Blogia
El Blog que te da toda la información para que tu decidas ...

ACTUALIDAD

El jefe de urgencias castellano-manchego niega que su equipo decidiera el cierre

20130124103023-24.clm.s.jpg 

Cospedal aseguró que el recorte nocturno no fue una decisión política, sino de los técnicos

Cospedal: "Es una decisión técnica"

EL PAÍS Madrid 23 ENE 2013 - 19:16 CET69

"Los técnicos de urgencias piensan que es un procedimiento mucho más seguro para las personas que viven en esos municipios de población pequeña y que en caso de urgencia real se pueden salvar muchas más vidas". Esto aseguró hace dos días en la cadena SER la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para justificar la eliminación del servicio nocturno en 21 pueblos de la región para sustituirlo por ambulancias. Pero hoy el gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Sánchez Losada, sale al paso de estas palabras en un comunicado en el que afirma que ni él ni su equipo decidieron la polémica medida, que ha sido paralizada cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.--(leer más)

El desacuerdo entre los jueces retrasa el auto sobre la medida

La justicia suspende el cierre de urgencias en Castilla-La Mancha

Echániz dice que la privatización de la sanidad ahorra un 20%

Asturias cursó 295 demandas por negligencias sanitarias en 2012

20130124082339-24.asturias-sanidad-390x180.jpg

Fueron presentadas ante el Defensor del Paciente, que atendió 13.782 casos en el conjunto del país, 772 más que en 2011

El Comercio. 24.01.13 - 00:25 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

Foto: Protesta en Zaragoza. El Defensor del Paciente dice que los recortes sanitarios han disparado las denuncias por negligencias sanitarias. :: E. C.

El Defensor del Paciente recibió en 2012 un total de 295 denuncias por supuestas negligencias sanitarias ocurridas en Asturias. El dato se enmarca dentro de la memoria anual que la asociación presenta cada inicio de año y que para 2012 da cuenta de 13.782 casos de fallos o errores cometidos en hospitales, centros de salud y consultorios, tanto públicos como privados, en el conjunto del país. Las demandas tramitadas ante el Defensor del Paciente entre enero y diciembre pasado suponen un 6% más, en concreto, 772 casos más, que las presentadas a lo largo de 2011. En Asturias hubo también un aumento, pero fue muy leve, ya que se pasó de 288 denuncias por negligencias de 2011 a las 295 de 2012. Llama la atención que no se haya registrado un mayor incremento de quejas en el Principado, donde el normal funcionamiento de la sanidad se vio obstaculizado durante tres meses a causa del conflicto médico.

Carmen Flores, presidenta de la entidad, achacó el aumento de demandas detectado a nivel nacional a los ajustes perpetrados en sanidad, principalmente, en la red pública. «Los recortes han aumentado en una cantidad importante las negligencias médicas», aseguró la máxima responsable del Defensor del Paciente, que acusó al Gobierno central de entrar en la sanidad «como un elefante en una cacharrería».

El HUCA, el más denunciado

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es el centro que acumula mayor número de quejas por parte de los usuarios del Principado. Le siguen luego Cabueñes, en Gijón; San Agustín, en Avilés; Jove, también en Gijón y Valle del Nalón, en Langreo. Por servicios, los más denunciados por presuntas negligencias o mala atención son los de traumatología, cirugía general, ginecología, obstetricia y urgencias. También concentra un elevado número de quejas el apartado referido a las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consultas.

Entre las 13.782 supuestas negligencias tramitadas ante el Defensor del Paciente, 692 derivaron en el fallecimiento del enfermo. Según explicó Carmen Flores, los casi 700 fallecidos tuvieron su origen en operaciones mal realizadas, atención deficiente y altas precipitadas entre otras, si bien la principal razón se debió a un error en el diagnóstico.

«Los enfermos asturianos no denuncian por miedo a represalias»

El Comercio. 24.01.13 - 00:23 - L. FONSECA | GIJÓN.

