LEGISLACION

PSOE, PP y UPN consuman la reforma

El Congreso aprueba la reforma acordada por PSOE y PP, con la oposición en contra

El Pais
El pleno del Congreso ha aprobado por 316 votos a favor, y 5 en contra (entre ellos dos socialistas), la primera reforma constitucional de calado, acordada por PSOE y Partido Popular (PP), que introduce de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. El debate sobre las 19 enmiendas admitidas por la Mesa del Congreso se ha desarrollado en un ambiente generalizado de malestar y rechazo de la oposición a la propuesta. Los diputados de ERC, BNG, ICV y Nafarroa Bai se han ausentado del hemiciclo antes de que comenzasen las votaciones. Gaspar Llamazares, de IU, se ha quedado durante la votación de las enmiendas para vetar las transaccionales con las que PP y PSOE pretendían conseguir la abstención de CiU, tras lo cual, ha salido también. PNV y CiU, que se encontraban en el hemiciclo, no han votado. Cuatro o cinco diputados socialistas se han abstenido.

Los dos grandes partidos han intentado hasta el último minuto conseguir el apoyo de CiU, para lo que le han ofrecido unas enmiendas transaccionales, que "amplía el marco de colaboración" de las comunidades autónomas, según ha anunciado la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, antes de comenzar el pleno, informa Carlos E. Cué. La formación catalana no votó que el martes la propuesta por considerar que perjudica la capacidad financiera de Cataluña al limitar su capacidad de fijar su propio déficit, y porque les excluye del consenso constituyente, en cuyos inicios sí estuvo, cuando se redactó la Constitución. IU y otros partidos, que también participaron en aquel proceso en 1978, no han recibido sin embargo la misma atención que el partido nacionalista catalán.
El texto propuesto a los nacionalistas catalanes plantea que los parlamentos autonómicos puedan solicitar directamente al Congreso autorización para superar el límite de déficit en casos "excepcionales, como en catástrofes naturales". Hasta ahora, la reforma del artículo 135 de la Constitución reservaba esta opción sólo al Gobierno. Sáenz de Santamaría no ha ofrecido más detalles del alcance de estas enmiendas, registradas minutos antes de empezar el debate sobre la proposición de ley en el Congreso, si bien ha dejado claro que en ningún caso las comunidades podrán fijar limites de déficit y estructural por encima del techo del 0,4% que se fijará por ley orgánica, tal y como pretendía CiU.
Josep Sánchez Llibre (CiU) que ha intervenido en lugar de su portavoz parlamentario, Antoni Duran Lleida, ha manifestado que PP y PSOE "han agredido" a su formación política "en las formas y el fondo", y ha asegurado que quieren evitar "que el PP y el PSOE se apropien de la Constitución, y adopten posiciones radicales". Asegura que en las últimas 48 horas han "trabajado" en sus ocho enmiendas: "Ha habido diálogo, pero no negociación". CiU está de acuerdo en que "no se puede gastar más de lo que se ingresa", y que "ciertas cuestiones vengan marcadas por la UE", pero denuncian que si hoy no se llega a buen término en las negociaciones de las enmiendas, se debilitará "la Constitución del siglo XXI".
Las ocho enmiendas de CiU, sobre las que resulta difícil conseguir un acuerdo, defienden que sean los parlamentos autonómicos, y no el nacional, como consta en la propuesta de reforma constitucional del PSOE-PP, los que tengan la última palabra en las decisiones que afecten al déficit de las comunidades autónomas. Su "línea roja", como manifestó ayer Duran Lleida, es que "no se limite la capacidad financiera de Cataluña".
"La salida de la crisis depende de la reforma"
Soraya Sáenz de Santamaría (PP) ha asegurado que los ciudadanos piden desde hace "mucho tiempo" medidas contra la crisis. La reforma de la Constitución respondería así a esta demanda, y de ella depende la salida de España de la crisis, según la portavoz popular. Con esta medida se envía un mensaje de "certidumbre y confianza" a Europa.
"Sin estabilidad presupuestaria no se sostiene el Estado de bienestar", ha añadido Santamaría. Sin austeridad de sube de forma "indiscriminada" los presupuestos y hay recortes sociales, ha advertido, y contra esta situación, la reforma da "una oportunidad a España, a los parados, los emprendedores, los jóvenes...", según el Partido Popular.
José Antonio Alonso (PSOE) recuerda algunos de los argumentos que los socialistas presentaron en el debate del martes, como que "si no hay fondos, no se podrán seguir haciendo mejoras en los servicios sociales" que consideran esenciales, como la sanidad, la educación, las pensiones. Sobre las enmiendas de CiU, que han centrado buena parte de la atención de PP y PSOE, el portavoz socialista ha asegurado que no se pueden aceptar tal y como estaban presentadas, porque el espíritu de la reforma es enviar un mensaje de estabilidad y confianza "del conjunto del Estado", lo cual incluye a los tres niveles de la Administración.
Alonso ha apelado al diálogo, a la búsqueda de consenso y a la necesidad urgente de preservar la estabilidad del Estado, antes de votar.
Los minoritarios discrepan
El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha abierto el pleno con su intervención, en la que ha defendido su enmienda a la totalidad por el contenido y la forma "totalmente antidemocrática" en que pretende imponerse, "sometimiento la democracia al chantaje de los mercados". Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, también ha manifestado el malestar de su formación, por la reforma "no de consenso, sino de exclusión", y por el rechazo de las enmiendas que presentaron.

