CONTRAREFORMA NO

El negocio es el negocio ¡¡por encima de todo y todos/as!!

Un millón de madrileños verán sus hospitales privatizados en dos semanas

La Marea Blanca se reunió este domingo 18 de agosto tras la adjudicación oficial de hospitales a contratistas

La Consejería de Sanidad insiste en que las empresas entrarán en los centros en septiembre

Quedan pendientes dos recursos judiciales sobre el proceso

Raúl Rejón, en eldiario.es

En septiembre de 2013, la atención hospitalaria de 1.153.939 madrileños dependerá de tres diferentes empresas a las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cede la asistencia sanitaria (a cambio de, dicen, ahorrar un 20% a los presupuestos regionales). A 12 días para llegar a esa fecha, la llamada Marea Blanca se reunió este domingo a las 11.00 horas frente al Ministerio de Sanidad.

Desde el 18 de noviembre no menos de cinco grandes manifestaciones se han concentrado en el centro de la ciudad de Madrid según iba avanzando el plan privatizador de seis hospitales (Infanta Leonor, Hospital del Tajo, Infanta Cristina, Infanta Sofía, Sureste y del Henares). El proceso fue  anunciado por el presidente regional Ignacio González el 31 de octubre de 2012 y llevado a cabo por su consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty. A eso se le unieron dos huelgas generales del sector sanitario en noviembre y diciembre del año pasado -que se repetirían en mayo y junio de 2013-. Con todo, la Consejería no varió sus planes para terminar pasando la dirección médica de los centros a concesionarias en un calendario inexorable. La norma legal que dio cobertura a la privatización se aprobó en el Parlamento regional el 27 de diciembre.

La subasta comenzó en abril. Entonces, Sanidad publicó los pliegos de condiciones para la adjudicación. No fueron ningún éxito de convocatoria. Si el consejero Lasquetty se había mostrado deseoso en noviembre de que acudieran "cuantas más empresas mejor" para obtener ofertas más ventajosas desde el punto de vista del precio, el sector no compitió en absoluto. Además, en medio del proceso, el Ejecutivo madrileño abarató las exigencias económicas de aval que pide a las empresas al recibir el contrato. Lo pasó del 5% del total de la concesión de diez años, unos 200 millones de euros, al 5% de una anualidad: unos 28 millones. Esa modificación fue recurrida en los tribunales e incluso trajo una suspensión cautelar de todo el proceso en julio que luego fue levantada -por motivos de forma, no de fondo- por el Tribual Superior de Justicia de Madrid.

Sólo un aspirante por paquete de hospitales ha tenido la convocatoria de privatización. Dos de ellos, Sanitas (para el centro de Coslada, próximo al de Torrejón de Ardoz cuya adjudicación compró a Ribera Salud en 2012) y la propia Ribera (para el Infanta Leonor Vallecas y el del Sureste) ya han recibido el encargo formalmente. Los otros tres hospitales cuentan con el informe favorable de ser entregados a la empresa puertorriqueña HIMA San Pablo (especializada en llevar pacientes de EE UU a la isla con sus ofertas de asistencia "más económica").

El PP de Madrid ha empujado la privatización de hospitales contra viento y marea. Sus planes han pasado por encima de la oposición de los profesionales y población además de dirimir batallas legales, algunas de ellas todavía por resolver. La Asociación de Facultativos AFEM tiene pendiente aún un recurso que, supuestamente, se resolverá en septiembre. El Partido Socialista de Madrid presentó un recurso de inconstitucionalidad basado en un informe elaborado por AFEM y los abogados de López Rodó & Cruz Ferrer. El Constitucional lo admitió a trámite (aunque ello no conlleva parón provisional del plan).

