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OPINION

El déficit de Valencia y Madrid es el de las privatizaciones sanitarias

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Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es | Actualizado 27 Mayo 2012 - 09:45 h.

Como es bien conocido recientemente se ha reconocido que el déficit público español estaba por encima de lo declarado por el Gobierno y que esta desviación se debía a los déficits ocultos de Valencia y Madrid, y también se ha conocido que estos procedían directamente de las desviaciones de los presupuestos sanitarios de estas comunidades autónomas.

¿De donde salen estas desviaciones del déficit?. Pues es bien conocido que tienen un origen doble, por un lado hay una subfinanciación de la Sanidad en ambas autonomías, y claro está si se dedica poco dinero a la Sanidad y se dan parecidas prestaciones la única opción es el endeudamiento (El presupuesto de Madrid fue 185,42 euros menor y el de Valencia 209,63 euros menor que la media del presupuesto por habitante y año de las comunidades autónomas en 2011, situación que persiste y aún se agrava en 2012).(LEER MÁS)

No era Zapatero el que mentia, eran las comunidades gobernadas por el PP

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Rajoy y Esperanza: tierra quemada.

Por Carlos Carnicero

La “ejemplar” Esperanza Aguirre tenía escondido el déficit. Utilizando la tecnología del PP, la presidenta ha mentido a los ciudadanos de Madrid. Ha aflorado, cuando no ha quedado más remedio, la deuda oculta: el cien por cien de la declarada. Ni más ni menos. Ahora dice que se le habían perdido unas facturas. ¡Casi nada¡

Toda su campaña de excelencia en la gestión de la Comunidad de Madrid ha quedado sepultada por el déficit: mintió. Siguiendo el esquema de armas de destrucción masiva del PP, tenía escondido la mitad de su déficit. Todos aquellos exordios de las mentiras de Zapatero se han vuelto como un boomerang contra los dirigentes del PP. Y han quedado al descubierto las trampas de Madrid, Castilla León y Valencia. Todas, comunidades gobernadas por el PP.

Pero en esa política irresponsable de culpar de todos los males al gobierno de Zapatero, los daños colaterales son inmensos. Rajoy, en sus batallas, solo está dejando tierra quemada.

El sueño de sostener un imperio económico para el servicio de los intereses de Esperanza Aguirre han explotado. Bankia era un tigre de papel. Rato el brazo ejecutor de el sueño de dar el sorpasso financiero a Cataluña. Los agujeros negros de Caja Madrid y de las cajas valencianas están a punto de tumbar el sistema financiero español. Y los platos rotos los vamos  a pagar los ciudadanos.

El Gobierno de Rajoy y el PP han destruido la credibilidad del Banco de España. Con tal de salvar el pellejo de Rodrigo Rato y de los gestores de las ensoñaciones económicas del PP valenciano, hemos llegado al límite de tener que hacer auditorías externas al sistema financiero español: en la ideología de nuestros gobernantes, la mayor concesión a nuestra pérdida de soberanía.

No ha queda un frente por abrir. Destruida la credibilidad de nuestras instituciones –comunidades autónomas y Banco de España- solo quedaba manejar con tan poco talento el contencioso con Gibraltar. ¿Atacarán el Peñón como desembarcó Aznar en Perejil? Quieren reeditar el populismo de unas Malvinas españolas? La flota británica ya está humillando a nuestra Guardia Civil y a nuestros pescadores.

Mariano Rajoy, como un zombie, ha agarrado el neceser para salir corriendo a Europa. A última hora, tarde y mal. Si Felipe era un pedigüeño por reclamar fondos de cohesión, Rajoy es apenas un mendigo. ¡Vergüenza de Gobierno¡

Esta es la realidad que algunos aún se niegan a creer…

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La sanidad «universal»

“Cartas de los lectores” en La Nueva España (13.05.12), escrita por Jana Díaz Orbegozo (Oviedo)

Estimada señora Mato, me dirijo a usted en referencia a la última reforma del sistema sanitario. A pesar del revuelo, puedo confesar que en mi caso la preocupación fue nula ignorando las protestas y críticas de la oposición, especialmente cuando escuché su respuesta y, en concreto, su afirmación «todos los españoles mayores de 26 años tienen derecho a una tarjeta sanitaria propia».