Tres meses de conflicto médico, con 33 jornadas de paro, no dejaron una huella especial en la cifra de denuncias por presuntas negligencias tramitadas desde Asturias. En opinión de Carmen Flores, eso se debe al hecho de que «los pacientes asturianos, al igual que los de otras comunidades, no denuncian por miedo a represalias. Eso es lo que nos dicen los propios afectados», señaló.

Donde sí se notan los efectos de la protesta médica sufrida en Asturias es en las listas de espera. A fecha de noviembre pasado, último mes del que la Consejería de Sanidad facilitó datos, eran 19.868 las personas que aguardaban por una operación. Son 2.000 más que las que había en 2011. El Defensor del Paciente achaca el aumento no sólo al conflicto sino también a la erradicación de las peonadas «que han dejado en la estacada cientos de intervenciones pendientes», señala la memoria de la entidad.

El Defensor del Paciente recibió 295 denuncias desde Asturias en 2012

Hubo siete casos más de posibles negligencias médicas en el Principado en relación al año anterior

Lne. Oviedo, E. G. / Efe

Un total de 295 denuncias sobre posibles negligencias médicas en Asturias recibió la asociación El Defensor del Paciente a lo largo de 2012. Suponen 7 casos más que las 288 denuncias que tuvieron lugar en el Principado durante 2011, por lo que la larga huelga de los médicos no se notó en estas estadísticas de presuntas negligencias.

El Defensor del Paciente ha recibido en 2012 un total de 13.782 denuncias, 772 más que en 2011, de los que en 692 supuestos hubo fallecimiento del enfermo, 89 casos más que el año anterior.

 La presidenta de la entidad, de carácter privado, Carmen Flores, presentó ayer la memoria de 2012. El aumento de las denuncias lo achaca Flores a los recortes en Sanidad por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. El Gobierno -dijo- entra en la Sanidad «como un elefante en una cacharrería».

 Madrid continúa como la autonomía que ha registrado un mayor número de quejas (3.464 casos), lo cual, según ha explicado Flores, es comprensible puesto que es la que más pacientes aglutina, seguida de Andalucía (1.985 casos), Cataluña (1.918), Comunidad Valenciana (1.362 casos), Galicia (771) y Castilla y León (667).

En la lista de casos llegados a la asociación que, por el momento son presuntas negligencias médicas puesto que aún no se ha dictado sentencia, le siguen las comunidades de Castilla-La Mancha (552), País Vasco (540), Murcia (523), Aragón (386), Canarias (364), Asturias (295), Extremadura (277), Cantabria (249), Baleares (240), Navarra (94), La Rioja (74), Ceuta (16) y Melilla (5).

 Los 692 fallecidos por presunta negligencia se debieron, según la asociación, a causa de las intervenciones mal realizadas, atención deficiente y altas precipitadas, entre otras, si bien la principal razón se debe a posibles errores de diagnóstico.

Política y Banca en el ojo del huracán de la corrupción a juicio de una encuesta elaborada por 'My World' para la Cadena SER…

20130123105343-encuesta.jpg

VER LOS DATOS DE LA ENCUESTA

El 70% de los ciudadanos cree que el 'caso Bárcenas' evidencia la financiación ilegal del PP

Una amplia mayoría está convencida de que no es un caso exclusivo de enriquecimiento personal.

El 62% está convencido de que Rajoy permitió que se extendiera la práctica de pagar sobresueldos opacos dentro de su partido

CADENA SER, 23-01-2013

Según el estudio elaborado por 'My World' para la Cadena SER, el 70% de los ciudadanos cree que es un caso de enriquecimiento personal del propio Bárcenas y de políticos importantes dentro del PP, pero también de financiación ilegal del Partido Popular. Así piensan también la mayoría de votantes del PP, un 55% concretamente…

El Partido Popular se va a tener que empeñar a fondo si quiere convencer a los ciudadanos de la limpieza de sus cuentas porque, a pesar de su insistencia en señalar a un único culpable, solo uno de cada diez encuestados se cree que se trata de un caso exclusivo de enriquecimiento personal. Incluso el 55% de los votantes del PP sospecha que junto a Bárcenas se llevaron dinero otros dirigentes del PP y sirvió para financiar al partido.