El concurso no ha traído competencia alguna entre ofertantes. Cada uno de los que han terminado por llevarse un lote han sido los únicos que enviaron sobres a la subasta. Sus cálculos copiaron las cifras económicas publicadas por Sanidad respecto a lo que el Servicio Regional de Salud trendrá que pagar a las empresas por atender a los pacientes. Sus mejoras se quedaron en un 0,006% de lo presupuestado oficialmente. Son  313.254 euros al año respecto a los 4.679.820.419 euros en los que valoró la cesión de la actividad hospitalaria a empresas privadas publicada el pasado 7 de mayo. Esas son las cifras del negocio sanitario abierto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

EN OTRO ORDEN DE CUESTIONES:

¿El derecho a la Salud?... ¡¡sólo cuando no interfiera con los negocios!!

Madrid pide cambiar la ley para que se fume en Eurovegas

18.08.2013, en La Nueva España

El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, señaló que el Gobierno regional quiere que la legislación, tal y como está concebida ahora, no perjudique el desarrollo de un proyecto como Eurovegas, que generará la creación de miles de puestos de trabajo. Por ello, considera que se puede permitir el consumo de tabaco en determinadas áreas de los casinos si se cuenta con las medidas necesarias para no afectar al resto de personas. La competencia para modificar la ley corresponde al Parlamento estatal.

El Gobierno planea dar más poder a las mutuas en las bajas médicas

 

Podrán dar altas en enfermedades comunes si un inspector no contesta en seis días

Los facultativos, los únicos autorizados, alertan del perjuicio al paciente

El paciente ya no deberá renovar su baja médica cada semana

Elena G. Sevillano Madrid 11 AGO 2013 - 22:00 CET18 

 

Las mutuas ganarán margen de maniobra para decidir cuándo hay que dar de alta a un trabajador enfermo. Si hasta ahora lo hacían en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Gobierno tiene previsto darles esta potestad también cuando se trata de una enfermedad común o de un accidente no laboral —el 80% de las empresas ya tienen asegurados estos procesos con las mutuas—. Así lo recoge un proyecto de real decreto, fechado el 17 de julio pasado, que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal. Uno de sus artículos faculta a las mutuas a facilitar el “alta médica presunta” al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud. Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta y sin derecho a subsidio.

 

Las mutuas, que son asociaciones de empresarios formalmente sin ánimo de lucro, gestionan tanto las contingencias profesionales como las comunes. En los últimos años, la mayoría de las empresas han encomendado la gestión de sus bajas comunes a las mutuas, en lugar de hacerlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ya solo se ocupa del 20%. Por primera vez, un borrador de texto legal las faculta para dar altas en caso de enfermedad común, algo que los médicos de familia y los inspectores sanitarios consideran un “gravísimo error” y un perjuicio para el paciente. La patronal de las mutuas, en cambio, cree que si ellas pudieran gestionar todas las altas ahorrarían a la Seguridad Social y a las empresas 6.600 millones de euros.

 

“Alta presunta”

El artículo 7 del proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración establece que cuando las mutuas “consideren que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo” podrán formular “propuestas motivadas de alta médica dirigidas a las unidades de la inspección médica del servicio público de salud”. El inspector podrá, en cinco días, confirmar la propuesta (y dar el alta) o desestimarla motivadamente. “En caso de que al sexto día de formulada la propuesta la mutua no hubiera recibido pronunciamiento expreso [...] entenderá que la propuesta ha sido estimada”.

 

El texto denomina “alta presunta” a la que dé la mutua por silencio administrativo, y asegura que “surtirá efectos el primer día siguiente al de su notificación al beneficiario” y se extinguirá el derecho al subsidio. El trabajador deberá incorporarse al trabajo “el día en que produzca sus efectos la extinción del subsidio”.