De esa manera, fíjese usted, una chica como yo, con 28 años, que ha ejercido como ingeniera de Telecomunicaciones desde hace 5 años, 3 en España y 2 en Suecia, asumió que a su vuelta temporal a su país antes de iniciar una nueva experiencia internacional tendría derecho a ir al médico de manera gratuita. Al fin y al cabo, otra cosa no, pero el sistema sanitario universal para los españoles es una de las pocas cosas que funcionan relativamente bien en relación al resto de Europa. O eso creía yo.

Esta mañana ha llegado la sorpresa cuando el que yo creía iba a ser un mero trámite se ha convertido en lo que bien podríamos llamar un shock.

–Hola, buenos días. Venía a pedir una tarjeta sanitaria, he cotizado 3 años en España, y 2 en Suecia, y ahora estoy de vuelta.

–Sí, muy bien, ¿cuántos años tienes?

–28

–Uy, pues difícil lo tenemos, mira es que de acuerdo al nuevo reglamento los mayores de 26 no hay manera de incluirlos con sus padres.

¿Universal? ¿Todos los españoles? ¿Ejemplo de modelo sanitario? De repente todas esas ideas que yo tenía han empezado a revolotear en mi mente.

–Bueno, en mi caso yo tengo un número de la Seguridad Social y he cotizado 3 años en España.

–Sí, sí, si la idea es que, bueno, lo que yo creo, que os deberíamos poder hacer una prórroga en vuestro número de la Seguridad Social, pero de momento la herramienta nos lo rechaza, a ver si desarrollan el reglamento y arreglan este desaguisado. Tardarán como mucho 2 meses.

¿Vacío legal? ¿Error informático? ¿Negligencia? ¿Gran recorte enmascarado?

–Pero, ¿y si tengo que ir al médico en estos dos meses?

–Pues no sé. Porque claro, no creo que te puedan poner como persona sin recursos. Mira a ver si en el centro de salud te pueden atender con el número de tus padres o algo así. Pásate por allí a ver qué te dicen. Si no quizás te hagan pagar los servicios médicos.

Creo que la pobre funcionaria del INSS estaba tan anonadada como yo. Bueno, no tanto, ya que habrá tenido que dar las mismas respuestas a unos cuantos ya. Ya sabe, a base de práctica a todo se hace uno.

Resumiendo, soy una joven española de 28 años que ha cotizado, pagado sus impuestos y que ahora se encuentra que durante este mes y medio que pasará en España ha de ser especialmente cuidadosa: nada de tobillos retorcidos que puede salir bien caro. Tampoco puedo contar con el sistema sueco, ya que al irme del país por más de un año ya me han dado de baja en su sistema.

Recuerdo que hasta hace nada (hasta esta mañana, podríamos decir) solía hablar orgullosa del sistema sanitario español en comparación con el sistema sueco, donde el copago está establecido desde hace mucho (y no es precisamente barato) y que en realidad no funciona tan bien como creemos en el sur de Europa, sobre todos los beneficios sociales en el idealizado Estado del bienestar escandinavo.

Espero que arreglen pronto este embrollo o mi orgullo pasará a ser sólo eso, un recuerdo.

Creadores de escasez, generadores de pobreza.

 
 

Dos años después del inicio de las políticas de austeridad extrema el panorama es desolador

Se multiplica el paro, la exclusión, las clases medias se empobrecen y mueren empresas

Durante la década de los años treinta, cuando los rostros de muchos hombres se tornaron duros y fríos como si miraran hacia un abismo, nuestro hombre advirtió los signos de la desesperanza generalizada que conocía desde niño. Vio hombres buenos destruidos al ver roto su concepto de una vida decente, les veía caminar desanimados por las calles y los parques, con la mirada vacía como añicos de cristal roto; les veía entrar por las puertas de atrás, con el amargo orgullo de los hombres que avanzan hacia su propia ejecución, a mendigar el pan que les permitiera volver a mendigar, y también vio personas que una vez caminaron erguidos mirarle con envidia y odio por la débil seguridad que él disfrutaba.