La mayoría de los españoles piensa que Rajoy ha mirado para otro lado durante mucho tiempo. El 62% está convencido de que el actual presidente del Gobierno permitió que se extendiera la práctica de pagar sobresueldos opacos, y entre sus votantes, el 42% (frente al 33%) lo culpa de haber reaccionado tarde. Además, casi tres de cada cuatro encuestados (73%) opinan que el PP no tiene muchas ganas de llegar hasta el final de la investigación.

Hay prácticamente unanimidad en que el PP debe emprender acciones para esclarecer las acusaciones que recaen sobre la presunta actividad delictiva de su extesorero. El 94% cree que debe dar a los ciudadanos todas las explicaciones necesarias; un 89% pide que se someta en rueda de prensa a todas las preguntas que se planteen y revise las cuentas internamente pero también sometiéndose a una auditoría del Tribunal de Cuentas; el 85% opina que debe someterse a una auditoría externa; el 82% quiere que abra una investigación parlamentaria; y el 87% aboga por que el PP deje en manos de la justicia la investigación del caso.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

Comentábamos ayer que nadie, salvo que fuera “idiota”, pondría el dinero delictivo o la financiación “B” en ninguna contabilidad que pudiera ser revisada… hoy añadimos que lo mismo nos da “revisada” que “auditada interna o externamente” (nos toman y tratan como a descerebrados).

20130122143229-espanistan-en-europa.jpg

Rajoy encarga a Montoro abrir el camino de las explicaciones del ‘caso Bárcenas’

La mayoría absoluta del PP en el Congreso bloquea la comparecencia del presidente

El Gobierno accede a que haya un pleno el día 30 para que Rajoy pueda responder

Hacienda podría anular la declaración de Bárcenas si la hizo a través de empresas

J. SÉRVULO GONZÁLEZ / F. GAREA, Madrid, en El País.

El Gobierno quiere dar imagen de transparencia por el caso Bárcenas y que no quede duda de que quiere dar todas las explicaciones posibles. Por eso, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró anoche en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia con la que pretende explicar “de forma inminente” datos sobre la amnistía fiscal y avanzar cifras sobre los ingresos tributarios del año pasado. La comparecencia se producirá mañana miércoles a mediodía en la Comisión de Hacienda del Congreso. Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podrá ser preguntado en el Pleno que se celebrará el día 30 de enero.

Estaba en duda si la próxima semana habría un Pleno y si en este habría control al Gobierno y hoy mismo el PP, que tiene la mayoría en la Junta de Portavoces, ha accedido. Si los demás grupos lo quieren, Mariano Rajoy responderá por primera vez sobre este asunto. Hoy en la Diputación permanente del Congreso, la mayoría absoluta del PP también servirá para tramitar la comparecencia de Montoro y oponerse a la petición del PSOE para que Rajoy intervenga en un pleno monográfico. Los socialistas pretendían que el presidente diera explicaciones sobre las cuentas en Suiza del extesorero del partido y de los sobresueldos que habrían recibido de dinero negro los cargos de su formación política..

Tras estos movimientos se esconde la intención del Gobierno de explicar si el extesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado por su supuesta participación en el caso Gürtel, se acogió a la amnistía fiscal a través de sociedades pantalla. Bárcenas era titular de sociedades en Suiza con cuentas de hasta 22 millones de euros. Su abogado aseguró la semana pasada que se había acogido a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar 10 millones de euros. Hacienda enseguida desmintió que Bárcenas, como persona física, se hubiera beneficiado del indulto del Gobierno que permitía blanquear dinero oculto pagando una tasa del 10% o menos, una cantidad muy inferior a si hubiera liquidado los tributos correspondientes.