 “Es como poner a la zorra a cuidar al gallinero”, exclama el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS), José María Morán. “El alta la tiene que dar el médico o la inspección. La mutua, como financiadora de la prestación, tiene demasiado interés en reducir el tiempo de baja”, añade. Que las mutuas puedan dar de alta por silencio administrativo constituye, en opinión de Morán, “una grave inseguridad jurídica para los trabajadores y una perversión administrativa”. Además, cree que “se abusa de la falta de capacidad de respuesta de un sistema de salud muy recortado. Una propuesta de alta de una mutua puede llegar por fax a un administrativo y que el médico esté de viaje, a su vez de baja y sin sustituto, con lo que un paciente con cáncer terminal se puede encontrar al sexto día de alta y sin prestación”. “Se está abriendo la vía a la judicialización”, añade.

 

Los médicos de familia, que son los que ahora dan las bajas y las altas, también están en contra de la intención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. “Las altas tienen que ser confirmadas. La decisión sobre cuándo una persona enferma está lista para volver a trabajar la debe tomar su médico o el inspector con criterio sanitario, nunca debe resultar de un silencio administrativo. Esto genera gran indefensión a los pacientes”, asegura Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). También él alude a los recortes del sistema público de salud y la falta de suplentes cuando un médico se ausenta. “En seis días es muy fácil que un inspector no pueda ponerse en contacto con el médico de un paciente para revisar su situación. La mutua tiene intereses económicos que pueden primar sobre los clínicos y forzar altas de forma prematura”, añade.

 

Tampoco a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), a la que pertenecen, por ejemplo, Fremap, Ibermutuamur o Asepeyo, le gusta el proyecto de real decreto, pero por el motivo contrario. Considera que las mutuas deben estar facultadas para dar altas por contingencias comunes en todos los casos. Argumentan que, dado que legislación prevé que gestionan la prestación de baja con igual alcance que el INSS, si este tiene competencia para emitir altas, también las mutuas deberían tenerla. “Los profesionales médicos de las mutuas vienen emitiendo altas por contingencias profesionales sin ningún tipo de controversia, actuando siempre bajo el mismo código ético y deontológico que cualquier profesional sanitario de los servicios públicos de salud”, afirma por correo electrónico un portavoz de AMAT.

 

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) discrepan: “Los médicos de las mutuas patronales están capacitados para tratar problemas de salud laboral, pero no son especialistas en medicina familiar y comunitaria”. “Este real decreto, que espero que se subsane, supone poner en manos de la patronal la salud de los trabajadores, convertirla en juez y parte”, asegura su vicepresidente, Isidoro Rivera. AMAT considera que “la mayor parte de las enfermedades comunes y accidentes no laborales tienen carácter traumatológico o solo requieren de conocimientos de medicina general para su valoración por lo que es lógico afirmar que los médicos pueden valorar, con el máximo acierto, la mayor parte de los procesos y expedir el alta a todos los efectos”.

 

El controvertido acceso a las historias clínicas

E. G. S.

 

Quién puede acceder, y para qué, a las historias clínicas de los pacientes es otro de los puntos controvertidos en el real decreto que regulará la incapacidad temporal. Tanto las sociedades de médicos de familia como los inspectores de servicios sanitarios denuncian que, con la excusa del control de la prestación económica de la incapacidad temporal, “se pretende liberar el acceso integral a la historia clínica electrónica” a todas las entidades que gestionan las bajas, entre ellas, las mutuas. “¿Qué sentido tiene que si estás de baja por un esguince la mutua pueda acceder a tu historia completa y vea si fumabas marihuana o tuviste un aborto, o si tienes VIH?”, se pregunta José María Morán, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS). “El nivel de acceso a las historias no está estructurado. Y no habrá intercambio de información. La mutua podrá ver la misma historia que el médico, pero este no podrá acceder a la información de la patología laboral de los pacientes para ver el posible origen profesional de muchas contingencias comunes”, añade.

 

“Las mutuas no son parte del sistema sanitario público”, asegura Paulino Cubero, de Semfyc. “El ministerio nos dijo en una reunión que solo se les iba a permitir acceder a la parte de la historia necesaria, pero no creemos que pueda hacerse”. A Isidoro Rivera, de Semergen, le preocupa que “no se salvaguarde el derecho a la intimidad”. “Actualmente, en los partes de baja que hacemos no se le facilita a la empresa el diagnóstico, y es porque se entiende que eso pertenece a la intimidad del paciente”, añade.