Rosa Díez, de Unión, Pueblo y Democracia (UPyD), insiste, como ya dijo el martes, en que lo que se necesita es una "reforma de la Constitución que mejore la democracia y su calidad". Hoy añade que "hay que reformar la Constitución para protegerla del PSOE y el PP", erigiéndose en Tribunal Constitucional (TC) para rechazar enmiendas. "¿Pero ustedes quienes se creen que son?", ha repetido una Díez muy dura y contrariada, que habla de "expropiación de la Constitución" y "atropello del grupo PP-PSOE". UPyD, según ha anunciado, irá al TC para recurrir en amparo por impedir su derecho a debatir las enmiendas.

UPN, el único grupo que votó a favor el martes, se queja de que el resto de partidos no haya reflexionado sobre la necesidad de contener el déficit, y que se reclame ahora un referéndum cuando no se exigió durante la aprobación de la ampliación del aborto el verano pasado. "Seguimos confiando en la propuesta", ha dicho el portavoz de la formación navarra. Coalición Canaria, que se abstuvo el martes, hoy ha exigido un referéndum.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha sido de los más críticos con el pacto de PP y PSOE. La reforma es "centralista y un atentado contra el autogobierno y la autonomía financiera" de las comunidades, asegura Joan Ridao. La reforma es "letal, mortal de necesidad" para Cataluña, señala. La portavoz parlamentaria de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Nuria Buenaventura, se ha unido a las críticas por el rechazo de su enmienda a la totalidad, que insistía en la necesidad de un debate sobre la monarquía y la existencia de un Estado federal y exigía la reforma del Senado, entre otras peticiones.

Josu Erkoreka, diputado del PNV, ha manifestado que ante la "pétrea inmovilidad de los proponentes", también ellos se mantienen "inmóviles" y continúan oponiéndose a la reforma. "Ya que no nos dejan defender nuestras enmiendas, déjenme al menos explicar la enmienda vetada", ha dicho molesto. Esta propuesta pretendía añadir el reconocimiento del derecho a decidir sobre la autodeterminación. Una segunda enmienda, que sí ha sido admitida a trámite, pide que el artículo 135 haga referencia a los territorios forales. El texto no hacía alusión a este tipo de entes territoriales, pero la Constitución sí los reconoce, ha recordado el diputado nacionalista vasco.

Protestas alrededor del Congreso
El Movimiento 15M decidió anoche esperar a los diputados a su llegada al Congreso desde las siete y media de la mañana. El edificio y la zona, fuertemente protegido, está rodeado por un cordón policial, por lo que los indignados se han tenido que dar cita a unos metros de la entrada de la Cámara, en la esquina entre la plaza de Neptuno y paseo del Prado, donde a las 19.30 se concentrarán de nuevo. Desde allí, se han ido moviendo por las calles aledañas al Congreso, tratando de acceder al perímetro cortado por la policía. Un grupo de ciudadanos ha formado también una cadena humana entre la plaza de Callao y la Puerta del Sol.

Al grito de "ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero", los indignados marcharon ayer entre Atocha y la plaza de Neptuno para protestar por lo que llaman "mercadocracia", que como denuncian, habría suplantado a la democracia. En el extremo opuesto, la canciller alemana, Angela Merkel, de quien proviene la idea de incluir el principio de estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó ayer en persona en París al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo también a distancia el miércoles, y se unieron a ella la OCDE, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y agencias de calificación como Moody’s.

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Incluimos el texto acordado y el llamamiento de CC.OO. y UGT a la recogida de firmas en pro del Referendum

 

 

 

 

 

Reforma de la Constitución

 

Socialistas y populares se felicitan por el acuerdo

 

El PSOE afirma que "es una buena noticia" y el PP califica de "éxito" el documento aprobado

 

EP/MADRID

 

La directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha afirmado a través de un comunicado que el acuerdo alcanzado en la madrugada de este viernes para reformar el artículo 135 de la Constitución Española "es una buena noticia para la economía española y para los ciudadanos".

 

El texto constitucional "recogerá el principio de estabilidad presupuestaria a largo plazo para que España no incurra en un endeudamiento que acabe hipotecando gravemente nuestro futuro", ha declarado Valenciano.

 

"Esta ley va a garantizar en todo caso la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos tal y como hemos defendido durante las negociaciones los socialistas", ha agregado.

 

Valenciano ha indicado que finalmente las cifras pactadas no estarán en la Constitución Española y que será al acuerdo político donde se lleven estas cifras, que se desarrollarán mediante Ley Ogánica.

 

Por último, ha apelado a la unidad de Europa y ha argüido que el principio constitucional "es Europa". "Es el compromiso de cada una de las partes que finalmente y como estamos viendo, comprometen el todo y el acuerdo político era imprescindible para evitar precisamente la rigidez que suponía llevar las cifras al texto constitucional", ha apostillado Valenciano.

