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CONTRAREFORMA NO

Lasquetty & cia. estaban advertidos, pero les dá todo igual… de hecho consideran, sin dudar, que “DIMITIR” es un nombre ruso.

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¡¡GRAN NOTICIA!!

La justicia paraliza la privatización de los seis hospitales madrileños otra vez

Un juzgado falla "por derechos fundamentales" la suspensión cautelar del proceso

Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas tenían ya adjudicada la gestión de los centros

La Consejería de Sanidad anuncia que recurrirá el auto

José Marcos / Pilar Álvarez, Madrid, en El País

Segundo varapalo judicial al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Madrid ha paralizado de forma cautelar y para “proteger derechos fundamentales” el cambio de titularidad que el Gobierno regional de Madrid impulsó en los centros a lo largo del último año y culminó en agosto pese a tener varios procesos judiciales abiertos. El Tribunal Superior de Justifica de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el mismo proceso en julio tras una denuncia del PSOE y levantó la suspensión dos semanas después al considerar que el partido no tenía legitimación para presentarlo por no ser un afectado directo. La denuncia que ahora ha considerado un nuevo juzgado proviene de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que justificó la petición de una suspensión cautelar en “la imposibilidad de revertir el cambio de modelo”.

 

Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). Un portavoz regional señaló ayer que estudian interponer un nuevo recurso porque este último fallo procede de un órgano “inferior jerárquicamente al TSJM”. El juez de lo Contencioso ha acordado mantener esta medida hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga fin al procedimiento”.

 

Sanidad culminó el 19 de agosto el proceso de adjudicación con tres empresas (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo) tras 10 meses de conflicto laboral, político y social y 22 jornadas de huelga. Se suspendieron 8.000 cirugías y 76.000 consultas, según datos de la Comunidad de Madrid.

 

Según recoge el auto, del magistrado Carlos Gómez, la adjudicación “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad”. El juez considera que la “magnitud” del servicio hospitalario supone que las empresas adjudicatarias “en sus legítimas aspiraciones empresariales” deberán introducir “importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión”.

 

Los contratos tienen una duración inicial de 10 años, lo que “hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”, admite el magistrado. En los seis hospitales trabajan un total de 5.200 sanitarios, de los que 2.000 son personal estatutario fijo (funcionarios) y, de éstos, 560 son médicos, según datos de la Consejería de Sanidad.

 

El juez considera que el proceso de privatización “resulta una incógnita en el momento actual” y acusa a los responsables de la Administración regional madrileña de asumir “sin más su incompetencia para gestionarlo [el servicio sanitario de los seis hospitales] con mayor eficiencia”.

 

“Es una buenísima noticia, estamos muy satisfechos porque ha sido precisamente una suspensión por un recurso por defensa de derechos fundamentales”, declaró ayer Fátima Brañas, portavoz de AFEM. “La privatización no solo no supondría el ahorro que defendía la Comunidad [del 20%, según el presidente autonómico, Ignacio González], sino que además generaría desigualdades en cuanto a la atención sanitaria que recibirían los madrileños y por tanto una discriminación”, añadió.

 

Los tres partidos de la oposición en la región (PSOE, IU y UPyD) festejaron ayer la decisión judicial, que asume en parte la paralización del proceso que reclamaron todos en el debate sobre el estado de la región que se celebró ayer en la Asamblea de Madrid. El fallo “prácticamente hace inviable la privatización este año. Había poderosas razones para paralizar este proceso”, manifestó el diputado socialista José Manuel Freire. “El Gobierno regional ya no tiene ninguna excusa para no paralizar este proceso”, añadió Rubén Bejarano (IU). “Esperamos que la Comunidad de Madrid renuncie totalmente a un proceso lleno de irregularidades”, sentenció Enrique Normand (UPyD).

 

Otro juez vuelve a paralizar la privatización de la sanidad madrileña

El titular del juzgado contencioso nº4 de Madrid suspende el proceso a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y con el apoyo de la Fiscalía

 

ARANTZA DE CASTRO, Madrid, en publico.es

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Madrid ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños emprendido por el Gobierno regional, según una resolución a la que ha tenido acceso Público.

 

En el auto, el juez señala que la paralización se prolongará hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento aunque recuerda que cabe recurso de apelación contra su decisión.

 

La decisión del juez responde a una petición de Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y que ha sido apoyada por la Fiscalía.  El magistrado argumenta que el cambio de modelo sanitario que supone la propuesta de la Comunidad madrileña es de tal envergadura y afecta a tal cantidad de profesionales y población que de estimarse en el futuro la demanda de AFEM y anularse el proceso tendría unas consecuencias irreparables.

 

El proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid pretende "externalizar" la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo.

 

Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), han confirmado a Público la medida adoptada por el tribunal. Según el auto del juez, el proceso de privatización vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos madrileños por discriminación ya que, según fuentes de AFEM, "una población iba a ser atendida de una manera y otra población de otra".

 

No es la primera vez que la justicia  suspende cautelarmente el proceso privatizador de la Sanidad Pública madrileña. En el mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreció, como solicitó el Partido Socialista de Madrid, que existían medidas de "especial urgencia" para paralizarlo. Sin embargo,  pese a que se tomaron medidas cautelares, finalmente se levantó la suspensión por el mismo tribunal, tras conocer las alegaciones de la Comunidad madrileña.

 

La causa que dio origen a la denuncia presentada por los socialistas era la reducción de las garantías que las empresas que optaban a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores.

 

Aunque el titular de Sanidad presumió de poder seguir adelante con la "externalización" de hospitales tras el rechazo del TSJM al recurso de los socialistas, el mismo tribunal le recordó que faltaban por resolver las peticiones de Afem y Amyts.