 

El proyecto de real decreto, que el Ministerio de Empleo no quiso comentar con EL PAÍS por estar aún “en elaboración”, incluye una petición histórica de médicos y pacientes: la eliminación de las renovaciones semanales (parte de confirmación) de las bajas largas en las que está claro que el paciente tardará meses en recuperarse. Según el texto, un paciente podrá estar hasta 35 días sin ir a consulta. Se estandarizarán los tiempos medios en los que se cura cada enfermedad para así poder alargar el lapso entre visitas al médico.

 

Por una sanidad pública, universal y gratuita

El doctor Palacios destacó la labor «firme, incansable e indomable» de los voluntarios de la asociación desde 1987

María José Sánchez Romero besa al doctor Marcelo Palacios Alonso. Gijón

30.06.2013 | 04:41P. T. / J. M. C  Fotos de la noticia

«Una sanidad pública, universal y gratuita» fue la reivindicación que hizo al Gobierno de la nación María José Sánchez Romero, presidenta del Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias, tras recoger la medalla de plata del Ayuntamiento de Gijón de manos de Santiago Martínez Argüelles, portavoz del Grupo municipal Socialista.

Defendió María José Sánchez que se trate a los enfermos de sida con «equidad e igualdad» y de la distinción municipal afirmó que era «un premio al activismo de la lucha día a día de las personas portadoras de sida».

El 7 de julio de 1987, cuando el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) era ya una enfermedad mundial, nació el Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias, con sede en el barrio gijonés de El Coto de San Nicolás. El doctor Marcelo Palacios Alonso, presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, que fue el encargado de glosar los méritos del Comité Ciudadano Antisida, relató que fue él en 1985 el primer diputado nacional que preguntó en el Congreso sobre la enfermedad, que entonces, señaló, «era la de las tres haches», es decir, homosexuales, heroinómanos y hemofílicos.

Entonces, explicó el doctor Palacios, «en España estaban registrados dieciocho casos, pero dos años después la enfermedad ya estaba en todos los ámbitos». Por ello, el doctor Palacios destacó la labor «firme, incansable e indomable» de los voluntarios y las voluntarias del Comité Ciudadano Antisida, quienes en el último cuarto de siglo «hicieron un trabajo inmenso».

Gracias a ese trabajo y al de miles de personas más en todo el mundo, ahora la enfermedad, afirmó Marcelo Palacios, «es crónica, no mortal», ni sinónimo de las tres haches.

Hace veinticinco años España era el primer país europeo en casos de sida pediátrico y en transmisión por el uso compartido de jeringuillas en la población adicta a las drogas por vía parenteral. Ahora la vía de transmisión de la enfermedad ha cambiado y se ha quedado, como en el resto de Europa, como enfermedad de transmisión sexual. Pero la pandemia se cobró en el mundo veinticinco millones de vidas.

España baja por segundo año su gasto sanitario, que está en la media de la OCDE

Un informe de este organismo señala que solo en otros tres países ha caído el gasto dos años

Elena G. Sevillano Madrid 27 JUN 2013 - 22:29 CET

“El gasto en salud sigue estancado”, titula la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) su informe de 2013 sobre las cifras que manejan los sistemas de salud nacionales. Una afirmación que vale para casi todos los países de la OCDE, pero no para España, que, junto con Grecia, Irlanda e Islandia, es de los pocos que redujo el gasto en sanidad dos años consecutivos, en 2010 y 2011, según destaca esta organización en la clasificación hecha pública ayer. España dedicó en 2011 el 9,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la sanidad, justo la media de los países de la OCDE. El año anterior supuso el 9,6%, ligeramente por encima de la media (9,5%)...(leer más)

Gasto sanitario en la OCDE

No dejes de participar ¡¡por una democracia «participativa y real»!!