 

En estas negociaciones han participado por parte del PP: su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría; su coordinador de Economía, Cristóbal Montoro; su secretario general en el Congreso José Luis Ayllón y su portavoz adjunto de Economía en el Congreso, Álvaro Nadal; y por parte del PSOE: su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso; su portavoz en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Francisco Fernández Marugán; y el diputado 'Txiki' Benegas.

 

Por su parte, el Partido Popular (PP) ha calificado de "éxito" el acuerdo alcanzado en la madrugada de este viernes con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para reformar el artículo 135 de la Constitución Española, ya que recoge la estabilidad presupuestaria, según han informado fuentes populares a Europa Press.

 

"Creemos que es un éxito porque recoge la estabilidad presupuestaria que llevamos pidiendo desde hace un año", ha dicho esta fuente, en una conversación telefónica.

 

Del conjunto del acuerdo, los populares destacan la referencia obligada a los límites de déficit y deuda establecidos por la Unión Europea. "Ahora será una exigencia absoluta para el Gobierno de España", ha subrayado.

 

Las negociaciones, que comenzaron hace días, se han cerrado en torno a la 1.10 horas del viernes, cuando los representantes de ambos partidos han enviado el texto definitivo del acuerdo a sus dirigentes. Apenas 20 minutos después, tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder del PP, Mariano Rajoy, daban su aprobación.

 

En estas negociaciones han participado por parte del PP: su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría; su coordinador de Economía, Cristóbal Montoro; su secretario general en el Congreso José Luis Ayllón y su portavoz adjunto de Economía en el Congreso, Álvaro Nadal; y por parte del PSOE: su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso; su portavoz en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Francisco Fernández Marugán; y el diputado 'Txiki' Benegas.

 

Se cierra el acuerdo para la reforma exprés

 

Tras una intensa jornada de negociaciones, PSOE y PP cerraron en la madrugada de este viernes el acuerdo de la reforma constitucional. En las horas previas, Zapatero y Rajoy estuvieron en permanente contacto mientras el candidato socialista llevaba las riendas de la negociación en el Congreso. Finalmente, el PP aceptó la propuesta de Rubalcaba de no incluir cifras exactas para controlar el déficit.

 

nuevatribuna.es

 

El PSOE y el PP han alcanzado en la madrugada de este viernes un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución Española, según el comunicado hecho público por el Grupo Socialista del Congreso.

 

"El PSOE y el PP entienden que es oportuno en este momento político sentar ya las bases de un acuerdo sobre la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Española, que debe ser aprobada con urgencia antes del 20 de junio de 2012", señala el documento.

 

Según el acuerdo pactado entre ambos grupos, la Ley Orgánica fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del año 2020.

 

Este límite se distribuirá de la siguiente manera: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del PIB nacional, mientras que las Comunidades Autónomas no podrán superar el 0,14 por ciento de su PIB. Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

 

"La Ley Orgánica establecerá los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135", reza el comunicado.

 

Los límites presentados podrán ser objeto de revisión en 2015 y 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.

 

"A los efectos del contenido de la citada Ley Orgánica, se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los riesgos de los gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales en los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales", agrega el texto.

 

De esta manera, ambos grupos parlamentarios -al amparo de lo establecido en los artículos 166 y 167 de la Constitución Española y en el artículo 146.1 del Reglamento de la Cámara- se dirigen a la mesa del Congreso de los Diputados para presentar la proposición de reforma constitucional.

 

TEXTO FINAL DEL ARTÍCULO

 

El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

 

"1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

 

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

 

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

 

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

 

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

 

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

 

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

 

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

 

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

 

Disposición adicional única

 

1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.

 

2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.

 

3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

 

Disposición final única

 

La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España".

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Los grupos parlamentarios socialista y popular han señalado en la exposición de motivos que, debido a las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor estructural que hace que sea necesario llevar el principio de referencia a la Constitución a fin de "reforzar la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo".

 

"Más de treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España de la Unión Económica y Monetaria Europea (...) y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado", apunta el documento.

 

"Para llegar hasta aquí, la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria ya supuso un instrumento imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión Económica y Monetaria y fue posteriormente recogida en normas de rango legislativo", agrega.

 

En este sentido, señala que "la actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo".

 

"La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país", apostilla.

 

Sindicatos anuncian movilizaciones contra la reforma constitucional

 

UGT y CCOO piden al Gobierno que someta a referéndum cualquier propuesta de esta naturaleza.

 

Los sindicatos temen que el PP aproveche la negociación con el PSOE para endurecer la reforma.

 

Toxo y Méndez encabezarán la protesta sindical contra la reforma de la Constitución, según confirmó este jueves el portavoz de CCOO, Javier Doz. Los líderes sindicales, que se dirigirán a los grupos parlamentarios, instarán además a los ciudadanos a participar en protestas “masivas”, tanto en la calle como a través de otros medios, como la recogida de firmas electrónicas. Aunque descartan la convocatoria de una huelga, los sindicatos temen que el PP aproveche la negociación con el PSOE para endurecer la reforma.