Más o menos así describe el novelista John Williams el espíritu de los años de la Gran Depresión en su maravillosa novela Stoner. No es difícil establecer una analogía con lo que se observa ahora, en las capitales y en los pueblos de algunos países intervenidos o con posibilidades de serlo, del sur de Europa. Con todas las diferencias que se le quiera poner. La Gran Recesión que comenzó en el verano del año 2007 ha dejado de ser planetaria, pero ha adquirido otras características: de EE UU ha pasado al Viejo Continente; de crisis financiera privada ha devenido en una crisis de la deuda pública; su origen estuvo en los abusos y las estafas del sistema financiero en la sombra, y las ayudas estatales al mismo (cuando algunos se atrevían a defender que salvar a la banca era salvar a la calle, que proteger a Wall Street era proteger a Main Street) están en el epicentro de buena parte de los problemas de déficit y de endeudamiento de muchos países. A este fenómeno se le ha denominado “neoliberalismo de Estado”, una paradoja por la cual mientras los beneficios (de unos pocos) continúan siendo individuales, los riesgos (de la mayoría) se socializan. En ella, el papel del Estado ya no consiste en limitar el poder económico sino en facilitar su predominancia; el Estado solo debe actuar para favorecer el libre funcionamiento de la competencia (excepto la citada socialización de pérdidas), allanar los conflictos sociales y mantener el orden público.

Muchos de los problemas económicos que trajeron la recesión no han cedido. Hay posibilidades de marcha atrás en los sitios que han abandonado el fondo del abismo y a que en una nueva fase se multiplique el contagio en sentido inverso. No en vano algunos medios de comunicación norteamericanos han llegado a publicar algo que en otra coyuntura podría resultar muy exagerado: que la reelección del presidente Barak Obama estaría condicionada en parte por la solución de los problemas económicos y financieros de países tan distantes de EE UU como España o Italia. Eso es la globalización.

Las ayudas estatales al sistema financiero están en el epicentro de buena parte de los problemas de déficit y endeudamiento

Se acaban de cumplir dos años de la primera intervención de un país europeo, Grecia, por la troika de poderes fácticos contemporáneos y externos a la soberanía de los países de la zona: la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego controlaron a otros dos países, Irlanda y Portugal, y la próxima semana coincide con el segundo aniversario de la noche en la que los ministros de Economía de la eurozona hicieron morder el polvo a la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero y la cambiaron de sentido en un santiamén, causando la ruina electoral de los socialistas españoles y esbozando la estructura de un fondo de rescate para países en problemas que todavía —más de setecientos días después— anda ajustando su fórmula y su monto definitivo.

Desde entonces, la Unión Europea ha abandonado la política económica común de estímulos que se había aprobado en las reuniones del G-20 en Washington, Londres y Pittsburgh, y ha desarrollado una senda de consolidación fiscal y de austeridad a ultranza. Mientras prácticamente el resto de las zonas del mundo consideran que el problema principal de la economía es su falta de crecimiento (EE UU, China, América Latina…), Europa asume que lo prioritario es volver a los equilibrios macroeconómicos para, más adelante, comenzar a crecer. La desavenencia se manifiesta en el dilema de ajustar para crecer o crecer para ajustar. Hasta ahora la razón empírica parece manifestarse a favor de los partidarios del crecimiento como prioridad para solucionar los problemas más urgentes. Crecimiento o barbarie.

Mientras los beneficios (de unos pocos) siguen siendo individuales, los riesgos ( de la mayoría) se socializan