 

En el Hospital San Agustín la mesa esta ubicada en la entrada de Consultas Externas.

El Plebiscito Ciudadano empieza en Asturias con casi 1.500 votantes

Oviedo, EFE

 

El plebiscito convocado por Marea Ciudadana en varias ciudades españolas con cuatro preguntas sobre democracia participativa, transparencia política, deuda y privatización de lo público se ha iniciado hoy en Asturias (por ayer) con el recuento a media tarde de 1.500 papeletas.

 

La iniciativa de la consulta popular para "conseguir una democracia real y participativa", según Marea Ciudadana, se prolongará hasta el 30 de junio en distintas provincias, entre ellas Asturias.

Fuentes del colectivo convocante han informado a EFE que unos seiscientos votantes han depositado sus papeletas en las cuatro mesas instaladas en la zona centro de Oviedo en la calle Gascona y en las plazas del Ayuntamiento, Escandalera y El Fontán.

 

En Gijón el recuento ha alcanzado el medio millar de votos en las cinco mesas de recogida, ubicadas en la Fábrica de Gas, la zona del rastro y Las Mestas, coincidiendo con la celebración de la Carrera de la Mujer.

 

Marea Ciudadana inicia la recogida de firmas para un plebiscito «por una democracia real»

Ricardo Solís, Avilés, en La Nueva España.

 

Los impulsores del plebiscito ciudadano en Asturias por una democracia «participativa y real» celebraron ayer la primera jornada de recogida de firmas en el barrio de La Luz. Los interesados en participar en esta campaña impulsada por Marea Ciudadana podrán hacerlo depositando su voto hasta el próximo día 30. El plebiscito es una herramienta de democracia participativa y puede ser convocado, organizado y llevado a cabo por los propios ciudadanos. Se basa en los artículos 1 y 23 de la Constitución española.

 

COMO LOCALIZAR TU MESA DE VOTACION MAS CERCANA…

 

Porque hay que lograr que nos “privemos de privatizaciones”... entre otras.

La Marea Blanca sale a la calle para defender la Sanidad Pública

Madrid, Cuenca, Albacete, Murcia, La Rioja, Zaragoza, Gran Canaria y Tenerife, entre otras, se han manifestado este domingo contra la privatización sanitaria.

ARANTZA DE CASTRO, Madrid, en Público.

Miles de ciudadanos de diversas ciudades como Madrid, Cuenca, Zaragoza, Gran Canaria, Albacete, Murcia, La Rioja y Tenerife han salido a la calle este mediodía en defensa de la sanidad pública. Al grito de "reforma sanitaria, reforma funeraria" los asistentes de la Marea Blanca de Madrid, la más numerosa, han partido a las 12.00 horas de la Puerta del Sol hasta la de Alcalá.

Las movilizaciones de las otras ciudades también han comenzado su marcha a la misma hora, excepto Zaragoza, donde la protesta se ha adelantado a las 11.00 horas en la Plaza de España con el lema "Contra recortes y privatizaciones. Solidaridad con las trabajadoras de limpieza".

Estas marchas llegan dos días después de que el juez admitiera a trámite la querella de la asociación de médicos Afem contra los responsables de la sanidad madrileña por prevaricación, cohecho, fraude y malversación en la externalización de la sanidad. Por ello, la asociación PATUSALUD (Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud) convocaba para este mediodía una marea blanca nacional.

En un comunicado, PATUSALUD denunció que "numerosos gobiernos autonómicos" tienen la "intención" de transformar el sistema nacional de salud "en un modelo que considera clientes a los usuarios y que mercantiliza las prestaciones sanitarias, trasvasando una parte importante de nuestros impuestos a empresas privadas con ánimo de lucro".

Con esta declaración se referían a los grupos Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo, de Puerto Rico, que optan a la gestión de seis hospitales públicos madrileños (Sureste, Infanta Leonor, Henares, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo).