 

CCOO y UGT han manifestado su “extrema preocupación” y “firme rechazo” de la propuesta del presidente del Gobierno, apoyada por el PP, de reformar la Constitución con la intención de introducir en el texto legal la “exigencia” formulada por Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy de “constitucionalizar el déficit cero de las cuentas públicas”, según afirmaron ambos sindicatos.

 

Los sindicatos estudian medidas de movilización social para exigir la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional. Los sindicatos coordinarán su acción con otras organizaciones sociales. Desean que “los trabajadores y la ciudadanía española puedan expresar su rechazo” a una reforma constitucional.

 

Para los sindicatos, la propuesta es “sumamente inconveniente” ya que anula, en su opinión, la capacidad de actuación de los gobiernos y “limita gravemente” la posibilidad de aplicar políticas fiscales “adecuadas” a las diferentes fases del ciclo económico. También conlleva, en su opinión, un “grave riesgo” para la supervivencia del Estado del Bienestar.

 

CCOO y UGT criticaron la propuesta lanzada este miércoles por Zapatero en el Congreso por suponer “una de las señas de identidad de las políticas conservadoras y neoliberales”, a las que las centrales responsabilizan de la crisis económica global, y que están gestionando, en su opinión, “de un modo desastroso” la crisis de las deudas soberanas en la eurozona.

 

Para CCOO y UGT resulta “inaceptable” que una reforma constitucional de tal calado se pretenda hacer “en menos de quince días”, sin referéndum, “en pleno período de vacaciones”, “sin debate político alguno”, y sin tener en cuenta para nada las opiniones de las organizaciones sociales.

 

Los sindicatos creen además que la propuesta “no ayuda”, por su contenido y por los plazos de aplicación, a la “necesaria” reducción de los niveles actuales de déficit público. Esta reducción “solo” puede lograrse, sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, afirmaron, junto a un “justo” reparto de las cargas de la crisis y un “permanente rigor en el uso del gasto público”.

 

Movilización en la red

 

CCOO y UGT ya estudian cómo coordinar la convocatoria de movilizaciones junto a otras organizaciones. En Internet, los sindicatos llamarán a los ciudadanos a sumarse a iniciativas como la del economista y politólogo Vicenç Navarro, que ha organizado una recogida de firmas electrónicas a través del Portal Actuable.

 

Las organizaciones sindicales se sumarán además a protestas que prevén “masivas”, a pesar del estrecho margen que ofrece la reforma proyectada por PSOE y PP. La próxima semana el Congreso votará la medida cuya aprobación definitiva otorgará el Senado el día 5 de septiembre, en caso de lograr apoyos suficientes.

 

UGT y CCOO se afanan ahora por contactar con organizaciones sociales que han protagonizado otras movilizaciones como el ‘No a la guerra’, campañas contra la pobreza o a favor de otras causas, como la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras.

 

Ceoe y Cepyme apoyan la reforma

 

Por su parte, las patronales CEOE y CEPYME expresaron su “completo apoyo” al proceso de reforma constitucional que se está negociando en estos días entre las principales fuerzas políticas españolas. A su juicio, la credibilidad de las finanzas públicas es un “requisito indispensable para la buena marcha de toda economía”, especialmente en el ámbito de la Unión Monetaria Europea.

 

En este sentido, los empresarios apoyan los “esfuerzos” que están haciendo las principales fuerzas políticas españolas para realizar una reforma constitucional que “refuerce la credibilidad de la economía española” y “ayude a sortear” esta crisis en menor tiempo, garantizando la estabilidad para el futuro.

 

NO A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. ¡REFERÉNDUM YA!

 

26-08-2011.

 

CCOO y UGT van a mantener una reunión con organizaciones sociales de ámbito estatal para acordar movilizaciones contra la propuesta de reforma de la Constitución que en el día de ayer acordaron los grupos parlamentarios del PSOE y del PP y exigir que esta reforma se someta a referéndum.

 

La reunión, que se celebrará el próximo lunes, 29 de septiembre, a las 11:00 en la sede confederal de CCOO, calle Fernández de la Hoz, 12, tiene por objeto estudiar las acciones para conseguir que los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía española puedan expresar su rechazo a esta reforma que será tramitada por el procedimiento de máxima urgencia sin convocatoria de Referéndum.

 

Asimismo, los sindicatos apoyan la recogida de firmas que ya está en marcha en el portal Actuable, cuyo enlace es http://actuable.es/peticiones/pide-referendum-ratificar-reforma-la-constitucion.

 

Los despidos llevan al Gobierno a levantar la restricción de los contratos temporales

El Ejecutivo suspende hasta 2013 la norma que impide a las empresas encadenar contrataciones eventuales durante más de dos años

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Los sindicatos asturianos, contra las nuevas reformas laborales. 

Lne.es » Economía Oviedo, Agencias / J. L. S.