 

Sin embargo, pese a que el Tribunal levantó el 10 de julio las medidas cautelares que paralizaban el proceso de adjudicación de hospitales a las futuras empresas gestoras, los recursos instados por Afem y Amyts seguían en curso.  Por tanto, La Justicia avisó a Lasquetty que si llegase a firmar los contratos con las empresas adjudicatarias y el TSJM sentenciase después en contra de la privatización, todo el proceso anterior quedaría anulado.

 

Este auto del Tribunal anunciaba que "al no haberse pronunciado aún la Sala" los actos que lleve a cabo la Comunidad en su avance por la "externalización" de seis hospitales de la región "pueden verse afectados en caso de acordarse medidas cautelares".

 

La justicia paraliza de nuevo la privatización sanitaria madrileña

El auto detiene la cesión a contratistas hasta que haya sentencia firme sobre el recurso en contra de la gestión privada

El juez se extraña de que la Comunidad de Madrid admita su "incompetencia" para administrar la Sanidad de manera eficiente al pasar la dirección a empresas

Raúl Rejón, en eldiario.es

Los jueces vuelven a mandar parar momentáneamente la privatización de seis hospitales en Madrid. El juzgado de los Contencioso Nº4 de la capital ha ordenado tomar esa medida cautelar a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM).

 

El auto de 3 de septiembre entiende que todo el proceso privatizador supone un cambio de modelo "irreversible" por lo que, estima, debe pararse hasta que se dicte sentencia sobre las órdenes que sacaron a concurso los seis centros sanitarios y que afectan a un total "de 1.149 camas de un total de 15.459 camas en dicho ámbito territorial), cuatro Centros de Especialidades, 92 municipios (de un total de 179), 2 distritos de la ciudad de Madrid, 1.151.588 personas (el 18,02% de la población con derecho a la asistencia sanitaria) y 5.128 profesionales (sanitarios y no sanitarios), suponiendo, además, “transacciones económicas cuantiosísimas” (con un precio total de la licitación de 4.679.820.419,29 euros), así como la subrogación de los concesionarios en 392 contratos de suministros y servicios vigentes, por un importe total aproximado de casi 44 millones de euros", según recoge el escrito judicial.

 

El texto entiende que los perjuicios a terceros de esta suspensión (los contratistas ya adjudicados que son Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo) son estrictamente "económicos". La paralización cuenta con el informe favorable del fiscal que, afirma, que "el cambio de modelo que se propone es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias como para que las consecuencias que se derivan de todo ello puedan llegar a ser irreparables".

 

El juez duda en su disposición de que la defensa aludida por la defensa de la Comunidad de Madrid sobre la salvaguarda del interés general mediante el ahorro económico sea un argumento contra la suspensión. Y explica: "Al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia. Se cuestiona si el interés general se garantiza más a base de ahorro o del "mantenimiento del sistema actual". La medida se mantendrá "hasta que sea dictada sentencia firme".

 

EL GOBIERNO MADRILEÑO ESTABA ADVERTIDO…

Y REITERADAMENTE ADVERTIDO…

Fernández-Lasquetty se equivoca: España tiene el sistema sanitario más eficiente de Europa

 

fernandez lasquetty

DATA / 3 septiembre, 2013

LA DECLARACIÓN LA HIZO hace apenas unos días Javier Fernández-Lasquetty (PP), consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En una entrevista aseguraba que era “una ineficiencia enorme” un sistema sanitario basado en funcionarios vitalicios.

“España es el único país de Europa que trabaja con médicos, enfermeras y auxiliares que son funcionarios vitalicios, que cobran lo mismo si trabajan muy bien, bien o si trabajan regular”, afirmaba Fernández-Lasquetty. “Eso no pasa en ningún país de Europa, ojo que estoy hablando de países como Alemania, como Francia, como Holanda, países muy serios”. “Eso es muy oneroso y muy costoso para los ciudadanos”, aseguraba.

Sin embargo, los datos no le dan la razón al consejero de Sanidad madrileño. España ocupa el 5º puesto en el ranking sobre los sistemas sanitarios más eficientes del mundo elaborado por Bloomberg, sólo superado por 3 países asiáticos (Hong-Kong, Singapur y Japón) e Israel. De hecho, España es el país con el sistema sanitario más eficiente de Europa. Los países de referencia mencionados por Fernández-Lasquetty ocupan el puesto Nº19 (Alemania) y el Nº30 (Alemania).

Los franceses gastan el 12,5% del PIB en su sistema de salud. Los alemanes, el 11,7%. Los españoles gastamos el 10,4%. El coste per cápita sanitario en Francia es de US$4.952 y en Alemania de US$4.875. En España US$3.027.

En el ranking de Blomberg cada país ha sido clasificado en base a 3 criterios: esperanza de vida (60% de ponderación), costo per cápita relativo de la sanidad (30%) y costo per cápita absoluto de la sanidad (10%). Los países reciben una calificación por cada criterio y los resultados se ponderan y se suman para obtener sus índices de eficiencia.

“Costo relativo” es el coste de la sanidad como porcentaje del PIB per cápita. “Costo absoluto” es el gasto total en sanidad, que cubre servicios preventivos y curativos, planificación familiar, políticas de nutrición y ayuda de emergencia. Se incluyen países con poblaciones de 5M, con un PIB per cápita superior a los US$5.000 y con una esperanza de vida de, al menos, 70 años.

El triste y vergonzoso balance del año de entrada en vigor del mayor logro de nuestra ministra Sra. Ana Mato…

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Médicos del Mundo asegura que 800.000 personas permanecen sin control médico en España

A punto de cumplirse el primer año de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, que comportó la retirada de las tarjetas sanitarias a los sin papeles, Médicos del Mundo asegura que más de 800.000 residentes en España se encuentran sin cobertura sanitaria y que cerca de 1.000 casos de personas inmigrantes que han sido excluidas del sistema sanitario.

Madrid, en Acta Sanitaria.

