento otro experimen­to privatizador, en este caso en atención primaria: son las entidades de base asociativa (EBA, especie de sociedad limitada/cooperativa de médicos que gestionan un centro de salud), cuyo primer ejemplo es el de Vic y que luego se extenderá por Cataluña durante los Gobiernos de CiU.

También se aprueba un RD 10/96 que pretende dar cober­tura legal a los experimentos privatizadores y que poste­riormente se convierte en la Ley de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión, de 1997 (15/97), que supone un paso más en este sentido, aunque utiliza fórmulas de especial ambigüedad al hablar de "naturaleza pública", "desdibu­jando las condiciones de titularidad y control públicos que deberían haberse exigido a los centros sanitarios financia­dos públicamente", como ya se señaló desde la Federa­ción de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en su momento y que desgraciadamente se ha confirmado con el tiempo.

En 1999 se puso en marcha el Hospital de Alzira, hospital que inicia una nueva etapa, la de las concesiones administrativas, modelo por el que una empresa privada construye un hospital de nueva creación que se hace cargo de la atención sanitaria de un área. La provisión y gestión es totalmente privada. Inicialmente, el modelo incluía solo la atención especializada, pero posteriormente se agregan la atención primaria ya sociosanitaria. (Para un análisis más detallado de sus problemas y resultados, véase el capítulo dedicado a la sanidad en Valencia.)

Posteriormente, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1999 incluye la posibilidad de trans­formar todos los centros sanitarios del INSALUD en Fundaciones Públicas Sanitarias (artículo 111 de la Ley 50/98). Con posterioridad, y después de largas negocia­ciones con todos los grupos de interés y amplia contro­versia sindical y profesional, se dicta el Decreto 29/2000 que establece el Reglamento de las nuevas formas de gestión. En todo caso hay que decir que no se ha produci­do un avance en este sentido, porque hasta ahora ningún centro sanitario del modelo tradicional se ha transfor­mado en este nuevo modelo de gestión.

En el momento en que se finalizan las transferencias de desarrollan las Leyes de Ordenación Sanitaria de las co­munidades autónomas y en todas ellas, salvo en las de Extremadura y Castilla­La Mancha, se establecen las condi­ciones de separación de financiación y provisión y de facili­dades a los modelos de gestión privados o semiprivados.

El modelo de iniciativa de financiación privada (PFI) comienza en Madrid en 2007 y se extiende a otras co­munidades autónomas (Baleares, Castilla y León y Galicia hasta el momento); sus resultados están detallados en los capítulos correspondientes a Madrid y Galicia.

El RD Ley 16/2012 introduce criterios de privatiza­ción en la financiación y el aseguramiento, que también se describen en el capítulo que lo analiza y, paralela­mente, se producen toda una serie de "Planes de Soste­nibilidad" en la mayoría de las comunidades autónomas que favorecen y preconizan una privatización sanitaria más o menos generalizada.

 

En resumen, los mecanismos de privatización en España pueden esquematizarse en:

 

1. Privatización de la financiación
• Desgravación de seguros médicos por las empresas.
• Copagos: medicamentos, transporte, dietas, ortesis y prótesis.
• Recortes en la cartera de servicios (incita al aseguramiento y/o
financiación privada complementaria).

 

2. Privatización de la gestión del aseguramiento
• Mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, etc.).

 

3. Utilización de criterios privados de la gestion manteniendo la titularidad pública
• Empresas públicas.
• Fundaciones sanitarias.
• Entes públicos.
• Sociedades mercantiles públicas.

 

4. Provisión de algunos servicios por empresas privadas
• Conciertos.
• "Externalizaciones" (privatización de servicios de apoyo y/o de actividades concretas).

 

5. Privatización de la gestión con titularidad mixta
• Consorcios.
• Iniciativas de financiación privada (PFI).

 

6. Privatización de la gestión con titularidad privada
• Privatización de servicios centrales y alta tecnología.
• Privatización de la planificación y el control.
• Empresa de base asociativa en atención primaria (EBA).
• Conciertos singulares con empresas privadas para la aten­ción sanitaria de un área de salud.
• Concesiones administrativas (modelo Alzira).

Todos estos mecanismos están extendidos con una profundidad y extensión variable según las comu­nidades autónomas, normalmente de una manera más importante en aquellas con Gobiernos que presentan planteamientos más neoliberales (PP, CiU).

Batalla urgente contra el alzheimer

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Entre 500.000 y 800.000 españoles, 25.000 de ellos asturianos, padecen este mal, del que surgen 150.000 nuevos casos cada año

La llamada enfermedad del siglo XXI supone un gasto por paciente de 30.000 euros anuales, un coste que se triplica en sus fases más avanzadas. Al margen de las consideraciones económicas, están las sociales. Aunque se trata de un trastorno que para muchos sigue siendo un tabú, las asociaciones de familiares creen que hay que descorrer el velo y mostrar la realidad. El alzheimer es una de las patologías que, por su vinculación con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento, presenta más posibilidades de crecer. De acuerdo con las proyecciones estadísticas, en el año 2050 el mal lo padecerán 1,5 millones de españoles.

25 años investigando

Para el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), Koldo Aulestia, hay motivos para ser escéptico sobre la aparición de un fármaco que cure la dolencia. Más optimista se mostró el presidente de la compañía farmacéutica Lilly en España, Javier Ellena, quien aseguró que a pesar de que la firma lleva investigando 25 años para dar con un medicamento eficaz contra la demencia, estos laboratorios no se rinden. El problema estriba en que ninguna de las sustancias que integran el arsenal terapéutico restaura el daño neuronal.

Con motivo de la presentación del informe ’El estado del arte de la enfermedad de Alzheimer en España’, elaborado por la consultora PwC en colaboración con Lilly, se puso de manifiesto la necesidad de un abordaje integral, pues el tratamiento se mueve en el escurridizo terreno de lo sociosanitario. Dado que es una enfermedad asociada a la vejez, las mujeres son las más afectadas, entre otras razones porque viven más. Y también recae sobre las mujeres el cuidado de los enfermos, una tarea que acarrea un notable desgaste físico y psíquico. No en balde se habla del ’síndrome del cuidador quemado’, un conjunto de síntomas que, cuando aparece, denota que la carga es insoportable para el que da los cuidados.

Cuidador, una tarea heroica

Aulestia contó su experiencia personal. El alzheimer lo padecieron su padre y su madre. «No se puede afrontar esta carga en soledad», subrayó el presidente de Ceafa. Las familias tienen que reconocer que requiere muchas veces el ingreso del paciente en una residencia, lo que no significa abandonarlo. Este doloroso trance acontece cuando la situación se torna insostenible: nadie puede cargar sobre sus espaldas el estar pendiente de un enfermo las 24 horas del día.

Ser cuidador de un enfermo es una tarea heroica. Las atenciones no se limitan a la higiene y la alimentación. El cuidado significa también mantener al paciente activo. «Aunque el deterioro sea progresivo, las personas aquejadas siguen teniendo vida y dignidad». Como dijo Aulestia, detrás de cada enfermo hay dos o tres personas. Por eso aunque la sufren cerca de 800.000 personas, la enfermedad afectan a 3,5 millones de españoles.