El Gobierno suspenderá durante dos años el límite para encadenar contratos temporales, según recoge el borrador del Decreto-Ley que mañana llevará el Gobierno al Consejo de Ministros y en el que se precisa que la decisión de suprimir temporalmente la norma que impide encadenar contrataciones eventuales se debe a que, lejos de fomentar el empleo indefinido, «puede estar produciendo efectos indeseados por la no renovación de contratos temporales».

 

El documento precisa que durante dos años quedará en suspenso el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se recoge que quedarán fijos aquellos empleados que en un plazo de 30 meses hubieran estado contratados durante más de dos años para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.

 

La norma que mañana aprobará el Consejo de Ministros implica por tanto que las empresas podrán optar por seguir empleando como eventuales a quienes estén a punto de cumplir dos años de contratos temporales. Con la regla aún en vigor, esos trabajadores tienen derecho a contrato fijo si el empresario opta por mantenerlos en plantilla. El problema, según el criterio del Gobierno, es que, ante la crisis, los empleadores están optando por despedir a quienes alcanzan ese límite de los dos años, para no engrosar su plantilla fija.

 

Uno de los principales objetivos que buscaba la reforma laboral que el Gobierno aprobó en 2010 era frenar la temporalidad y fomentar la contratación indefinida. Pero su primer año de aplicación (entre julio de 2010 y el mismo mes de este año) la contratación indefinida cayó un 7% en Asturias, mientras que la temporal se mantuvo a unos niveles muy similares. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de asalariados con un contrato temporal era en el segundo trimestre del año del 23%, tres décimas por encima del porcentaje que había registrado en el mismo periodo del año anterior. En concreto, en el Principado había durante el segundo trimestre 74.600 trabajadores con un contrato temporal.

 

El decreto del Gobierno contempla también el nuevo contrato de formación y aprendizaje, que se podrá realizar a jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, esta modalidad contractual también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación profesional. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá límite máximo de edad. Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años.

 

Las nuevas reformas en materia laboral que plantea el Gobierno no han convencido ni a los sindicatos ni a la patronal. CEOE y Cepyme lamentaron que el decreto que se aprobará mañana «no va en la dirección más adecuada» para la recuperación de la actividad económica y el empleo. Las dos patronales critican que no se haya modificado el contrato a tiempo parcial. Su reforma, sostienen, hubiera ayudado a superar muchas «rigideces» de estos contratos.

Hipótesis plausible sobre el auto de inadmisión a trámite del recorte de los funcionarios y estatutarios por parte del T. Constitucional

¿Han cambiado los 'mercados' también la doctrina del Tribunal Constitucional?

Por Enrique Fossoul y Enrique Lillo Pérez.

nuevatribuna.es

Tras el análisis del auto del Tribunal Constitucional sobre el recorte de salarios en la función pública, consideramos que tanto el Fiscal General del Estado como el propio Tribunal se han hecho eco no de la doctrina vinculante creada por el intérprete supremo de la Constitución, sino por la increíble ofensiva y presión mediática de poderes empresariales y de instituciones como el Banco de España.

El pasado 14 de junio el Tribunal Constitucional hizo público el auto en el que acordaba inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional respecto a la redacción de varios artículos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que provocó la reducción del salario en un 5 por ciento de media a los trabajadores del sector público.

En este Auto se establecen consideraciones jurídicas muy perjudiciales para la negociación colectiva, en unos momentos en los que la actividad sindical y la actividad de negociación colectiva están sufriendo graves ataques. Entre otras consideraciones jurídicas claramente nocivas y tóxicas para el hasta ahora modelo constitucional de Estado social, están las siguientes:

1. Sorprende que a priori el Fiscal General del Estado y el auto equiparen en la práctica el Decreto Ley con la Ley Ordinaria, y que confundan la supremacía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado frente al convenio colectivo, que no se discutió en este pleito y que está explícitamente recogida en el art. 85.1 del Estatuto de los Trabajadores y en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional, con la supremacía de una disposición legal de carácter provisional de naturaleza excepcional al que se refiere el art. 86.1 de la Constitución.

El convenio colectivo se hizo de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado aplicable y el problema se suscita cuando estando vigente tanto la Ley de Presupuestos para el año de 2010 como el Convenio Colectivo, se promulga un Decreto Ley que reduce los salarios establecidos en convenio y consolidados, conforme se había establecido en la Ley de Presupuestos del año 2010.

Sin embargo, el Fiscal General del Estado y el Auto del Tribunal Constitucional no describen correctamente la situación planteada, puesto que a priori se limitan a equiparar Decreto Ley con Ley y Decreto Ley con contenido de la Ley de Presupuestos, cuando la Ley de Presupuestos era anterior en cinco meses, estaba vigente y es modificada radical y abruptamente por un Decreto Ley, cuyo contenido implica la modificación radical, bajando el salario de convenios colectivos en vigor.

Pese a su carácter novedoso de esta situación, puesto que no existe ningún precedente en la historia de la democracia española, no es abordada ni por el Fiscal General ni por el Auto, que se limita a despachar sumariamente una cuestión de gran relevancia constitucional y que afecta al ejercicio de la actividad sindical y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 28.1 y 37 de la Constitución). Esto hubiera justificado un análisis más detenido y sosegado por parte del Tribunal, como se ha hecho en otras ocasiones con asuntos de relevancia constitucional como éste.