Médicos del Mundo, que anuncia acciones específicas para el mes de septiembre, recuerda que a lo largo de este año no ha dejado de denunciar lo injusto de esta medida por todos sus medios: llamada a la objeción de conciencia del personal sanitario con la campaña "Derecho a Curar", comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente de la organización, acción viral en las redes sociales bajo la etiqueta #Leyesquematan, realización de un documental sobre las consecuencias de la reforma sanitaria que se está exhibiendo por todo el país, etc.

 

Advertencias en la prensa científica internacional

Las consecuencias de esta normativa y de los efectos de otras políticas de austeridad han tenido reflejo en medios tan prestigiosos como The Lancet o Medical British Journal.

 

Algunos especialistas, como Helena Legido-Quigley de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres o Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal, ya han alertado del previsible aumento de las patologías transmisibles como el VIH y la tuberculosis como resultado de dejar sin atención y sin acceso a medicamentos a cerca del 2% de la población. El caso de Alpha Pam, el joven senegalés fallecido por TBC en Baleares que resultó ser la fuente primaria de un brote de tuberculosis, es un claro ejemplo de ello. Como consecuencia de la aplicación del RDL 16/2012, Alpha Pam no tenía asignado médico de familia y su

historial clínico ya no figuraba en las bases de datos, lo que impidió que su enfermedad fuera diagnosticada a tiempo y que se aplicara el protocolo médico correspondiente.

 

Otros expertos, como el consultor de la OMS Manuel Desviat, han advertido de un probable aumento de los trastornos mentales, e incluso de suicidios, entre la población afectada.

 

Herramientas

Con el objetivo de documentar con la máxima precisión los casos que se detectan y las barreras de acceso que existen, Médicos del Mundo ha promovido los llamados observatorios, como el que ya funciona con éxito en la Comunidad Valenciana (ODUSALUD) -compuesto por 49 entidades- y el Observatorio de Derecho a la Salud (ODAS) que acaba de presentarse en Baleares.

 

Hasta ahora, las situaciones más habituales detectadas por Médicos del Mundo han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos (incluido el cáncer) y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos (falta de insulina para la diabetes, Sintrom para las cardiopatías, etc), además de pacientes con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.

 

La exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación, ha sido otra de las situaciones más habituales.

 

También se han documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirrechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.

Las privatizaciones sanitarias exigen periódicas inyecciones de dinero público, sólo así se blindan los beneficios… pero de eso se trata en realidad, ¿o no?, ¡¡el negocio es el negocio, tu salud es cosa secundaria!!

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Rescates públicos de la privatización sanitaria

Las administraciones implicadas en la privatización de la sanidad han inyectado dinero extra para mantener cesiones que no funcionaron financieramente

Raúl Rejón, en eldiario.es

Cuando el negocio de la privatización de la sanidad no funciona, las arcas públicas son reclamadas para rescatar las cuentas de los hospitales. Los modelos de privatización sanitaria implantados en Gran Bretaña o Valencia y también la Comunidad de Madrid han reclamado inyecciones extra de dinero público al no cuadrar las cuentas.

 

El sistema PFI  de colaboración público privada expandió la red hospitalaria en Inglaterra y Gales. En este modelo, un consorcio empresarial construye y dirige administrativamente los centros a cambio de un canon anual que se alarga durante décadas. Según un estudio de la Universidad de Edimburgo, se aplicó  en "101 de los 135 nuevos centros" construidos entre 1997 y 2000 en la islas. "Utilizó el 90% de los 12.000 millones de libras previstos para construcción", calcula, al tiempo que asegura que los compromisos de pagos a empresas entre 2009 y 2010 ascendieron a 42.000 millones. La Comunidad de Madrid dirigida por Esperanza Aguirre aplicó esta fórmula para inaugurar en 2008 siete hospitales. Fue la primera oleada de privatizaciones diseñada y dirigida por los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes (ambos deberán declarar ante el juez por estas adjudicaciones en septiembre). Los hospitales fueron: el Infanta Sofía, Infanta Leonor, Tajo, Henares, Infanta Cristina y Sureste- son los que se han adjudicado recientemente a tres empresas para que se encarguen de la atención médica a cambio de un nuevo canon anual añadido-. En ambos casos, una vez puestos en marcha, los proyectos han necesitado más dinero público para funcionar.

 

En Gran Bretaña, los aportes por parte del Tesoro han sido ingentes. Según una respuesta del Departamento de Sanidad -en virtud de una Ley de Información Pública- en los dos últimos años, han debido gastar 543 millones de libras en rescates para las instituciones que dirigen los hospitales. EL Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico supo en 2012 que, "al menos 22 hospitales tuvieron que ser rescatados debido a las cargas que suponían sus contratos PFI". Es decir, las deudas con los contratistas ahogaban a los centros. La portavoz del comité, Margaret Hodge, admitió que "el Departamento de Sanidad no ha podido asegurarnos que los problemas financieros no dañen la calidad y equidad del servicio. Especialmente en los centros que se ven minados por contratos PFI inabordables". El rescate entonces se contabilizó en 1.500 millones de libras esterlinas. En España, el  Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió en 2010 modificar al alza el canon de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Henares, Tajo y Sureste. En total: una inyeccion extra anual de 1,9 millones de euros. Descubierto el movimiento, el PP de Madrid lo llamó "reequilibrio".

 

El segundo modelo que incorpora a contratistas al sistema sanitario es el de la cesión total de la atención especializada. En septiembre 1,1 millones de madrileños pasarán a ser atendidos por hospitales con este sistema. Las compañías son Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo. Está inspirado en la experiencia valenciana de Alzira y se ha aplicado ya en Madrid en los hospitales de Móstoles, Torrejón de Ardoz y Collado Villalba (este último sin poner en marcha para no tener que pagar el canon a la empresa a pesar de estar preparado. En compensación, Sanidad abona una cantidad a la empresa adjudicataria: Capio). Pero Alzira también necesitó un rescate en 1999. Al comprobar la empresa contratada (Ribera Salud) que los números no salían, la Generalitat rompió el contrato de cesión y redactó uno nuevo que ampliaba el radio de acción del hospital y, de esa manera, también la cantidad por persona que abonaba la consejería de Sanidad. Con ese sistema llegaron luego Torrevieja (2006), Dénia (2006), Manises (2009) y Vinalopó-Elche (2010).

