APROBADO EL PLAN EN PEORES CONDICIONES QUE LAS QUE YA NO ACEPTABAN LOS SINDICATOS
Multas de al menos 10.000 euros para quienes trabajen cobrando el desempleo
El plan del Gobierno contra el empleo sumergido se limita a endurecer las sanciones y no reconoce derechos retroactivos a los trabajadores
Madrid, Agencias
El plan que anunció el Gobierno para procurar el afloramiento del empleo sumergido finalmente se ha quedado en un endurecimiento de las sanciones para los empresarios que no tengan a sus empleados afiliados a la Seguridad Social. Las sanciones también se endurecen -serán al menos de 10.000 euros- para los parados que cobren prestaciones y trabajen a la vez de forma irregular.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido que, en un principio, pretendía que aflorara el trabajo irregular y que se reconociera a los trabajadores una parte del tiempo trabajado. No obstante, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció que el plan «no va a mirar al pasado», de forma que a ningún trabajador regularizado se le reconocerá el tiempo que haya trabajado antes de que la empresa le dé de alta en la Seguridad Social.
En los borradores del decreto que manejaron los agentes sociales se preveía la posibilidad de que se les reconocieran de manera retroactiva al menos seis meses de cotización.
Los empresarios que sean sorprendidos con empleados no afiliados se les aplicarán las sanciones que rigen actualmente hasta el 31 de julio, en tanto que la multa subirá más de un 300% desde agosto. Así, cuando se incumpla la obligación de afiliación, la sanción pasará de los 625 euros como mínimo y los 6.250 euros como máximo que se contemplan actualmente, a multas de entre 3.126 euros a 10.000 euros. En caso de compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo, las sanciones actuales -que van de 6.251 euros a 187.515 euros- serán de 10.001 euros como mínimo.
Las empresas no pagarán atrasos tras regularizarse el empleo sumergido
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las empresas que regularicen antes del 1 de agosto a los empleados que hayan empleado de forma irregular no tendrán que pagar las cotizaciones que deberían haber abonado hasta la fecha, con lo que esos trabajadores no verán reconocida ninguna aportación que le de derecho a una futura prestación como el desempleo.
Así se establece en el decreto ley de empleo sumergido aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros, tras el que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido que ello no supone una amnistía para las empresas.
Según ha señalado Gómez en rueda de prensa, "Durante el periodo de tiempo anterior (al alta del trabajador) no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie, se reconocerán a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación".
Esta cuestión es una de las que más ampollas han levantado en los sindicatos. Así, el primer borrador remitido por el Gobierno a las centrales establecía un año de retroactividad en el pago de las cuotas a la Seguridad Social atrasadas, mientras que el segundo recortaba aún más este plazo, hasta limitarlo al 1 de enero de 2011.
Sin embargo, la nueva formulación del plan elimina toda retroactividad, según confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo. Este cambio lleva aparejada además otra cuestión: Si el Gobierno hablaba hasta ahora de incentivos selectivos para hacer aflorar empleo mediante aplazamientos en las deudas contraídas con la Seguridad Social, estas facilidades se han sustituido por una exención en el pago de esas deudas.
Gestha ve "desenfocado" el plan para aflorar empleo porque "olvida" 161.000 millones del fraude fiscal
MADRID, (EUROPA PRESS) -
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han considerado que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros para aflorar empleo oculto está "desenfocado", al centrar la lucha contra la economía sumergida "única y exclusivamente" en el fraude laboral y "olvidar" el fraude fiscal, que estima en 161.000 millones.
En este sentido, los técnicos de Hacienda recordaron que el empleo sumergido viene favorecido por la existencia de dinero negro, e incidieron en que la economía sumergida en España mueve anualmente 245.000 millones de euros, esto es el 23,3% del PIB, de los cuales 161.000 millones proceden de la vertiente fiscal sumergida y el resto (82.000 millones) deriva del empleo irregular.
Para Gestha, resulta "obvio" que con las "modestas" prestaciones por desempleo (853 euros mensuales de media) y más de 1,2 millones de parados que no reciben ninguna prestación contributiva ni asistencial, una gran parte de los 4.910.000 desempleados recurran a la economía sumergida para afrontar sus pagos.
Aún así, admitieron que el Gobierno introduce un "avance" al reconocer la existencia de economía sumergida, al tiempo que valoraron que el Ministerio de Trabajo de un "primer paso" para reforzar la Inspección de Trabajo con la creación de una nueva escala de subinspectores especializados en Seguridad y Salud.
En este sentido, Gestha confió en que el Ministerio de Economía siga los pasos iniciados por Trabajo con los cuerpos de Auditoría, Contabilidad, Inspección y Aduanas, con el reconocimiento de mayores responsabilidades en el control del gasto público y en la prevención del fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales.
Por otra parte, los técnicos de Hacienda consideraron que los incentivos planteados son "insuficientes" para aflorar el empleo sumergido, y lamentaron que los trabajadores verán reducido su historial laboral "injustamente".
Como otra "dificultad" del plan, Gestha señaló la obligación de que las empresas justifiquen a Hacienda el origen del dinero negro con el que se pagaron los salarios irregulares, con lo que, a su juicio, se destruye la presunción de veracidad de la contabilidad.
"La investigación tributaria podría atribuir ese dinero negro a ventas ocultadas al Fisco, exigiendo el IVA y el Impuesto de Sociedades evadido, los intereses de demora y las sanciones tributarias", advirtieron.
