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“Para escraches, los nuestros”

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Un día con médicos y pacientes de la Clínica Dator de Madrid, primer centro privado autorizado para practicar abortos

La decisión más dolorosa

Acto contra el aborto en la puerta de la Clínica Dator.

Luz Sánchez-Mellado Madrid 21 ABR 2013 - 00:15 CET

Hermano Gárate, 14.

—Eso es la clínica Dator.

—Sí. ¿La conoce? ¿Lleva a muchas pasajeras allí?

—A bastantes. A mi hija, sin ir más lejos. Entran llorando y salen llorando. Pobrecitas mías.

Los taxistas de Madrid, como este afable cincuentón que nos cuenta su vida, están acostumbrados a llevar a mujeres a esta dirección. Las miran y remiran por el retrovisor presumiendo saber a lo que van. Todos están al tanto de que aquí se practican abortos desde que, en 1985, la Dator, como la conoce todo el mundo, fuera la primera clínica privada autorizada para realizar interrupciones de embarazo después de que el Gobierno de Felipe González lo despenalizara mediante la conocida como Ley de los tres supuestos. Desde entonces, decenas de miles de mujeres han puesto fin a una gestación no deseada en este centro situado en los bajos de un bloque de vecinos de un barrio bien de la capital. Lo que pocos taxistas saben, salvo el que nos ha tocado, es lo que se vive dentro...(leer más)

La línea dura del PP gana posiciones en la reforma del aborto

España ahorrará 5 millones con la compra centralizada de la vacuna de la gripe

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El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo marco en el que participan trece comunidades, entre las que figura Asturias

El Comercio. 20.04.2013 - E. C.GIJÓN.

El Consejo de Ministros autorizó el acuerdo marco para la compra agregada de vacunas de la gripe estacional para la campaña 2013-2014, con la participación de trece comunidades, entre las que está Asturias. Esto permitirá un ahorro superior a cinco millones de euros, en comparación con la anterior edición

Según informó el Gobierno, el acuerdo prevé la adquisición conjunta de 4,85 millones de dosis de esta vacuna. El acuerdo ha sido suscrito, además de por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y esas comunidades, por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla, el Ministerio de Defensa y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
Las autonomías son Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.
Con esta medida se da cumplimiento al acuerdo tomado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 21 de marzo. Las compras agregadas de medicamentos y productos sanitarios para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, a las que las autonomías pueden unirse de manera voluntaria, son una de las medidas de contención del gasto incluidas en la reforma sanitaria emprendida por el Ministerio, indicó el Ejecutivo.
Hasta ahora, la adquisición conjunta de vacunas antigripales ha supuesto que el precio de la dosis unitaria se haya reducido en más de un 50 %, por lo que el Ministerio y las comunidades han decidido extender la adquisición conjunta a otras vacunas, como las del calendario infantil o las del viajero, que sólo el año pasado supuso un ahorro de 31 millones de euros. Así, se consiguen dos objetivos fundamentales, reducir el coste del programa de vacunaciones en España para todas las comunidades y facilitar la adquisición de las vacunas por parte de los servicios de salud autonómicos.
Las autonomías ahorran 5 millones en vacunasLne. 20.04.2013 | 00:00

El Consejo de Ministros autorizó ayer la conclusión del acuerdo marco para la compra agregada de vacunas de la gripe estacional para la campaña 2013-2014, con la participación de 13 comunidades (entre ellas Asturias), lo que permitirá un ahorro superior a cinco millones de euros en comparación con la anterior. El acuerdo prevé la adquisición conjunta de 4,85 millones de dosis y da cumplimiento al acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El Estado reclama un céntimo pagado de más a una parada

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Una joven de Tortosa se ha visto inmersa en un embrollo burocrático por haber cobrado un céntimo de más

EFE/Tortosa Una joven de Tortosa se ha visto inmersa en un embrollo burocrático por haber cobrado un céntimo de más de lo que le correspondía por su prestación de desempleo.

Siguiendo el procedimiento habitual en el caso de multas y otras reclamaciones, la joven recibió una carta certificada en la que se reclamaba la devolución de ese céntimo de más, según ha podido verificar Efe.

"Vino el cartero y me entregó una carta certificada y, al abrirla, vi que el ministerio no sólo me requería que devolviera un céntimo que por error me había pagado de más y que, por cierto, yo ni tan solo me había dado cuenta, sino que además me recordaba que si no hacía efectivo el pago al banco antes de un mes, debería abonar un 20% de recargo sobre el céntimo en cuestión", explica la joven, que prefiere no revelar su identidad.

En la carta se le explicaba también que si pasado el plazo reglamentario de 30 días para realizar el pago voluntario no hubiera efectuado el reintegro "se emitirá la correspondiente certificación de descubierto, por la que se iniciará la vía de apremio, según lo que dispone el artículo 32/2 del Real Decreto 625/1985".