 

Ambos modelos se venden como fórmulas para hacer "sostenible" el sistema sanitario. Las autoridades públicas apuestan por que la gestión empresarial es más eficiente y ahorra dinero. En el caso de la Comunidad de Madrid, se aventuraron a predecir que las compañías serían capaces de dirigir los hospitales con un "20% menos de gasto". Y ese recorte le dieron a los presupuestos. Ambos modelos, una vez puestos en marcha, han necesitado el rescate económico del estado ante el fracaso financiero. De hecho los pliegos de condiciones que guían estos contratos prevén el aumento de la cuota que reciben las empresas año tras año. Una especie de blindaje para el beneficio.

 

En Gran Bretaña han dado una vuelta de tuerca y este año el Gobierno ha presentado unas nuevas regulaciones -aprobadas ya por el Parlamento- que, básicamente, obligan a sacar a concurso todos los servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud. Un estudio publicado recientemente en el British Medicine Journal concluyó que las enfermeras están viéndose obligadas a reducir los cuidados "porque no tienen tiempo suficiente". La investigación abarcó 3.000 enfermeras de 76 hospitales.

 

En Gran Bretaña, la expansión de hospitales se realizó mediante la fórmula PFI. Un consorcio construye el edificio sanitario y lo gestiona administrativamente a cambio de una cuota que paga la Hacienda pública durante décadas.  En la región madrileña, el 100% de los hospitales desde 2006 se han proyectado mediante la cesión, parcial o total, de la gestión a grupos de empresas. Una primera oleada imitó directamente el modelo británico. Son los seis hospitales cuya gestión sanitaria se ha privatizado este año.

 

La segunda oleada de centros nacieron con otro modelo como guía. El de la privatización absoluta del hospital que es construido, gestionado y dirigido sanitariamente por empresas a cambio de una cuota por paciente y año. Es el llamado modelo Alzira por haber nacido en esa población valenciana.

El intento de justificación dado por Ana Mato es ridículo: Sra. Ministra, no sólo sube el número total, sino la demora media y el porcentaje de quienes aguardan más de seis meses y estos últimos parámetros no se justifican por los datos de Madrid…

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LISTAS DE ESPERA DEL SNS

El PSOE propone un plan de choque dotado con cien millones de euros anuales

28.08.2013, Madrid / Palma de Mallorca, Agencias, en La Nueva España.

 

El PSOE anunció ayer que presentará esta misma semana, en el Congreso de los Diputados, un plan de choque para frenar las listas de espera para operaciones y consultas externas en los hospitales. Los socialistas pedirán al Gobierno que dote este programa de cien millones de euros anuales, ya que «disminuir las listas de espera significa hacer un esfuerzo en recursos», subrayó el portavoz parlamentario de sanidad del PSOE, José Martínez Olmos.

 

Entre tanto, la ministra de Sanidad, Ana Mato, justificó el hecho de que se hayan disparado las listas de espera quirúrgicas en España aduciendo que es la primera vez que todas las comunidades autónomas han aportado sus datos, «cosa que no pasaba hasta ahora» (solía faltar la Comunidad de Madrid). Según Mato, las autonomías «están haciendo esfuerzos muy importantes» para resolver este problema. El informe del Ministerio señala que el pasado 31 de diciembre estaban pendientes de una intervención 571.395 pacientes, de los cuales el 16,5 por ciento llevaba aguardando más de seis meses.

 

Fuentes del Ministerio de Sanidad anunciaron que este Departamento está elaborando un borrador de decreto en el que se fijará una serie de criterios comunes de prioridad clínica para las intervenciones quirúrgicas que se realicen en todas las comunidades autónomas.

 

Ana Mato justifica las crecientes listas de espera quirúrgicas

La ministra de Sanidad argumenta que el tiempo medio para ser operado llegue a los 100 días porque es la primera vez que todas las autonomías han aportado sus datos

 

EFE, Madrid.

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado que se hayan disparado las listas de espera quirúrgicas en España en que es la primera vez que todas las comunidades autónomas han aportado sus datos, "cosa que no pasaba hasta ahora". En declaraciones a los periodistas tras visitar junto a la reina Sofía el Banco de Alimentos de Baleares, en Palma, ha afirmado que las comunidades autónomas "están haciendo esfuerzos muy importantes" para resolver este problema.

 

Según las últimas estadísticas del ministerio, el número total de pacientes en espera para ser intervenido a diciembre del pasado año era de 571.395 y el tiempo medio para ser operado era de 100 días, cuando seis meses antes era de 76.

 

La ministra ha explicado que la estadística se lleva a cabo agrupando los resultados que facilitan las comunidades autónomas y ésta es la primera vez que todas ellas están incluidas "por lo que no se puede comparar con datos anteriores", ha matizado. Según Mato, "en las últimas etapas del Gobierno socialista ni siquiera se publicaban, ahora se publican cada seis meses y recogen la información de toda España". "Yo creo que ése es el camino para ver cómo está la situación e ir mejorándola poco a poco", ha defendido.

 

Por otra parte, el presidente de La Alianza General de Pacientes, Alejandro Toledo, ha vaticinado hoy un otoño "muy movidito" ante el triste récord alcanzado en las listas de espera para las operaciones porque ha advertido de que "con la salud de los ciudadanos no se juega". El presidente de esta plataforma en el que se encuentran las principales organizaciones de pacientes, profesionales sanitarios y otras entidades sanitarias, ha achacado a los recortes el incremento en las esperas de los pacientes para operarse.