El ministro tendrá que hacer papiroflexia con la ley puesto que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide publicar los datos tributarios de los contribuyentes. La organización de Inspectores Fiscales de Hacienda de España (IHE) criticó el comunicado que divulgó Hacienda la semana pasada negando que Bárcenas se acogiera a la amnistía porque, a su juicio, podría vulnerar ese artículo. Fuentes del ministerio justifican que se pudo ofrecer tal información porque desmentía una falsedad sobre datos tributarios.

El Departamento que dirige Cristóbal Montoro, sin embargo, no ha negado en ningún momento que Bárcenas se hubiera beneficiado del indulto a través de la sociedad panameña Fundación Sineaquanon, donde tiene sus cuentas en Suiza. Fuentes de Hacienda avanzan que el ministro recordará que la ley que regula la Declaración Tributaria Especial (DTE), como el Gobierno denomina a este proceso, establece en su artículo 4 que: “No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos”.

Por eso, Hacienda estudia la posibilidad de anular la amnistía fiscal de Bárcenas si se confirma que regularizó sus cuentas a través de una sociedad, como afirma su abogado.

Aguirre cree que las cuentas auditadas del PP "revelarán mucho"

La presidenta del PP de Madrid aprecia que Rajoy se comprometiera a "introducir transparencia" en el partido. "Verá cómo se pone más atención en el gasto y el ingreso", afirma

PÚBLICO/ EP, Madrid

El caso Bárcenas y la presunta corrupción en el PP que ha puesto al partido en el ojo del huracán político y mediático durante la última semana no deja de provocar todo tipo de reacciones, fuera y dentro de las filas conservadoras.

La última ha sido la de la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha asegurado que está "segura" de que las cuentas de su partido "revelarán mucho" tras llevarse a cabo la auditoría externa que el presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer en el Comité Ejecutivo del PP.

"A mí lo que más me gustó es que Mariano Rajoy se comprometió a introducir transparencia en el partido", ha señalado, en declaraciones a la Cadena Cope.

Aguirre ha indicado que desconoce las cuentas del partido, pero ha apuntado que "con sólo conocerlas", seguro que se pone "más atención" en todo. "Verá usted cómo se pone más atención en todo lo que es el gasto y el ingreso", ha apuntado.

Sobre los rumores de filtraciones en el partido para desprestigiar al presidente, Aguirre ha bromeado con el asunto, señalando que "el chivo expiatorio gusta mucho a los medios y que "el caiga quien caiga" que ella suele decir no gusta a algunas personas, pero se ha desvinculado de los mismos. Tampoco duda de que Rajoy se vaya a presentar a las próximas elecciones y piensa que los que opinan lo contrario se equivocan.

Según su consideración, los políticos tienen que hacer "un 'streptease' patrimonial, económico", y si hay un aumento patrimonial, explicarlo y decirlo en el partido. "Por eso, son tan importantes las declaraciones de bienes que hacemos al llegar al cargo y dejarlo", ha considerado, al tiempo que ha dicho que los ciudadanos "quieren saber si se ha utilizado el cargo para enriquecerse uno o a los amigos".

Cayo Lara: "Las auditorías del PP son una pantomima"

El coordinador federal de IU exige a Rajoy que comparezca en el Congreso y dé la cara por el caso Bárcenas. "Alguien se lo está llevando crudo", dice.

PÚBLICO, Madrid, 22/01/2013

La auditoría interna y externa que ha ordenado Mariano Rajoy para aclarar las cuentas del Partido Popular después de que estallara el caso Bárcenas y el escándalo de los sobresueldos en negro es para el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, "una pantomima". Según él, en este tema se da una "paradoja bastante interesante", ya que mientras que el PP presume desde el Gobierno en ser el partido que recorta las subvenciones a formaciones políticas, sindicatos y organizaciones empresariales, no sea el primero "en dar ejemplo".

Lara ha incidido en que los casos de corrupción más sonados han afectado sobre todo al PP el hecho de que el partido en el Gobierno no haya atajado más tajantemente ambos casos, "daña la democracia". "Cada caso de corrupción es un palo y un bofetón que se le da a la democracia pero dudo de que haya realmente voluntad política de acabar con este tema", dijo tras reunirse con los sindicatos en el Congreso de los Diputados.