2. En ninguna disposición de las leyes ordinarias en materia laboral, como expresión de la voluntad del legislador, se contempla la injerencia del Gobierno a través del Decreto Ley en el contenido de un convenio colectivo, cuya legalidad nadie discute.

Por lo tanto, resulta intelectualmente hiriente para los sindicatos promotores de las reclamaciones que se nos recuerde una doctrina del Tribunal Constitucional de cuya validez jurídica partíamos para efectuar la reclamación y resulta ofensivo intelectualmente para la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que aquello que constituye premisa jurídica de la cuestión de inconstitucionalidad se convierta, en virtud de un ardid procedimental erróneo, en cuestión de controversia.

Nadie discutió la sumisión de los convenios colectivos de entidades públicas empresariales a la Ley de Presupuestos aprobada por las Cortes. Lo que se discutió era si una vez aprobada por las Cortes la Ley de Presupuestos y firmado un convenio de conformidad con la misma, puede o no injerirse en su contenido y entrometerse en él el poder ejecutivo, a través de un acto parlamentario de convalidación y no de discusión y enmiendas y, por lo tanto, no a través de una ley ordinaria, y si esta injerencia o intromisión puede llegar incluso a modificar reduciendo el salario previsto en un convenio legalmente pactado.

3. La gravedad de esta actuación radica en que no se ha razonado ni argumentado sobre si el Auto constituye o no un preludio de una modificación radical de la doctrina clásica del Tribunal Constitucional, contenida en sentencias que siguen siendo vinculantes y que han garantizado la fuerza vinculante del convenio y su conexión con el derecho fundamental del art. 28.1 de libertad sindical.

Parece como si el Fiscal General del Estado y el propio Tribunal Constitucional se hubieran hecho eco no de la doctrina vinculante creada por el intérprete supremo de la Constitución, sino por la increíble ofensiva y presión mediática de poderes empresariales y de instituciones como el Banco de España.

Por tanto, da la sensación de que, de alguna manera, estos poderes no democráticos se han convertido no sólo en los inspiradores de las políticas económicas de los gobiernos, sino también en inspiradores de una nueva doctrina del Tribunal Constitucional incompatible con la hasta ahora vigente y completamente distinta.

Para estos poderes el convenio colectivo y el ejercicio del derecho fundamental de actividad sindical debe supeditarse a las circunstancias económicas cambiantes y a la lucha contra el déficit público. Ahora bien, esta supeditación no está prevista en la Constitución, ni siquiera en ninguna ley ordinaria laboral.

4. También resulta alarmante la manera en que el Tribunal Constitucional aborda el problema de la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 8/2010, en donde se establece un trato distinto entre el personal laboral de entidades públicas empresariales como RENFE-OPERADORA, ADIF y AENA, frente al personal laboral de las restantes entidades públicas empresariales.

Este trato distinto implica —y así se reconoce implícitamente por el Auto— una violación del art. 14 de la Constitución de la igualdad ante la ley o ante un instrumento normativo de carácter general.

Constatada esta existencia de desigualdad de trato, que nace del contenido de la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 8/2010, la doctrina vinculante contenida hasta ahora en la sentencia del Tribunal Constitucional, como la 103/83 y 104/83, ha consistido en que por aplicación del art. 14 en relación con el art. 9.2 de la Constitución, no se anula la Disposición mas favorable para un colectivo, sino que se extiende esta regulación mas favorable al colectivo perjudicado o de trato peyorativo. Por lo tanto, la correcta aplicación de esta doctrina implica que la no aplicación de la reducción salarial del 5 por ciento del Decreto Ley a estas tres entidades públicas empresariales, trae como consecuencia la exigencia constitucional de otorgar el mismo tratamiento jurídico a los empleados de las restantes entidades públicas empresariales.

5. Asimismo es preocupante que el Tribunal Constitucional amplíe tanto la posibilidad de un Decreto Ley que reduzca los salarios previstos en convenios colectivos en vigor, pactadas de conformidad con las Leyes de Presupuestos vigentes, utilizando una interpretación excesivamente rigurosa del término “afectación” al que se refiere el art. 86.1.

Para el Auto del Tribunal Constitucional, esta interpretación implica que la afectación sólo se da cuando de manera intemporal e indefinida se establece una regulación por Decreto Ley contraria a la fuerza vinculante del convenio. Con esta interpretación se minusvalora el grave perjuicio que el Decreto Ley tiene en un gran número de convenios y pactos colectivos que estaban vigentes para el personal de todos los sectores públicos y, por lo tanto, no es una incidencia menor o singular, sino una incidencia estructural que afecta a cientos de miles empleados públicos.

El contenido del Real Decreto Ley ha perjudicado gravemente la negociación colectiva, la actividad sindical y la fuerza vinculante de los convenios de los empleados públicos, ¿o es que acaso cabe una afectación mas severa que una reducción salarial del 5 por ciento en contradicción con lo previsto en el convenio colectivo y que esta reducción tenga efectos para el futuro en cuanto a consolidación de los salarios, que lógicamente se pierde con carácter irreversible?