Con una lluvia de papeletas blancas partía de la Puerta del Sol la Marea Blanca de Madrid. Profesionales y pacientes comenzaban su protesta frente a la sede del Gobierno regional con el lema "Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad pública", en alusión a las cerca de un millón de firmas recogidas en la consulta popular celebrada del 5 al 10 de mayo. Por ello, los manifestantes han lanzado estas papeletas todas con el "sí" marcado en ellas.

"Privémonos de privatizadores" o "Salvan bancos, cierran hospitales" podía leerse en las pancartas que portaban los asistentes a la Marea Blanca Madrileña. Tres mujeres médicos de Asistencia Primaria han explicado que estaban allí porque "luchamos por lo de todos y lo nuestro no se vende". Así como, una auxiliar administrativa del Hospital de Getafe que afirmaba haber ido a la marcha "para que no se privatice la Sanidad, no sólo como trabajadora sino también como paciente. Somos, al parecer, la tercera sanidad en calidad de Europa y no queremos que eso cambie".

Entre los asistentes también había lemas como "Tu sobre es mi recorte" o "Con el PP, al cielo me iré". Una trabajadora de urgencias de la Fundación Alcorcón explicaba estar ahí no solo como trabajadora sino también como usuaria ya que "es una vergüenza que con todos los recortes perdamos la facilidad a la hora de trabajar, algo que se nota en la resolución final del paciente. Además, tenemos que ver como en urgencias los pacientes están en los pasillos, pierden su intimidad y nosotros, como trabajadores, estamos a mil por hora".

La marea blanca, que ha dejado de ese color el suelo de la plaza por las papeletas, iniciaba poco después la marcha detrás de la pancarta "Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad Pública" que llegaría una hora y media más tarde a la Puerta de Alcalá. Junto a la cabecera, ciudadanos que portaban chalecos con mapas de todas las comunidades autónomas, han caminado al grito de "de Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste".

La lucha contra la externalización sanitaria, reflejada en esta marea blanca, han querido desvincularse de toda ideología política al comienzo de la marcha. El doctor Millet, un profesional jubilado sin su aprobación, ha afirmado que "esto no es un movimiento ni de izquierdas ni de derechas, es una lucha de todos los ciudadanos españoles".  El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que quienes han convocado la nueva marea "ya no están pensado mucho en la sanidad" sino que siguen una "pura estrategia de confrontación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A su paso por el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, la marcha ha comenzado a señalar el edificio y a gritar consignas como "Ahí está la cueva de Alí Babá". Una auxiliar de enfermería del hospital de Móstoles ha afirmado que "no me parece justo que a nosotros nos rebajen el sueldo y los propios políticos no lo hagan".

A su llegada a la Puerta de Alcalá han leído un manifiesto en el que se ha asegurado que los hospitales "están siendo despojados, desangrados y maniatados". Además, han criticado el proceso de externalización en el que "están vinculadas aseguradoras y bancos" por lo que en pocos años, "lo público será un servicio de beneficencia".

La iniciativa ha finalizado con un minuto de silencio por "las personas que se dejan la vida en los hospitales de gestión privada y por la asistencia universal". Durante este minuto,  los miles de participantes han levantado un folio con la palabra "SÍ" y han realizado un aplauso silencioso con las manos en alto. Además, han recordado con otro aplauso, esta vez sonoro, a los trabajadores de la clínica Federica Montseny que fueron detenidos la semana pasada por encerrarse en el centro de salud de Vallecas para luchar contra su privatización.

En Logroño, la Marea Blanca de la Rioja, alrededor de 200 personas han secundado la concentración ruidosa para "exigir y reclamar" una sanidad pública "algo que es nuestro y nos están arrebatando descaradamente".  Durante media hora, los asistentes han defendido la Sanidad Pública frente al Palacete del Gobierno y tras una pancarta en la que rezaba ’Sanidad Pública, de todos y para todos’.