El líder de IU se ha referido también al hecho de que mañana vaya a comparecer en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar su versión del caso Bárcenas y aclarar si el extesorero del PP aprovechó la amnistía fiscal para lavar 10 millones de euros ya sea a título personal o a través de una empresa pantalla. Según Lara, "eso es situar una cortina de humo pero quien tiene que comparecer es el presidente Mariano Rajoy".

Lara exigió al Gobierno que escuche su petición de celebrar un pleno monográfico sobre la corrupción y que se sienten las bases para elaborar un protocolo en menos de tres meses que consiga atajar este tema de manera definitiva.  "Más allá de palabras, aquí lo que cuentan son los hechos y un plan urgente con medios y recursos suficientes para acabar definitivametne de hablar de corrupón porque eso nos distrae la atención de lo importante y fundamental, que hay más de seis millones de parados, un deterioro social impresionante y que siguen aumentando las bolsas de pobreza", sostiene.

En ese contexto, lamentó que "algunos se lo siguen llevando crudo, no están cumpliendo con sus obligaciones con la Hacienda pública y el Gobierno no las está haciendo cumplir". “Eso es lo grueso, lo gordo, lo que nos preocupa de verdad a los ciudadanos”.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Pasado mañana, a las 19:00 h. en el Palacio de Valdezcarana de Avilés…

20130121101841-230113-debate-min.jpg

Debate sobre el futuro del transporte público y de calidad

La plataforma ciudadana de Avilés y comarca en defensa del sector público ofrece la charla «El futuro del transporte público, sostenible y de calidad». Intervendrán Alberto Ramos, secretario de organización de CC OO y Dacio Alonso, de la Unión de Consumidores.

Un exdiputado admite el pago de sobresueldos en la cúpula del PP

20130121083941-21.trias.jpg

 

Jorge Trías Sagnier asegura que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo, de hasta 10.000 euros al mes, como complemento de sueldo para algunos dirigentes

El País Madrid 21 ENE 2013 - 03:00 CET

Foto: El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías Saigner en 2001. / GUSTAVO CUEVAS (EFE) leer más)

El triángulo Cascos-Bárcenas-Correa

20130121080954-21.corrupcion.jpg

Los diarios nacionales indican que el hoy líder de Foro «daba las órdenes», el gerente del PP «contrataba» y el cabecilla de Gürtel «prestaba los servicios»

Lne.es » España   revista de prensa Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

El «caso Luis Bárcenas», esos 22 millones que tenía en Suiza y los presuntos sobresueldos que pagaba con dinero negro a la cúpula del partido -una práctica que se habría generalizado con Álvarez-Cascos en la secretaría general, según el diario «El Mundo»- merecieron ayer una amplia cobertura en las principales cabeceras de la prensa nacional. Las menciones a la relación profesional y de amistad entre el hoy líder de Foro y el tesorero que trabajó a sus órdenes durante una década son numerosas.

 

Cascos-Bárcenas-Correa. Lucía Méndez traza en «El Mundo» un detallado perfil de Luis Bárcenas, titulado «El guardián de las sombras», en el que pone de manifiesto su estrechísima relación con Álvarez-Cascos. La periodista, gran conocedora de las interioridades del PP, afirma que el hoy líder de Foro fue quien «encumbró» a Bárcenas en el partido y que, incluso, le volvió a contratar después de un despido ordenado por Antonio Hernández Mancha que los tribunales consideraron improcedente. «Cascos, Bárcenas y Francisco Correa (el cerebro de la «red Gürtel») eran los tres vértices de un triángulo. El político daba las órdenes, el gerente del partido contrataba y Correa prestaba los servicios correspondientes», apunta Méndez, para quien «Luis el ceremonioso» era el «perfecto fontanero», un hombre educado y de muy buenas maneras que también se ganó la confianza de Aznar. Andado el tiempo, «Cascos demostró ser amigo de sus amigos, cuando Luis Bárcenas se vio arrollado por la "trama Gürtel"» y «le defendió hasta la muerte». Y es que, según desvela la autora de «Morder la bala», libro de reciente publicación sobre el PP de Rajoy, la relación entre ambos había sido tan estrecha que, previamente, en 1996, Cascos, que entonces era vicepresidente del Gobierno, le propuso al responsable de finanzas un alto cargo en la Moncloa que éste rechazó.

