Empleados del Principado piden independencia del poder político, una carrera profesional objetiva y evaluaciones para remover del puesto al que no cumpla
Lne. 09.04.2013 | 05:20Oviedo, J. ARDURA / J . ORDÓÑEZ Asturias tiene una Administración demasiado politizada. Juristas y funcionarios coinciden, con matices, en el análisis realizado por el consejo asesor del Principado, que aboga por una «reforma profunda» de la Administración regional, en la que aprecian «pautas clientelistas» por la falta de cauces de participación de la sociedad.
El magistrado José Ramón Chaves, actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de La Coruña, juzga «prioritaria y urgente la reforma de la Administración asturiana». El primer paso sería convertir «los principios de mérito y capacidad en la regla general para que la provisión de puestos de jefaturas se resuelva mediante concursos que den prioridad a esos criterios». Chaves, que años atrás tumbó varios procedimientos del Principado que se saltaban la ley, aseguró que «Asturias es la excepción, porque los nombramientos de libre designación, reconocidos como una excepción, son la regla general. No es bueno ser reconocidos en España como los paladines de la chapuza. Ni las subdirecciones generales del Estado son de libre designación», planteó Chaves. «Si todo se convierte en libre designación estamos ante un régimen de botín electoral y volvemos a las cesantías».
«Está bien animar y estimular para buscar la ejemplaridad en primar el mérito y la capacidad en la función pública», afirma Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo. «Cada comunidad autónoma tiene sus pecados. En Asturias ha habido seis sentencias muy duras contra el uso de la libre designación en la última legislatura de Vicente Álvarez Areces», reconoció Tolivar, quien, sin embargo, quiso poner en valor que el Principado «es una Administración austera, como ha quedado reconocido al cumplir el techo del déficit. Algún mérito tendrá». En materia de desarrollo de la función pública y especialmente sobre la movilidad de los funcionarios, Tolivar alertó «del corsé importante que tiene el Principado con la legislación estatal, como el Estatuto Básico del Empleado Público».
El presidente de la Junta de Personal Funcionario del Principado, Miguel Ángel González, puso «los varapalos judiciales contundentes» como ejemplo de la politización que hay en la Administración regional. «El Principado es un insumiso judicial de medalla. El PSOE ha pensado que la Administración regional es su cortijo, de ahí su uso generalizado de la libre designación, que se ha convertido en abuso», denuncia González. El presidente de la Junta de Personal sostiene que una mayor flexibilización y movilidad de los funcionarios, como propone el consejo asesor, no se traducirá en una mayor eficacia. «El problema es la falta acuciante de personal. Una cosa es que en el Principado haya más de 35.000 puestos y otra muy distinta que estén cubiertos. Desde hace años la tasa de reposición de jubilados es cero, y no se cubren bajas de enfermedad», asegura.
Javier Álvarez Villa, del Conceyu por Otra Función Pública, estima «fundamental» una «carrera profesional que garantice la independencia y estimule al funcionario con expectativas objetivas de mejora laboral y económica, sin depender del criterio del político y con ascensos por méritos». Además, defiende que los puestos no tienen por qué ser vitalicios, sino que los funcionarios deberían de someterse a unos criterios de evaluación objetivos cada cierto tiempo, de forma que sean removidos si no trabajan o no rinden adecuadamente. Sobre la movilidad de los funcionarios, defiende un estudio sobre las necesidades y la posible redistribución del personal. Además, sobre la base de que «hay una inflación de puestos de élite», aboga por «un análisis por categorías, para adaptar el organigrama a las necesidades».
Juan Gavira, responsable de CSIF-Asturias, también ve necesaria una reforma que debería de empezar por «eliminar o reducir a la mínima expresión la gente que entra a dedo en la Administración», algo que, indica, «sigue ocurriendo, por ejemplo, en la sanidad». «Hay que potenciar la profesionalización e incentivar al funcionario», reseña Gavira, para quien la independencia respecto al político es «tan fundamental como difícil de cumplir cuando, como aquí, se abusa de la libre designación».
Joaquín Arce, de Los Verdes, funcionario del Principado que fue director general de Política Forestal en el Gobierno de coalición PSOE-IU-BA-LV, subraya que aunque el Gobierno de Fernández «está avanzando», es «preciso conseguir una transparencia total en lo que se refiere al gasto, a la gestión pública, las retribuciones de los políticos y los funcionarios». A su juicio, «todos los pasos y trámites deben de estar en internet y también debe de haber un órgano contra el fraude dentro de la Administración».