Pero aquí no acabaron los trámites por ese céntimo, ya que esta ciudadana tuvo que ir a la oficina del INEM para presentar el recibo del banco conforme la deuda estaba ya saldada.

"Pero, una vez allí, me dijeron que no podía entregar el recibo ni hacer ningún trámite si no había pedido hora previa", así que tuvo que volver otro día para resolver el problema.

"Seguramente, no se hizo más que seguir el procedimiento habitual en otros casos sin tener en cuenta la cuantía", lamenta la afectada, "pero algo falla en el funcionamiento de todo el sistema si es necesario gastar seguramente una cantidad bastante mayor para costear la carta certificada y todo el engranaje con el propósito de reclamar un triste céntimo", sentencia.

¿Modelo andaluz o modelo propio en lo de los desahucios?...

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Las diferencias entre el PSOE asturiano e IU auguran un pulso político por los desahucios

La coalición asume en el Principado el modelo andaluz de expropiación a los bancos pero su iniciativa tiene difícil prosperar en la Junta

Foto: El socialista Fernando Lastra conversa con Ángel González, de IU, en una reunión en la Junta General del Principado.

15.04.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El drama de los desahucios se ha situado en el epicentro del debate político, cuya intensidad se aviva día a día. El plan del Gobierno de Andalucía de expropiar pisos vacíos a los bancos para facilitar un techo a familias víctimas de los desalojos ha abierto una controversia que casi de inmediato se ha trasladado a Asturias, donde IU registrará hoy una iniciativa en la Junta General para trasladar ese mismo modelo a la región. Vienen tiempos difíciles para la relación entre la coalición y los socialistas, que al frente del Ejecutivo autonómico han impulsado una fórmula propia que opta por negociar con las entidades financieras, evitando las polémicas expropiaciones. La tramitación de la propuesta de Izquierda Unida pondrá a prueba la solidez de la vinculación entre los teóricos aliados.

El movimiento andaluz ha forzado al Gobierno asturiano, que venía trabajando desde hace tiempo en nuevas medidas contra los desahucios, a acelerar el paso. Su receta también tiene a los bancos como protagonistas, pero orillando las expropiaciones y optando por una vía de colaboración: las entidades pondrán a disposición del Principado pisos vacíos para que puedan ser habitados por familias desahuciadas, a cambio de un alquiler social. IU no desdeña este planteamiento, pero lo cree insuficiente. Su discurso, además, juega con una baza añadida. La dirección federal del PSOE respalda el modelo de Andalucía y aboga por extenderlo al conjunto del país. La coalición hurga en esa herida y pide a los socialistas asturianos «coherencia» con ese posicionamiento.

Los tiempos comienzan a correr hoy, cuando IU presentará en el registro de la Cámara una iniciativa parlamentaria en la que pide el desarrollo en Asturias de la propuesta andaluza contra los desahucios, expropiaciones a los bancos incluidas. Ese primer paso da inicio al debate. ¿Tiene visos de salir adelante? A día de hoy, y a expensas de conocer el contenido detallado del texto, parece complicado.

Para que así fuera solo hay dos caminos. El primero, reunir el aval de los otros dos grupos que dan sustento parlamentario al gabinete de Javier Fernández, PSOE y UPyD. En el caso concreto de los socialistas se antoja inviable un 'sí' cuando su propio Gobierno acaba de aprobar una estrategia que se desmarca del modelo andaluz y abre un camino propio. Sería tanto como invalidar el discurso que el sábado lanzó la consejera de Vivienda, Esther Díaz, que sostuvo que la situación de los desahucios en Andalucía y en Asturias es diferente y que, por tanto, resulta lógico que se apliquen soluciones diferentes. Eso no va a suceder, salvo que ambas partes, PSOE e IU, cedan en sus posiciones iniciales y lleguen a un consenso al que habría que incorporar a UPyD.

La segunda posibilidad pasaría por incorporar a los partidos de la oposición, PP y Foro. Y ya se puede decir que los populares asturianos, a expensas de conocer el contenido exacto de la iniciativa de IU, no están por la labor de respaldar algo que el propio Gobierno central, de su color político, se plantea recurrir ante los tribunales. Así que esta vía está cegada desde un inicio.

Sea como sea, lo que sí se garantiza IU es el tomar la iniciativa en el debate, asumiendo el discurso más osado que sitúa a los bancos en el punto de mira y, además, forzar al resto de partidos a retratarse con su voto en la Junta General del Principado. La cuestión no tardará en abordarse en la Cámara, probablemente a finales de mes o principios de mayo, porque la coalición le concederá «máxima prioridad» en la definición del orden del día de los próximos plenos.