 

 «Diana de sospecha». En su crónica sobre la intervención del presidente del Gobierno en la intermunicipal que el PP celebró el sábado en Almería, Carmen Remírez de Ganuza asegura en «El Mundo» que, al no citarle entre los secretarios generales con una trayectoria de «honradez y dedicación», Mariano Rajoy puso «una implícita diana de sospecha sobre el primero de los secretarios generales de José María Aznar, y máximo mentor y amigo del propio Bárcenas, Francisco Álvarez-Cascos».

 

«Interrogantes devastadores». Pedro J. Ramírez asegura en su carta semanal a los lectores de «El Mundo»: «Los dos presidentes (Aznar y Rajoy) y tres secretarios generales (Cascos, Arenas y Acebes) que ha tenido el PP durante los 19 años desde 1990 hasta 2009 (...) tendrán que responder a interrogantes devastadores y tiempo habrá de poner el foco sobre ellos».

 

 El «exiliado» que era «dueño y señor». También en la edición de ayer de «El Mundo», Roberto Benito apunta que la historia de Bárcenas comienza «en aquel congreso de enero de 1989 en el que Manuel Fraga regresó a la presidencia del partido y se empleó a fondo para refundarlo y cambiarlo de nombre». Después, apunta, llegaría Aznar y con él una «nueva hornada» de políticos. «Como secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, que ya había accedido al puesto en 1989 y que Aznar mantuvo como su mano derecha en Génova durante toda una década, etapa en la que el hoy exiliado en su Foro Asturias fue el dueño y señor del funcionamiento interno del PP», con Bárcenas encargado de las finanzas.

 

Tambores de guerra interna. La crónica de Casqueiro y Romero en «El País» interpreta el escándalo en clave de enfrentamiento interno en el PP. Incluye esta cita de un dirigente cercano a Rajoy: «Aquí lo que está pasando es que hay una serie de personas clave, dentro del PP y en algún medio de comunicación, que siguen sin aceptar que Rajoy ganó aquel congreso de Valencia en 2008 y ahora, como entonces, quieren poner en marcha una operación para debilitarle». El foco se centra sobre Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid. Según «El País», otros dirigentes ven «una maniobra al máximo nivel para intentar desactivar las posibles bombas de relojería que Bárcenas tenga en su poder». Sería una «explosión controlada que salva de salpicaduras» a Cospedal y a Rajoy. En esta estrategia, «los que quedarían peor, por comparación, serían los anteriores secretarios generales: Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez-Cascos».

 

Aviso a navegantes: no hay salvavidas. Para Victoria Prego, lo que Rajoy quiso decir en Almería es que va a dejar abandonados a los que acaben siendo acusados. La periodista añade que «podían llegar a caer muchas cabezas, algunas muy notables (...) pero no parece que, si tal cosa sucede, los afectados vayan a poder contar con que Mariano Rajoy les lance el salvavidas que les rescate de un descrédito seguro».

 

lPor limones. «La Gaceta» asegura haber tenido acceso a la cuenta suiza de Bárcenas. La fortuna correspondería a negocios privados y, sobre todo, a una plantación de limones y pomelos. Se trata de la finca La Moraleja, en Argentina, de la que es socio capitalista. Su presidente es hijo de Ángel Sanchís, que también fue responsable de las finanzas populares y se vio implicado en el «caso Naseiro», de presunta financiación ilegal del PP.

¿Más recortes en 2013?