 

"Se está recortando en personal, recursos humanos y en financiación de la sanidad, pero además -ha comentado- tenemos un país en donde hay una diferencia considerable entre las comunidades autónomas en cuanto a inversión sanitaria por habitante y año, una horquilla que es, por ejemplo, de unos 600 euros entre Baleares y el País Vasco". Y "con esas alforjas", en su opinión, "poco camino se puede hacer: ¿un ciudadano en las Baleares o en la Comunidad Valenciana por ejemplo es un ciudadano de segunda con respecto al País Vasco o a Castilla y León u otras comunidades?", se pregunta.

 

"Cuando está en riesgo la salud y la propia vida de mucha gente, los recortes ya son obscenos. No se puede frivolizar con esto, lo que nos preocupa a los pacientes crónicos es que las desigualdades territoriales cada vez se agudizan más. Vamos a crear ciudadanos de primera y de segunda, en función del territorio donde resida el paciente", ha proseguido Toledo. Pero el presidente de la alianza de los pacientes hace hincapié en que no todo está transferido en Sanidad, porque es competencia del Gobierno la alta inspección, y "ahí -dice- tiene mucho que ver".

 

Cuestión territorial

 

Además, recuerda que la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el mismo partido, con lo que dice no valerle que se argumente que es una cuestión de las comunidades autónomas". "Es una cuestión de principios y voluntad por hacer las cosas", agrega.

 

Respecto a la intención del Gobierno de elaborar un decreto con unos criterios comunes de prioridad clínica para las operaciones y pruebas diagnósticas en todas las comunidades autónomas, el presidente de la plataforma ha señalado que no le parece mal priorizar las urgencias con arreglo a patologías. No obstante, ha advertido de que "hay patologías que no tienen demora, porque cuando hay una situación aguda en un proceso de cualquier enfermedad hay veces que una espera puede costar muy caro".

 

En el ministerio dicen que los plantearán en el próximo Consejo Interterritorial de Salud…

Sanidad fijará 'criterios de prioridad' para las operaciones en todas las autonomías

 

EFE, MADRID.

 

Fuentes de este departamento han señalado a Efe que la intención del ministerio es llevar este asunto al próximo Consejo Interterritorial de Salud para consensuarlo con todas las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

 

El objetivo de este borrador es garantizar la equidad, calidad y seguridad de los pacientes, ya que existen grandes diferencias en las diferentes comunidades autónomas en cuanto a los criterios establecidos sobre las enfermedades que tienen mayor prioridad para ser operadas.

 

Según Sanidad, también hay divergencias en la espera para una intervención quirúrgica en las distintas comunidades autónomas, ya que por ejemplo en Cataluña y Andalucía es muy superior.

 

Las listas de espera quirúrgica han registrado un récord en cuanto al número de pacientes y al tiempo medio estimado para ser operado, ya que en nueve años no se habían registrado cifras tan elevadas.

 

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el número total de pacientes en espera para ser intervenido a diciembre del pasado año era de 571.395 y el tiempo medio para la intervención era de 100 días, cuando seis meses antes era de 76.

 

Por tanto, desde diciembre de 2012, y con respecto a junio del mismo año, los pacientes que tienen que someterse a una operación deben esperar una media de 24 días más para entrar en quirófano.

 

La especialidad quirúrgica en la que ha aumentado más la demora ha sido en la cirugía torácica, con 45 días más (de 107 a 152), seguida de neurocirugía con 40 más (de 111 a 151).

 

La que ha sufrido menos la demora en el tiempo ha sido la maxilofacial, con 7 días más de espera para ser intervenido (de 83 a 90), además de cirugía cardiaca, con 18 días más (de 55 a 73).

 

Teniendo en cuenta el número de pacientes que necesitan ser intervenidos, traumatología es la especialidad que acumula un mayor número con 166.302 en diciembre de 2012, seguida de oftalmología, con 110.812, y cirugía general y de digestivo con 108.508.

 

La especialidad en la que hay menos pacientes esperando a ser intervenidos es la de cirugía torácica (1.375) y cardiaca (3.277).

 

También ha aumentado el porcentaje de personas que llevan más de seis meses esperando a ser operados en cualquiera de las especialidades. En junio era el 9,4 por ciento, mientras que en diciembre era de 16,5 por ciento.

 

Por tipo de operación, para la que hay que esperar más es para la de prótesis de cadera, 128 días de media, además de en la de hallux valgus o juanetes, 123 días; artroscopia, 116, y la de amígdalas y vegetaciones, 100.

 

Por el número de pacientes, la operación en la que hay que hay más enfermos es en la de cataratas (90.599), además de en la de hernia inguinal (24.020), artroscopia (21.595) y en la de juanetes (17.152) y varices (15.528).

 

La única operación en la que se ha reducido el tiempo medio de espera es en la de juanetes, ya que en diciembre había que esperar 123 días para pasar por quirófano y en junio cuatro días más.

 

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Primeros “beneficios” del negocio sanitario de Madrid a la vista: unos por la vía de los recortes en plantilla y otros por la precarización de los contratos…

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Cerca de 3.000 sanitarios de los hospitales privatizados tendrán que renegociar sus condiciones laborales.

El Gobierno madrileño obliga a las gestoras a contratar a los trabajadores temporales e interinos, pero no fija condiciones mínimas para estos contratos, ni exige a las empresas cubrir las bajas causadas por peticiones de traslado de los trabajadores fijos.

Foto: Patricia Flores y Armando Resino.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL, Madrid, en publico.es

Las nuevas gestoras de los seis hospitales madrileños privatizados deberán contratar a los 2.800 profesionales interinos y eventuales que hoy trabajan en estos centros, pero los empleados deberán "negociar con las empresas" las condiciones de esta nueva contratación, tal y como ha confirmado este martes la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores. De hecho, HIMA San Pablo, BUPA Sanitas y Ribera Salud tampoco estarán obligadas a la contratación de profesionales que asuman las funciones de los trabajadores fijos que decidan acogerse a los "traslados voluntarios", por lo que estas plazas podrían quedar desocupadas.