 

La dirección federal del PSOE defiende 'exportar' el método de Andalucía

15.04.13 – El Comercio.

El coordinador de la conferencia política del PSOE, Ramón Jáuregui, aseguró ayer que el decreto-ley de función social de la vivienda aprobado por Andalucía es «impecablemente constitucional», por lo que no debe ser recurrido por el Gobierno central. Jáuregui, en un acto en Córdoba, señaló que «aún es pronto» para saber si el Ejecutivo va a actuar porque «tiene que recibir los informes de la Abogacía del Estado» y todavía «existe un margen». A su juicio, «soluciones» como este decreto «son el enfoque» que habría que darle a «este problema grave», de ahí que apostase por exportar la fórmula a todo el país.

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Los bancos facilitarán al Principado pisos vacíos para alojar a familias desahuciadas

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Gobierno y entidades preparan un convenio para que los afectados por desalojos accedan a esas viviendas pagando un alquiler social

14.04.13 - 02:44 -

Frente al modelo andaluz de expropiación temporal de pisos vacíos a los bancos, el Principado se decanta por una fórmula de diálogo con las entidades financieras para intentar encontrar soluciones al drama de los desahucios. Ambas partes negocian un convenio en virtud del cual la banca pondrá a disposición del Ejecutivo regional una bolsa de viviendas que en este momento se encuentran desocupadas para alojar a familias que se han quedado en la calle víctimas de una ejecución hipotecaria, a cambio de un alquiler social. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, desgranó los detalles de una iniciativa cuyas grandes líneas ya adelantó ayer este periódico, y que también incluye un refuerzo de los servicios de intermediación para conseguir que las personas que están inmersas en un proceso de estas características, pero que aún no han perdido su casa, puedan seguir en ella.

El problema de los desahucios, creciente en la medida en que la crisis sigue cebándose con España y el paro sube sin freno, se ha convertido en el eje del debate político. Con el Congreso de los Diputados tramitando una ley que solo el PP defiende con firmeza y que la oposición, sobre todo en el ala izquierda, cree insuficiente, Andalucía dio esta semana un golpe de efecto con la aprobación de un decreto que autoriza la expropiación de pisos vacíos a los bancos para acoger en los mismos a familias que hayan perdido su casa. La propuesta, que ha generado una intensa controversia política y jurídica, fue asumida a continuación por la dirección federal del PSOE y defendida en público por el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si a ello se le une que en el Principado IU anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria que plantea trasladar a Asturias la receta andaluza, es fácil entender por qué todos los ojos se volvieron casi de inmediato hacia el Ejecutivo regional que pilota Javier Fernández.

El Principado, que trabajaba desde hace tiempo en su propia estrategia, ha tenido que acelerar el paso al precipitarse los acontecimientos. Pero, con el argumento de que la situación en Asturias es muy diferente a la que vive Andalucía, se ha desmarcado de ese polémico planteamiento de las expropiaciones y se ha decantado por otra vía. «Son dos medidas diferentes para llegar a un mismo fin, que nadie se quede sin techo por causa de un desahucio», alegó ayer Esther Díaz, que compareció acompañada de la directora de Vivienda, Ana Rivas.

¿Significa eso que el Principado cuestione el método andaluz o el hecho de que la dirección federal socialista lo haya asumido como propio? En modo alguno. El Ejecutivo entiende que la realidad de ambas comunidades -extensión territorial, índice de paro, número de desahucios en términos absolutos y porcentuales...- es muy diferente y que en Asturias se puede dar una solución al problema sin pisar un territorio tan resbaladizo. Díaz se cuidó mucho de abrir polémicas internas y, sin entrar en el fondo del decreto-ley de Andalucía, defendió la validez de su plan.

Que, en esencia, gira en torno a la firma de un convenio con las entidades financieras radicadas en Asturias -la negociación está abierta en este momento y Díaz ve receptividad en la otra parte- para actuar en un doble sentido. Por un lado, los bancos movilizarían una parte del ’stock’ de vivienda vacía del que disponen en este momento y lo pondrían a disposición del Ejecutivo. La consejería, a partir de ahí, estudiaría la situación de las familias afectadas por desahucios que, abonando un alquiler social, accederían a esos pisos. En la medida en que las conversaciones no están cerradas, no se maneja todavía una cifra concreta de inmuebles disponibles.

En paralelo, mediante el convenio se reforzará el servicio de intermediación que se está prestando a través del Colegio de Abogados de Oviedo para evitar que las personas inmersas en un trámite de ejecución hipotecaria pierdan su casa, facilitando vías para la renegociación de esa deuda. La banca, argumentó la consejera, es «consciente del problema» y quiere «cooperar en la búsqueda de soluciones». Díaz, por cierto, también instó al Gobierno central a que destine a atender el drama de los desahucios una parte de las viviendas que conforman el llamado ’banco malo’ o Sareb. «Que nos digan que van a hacer con ellas porque es algo que pagamos todos», remarcó.