Los partidos encajan con reservas las críticas del consejo asesor
El PSOE asturiano y Foro guardaron silencio ayer sobre el «bajo rendimiento» detectado en los políticos asturianos por el consejo asesor del Principado para asuntos económicos, el PP se marcó el reto de «desdecir» esa crítica «con trabajo y quehacer diario», mientras que IU instó a «los académicos a dejar de mirar cómo amasan los demás» y a implicarse más en posibles soluciones. UPyD sostiene que el distanciamiento electoral advertido en algunas capas de la sociedad por el comité de expertos puede tener remedio «en la reforma electoral».
«Si alguien piensa que no hacemos una labor suficientemente importante hay que respetar el criterio y tratar de pasar al ataque para que el juicio pase a ser de otra manera», valoró en Luarca la diputada y presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, informa Tania Cascudo. La dirigente popular comparte «muchas» conclusiones del informe, «como la reforma de la Administración, la del sector público y la falta de ambiciosos programas de reformas estructurales. También creo que es un objetivo a cumplir, en este caso no por nosotros sino por quienes tienen el Gobierno».
El coordinador general de IU de Asturias, Manuel Orviz, cuestionó que los académicos, procedentes del ámbito universitario, «siempre apunten a la baja productividad de otros y no a la propia». En su opinión, «estamos ante una crisis económica, política, institucional y ética, y ahí estamos todos. No se pueden dar respuestas sin asumir la cuota parte de culpa de cada uno. Se trata de buscar soluciones a los problemas. Si algunos políticos sólo responden con recortes, vale más que se estén quietos», manifestó.
Ignacio Prendes, de UPyD, comparte «la conveniencia de una mayor variedad y dinamismo en la clase política», y señaló la reforma electoral que promueve su partido como una fórmula necesaria para que se produzca un mayor acercamiento de élites sociales y profesionales ahora alejados de la política.
El politólogo Óscar Rodríguez Buznego coincide «en líneas generales» con las «acertadas y oportunas» reflexiones del comité de expertos. Estima además que el rendimiento de la política asturiana es «mejorable en diferentes aspectos» y cree «necesario» crear «incentivos para que la sociedad tenga una mayor presencia en la vida pública, lo que, a su vez, también supondría un incentivo para la clase política».
Buznego llama la atención sobre el hecho de que los asturianos «han mostrado continuamente una insatisfacción con sus instituciones políticas, que no han sido eficaces al resolver los problemas», y reivindica una política «más abierta, que daría más rendimiento». Así, lamenta que el debate sea «sobre dietas de kilometraje sin justificación y no sobre qué pasa con los jóvenes cualificados que emigran, a los que se excluye de la vida laboral y política cuando podrían orientar el futuro de la región».
Hacienda «trabaja para cumplir en plazo» la sentencia que obliga a repetir un concurso
Lne. 09.04.2013 | 01:59 Oviedo, J. A. ARDURA
La Consejería de Hacienda «dará cumplimiento» al auto judicial que conmina a la Administración regional a convocar un concurso de 469 jefaturas antes del próximo 31 de mayo. El departamento que dirige Dolores Carcedo «ya trabaja» para cumplir ese fallo dentro del plazo establecido por el titular del Juzgado contencioso-administrativo número 4 de Oviedo, según confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Hacienda.
El auto judicial, al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA, advirtió a la consejera de Hacienda y Sector sobre la imposición de multas económicas de hasta 1.500 euros si no daba cumplimiento a una sentencia firme desde hace más de un año, y que no ha sido ejecutada por el anterior Gobierno regional, de Foro Asturias. La pasividad del Principado para repetir un concurso, que inicialmente primaba a los funcionarios designados «a dedo» en el mandato de Vicente Álvarez Areces, ha obligado al sindicato Usipa a solicitar la ejecución de la sentencia.
Ese sindicato había entablado el pleito contra la Administración regional en octubre de 2009 porque la Consejería de Administraciones Públicas equiparaba la baremación de la experiencia de los funcionarios que llevaban un año en comisión de servicios con la del resto, aunque tuviesen una experiencia profesional mucho más dilatada. El auto del magistrado David Ordóñez, notificado la pasada semana, ha emplazado a la Administración regional a convocar un nuevo concurso para esos centenares de plazas de jefe de servicio antes del 31 de mayo. En caso de incumplir este plazo, el juez impondrá a la Consejera multas coercitivas de 150 a 1.500 euros, que se repetirán hasta tres veces desde el 1 de junio de 2013, y podría iniciar hasta acciones penales.
Política
El diagnóstico
El grupo de expertos que asesora a Javier Fernández pone de manifiesto la «insatisfacción» de la ciudadanía ante el papel que desarrollan las instituciones políticas asturianas. Además, considera «necesarias» mejoras para «superar la debilidad del sistema político autonómico respecto a las necesidades de modernización de la región».
La receta
Para superar la situación, los asesores del presidente del Principado abogan por una mayor variedad y más dinamismo en la clase política de la región, junto a una «mayor participación de profesionales y un mayor acercamiento de las élites sociales a la formación de la opinión pública».