La ’marea blanca’ vuelve a tomar las calles en defensa de la sanidad pública

La concentración se produce después de que los exconsejeros de Sanidad madrileños fueran imputados por presuntas irreguralidades en la externalización sanitaria

23.06.13 - EFE | MADRID

La concentración contra el proceso de externalización sanitaria, conocida como ’marea blanca’ ha vuelto a reunir hoy en Madrid a miles de personas que han denunciado que "lo que está en juego es la salud de toda una nación". En el manifiesto leído al final de la concentración en la Puerta de Alcalá se ha asegurado además que los hospitales "están siendo despojados, desangrados y maniatados" y que "huele a cambio de modelo en toda regla, por ideología y por negocio".

Además, han apuntado que tras el proceso de externalización "están aseguradoras y bancos", por lo que "en unos años, lo público será un servicio de beneficencia".

La cabecera de la marcha, que ha partido a las 12 horas de la Puerta del Sol, alcanzaba su destino a las 13.15 horas. A lo largo del recorrido se han escuchado cánticos como el habitual "sanidad pública, no se vende, se defiende", otros contra la reforma laboral, contra el Gobierno nacional, regional y municipal y contra las entidades bancarias. Además, se han lanzado al aire varios montones de papeletas de las empleadas en la ’Consulta por la Sanidad Pública’.

A continuación, ha tomado la palabra el doctor Millet, uno de los profesionales que han sido jubilados pese a su intención de continuar en su labor profesional. Millet ha llamado a la ciudadanía "para que se unan a esta defensa de la sanidad pública".

Además, ha querido huir de vinculaciones políticas, asegurando que "esta lucha no es de derecha o de izquierda, es de todos los ciudadanos españoles".

Más adelante, se ha pedido un minuto de silencio en reconocimiento "a los que se están dejando la vida en los hospitales de gestión privada" y "por el final de la asistencia sanitaria universal". Durante ese tiempo, los manifestantes han agitado las manos en alto, una tradición adquirida tras los acontecimientos del movimiento 15-M.

Tras la lectura del manifiesto oficial, se ha anunciado que este miércoles a las 11 horas se entregarán las firmas de protestas de ciudadanos que han sido derivados a centros privados o concertados, lo que tendrá lugar en la sede de la Consejería de Sanidad madrileña.

Los asistentes se han ido marchando paulatinamente, tras una mañana de calor intenso, hasta quedar vacía la glorieta de la Puerta de Alcalá sobre las 14.20 horas, cuando se ha procedido a las labores de limpieza y se ha restaurado el tráfico.

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Desde hoy y hasta el próximo domingo ¡¡Participa y Vota!!

Una de las mesas estará instalada en la entrada de Consultas Externas del Hospital San Agustín

 

La Marea Ciudadana convoca un plebiscito entre el 23 y el 30 de junio

Habrá cuatro preguntas, a contestar con un "sí" o un "no", sobre democracia participativa, deuda y corrupción, transparencia del sistema político, recortes en los derechos fundamentales y privatización de lo público.

PÚBLICO, Madrid.

La Marea Ciudadana, compuesta por diferentes movimientos sociales, plataformas, colectivos, sindicatos y partidos políticos, ha convocado un plebiscito en todo el Estado español entre el 23 y el 30 de junio.

El plebiscito se celebrará en 52 provincias y en otros tres países de la Unión Europea (Reino Unido, Francia e Italia), en los que también se montarán mesas a través de los distintos "Grupos de Expatriados", como ellos mismos han decidido denominarse, dado que la emigración ha sido forzada por motivos económicos y de falta de oportunidades en nuestro Estado.

"Se trata de una nueva acción para avanzar hacia el necesario cambio por una democracia participativa. El plebiscito mostrará mediante el voto cuál es la voluntad de la ciudadanía", afirma en un comunicado Ecologistas en Acción, uno de los integrantes de la Marea Ciudadana. "Este plebiscito se plantea como una consulta que pretende ser vinculante a través del voto popular directo. Es en definitiva, la puesta en práctica de una herramienta de democracia participativa que puede ser convocada, organizada y llevada a cabo desde la ciudadanía. La intención es que a través de este mecanismo la población pueda condicionar la toma de decisiones frente a determinadas actuaciones que repercuten en el interés general".