Un balance de lo sucedido en Europa desde entonces es demoledor: la crisis de la deuda soberana y el crecimiento de las primas de riesgo —cuya solución era para lo que se adoptó la política económica de austeridad extrema y rígida, aplicada a países con problemas muy diferentes— no ha mejorado; los problemas de liquidez o solvencia de muchos bancos de matriz europea y funcionamiento multinacional siguen encima de la mesa y todos ellos han de acudir sistemáticamente a las subastas de liquidez del BCE (un mecanismo administrativo, al margen del mercado) para sobrevivir y poder pagar sus obligaciones y sus deudas; estancamiento económico o recesión en la mayor parte de los países, lo que significa multiplicación exponencial del paro, empobrecimiento de las clases medias, mortandad de centenares de miles de empresas y reducción de la movilidad social. Según los datos del Eurobarómetro, una gran parte de los ciudadanos europeos teme que sus hijos van a vivir peor que ellos, lo que significa que se ha interrumpido el proceso del progreso. Como consecuencia de todo ello, cada vez que hay elecciones en un país cae el Gobierno, sea del signo ideológico que sea, al que le ha tocado ocuparse de la gestión de la crisis con esas políticas de austeridad que los ciudadanos rechazan mayoritariamente, y emergen fuerzas populistas significadas por la simplicidad y la demagogia de las soluciones que proponen. Hasta ahora ese populismo es fundamentalmente de extrema derecha pero nada impide que surja también en el otro extremo partidista. Todas estas secuelas dejan una huella profunda en la calidad de la democracia: según todos los sondeos, una parte creciente de la ciudadanía duda de la idea Europa (cuya construcción estaba planteada precisamente para evitar los populismos y los enfrentamientos del pasado) y también es creciente el número de ciudadanos que sospecha de la impotencia de sus representantes políticos a la hora de solucionar los problemas públicos y comunes, ya que estos se dirimen en lugares cada vez más alejados de los Parlamentos y de los lugares propios de la democracia representativa.

La expresión “libertad económica” ha dejado de significar oportunidad de mejora, y de concitar simpatías; todo lo contrario, para los perdedores de estas políticas de austeridad la libertad económica suscita pesadillas de inseguridad y de creciente irritación. Además, el concepto de libertad se está convirtiendo, como ha desarrollado el intelectual francés de origen búlgaro Tzvetan Todorov, en el nombre comercial de partidos políticos de extrema derecha nacionalistas y xenófobos: el Partido de la Libertad en Holanda, liderado por Geert Wilders, de tanto protagonismo en los últimos días al dejar caer el Gobierno de ese país; el Partido Austriaco de la Libertad, que dirigió Hëider hasta que murió; la Liga del Norte de Humberto Bossi, que presentaba a sus candidatos en las elecciones italianas bajo el nombre de Liga del Pueblo de la Libertad y se unía así al Pueblo de la Libertad de Berlusconi, etcétera.

La expresión "la libertad económica" genera pesadillas de inseguridad y de creciente irritación

En resumen, el paisaje después de una batalla que ya ha durado dos años no puede ser más estremecedor. Las políticas de austeridad extrema y de rigor mortis pueden ser calificadas como “creadoras de escasez”, siguiendo las hipótesis de Daniel Anisi, un economista prematuramente desaparecido. La oposición a tales políticas —que ahora empiezan a hacerse más presentes en instancias oficiales de algunos países afectados y diversas instituciones, como el propio FMI, la Comisión y tal vez en el BCE— era de grado y de dosis: nadie ha sugerido incrementos desorbitados del déficit y de la deuda sino una combinación más flexible de los criterios de crecimiento y de estabilidad. Los economistas poskeynesianos, encabezados entre otros por los premios Nobel Krugman y Stiglitz, se quejan de la manipulación del lenguaje que se ha hecho por parte de los partidarios del ajuste duro. La aparición en España del movimiento Economistas frente a la Crisis, se ha sustentado hasta el momento en el principio de “que no nos roben las palabras”. Se trata de impedir que el lenguaje sea tergiversado con conceptos que manipulan el pensamiento que los maestros de la economía han transmitido y que la experiencia que como profesionales de la economía ha enseñado. Reestructurar no es desregular, reforma estructural no es sinónimo de recortes ni de la dilución de los derechos de la gente, liberalización y regulación son conceptos complementarios e inseparables, los críticos de la austeridad injusta no son partidarios del despilfarro del mismo modo que la estabilidad presupuestaria no es equivalente a déficit cero (un fundamentalismo más) y que quienes critican el Pacto de Estabilidad y las reformas forzadas de las Constituciones nacionales no defienden la inestabilidad.