 

En una conversación con varios medios de comunicación que no ha podido ser grabada, tras la que sí ha resumido las novedades ante las cámaras y ha vuelto a responder un par de preguntas, Flores ha asegurado que el "momento culminante del proceso de externalización ha concluido", sin referirse a este cambio en ningún momento como una privatización del sistema de gestión de seis hospitales.

 

Acompañada del director general de Recursos Humanos, Armando Resino, la viceconsejera ha asegurado que los pacientes "no notarán ninguna diferencia" y "sí alguna mejora" tras estos cambios, y ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para que las empresas asuman la gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Tajo, de Henares y Hospital del Sureste.

 

Todo a pesar de las incontables mareas blancas - la última el 18 de agosto, la próxima el 25 - las 22 jornadas de huelga, la suspensión de 8.000 cirugías y 76.000 consultas, además de los encierros y otras reivindicaciones de miles de sanitarios madrileños, que se niegan a aceptar las medidas propuestas por el Gobierno autonómico.

 

Por su parte, la viceconsejera ha restado importancia al hecho de que haya recursos aún pendientes de resolución contra esta reforma sanitaria, asegurando que la aprobación de una medida a pesar de que hayan sido admitidos recursos en su contra "ocurre cada día", y afirmando que "si un juez lo manda lo pararemos, porque estamos en un Estado de derecho".

 

"No ha habido ningún proceso con tantas opciones y garantías para los profesionales"

Desde la adjudicación de la gestión hospitalaria grupos de trabajo de las concesionarias se reúnen con los gestores de los centros sanitarios externalizados para trabajar en este traspaso, que tiene como objetivos básicos "garantizar la continuidad asistencial"  y "que los profesionales puedan mantener su puesto de trabajo", en palabras de Flores.

 

Los 2000 empleados fijos -560 son médicos- podrán escoger entre quedarse en los hospitales privatizados, con las mismas condiciones, horarios y salario y dependiendo de la administración regional, pedir el "servicio bajo otro régimen jurídico" - obteniendo una excedencia por parte de la administración y siendo contratados por las empresas, que podrían ofrecer mejores condiciones- o solicitar el traslado voluntario a otro centro.

 

Desde la Consejería sugieren que la mayoría de los trabajadores optarán por mantenerse en sus puestos -aunque no cuentan con datos que respalden esta afirmación- pero permitirán a los empleados fijos solicitar el traslado voluntario hasta el 11 de octubre, volviendo a ofrecer esta opción en varias ocasiones hasta el fin de la concesión.

 

"Tras solicitar el traslado, se valorará la antigüedad de los solicitantes, y se dictará una resolución ordenando a los profesionales en base a la categoría profesional, la especialidad y la antigüedad", asegura el director general de Recursos Humanos Armando Resino, que insiste en que este procedimiento "no se trata de un concurso", ya que "el número de plazas será el mismo que el de candidatos".

 

Los centros en los que se ofertarán estas plazas dependerán de "donde la organización determine que existe la necesidad de profesionales", y los empleados contarán con los mismos salarios y condiciones, tal y como asegura Resino, que ha alabado las condiciones de este proceso, como también lo ha hecho la viceconsejera: "No ha habido ningún proceso con tantas opciones y garantías para los profesionales", aseguraba Flores.

 

Apenas un mes y diez días antes de que finalice el plazo para que las gestoras pasen a administrar los hospitales se hacía público el nombre de la última empresa concesionaria, HIMA salud. Así, el grupo puertorriqueño controlará durante diez años la gestión de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez), mientras que BUPA Sanitas se hará cargo del hospital del Henares (Coslada) , y Ribera Salud gestionará el hospital del Sureste (Arganda del Rey) e Infanta Leonor (Vallecas), tras un proceso que los sindicatos, partidos políticos de la oposición y otros agentes consideran el inicio de la privatización de la sanidad madrileña.

 

El personal fijo de los seis hospitales puede pedir traslado hasta el 11 de octubre

Los 2.800 interinos deben decidir antes del 19 de septiembre si quieren ser contratados

Las peticiones de traslado se puntuarán según la categoría y antigüedad del profesional en el Sistema Nacional de Salud

 

EFE, Madrid, 21 AGO 2013, en El País

 

Los 2.000 sanitarios fijos de los seis hospitales que serán privatizados en la Comunidad de Madrid tienen hasta el 11 de octubre para pedir el traslado a un centro público. Y los 2.800 interinos y eventuales deben decidirse antes del 19 de septiembre. Todos ellos pertenecen al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que cuenta actualmente con unos 15.500 especialistas.

 

El plan de movilidad de los funcionarios es "totalmente voluntario", mientras que el personal temporal tiene asegurado el mantenimiento del empleo, según la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, para quien nunca un proceso que afecte a empleados públicos en España ha ofrecido "tantas garantías a los profesionales".

 

El personal fijo podrá elegir entre tres posibilidades: continuar en el mismo hospital pero dependiendo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), con el mismo sueldo y condiciones laborales; trabajar para la empresa si esta le ofrece mejores condiciones, solicitando una excedencia "muy privilegiada" y pudiendo volver cuando quiera al Sermas, o bien acogerse al plan de movilidad.

 

Las peticiones de traslado se puntuarán según la categoría y antigüedad del profesional en el Sistema Nacional de Salud. El primer año habrá tres plazos —el que se abre ahora, uno en enero y otro en junio—, ya que la Consejería pretende que los profesionales puedan "probar" la experiencia de seguir en su hospital antes de decidirse. Flores ha asegurado que la consejería "no dispone de datos" sobre cuántos sanitarios podrían acogerse a la movilidad y se ha mostrado convencida de que "la mayoría probará" a quedarse en el hospital.