La organización plantea cuatro preguntas, a contestar con un "sí" o un "no", sobre democracia participativa, deuda y corrupción, transparencia del sistema político, recortes en los derechos fundamentales y privatización de lo público.

AREA VIII (Valle del Nalón)

La Cumbre Social habilita 34 puntos de votación para su plebiscito

Los vecinos podrán dar su opinión sobre temas ligados a la economía y la política

23.06.2013, Langreo, M. Á. G., en La Nueva España.

La Cumbre Social del Nalón -la ramificación comarcal de la plataforma creada a nivel estatal para protestar contra los recortes del Gobierno- ha establecido un total de 34 puntos en el Valle en los que los vecinos podrán votar, entre el hoy y el 30 de junio, en el plebiscito organizado en el país por el colectivo para consultar a la ciudadanía sobre diferentes cuestiones.

Las papeletas incluirán cuatro preguntas en las que el votante podrá contestar de forma afirmativa o negativa. En la primera de ellas se cuestiona al ciudadano sobre si debe incorporarse el plebiscito en la Constitución como herramienta vinculante. La segunda se centra en la deuda de los bancos; la tercera, en las leyes sobre transparencia; y la cuarta, en la gestión pública de los servicios».

«Habrá una mesa permanente en la sede de la Federación de Vecinos de Langreo, en Sama, y otras rotatorias por diferentes puntos del Valle», indicó Miguel Ángel Fernández, la persona designada por la Cumbre Social para gestionar la organización del plebiscito en el valle del Nalón.

En la plataforma comarcal están presentes un total 17 colectivos. La Cumbre Social integra a nivel estatal a más de 150 organizaciones políticas, sindicales y sociales.

VER TRIPTICO DEL PLEBISCITO

La ´Marea Blanca´ vuelve a las calles madrileñas este domingo

El colectivo sanitario protesta por sexta vez contra la externalización de seis hospitales de la Comunidad

23.06.2013 | 10:50 

 

Sexta marea blanca en Madrid. EFE

EP/Madrid
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha convocado para este domingo una nueva 'Marea Blanca' en rechazo a la externalización de seis hospitales de la regiónque impulsa la Consejería de Sanidad, la sexta en lo que va de año.

Como cada tercer domingo de mes desde que se inició el conflicto sanitario por la externalización, los colectivos que integran la Mesa convocan a usuarios y pacientes a secundar la marcha, que tendrá lugar a las 12.00 horas y su recorrido comenzará en la Puerta del Sol para terminar en la Puerta de Alcalá.

Por su parte, la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud manifestó el pasado fin de semana que esta nueva 'Marea Blanca' tenía vocación 'nacional' para tratar de demostrar que la ciudadanía rechaza cualquier forma de 'desmantelamiento' de la sanidad pública. Por ello, el lema de la marcha será 'Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad pública'.

La protesta se produce después de conocerse que las empresas que optan a la gestión de los seis hospitales (HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio en el que está presente Ribera Salud) ha demostrado cumplir los requisitos de solvencia y han presentado sus ofertas técnicas.

Por otra parte, el 28 de junio está previsto que se proceda a la apertura de las ofertas económicas presentadas por las empresas (que supone el 50 por ciento de la valoración del proceso) y se aporte la valoración de los planes técnicos para la gestión de los hospitales.

Aparte, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), los sindicatos AMYTS y SATSE, y el PSM han registrado recursos contra el pliego de condiciones para la licitación del concurso público convocado por la Consejería de Sanidad.

Mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty,manifestó recientemente que las protestas contra la externalización, como la 'Marea Blanca', se "desinflan" al contar cada vez con menos respaldo por parte de profesionales y usuarios