6. Además hay que tener en cuenta que la conexión entre la libertad sindical o acción sindical y la negociación colectiva no sólo nace de nuestra Constitución, sino también de convenios internacionales ratificados por España, que son normas supra legales, es decir, por encima incluso de las leyes laborales ordinarias y, por lo tanto, muy por encima de un Decreto Ley, según el art. 96 de la Constitución y estos convenios internacionales, fundamentales de la OIT.

Por lo tanto, estamos en presencia de un informe del Fiscal General del Estado y de un Auto del Tribunal Constitucional que no abordan una cuestión de trascendental importancia para el momento actual y para el futuro de nuestra democracia y del sistema constitucional. Despejar esta cuestión sobre los límites de un Decreto Ley en relación con el caso concreto realmente planteado y no con el hipotéticamente diseñado por el informe y por el Auto, hubiera requerido un análisis más sosegado y riguroso y no un planteamiento tan sumario.

Esta sumariedad resulta coherente con las presiones de los poderes mediáticos, económicos y de algunas instituciones como el Banco de España, pero no es coherente con la doctrina hasta ahora vigente del propio Tribunal Constitucional. Éste no puede convertirse en el intérprete supremo de la Constitución de conformidad con las exigencias de estos poderes, sino de conformidad con las exigencias jurídicas de la Constitución misma y de los tratados internaciones ratificados por España, como hasta ahora se ha venido realizando, al menos en materia laboral.

Quizá los magistrados hayan sido conscientes o hayan intuido la relevancia de esta problemática, puesto que ni siquiera designaron un magistrado ponente, según se deduce del Auto, que propusiera al Pleno la propuesta de resolución.

Enrique Lillo Pérez es Responsable del Gabinete jurídico de la C.S. de CCOO.
y Enrique Fossoul  es el Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

VER EL AUTO DEL T. CONSTITUCIONAL

El Gobierno eleva a mil euros el límite no embargable por una hipoteca

El Ejecutivo pretende fijar por ley un endeudamiento máximo de las comunidades autónomas

EL PAÍS Madrid 28 JUN 2011 - 19:04 CET16

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado en el turno de respuestas que subirá hasta casi mil euros la cantidad límite no embargable por una hipoteca. Ha detallado que que elevará un 50% por encima del salario mínimo interprofesional el límite no embargable del salario (leer más)   

Acuerdo para mejorar los derechos de las empleadas del hogar, 14.000 en Asturias

La cotización a la Seguridad Social será obligatoria desde la primera hora de trabajo 

La equiparación al régimen general no será completa hasta 2019

Foto: Una trabajadora doméstica.

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Lne.es » Economía Oviedo / Madrid,  Agencias / L. G.

El Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO sellaron ayer un acuerdo nacional para integrar de manera progresiva a las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. El pacto trata de corregir la falta de protección de un colectivo formado por 700.000 personas en España (unas 14.000 en Asturias) y damnificado por una legislación que, según opinión común de partidos políticos y organizaciones sindicales, ha favorecido la economía «informal» y el empleo precario. Las principales mejoras acordadas atañen a la cotización y a la prestación por enfermedad. Queda sobre la mesa, en cambio, el acceso a los subsidios de desempleo.

 

El acuerdo afecta a las 300.000 personas -mujeres en un 90% y en un 60% inmigrantes- que están de alta en el régimen especial de los empleados del hogar, pero potencialmente también alcanza a otras 400.000 que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), desempeñan trabajos domésticos sin cotizar. Los datos de Asturias son los siguientes: hay 6.415 cotizantes, 2.300 de ellos extranjeros, y puede haber al menos 8.000 personas más que no constan en la Seguridad Social.

 

Son resultados inducidos por una singularidad del régimen vigente: no es obligatorio que la trabajadora doméstica esté de alta en la Seguridad Social si su semana laboral es inferior a 20 horas. Tal situación ha favorecido históricamente una situación de economía «informal»: esto es, no se trata de empleo «sumergido», porque no se vulnera la ley, pero sí de trabajo que no consta a efectos de Seguridad Social.

 

La situación variará el próximo año. Los cambios acordados ayer, y que han sido incluidos mediante una enmienda al proyecto de ley de reforma de las pensiones, determinan que habrá de existir cotización y protección desde la primera hora de trabajo, con independencia del número total de horas y también de cuántos sean los hogares que empleen al trabajador.

 

Esto es, muchas familias que hasta ahora no cotizaban por sus empleados deberán empezar a hacerlo. Se aplicará durante unos años un sistema transitorio según el cual la base de cotización tendrá una escala de 15 tramos según los salarios percibidos y la cuota a pagar irá desde un mínimo de 19,84 euros al mes a un máximo 164,6 euros. Este modelo entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y se dará un plazo de seis meses para que las empleadas y los hogares puedan adaptarse a la nueva situación.

 

El citado régimen de cotizaciones funcionará hasta 2018. A partir de 2019 se completará la equiparación de la cotización de las empleadas del hogar con la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, destacó ayer el Ministerio de Trabajo.