 

Entre los fijos, 560 son médicos, un colectivo que se suele mover "en base a equipos de trabajo en las especialidades", que son un factor "importante a la hora de decidir", mientras el personal de enfermería lo hace "fundamentalmente por proximidad al domicilio", según el director de Recursos Humanos de la consejería, Armando Resino. Este ha subrayado que "no se trata de un concurso, sino un proceso de movilidad voluntaria", y que será Sanidad quien determine la oferta de plazas, en función del número de candidatos, y el destino que les corresponda, según el procedimiento aprobado en marzo pasado en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

 

"No existe una estimación de cuántos querrán seguir, pensamos que el personal trabajará al menos un cierto tiempo con las empresas", según Resino, y quienes opten por la excedencia, que no tiene un mínimo de permanencia, mantendrán su antigüedad y tendrán, una vez al año, la posibilidad de volver al Sermas.

 

Los interinos y eventuales tienen el empleo asegurado pero no las condiciones, que deberán negociar con las empresas, mientras que las concesionarias deberán respetar las condiciones actuales del personal laboral. A juicio de la viceconsejera, a las empresas "les interesa la fidelización del paciente a través de los profesionales que les atiende", por lo que "ofrecerán condiciones suficientemente atractivas como para retenerlos".

 

La número dos de Sanidad ha reiterado que la consejería controlará la calidad asistencial y los resultados mediante una serie de indicadores, y que habrá un representante de la Administración en cada hospital "que es un garante", según Flores para quien "la empresa lo que querrá es que los profesionales traten bien a los pacientes". Respecto al corto plazo, un mes, para que los 2.400 interinos y 400 eventuales negocien sus contratos, Resino ha asegurado que se han dado instrucciones para que éstos sean localizados por e-mail o teléfono móvil aunque estén de vacaciones.

 

"Tomaremos todas las medidas en nuestra mano para que los pacientes sean tratados como hasta ahora y no noten ningún cambio", ha dicho antes de subrayar que la empresa "tiene la obligatoriedad" de contratar al personal temporal, que "también son un pilar del hospital". "Nunca he conocido un proceso en el que se den tantas opciones con tantas garantías a los profesionales", ha concluido Flores.

 

El 30 de septiembre es "el horizonte" con el que trabaja la Consejería para el traspaso de la gestión, aunque el plazo es de dos meses tras la adjudicación, que se completó ayer, y ya han empezado las reuniones técnicas entre Sanidad y las adjudicatarias.

 

Interinos de los hospitales externalizados tendrán un mes para decir si quieren seguir en ellos

Abre un primer proceso de movilidad voluntaria para el personal fijo, aunque habrá más durante todo el trascurso de la concesión.

Redacción Médica, Madrid

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha elaborado una comunicación dirigida al personal interino y eventual de los seis hospitales a externalizar (cerca de 2.800 profesionales) donde establece un plazo de un mes (hasta el 19 de septiembre) para que indiquen su deseo de pasar a trabajar para las concesionarias, con las que deberán negociar sus condiciones laborales.

Por otro lado, se procede el 21 de agosto a la publicación de un proceso de movilidad interna voluntaria para que el personal fijo estatutario (cerca de 2.000 profesionales en las diferentes categorías) comunique, si así lo desea, su disposición integrarse en la plantilla de un centro de gestión directa.

En este caso, se da un plazo de dos meses a los profesionales (hasta el 11 de octubre) para que se acojan a este proceso y, además, la Consejería procederá en 2014 a otras dos convocatorias (enero y junio) de ese procedimiento de movilidad voluntaria. Aparte, cada año que dure la concesión se abrirá al menos un proceso de movilidad para el personal fijo.

El objetivo de estos sucesivos procesos es que los profesionales "prueben" a trabajar con las empresas concesionarias y no tengan la sensación de que "pasa un tren una sola vez", según han comentado la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, y el director general de Recursos Humanos de la Consejería, Armando Resino, en un encuentro informativo con medios de comunicación.

 

30 de septiembre, fecha para que las empresas asuman la gestión

Sanidad estima que las concesionarias podrían asumir la gestión de los seis hospitales (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el del Sureste, el del Henares y el del Tajo) el 30 de septiembre, aunque legalmente hay un plazo de dos meses para ello (a contar a partir de la firma de la adjudicación definitiva de cada lote). Por ello, se han iniciado reuniones técnicas con las empresas para agilizar el proceso.

Ambos han detallado que los pliegos de condiciones de la externalización persiguen garantizar el empleo y asegurar la continuidad asistencial, por lo que se estableció la obligación de contar con el personal actual de los centros (cerca de 5.200 profesionales), incluido eventuales e interinos. Por tanto, una vez resuelta la adjudicación, se procede a establecer los actos administrativos referidos al personal.

 

Sanidad cree que las empresas ofrecerán condiciones “atractivas”

En este sentido, la viceconsejera ha afirmado que a las empresas concesionarias "lo que les interesa" es la "fidelización" del paciente, dado que en la Comunidad existe la libre elección, y por tanto cree que las concesionarias ofrecerán "condiciones atractivas" a médicos, enfermeras y auxiliares para que comuniquen su deseo de continuar trabajando en las instalaciones.

En el caso del proceso de movilidad voluntaria para el personal fijo, Resino ha detallado que se procederá a una baremación en base a la antigüedad para establecer la puntuación que rija el orden de destino. Para ello, se realizará primero una resolución provisional ordenando puntuación por categoría y se dará un plazo de 10 días para que los concurrentes se pronuncien al respecto.

Luego, se procederá a una resolución definitivas y se comunicará también el número de plazas (en función de candidatos) para posteriormente abrir otro proceso de adjudicación. Aparte, existe la posibilidad de renunciar al proceso de movilidad antes de publicarse la resolución definitiva del personal que se acoja al proceso.

En este sentido, Flores ha comentado que las plazas para el personal fijo estatutario serán en los hospitales de gestión directa y se hará "en función de las necesidades". Al respecto, ha comentado que cada plaza asignada supondrá "el movimiento de personal interino o eventual" de los hospitales de gestión directa.

