¿Más recortes en 2013?

 

Las próximas medidas afectarán a la jubilación, la luz y las ayudas a la vivienda, entre otras decisiones "dolorosas"

Lne.es » Economía  LUIS GANCEDO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en una reciente comparecencia que 2013 será otro año de reformas, algunas de ellas "dolorosas". En la agenda del inquilino de la Moncloa figura perseverar en el ajuste del gasto, presionar a las autonomías para que adelgacen su aparato empresarial público -sólo retocado en 2012 en algunas regiones- y abordar transformaciones de calado político y económico en la Administración, empezado por la local. Pero también aparecen, en algunos casos como urgentes, nuevos cambios que afectan a los futuros pensionistas, al recibo de la luz, a la vivienda, al funcionamiento de las empresas y al trabajo de los emprendedores. Vienen al menos cinco reformas de ese tenor en 2013.Las pensiones

El Gobierno se ha dado un plazo de tres meses para negociar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo más cambios en el sistema de pensiones que contribuyan a retrasar la edad efectiva de jubilación de los españoles. El Ministerio de Empleo ha remitido ya a los partidos un documento con planteamientos para endurecer más las modalidades de jubilación anticipada y la llamada jubilación parcial (contrato relevo), ésta muy frecuente en las empresas asturianas. El último Consejo de Ministros del año acordó retener la entrada en vigor de la reforma de 2011 en lo tocante al retiro adelantado, que incluía algunas restricciones nuevas que el equipo de Rajoy juzga insuficientes. El PP quiere que la edad mínima de la jubilación anticipada "forzosa" (derivada de un despido) se retrase de los 61 a los 63 años. También, que la modalidad de jubilación anticipada voluntaria no sea posible antes de los 65 años.

La jubilación parcial

El retiro anticipado mediante una reducción de jornada y la incorporación simultánea de otro trabajador está en el punto de mira del Gobierno. Es un mecanismo que se creó para favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas y el mantenimiento del empleo, pero el Ministerio de Fátima Báñez considera que a la postre se ha convertido en un procedimiento de ajuste con cargo a las arcas de la Seguridad Social. Sin descartar del todo la extinción de esta forma de retiro, Empleo ha sugerido por ahora unas condiciones más duras: incrementar las cotizaciones con cargo a la empresa y el trabajador, elevar de 61 a 63 años la edad mínima de la jubilación parcial y exigir vidas laborales más largas.

El propósito del Gobierno es acercar la edad de jubilación efectiva a la legal, aun a costa de que, como han alertado los sindicatos, una legislación muy restrictiva para el retiro adelantado podría provocar que la salida de los trabajadores despedidos de empresas en crisis resultara más traumática que ahora.

Según una opinión muy extendida entre los analistas políticos, Rajoy actúa presionado por la Comisión Europea, partidaria de acelerar la jubilación a los 67 años.

La unidad de mercado

Fue un compromiso electoral de Rajoy, reafirmado en el discurso de investidura: aprobar una ley de unidad de mercado para poner coto a la dispersión regulatoria que en materias como el comercio y la generación de bienes y servicios se produce en la España autonómica. El PP se propone atajar lo que la dirección de la patronal CEOE bautizó como "hiperinflación normativa", la profusión de legislaciones distintas, licencias, requisitos para el desempeño comercial, el transporte, la apertura de negocios, la instalación de industrias, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, las licitaciones públicas, el etiquetado, la protección al consumidor... "La consecuencia es un mercado disgregado, laminado y profundamente imperfecto", señala un estudio de la CEOE. Allí se cifra en 45.000 millones de euros el sobrecoste que supone tal maraña legal y administrativa.

Es un caos legislativo, esgrimen los empresarios, que afecta a todos los sectores y a múltiples facetas de los negocios. Lo reconoce el Gobierno: "La falta de unidad de mercado supone un coste insoportable", ha afirmado el secretario de estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Lo dijo en mayo de 2012 y anunció que ya entonces un grupo de trabajo del Ministerio de Economía ultimaba la redacción de una ley pensada para que los bienes y servicios tuvieran las mismas condiciones de autorización y venta en toda España. Pero la urgencia de otras políticas económicas y, sobre todo, el calendario electoral enfriaron el proyecto de ley de unidad de mercado.