El desarrollo del convenio, que daría continuidad al primer paquete de medidas impulsadas por el Gobierno el pasado noviembre, depende en buena medida de que se culmine la tramitación de un cambio normativo prometido entonces, pero que aún no se ha rematado. Se trata de la modificación del decreto que regula la adjudicación de viviendas del Principado, que en su redacción actual impide que las personas inmersas en un desahucio puedan acceder a las mismas. Sin ese retoque, que Díaz cree que se demorará unos dos meses, no es posible -salvo en casos de extraordinaria urgencia- movilizar para este fin ni las viviendas del parque público -unas 500, 50 ya para entrar a vivir- ni las que potencialmente puedan aportar los bancos.

También en tramitación están las dos líneas de ayuda, por importe de 2,2 millones de euros, para alquiler y para familias en situación de necesidad derivada de un desahucio. La oficina de información y asesoramiento creada a finales de 2012 por el Principado ha atendido en este periodo 128 casos.

Las listas de espera se disparan en Madrid

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Los pacientes que aguardan para entrar a quirófano son 57.700, récord histórico

En seis meses se han incrementado un 17,5%

Sanidad lo atribuye a la huelga médica

Elena G. Sevillano Madrid12 ABR 2013 - 21:54 CET

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Las cuentas internas del PP registran las donaciones ilegales de Bárcenas

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La investigación judicial revela que los populares ingresaron durante casi 20 años dinero de empresas por encima de lo permitido en la ley

Sanchís niega que ayudara a Bárcenas a ocultar dinero

El PSOE acusa a Fomento de adjudicar a empresarios donantes

BUSCADOR | Todos los pagos y nombres anotados

ESPECIAL Todo sobre la contabilidad manuscrita de Bárcenas

José Antonio Hernández Madrid 11 ABR 2013 - 00:01 CET

La contabilidad interna que el PP ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional registra todos los ingresos, salvo uno, por donaciones empresariales que recogió el extesorero Luis Bárcenas en los cuadernos manuscritos que llevó durante 20 años de vida del partido. Esta es una nueva prueba, de las más relevantes hasta ahora, que apuntala la consistencia y veracidad de los papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS el 31 de enero y en días sucesivos, y que reflejan la existencia de una lista de ingresos de empresas y pagos para dirigentes y otros gastos entre los años 1990 y 2008. Esta prueba se suma a los informes caligráficos que acreditan que la letra que figura en los papeles es la del extesorero...(leer más)

Científicos logran que células de cáncer dejen de ser malignas

 

Las células resultantes siguen siendo benignas incluso cuando ya no están sometidas a tratamiento

10.04.2013 | 02:33

Linfocitos cancerígenos reprogramados en macrófagos.
Linfocitos cancerígenos reprogramados en macrófagos. CRG

EFE/Pamplona Científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra y del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han reprogramado células de linfoma y leucemia para que dejen de ser malignas.

Las células resultantes mantienen su nueva condición de células benignas incluso cuando ya no están sometidas al tratamiento y reducen las posibilidades de generar nuevos tumores, según informa el CIMA en un comunicado en el que indica que los resultados del trabajo se han publicado en la revista Cell Reports.

"Nuestros experimentos muestran que las células de cáncer en humanos pueden ser transdiferenciadas (transformadas) en células que se asemejan a células normales. Al convertir las células malignas en macrófagos (un tipo celular que se divide muy lentamente), se abre la vía a una nueva estrategia terapéutica que permita tratar pacientes con leucemia y linfoma", según los investigadores.

José A. Martínez Climent y Thomas Graf, del CIMA y el CRG, han comprobado que la capacidad de generar tumores en ratones inmunosuprimidos se reduce drásticamente, lo cual sugiere una nueva modalidad de tratamiento muy efectivo.

Si bien las terapias utilizadas hasta el momento permiten eliminar las células cancerígenas, todavía no se había conseguido reducir por completo la capacidad de generar nuevos tumores, han precisado.

En este sentido han indicado que deben "seguir investigando para aplicar estos resultados en beneficio de los pacientes", a lo que han añadido que lo más importante es que ahora saben que "las células de cáncer humanas pueden ser reprogramadas con éxito y que, además, la reprogramación disminuye las posibilidades de reproducir el cáncer".

Ahora intentan encontrar compuestos químicos o farmacéuticos con la misma capacidad para tratarlo, no sólo en cultivo sino también en pacientes", insisten los autores del estudio.