 

Las empleadas consiguen también otro avance que beneficia además a los hogares. Ahora, cuando una trabajadora afiliada al régimen especial se queda de baja por enfermedad la prestación por incapacidad temporal (enfermedad o accidente no laboral) corre por cuenta de la familia empleadora hasta el día 25 de la baja. Hasta entonces no comienza a pagar la Seguridad Social. Con la reforma pactada ayer, la prestación correrá por cuenta del instituto público a partir del noveno día.

 

Se atiende también otra reivindicación histórica: las empleadas del hogar deberán tener un contrato en el que como mínimo se estipulen las horas de trabajo, el salario y otras condiciones básicas. En la actualidad, y conforme a una antigua regla que en los más de treinta años de la democracia española no se ha cambiado, no es obligatorio que las empleadas domésticas tengan un contrato individual de trabajo.

 

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció ayer que el Gobierno aplazará «de momento» un año la puesta en marcha de un fondo de capitalización para el despido, similar al austriaco, porque exigiría una subida de las cotizaciones sociales o un aumento de recursos en los presupuestos.

 

Salgado se refirió a la entrada en vigor de ese fondo, que, según el texto de la reforma laboral, debería estar en funcionamiento el 1 de enero de 2012. El fondo de capitalización es un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido o de movilidad geográfica para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

 

El modelo, vigente en Austria desde 2002, supone sustituir el sistema actual de indemnización en caso de rescisión de contrato por una fórmula consistente en crear un fondo de despido asociado a cada trabajador al que la empresa realizaría aportaciones sistemáticamente, como si se tratara de una hucha para las indemnizaciones. De esta forma, se impide que se acumulen los costes en el momento de la ruptura del contrato. Si el trabajador cambia de puesto de trabajo, el fondo se marcha con él y seguiría creciendo con las aportaciones de la nueva empresa. De este modo se incrementaría la movilidad laboral.

 

Salgado indicó que un estudio elaborado por expertos para el Ministerio de Trabajo señala que es mejor aplazar la entrada en vigor de ese fondo para más adelante, de momento, un año. Aplicar el modelo austriaco requiere, según esos estudios, incrementar las cotizaciones sociales o una aportación pública, alternativas ambas contraindicadas en una situación económica como la actual.

 

La Vicepresidenta aseguró también que la incertidumbre vivida en el debate sobre la reforma de la negociación colectiva se debió al cambio de posición de un grupo parlamentario -que no citó-, que primero dijo que se iba a abstener y luego manifestó que votaría en contra. El Gobierno sacó la reforma adelante con las abstenciones de CiU y PNV.

Varapalo al derecho a negociación de los funcionarios y estatutarios

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El TC no ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia Nacional en octubre sobre el recorte salarial del 5% de las retribuciones del personal del sector público.

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Este recorte salarial fue anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 12 de mayo de 2010 en el Congreso de los Diputados y aprobado vía decreto en la sesión del Consejo de Ministros del viernes 20 de mayo.

La rebaja formaba parte de un paquete de medidas que incluía también la congelación de las pensiones en 2011, menos las no contributivas y las pensiones mínimas, la reducción salarial para los miembros del Gobierno, y la eliminación del 'cheque bebé' y el régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007.

INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Sobre salarios habló este martes el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que prevé un incremento del salario mínimo interprofesional de entre el 1,5% y el 2,5% para el año 2012 a la luz del acuerdo vigente sellado por sindicatos y empresarios. Gómez recordó que el aumento del salario mínimo es del 1,3% para este ejercicio.

En cuanto a la evolución de la inflación, el titular de Trabajo pronosticó que el IPC se irá reduciendo en los próximos meses si continúa la tendencia registrada en los segmentos de alimentación y carburantes.

En este sentido, Gómez explicó que si la reducción del IPC se confirma, la tarifa salarial media irá reduciéndose progresivamente. "El Gobierno espera una reducción del IPC si no hay cambios en la parte del subyacente", sostuvo.

CCOO Y UGT DICEN QUE NO LLEGARÁ A 800 EUROS

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, acusaron al Gobierno de incumplir su compromiso electoral que contemplaba subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros.

Toxo consideró "evidente" que con la afirmación del ministro de Trabajo "se está diciendo que no lo van a cumplir" y pidió que el salario mínimo en España se iguale al francés, que se sitúa en 1.300 euros.

Por su parte, Méndez señaló que la subida del salario mínimo es " perfectamente compatible" con la situación económica española, ya que ayudaría a salir de la crisis, pero dio por hecho que el Gobierno "la ha dejado en el camino".

Los dos líderes sindicales recordaron que, en este momento, no hay un dato de referencia para saber cuáles son los incrementos salariales para 2011, porque hay muchos convenios bloqueados a la espera de la reforma de la negociación colectiva.

Asimismo, Toxo y Méndez criticaron la excesiva vinculación de la evolución de los salarios al Índice de Precios al Consumo (IPC), así como la facilidad con la que los precios de las materias primas se trasladan a los ciudadanos.