20130121065933-21.rajoy2.jpg 

Las próximas medidas afectarán a la jubilación, la luz y las ayudas a la vivienda, entre otras decisiones "dolorosas"

Lne.es » Economía  LUIS GANCEDO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en una reciente comparecencia que 2013 será otro año de reformas, algunas de ellas "dolorosas". En la agenda del inquilino de la Moncloa figura perseverar en el ajuste del gasto, presionar a las autonomías para que adelgacen su aparato empresarial público -sólo retocado en 2012 en algunas regiones- y abordar transformaciones de calado político y económico en la Administración, empezado por la local. Pero también aparecen, en algunos casos como urgentes, nuevos cambios que afectan a los futuros pensionistas, al recibo de la luz, a la vivienda, al funcionamiento de las empresas y al trabajo de los emprendedores. Vienen al menos cinco reformas de ese tenor en 2013.Las pensiones

El Gobierno se ha dado un plazo de tres meses para negociar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo más cambios en el sistema de pensiones que contribuyan a retrasar la edad efectiva de jubilación de los españoles. El Ministerio de Empleo ha remitido ya a los partidos un documento con planteamientos para endurecer más las modalidades de jubilación anticipada y la llamada jubilación parcial (contrato relevo), ésta muy frecuente en las empresas asturianas. El último Consejo de Ministros del año acordó retener la entrada en vigor de la reforma de 2011 en lo tocante al retiro adelantado, que incluía algunas restricciones nuevas que el equipo de Rajoy juzga insuficientes. El PP quiere que la edad mínima de la jubilación anticipada "forzosa" (derivada de un despido) se retrase de los 61 a los 63 años. También, que la modalidad de jubilación anticipada voluntaria no sea posible antes de los 65 años.

La jubilación parcial

El retiro anticipado mediante una reducción de jornada y la incorporación simultánea de otro trabajador está en el punto de mira del Gobierno. Es un mecanismo que se creó para favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas y el mantenimiento del empleo, pero el Ministerio de Fátima Báñez considera que a la postre se ha convertido en un procedimiento de ajuste con cargo a las arcas de la Seguridad Social. Sin descartar del todo la extinción de esta forma de retiro, Empleo ha sugerido por ahora unas condiciones más duras: incrementar las cotizaciones con cargo a la empresa y el trabajador, elevar de 61 a 63 años la edad mínima de la jubilación parcial y exigir vidas laborales más largas.

El propósito del Gobierno es acercar la edad de jubilación efectiva a la legal, aun a costa de que, como han alertado los sindicatos, una legislación muy restrictiva para el retiro adelantado podría provocar que la salida de los trabajadores despedidos de empresas en crisis resultara más traumática que ahora.

Según una opinión muy extendida entre los analistas políticos, Rajoy actúa presionado por la Comisión Europea, partidaria de acelerar la jubilación a los 67 años.

La unidad de mercado

Fue un compromiso electoral de Rajoy, reafirmado en el discurso de investidura: aprobar una ley de unidad de mercado para poner coto a la dispersión regulatoria que en materias como el comercio y la generación de bienes y servicios se produce en la España autonómica. El PP se propone atajar lo que la dirección de la patronal CEOE bautizó como "hiperinflación normativa", la profusión de legislaciones distintas, licencias, requisitos para el desempeño comercial, el transporte, la apertura de negocios, la instalación de industrias, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, las licitaciones públicas, el etiquetado, la protección al consumidor... "La consecuencia es un mercado disgregado, laminado y profundamente imperfecto", señala un estudio de la CEOE. Allí se cifra en 45.000 millones de euros el sobrecoste que supone tal maraña legal y administrativa.

Es un caos legislativo, esgrimen los empresarios, que afecta a todos los sectores y a múltiples facetas de los negocios. Lo reconoce el Gobierno: "La falta de unidad de mercado supone un coste insoportable", ha afirmado el secretario de estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Lo dijo en mayo de 2012 y anunció que ya entonces un grupo de trabajo del Ministerio de Economía ultimaba la redacción de una ley pensada para que los bienes y servicios tuvieran las mismas condiciones de autorización y venta en toda España. Pero la urgencia de otras políticas económicas y, sobre todo, el calendario electoral enfriaron el proyecto de ley de unidad de mercado.