 

Proceso con todas las garantías

La viceconsejera ha detallado que ningún proceso ha ofrecido "tantas garantías" y "opciones" a los profesionales, pues ha recordado que, aparte de pedir el traslado, el personal estatutario puede optar entre quedarse en el mismo hospital pagándole el Servicio Madrileño de Salud (su salario se descontará a la concesionaria) o pedir una excedencia especial (que permite el reingreso en cualquier momento) e integrarse en la plantilla de la concesionaria.

En el caso de continuar dependiendo del Sermas, Flores ha detallado que tendrían las "mismas condiciones laborales y retributivas que hasta ahora", lo que supone que no podrán percibir ningún otro complemento por parte de concesionarias. Además, ha dicho que los que pasen a trabajar en las concesionarias, lo hacen en una excedencia "privilegiada" que les permite regresar al Servicio Madrileño de Salud de forma inmediata.

Mientras, Resino ha detallado que el personal laboral (400 profesionales) de estos hospitales será subrogado por las concesionarias con las mismas condiciones laborales y retributivas que hasta ahora.

Tanto Flores como Resino han indicado que, en el caso del personal interino, se ha indicado a las respectivas gerencias de los hospitales para que contacten con ellos y le informen de esta comunicación, dado que parte de ellos pueden encontrarse ahora en periodo vacacional.

Madrid adjudica los hospitales sin esperar sentencia

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El proceso está recurrido en varios tribunales, incluido el Constitucional

Protesta contra la privatización sanitaria en Madrid el 18 de agosto.

/ Andres Kudacki (AP)

Elena G. Sevillano Madrid 19 AGO 2013 - 21:30 CET

El mayor plan de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España, el que Madrid está impulsando en seis de sus hospitales más nuevos, se consolida en el mes de agosto pese a los múltiples recursos que esperan a que pasen las vacaciones en distintos juzgados de la capital. Con la adjudicación definitiva, ayer, de los tres hospitales que faltaban (Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla y el del Tajo, en Aranjuez) al grupo puertorriqueño Hima San Pablo se da por finalizado el proceso administrativo. Hacia finales de septiembre, si ningún tribunal dice lo contrario, la gestión de la asistencia sanitaria de casi 1,2 millones de madrileños pasará efectivamente a manos privadas...(leer más)

“Me preocupa qué pasará con los pacientes poco ‘rentables”

Consulta la información sobre la privatización sanitaria

El siguiente paso, tras las privatizaciones, para facilitar el negocio (obtención de beneficios) de HIMA San Pablo, Ribera Salud, BUPA Sanitas...

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Sanidad quiere acabar con la condición de “funcionario vitalicio” del profesional sanitario

Al consejero le gustaría dotarse de instrumentos que permitan reconocer la labor de aquellos que desempeñan muy bien sus funciones

Redacción Médica, Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, considera que un modelo de personal basado en "funcionarios vitalicios" que "cobran lo mismo" con independencia de que hagan mejor o peor su trabajo genera una "ineficiencia enorme" en la sanidad y cree que se debería reformar el sistema, de cara a aportar más flexibilidad y dotar de instrumentos que permitan reconocer la labor de aquellos que desempeñan "muy bien" sus funciones.

"El sistema de trabajo de la sanidad pública española debería cambiar de arriba abajo", ha apuntado en una entrevista a Europa Press para remarcar que España es el único país de Europa que trabaja con "médicos, enfermeras y auxiliares que son funcionarios vitalicios, que cobran lo mismo si trabajan muy bien, bien o si trabajan regular".

"Eso no pasa en ningún país de Europa, ojo que estoy hablando de países como Alemania, como Francia, como Holanda, países muy serios", ha apostillado luego.

Para el consejero de Sanidad, ese sistema "tan rígido" y "privilegiado" para algo que requiere "tanta flexibilidad" y "tanto rendimiento todos los días" como es un hospital o un centro de salud "no funciona bien" y "crea una ineficiencia enorme". "Me parece que convendría cuando antes que se reformara", ha incidido a continuación.

Preguntado sobre el modelo que defiende, Lasquetty ha comentado que piensa en un "modelo en el cual no existiera la perversión que significa que todo el mundo sepa que el que es funcionario, haga como lo haga, va a seguir así y va a cobrar lo mismo".

"Eso es muy oneroso y muy costoso para los ciudadanos y muy desmotivador para los profesionales", ha añadido el consejero de Sanidad para indicar que la normativa actual no ofrece ni a los profesionales, ni a gerentes de hospitales ni a la consejería ningún instrumento para "distinguir a los profesionales que trabajan mucho y bien de los que no trabajan tanto o que no lo haga tan bien".

Por tanto, ha comentado que luchar por un sistema de mayor reconocimiento a los profesionales que mejor trabajan "no depende" de la Comunidad sino que viene regulado por una Ley nacional y, en consecuencia, cree que "en esa dirección sí deberían trabajar por su propio bien los profesionales, las entidades que los representan y el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas".

Aparte, Lasquetty ha recordado que en el presente ejercicio su departamento ha tomado medidas de reordenación del gasto de personal, desde la supresión de las 'peonadas' pasando por la limitación del servicio activo a un 30 por ciento del personal en edad de jubilación (en adaptación a la normativa nacional).

Renovación de eventuales

"Hemos adaptado los equipos médicos a las necesidades reales", ha afirmado para destacar que eso ha significado que "del orden al 95 por ciento" de los médicos que estaban como eventuales "han visto renovado su contrato".

Además, Lasquetty ha recordado que en el proceso de externalización se ha establecido "la continuidad", es decir, que sea contratado y continúe en esos seis hospitales todo el personal que no es funcionario que ahora está trabajando en esas instalaciones.

"Por lo tanto, todas esas acusaciones de que aquí poco menos que íbamos a reducir o dejar diezmadas la plantilla de médicos son absolutamente falsas", ha enfatizado el consejero.