La derecha asturiana ha encontrado el bálsamo a sus desencuentros en la Ley asturiana de apoyo a las madres gestantes en situación de desamparo, como se denominará la normativa que prepara el Gobierno que preside Francisco Álvarez-Cascos. Aunque esta ley fue avanzada como una medida propia ya incorporada al programa electoral por la consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado, en su comparecencia del pasado martes, su verdadera paternidad le corresponde a la plataforma de la que forman parte el Foro de la Familia y los grupos provida, a través de la iniciativa legislativa popular que registró en el Parlamento asturiano durante la pasada legislatura.
El Partido Popular (PP) tiene claro que dará su apoyo a Foro Asturias, por primera vez desde el inicio de la legislatura, con su voto favorable a esta iniciativa, una vez que se inicien los trámites parlamentarios para su debate en la Junta General del Principado.
Al ser tramitada como una ley ordinaria, los diez sufragios que tiene el PP sumados a los 16 de Foro Asturias serán suficientes para que salga adelante.
El diputado popular Carlos Galcerán abandonó la sede parlamentaria, el pasado martes, “muy preocupado”, tras escuchar la intervención de la consejera, ante la falta de consistencia de sus respuestas a cualquier pregunta que se le formulaba. “Sentí vergüenza ajena porque le planteé 53 preguntas y no me contestó a ninguna. Ni dirige, ni conoce, ni sabe nada de su consejería”, explicó el diputado a LA VOZ.
No obstante, a pesar de sus críticas por el desconocimiento general de los entresijos de los temas que afectan a su departamento, Carlos Galcerán reconoce que, en el caso concreto de la ley que prepara el ejecutivo en apoyo a las mujeres embarazadas, tendrá el beneplácito de su partido. “Esta iniciativa fue presentada en la Junta el año pasado. Nuestra concejal Inmaculada González, siendo diputada, se reunió con los miembros de la plataforma en la anterior legislatura y ya hablaron del tema. Estoy seguro de que votaremos a favor y que Foro Asturias lo llevará a la Junta, porque lo incluyó en su programa electoral”, afirmó Galcerán.
La respuesta El que el primer nexo de unión entre Foro Asturias y el PP vaya a ser esta ley es muy significativo para la ex consejera de Bienestar Social, Noemí Martín. A la diputada de Izquierda Unida (IU) no le choca en absoluto, aunque vaticina que esta ley será “un exceso porque responde a la demanda de la derecha más recalcitrante”, advierte.
Noemí Martín recuerda que durante su etapa al frente de Bienestar Social ya se puso en marcha toda una red asistencial de servicios sociales dirigidos a mujeres embarazadas con programas específicos de apoyo en situaciones de vulnerabilidad social. “Una de las inversiones más importantes fue la apertura, en Gijón, de apartamentos individuales”, indica.
La ex consejera incide en que los poderes públicos no sólo han aportado su ayuda a través de estos programas sino que además han puesto en marcha otras iniciativas como el salario social. “Esta ley no sólo es una respuesta a la derecha más recalcitrante y a los grupos provida, sino que también trata a las mujeres de una forma paternalista y es una pena”, reitera.
Sus palabras son refrendadas por las asociaciones de mujeres en Asturias. Begoña Prieto, de la tertulia de mujeres Les Comadres, de Gijón, opina que “el gobierno del Principado quiere, con esta ley, hacer el juego al Foro de la Familia y a las asociaciones provida. Hablan de que ellos están a favor de la vida, como si nosotras estuviéramos a favor de la muerte y no es así”, rechaza.
Les Comadres apoya cualquier iniciativa encaminada a ayudar a las mujeres, pero admite que no se fía de las verdaderas intenciones de la ley que inspira al Ejecutivo de Álvarez-Cascos. “No es que estemos contra las ayudas, todo lo contrario, lo que no queremos es que engañen a las mujeres y que luego sean más pobres no ya de dinero sino en su situación para enfrentarse a la vida. La única manera de evitar los abortos es con la realización de campañas de educación sexual, a favor de la utilización de los preservativos, y dejar a las mujeres la libertad de decidir por sí mismas qué quieren hacer”, subraya.
Begoña Prieto corrobora que, hoy en día, los servicios sociales están ofertando muchos programas dirigidos a las mujeres embarazadas y sin recursos. “Hay una red de casas de acogida y hay muchas ayudas a través del salario social o con becas de ayuda para comedor y para libros, así como una buena red de guarderías. No queremos que esto que proponen sea un engaño para las mujeres con una ayuda-trampa”.
Gloria García Nieto, de la Asociación Feminista de Asturias, advierte de que muchas mujeres deciden interrumpir su embarazo por decisión propia y no por qué se produzcan situaciones de desamparo. “Hay que ver primero en qué se concreta la ley y en qué se traduce la ayuda que va a aportar a las mujeres”, apunta.
Cualquier medida que se adopte para evitar un embarazo está, en su opinión, “abocada al fracaso”, dado que hay muchas circunstancias personales, familiares y profesionales de la gestante que pueden influir en su decisión de continuar o no con su embarazo. “Todas esas circunstancias no se solucionan con una ley”, señala. Además, reconoce que las mujeres embarazadas que se encuentran en una situación de desamparo ya podían recurrir a las ayudas que ofrecen los servicios sociales municipales. “Ya incluso en situaciones de ilegalidad, las mujeres han abortado. Siempre se ha hecho a lo largo de la historia. Las leyes aseguran las mejores condiciones para que las mujeres no arriesguen la vida”. Los casos que pueden beneficiarse de estas ayudas serán, a su juicio, “anecdóticas”.
Elena Ocejo, de Abogadas para la Igualdad, coincide en su apreciación de que las posibles beneficiarias van “a ser muy pocas”. Teme que los temas de igualdad queden diluidos en el nuevo organigrama de la Consejería, al no existir un departamento específico. “Estamos indignadas porque esperábamos a los cien días de cortesía, pero vemos que las primeras medidas que plantean como la directriz del masculino genérico vulneran la ley de igualdad, y tampoco hay todavía un responsable designado para la dirección del Instituto Asturiano de la Mujer. El gobierno de Cascos no tiene en cuenta que la igualdad es un derecho, no una prestación”, ratifica.