El emprendedor

La ley del Emprendedor iba a ser una de las primeras iniciativas del Gobierno de Rajoy. No ha sido así. El problema está en Hacienda. Una norma presentada como gran instrumento para favorecer a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas perdería mucha sustancia si no llevara un capítulo de ventajas fiscales, así que el Ejecutivo decidió esperar todo 2012 a ver si el temporal del déficit público amainaba y el ministro Cristóbal Montoro veía algún resquicio para rebajar la presión fiscal sobre el emprendedor.

El tema estrella, y también la mayor incógnita, es si el Gobierno accederá a una petición histórica de autoempleados y pymes: dejar de pagar por adelantado el IVA de las facturas que aún no han cobrado. Una opción que maneja Hacienda es acabar con ese abono anticipado del tributo, pero sólo para las facturas derivadas de contratos con la Administración

La luz

El último Consejo de Ministros de 2012 nombró a Alberto Nadal „ex dirigente de la CEOE y hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de la Moncloa„ nuevo secretario de Estado de Energía. Es el nuevo ’número dos’ del Ministerio de Industria que encabeza José Manuel Soria y el hombre encargado de bregar con el compromiso del Gobierno de presentar en el primer trimestre de 2013 una modificación de alcance de la ley Eléctrica, una auténtica reforma energética.

El departamento de Soria impulsó en 2012 la creación de siete impuestos que gravarán a las empresas eléctricas y, a la postre, a los consumidores para contener el agujero de la tarifa de luz, una deuda reconocida con las grandes compañías que supera los 24.000 millones de euros y que, incluso a pesar de esas decisiones tributarias, el Gobierno asume que seguirá creciendo y amenazando la viabilidad económica del sistema eléctrico. Nadal, con un papel que desempeñar también en la nueva entrega del ajuste del carbón, tiene por delante el reto de dar con una fórmula que permita contener el llamado déficit tarifario sin socavar la seguridad de suministro energético y frenando a la vez la escalada de precios, que mina la competitividad de la industria y la renta de los hogares.

Nada ha trascendido sobre si el Gobierno se decidirá a reformar en profundidad los aspectos del mercado eléctrico que favorecen a las eléctricas clásicas o las políticas de subvenciones que benefician a los productores de energías renovables. Sí se da por seguro que viene un cambio que afectará a las familias: Industria quiere sacar de la tarifa eléctrica (el precio que regula y fija en parte el Gobierno) a los consumidores con potencias contratadas de entre 5 y 10 kilovatios. Siete millones de hogares y pequeños negocios deberán sumarse a los que ya están obligados a contratar la luz en el mercado libre. Sin el paraguas de la tarifa, se avecinan nuevas subidas del recibo eléctrico, auguran las organizaciones de consumidores.

La vivienda

El Gobierno se dispone a negociar con las comunidades autónomas el nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 y a imprimir un cambio general de filosofía en ese programa político. En medio de los restos del estallido de la burbuja inmobiliaria y con escasa capacidad de maniobra en las cuentas públicas, el Ejecutivo dejará de financiar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y de conceder ayudas para la adquisición de pisos. El Ministerio de Fomento pretende explorar otros caminos: fomentar el alquiler, la rehabilitación y el uso de las viviendas vacías. Tras más de dos décadas de estímulos para la compra de vivienda, el departamento de Ana Pastor busca un cambio de chip. Las herramientas serán ayudas directas e indirectas a los arrendatarios, incentivos para poner en alquiler los inmuebles vacíos y un proyecto de ley, en tramitación parlamentaria, que aumente las garantías de cobro por parte del arrendador. Recién suprimida la desgravación fiscal por la compra de vivienda, el Gobierno quiere orientar ahora a los nuevos hogares españoles hacia el alquiler.

http://www.lne.es/economia/2013/01/18/recortes-2013/1356001.html