El emprendedor

La ley del Emprendedor iba a ser una de las primeras iniciativas del Gobierno de Rajoy. No ha sido así. El problema está en Hacienda. Una norma presentada como gran instrumento para favorecer a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas perdería mucha sustancia si no llevara un capítulo de ventajas fiscales, así que el Ejecutivo decidió esperar todo 2012 a ver si el temporal del déficit público amainaba y el ministro Cristóbal Montoro veía algún resquicio para rebajar la presión fiscal sobre el emprendedor.

El tema estrella, y también la mayor incógnita, es si el Gobierno accederá a una petición histórica de autoempleados y pymes: dejar de pagar por adelantado el IVA de las facturas que aún no han cobrado. Una opción que maneja Hacienda es acabar con ese abono anticipado del tributo, pero sólo para las facturas derivadas de contratos con la Administración

La luz

El último Consejo de Ministros de 2012 nombró a Alberto Nadal „ex dirigente de la CEOE y hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de la Moncloa„ nuevo secretario de Estado de Energía. Es el nuevo ’número dos’ del Ministerio de Industria que encabeza José Manuel Soria y el hombre encargado de bregar con el compromiso del Gobierno de presentar en el primer trimestre de 2013 una modificación de alcance de la ley Eléctrica, una auténtica reforma energética.

El departamento de Soria impulsó en 2012 la creación de siete impuestos que gravarán a las empresas eléctricas y, a la postre, a los consumidores para contener el agujero de la tarifa de luz, una deuda reconocida con las grandes compañías que supera los 24.000 millones de euros y que, incluso a pesar de esas decisiones tributarias, el Gobierno asume que seguirá creciendo y amenazando la viabilidad económica del sistema eléctrico. Nadal, con un papel que desempeñar también en la nueva entrega del ajuste del carbón, tiene por delante el reto de dar con una fórmula que permita contener el llamado déficit tarifario sin socavar la seguridad de suministro energético y frenando a la vez la escalada de precios, que mina la competitividad de la industria y la renta de los hogares.

Nada ha trascendido sobre si el Gobierno se decidirá a reformar en profundidad los aspectos del mercado eléctrico que favorecen a las eléctricas clásicas o las políticas de subvenciones que benefician a los productores de energías renovables. Sí se da por seguro que viene un cambio que afectará a las familias: Industria quiere sacar de la tarifa eléctrica (el precio que regula y fija en parte el Gobierno) a los consumidores con potencias contratadas de entre 5 y 10 kilovatios. Siete millones de hogares y pequeños negocios deberán sumarse a los que ya están obligados a contratar la luz en el mercado libre. Sin el paraguas de la tarifa, se avecinan nuevas subidas del recibo eléctrico, auguran las organizaciones de consumidores.

La vivienda

El Gobierno se dispone a negociar con las comunidades autónomas el nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 y a imprimir un cambio general de filosofía en ese programa político. En medio de los restos del estallido de la burbuja inmobiliaria y con escasa capacidad de maniobra en las cuentas públicas, el Ejecutivo dejará de financiar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y de conceder ayudas para la adquisición de pisos. El Ministerio de Fomento pretende explorar otros caminos: fomentar el alquiler, la rehabilitación y el uso de las viviendas vacías. Tras más de dos décadas de estímulos para la compra de vivienda, el departamento de Ana Pastor busca un cambio de chip. Las herramientas serán ayudas directas e indirectas a los arrendatarios, incentivos para poner en alquiler los inmuebles vacíos y un proyecto de ley, en tramitación parlamentaria, que aumente las garantías de cobro por parte del arrendador. Recién suprimida la desgravación fiscal por la compra de vivienda, el Gobierno quiere orientar ahora a los nuevos hogares españoles hacia el alquiler.

http://www.lne.es/economia/2013/01/18/recortes-2013/1356001.html