Durante la primera fase de la crisis actual, los políticos que se aprestaron a combatirla parecían conscientes de su gravedad y tuvieron en cuenta las lecciones del pasado: no se podían repetir los errores de antaño por los cuales se había extendido la Gran Depresión de los años treinta que acabó con una guerra mundial. Había cuatro diferencias fundamentales entre la Gran Depresión y la Gran Recesión: primero, la calidad de las respuestas públicas dadas. En los años treinta se tardó mucho tiempo en aplicar las políticas anticíclicas imprescindibles porque la sensibilidad dominante era el capitalismo de laissez faire que consideraba que el sistema se purgaría a sí mismo y era más eficaz la no intervención del Estado. El secretario del Tesoro americano de la época, el multimillonario Andrew Mellon, proponía “liquidar los sindicatos, las Bolsas, la agricultura, los bienes raíces (…) Esto purgará la podredumbre del sistema. El alto coste de la vida se vendrá abajo. La gente trabajará más duro, vivirá una vida más moral. Los valores se ajustarán y las personas emprendedoras reflotarán los fracasos de las menos competentes”. A partir de 2007, las autoridades pusieron en marcha una política monetaria expansiva con abundantes dosis de liquidez, tipos de interés próximos a cero, ayudas extraordinarias a la banca y planes de estímulo de la demanda. Son ellas las que generaron el déficit y la deuda pública y no el déficit y la deuda pública los que causaron la Gran Depresión. Y son las políticas de estímulo las que Europa ha abandonado, antes de tiempo según los economistas críticos.

Los intensos ataques a la universalidad del Estado de bienestar se producen sin apenas debate público

La segunda gran diferencia entre ambas situaciones era la ideológica: ahora no existe alternativa al capitalismo como sistema dominante, mientras que en la década de los treinta dos totalitarismos de signo contrario —el comunismo y el fascismo— pugnaban por ser hegemónicos y estaban en el momento álgido de su poder. A pesar de la reaparición de los populismos, algunos de ellos con un apoyo electoral significativo (véase el caso de Marine Le Pen en Francia), y de la presencia del movimiento de los indignados, hoy no hay alternativa al capitalismo del siglo XXI. Los más osados hablan de la refundación del mismo, de su regulación, de su reforma pero no de su sustitución.

La tercera diferencia es la respuesta proteccionista a la Gran Depresión, que hoy es muy menor. Entonces se multiplicaron las “políticas de empobrecimiento del vecino” (concepto de la discípula de Keynes, Joan Robinson) en forma de fronteras, aranceles, impuestos a la importación, cupos, etcétera. Pascal Lamy, director de la Organización Mundial del Comercio (OMC) —institución multilateral desaparecida de la primera línea de fuego por su incapacidad de avanzar en la Ronda de Doha— habla de un “proteccionismo de baja intensidad” para calificar lo que sucede hoy. La nacionalización de Repsol por parte del Gobierno argentino forma parte del universo proteccionista, aunque tenga también otras componentes.

La cuarta disimilitud entre los años treinta del siglo pasado y la segunda década del siglo XXI, muy centrada en Europa, era la existencia de un potente Estado de bienestar que trataba de proteger al ciudadano (“desde la cuna hasta la tumba”) por el hecho de serlo. Este se componía de la educación, la sanidad y las pensiones universales (pagadas a través de impuestos progresivos, no gratuitas como inexactamente se dice a veces), el seguro de desempleo, la asistencia a las personas dependientes y el derecho laboral, por el que se socializaban los sueldos de modo que las condiciones de trabajo se discutiesen a través de la negociación colectiva y no de la negociación individual (y desigual) entre el empresario y el asalariado.

Las ventajas engendran más ventajas: los ricos pueden vivir en barrios mejores. Escapan así del contrato social

Es esta cuarta diferencia la que se va diluyendo con más rapidez, debido a los intensos ataques a la universalidad del Estado de bienestar, sin apenas debate público, y a los intentos de difuminar la centralidad de la negociación colectiva que comienza a ser residual en algunos países intervenidos, como por ejemplo Grecia. El profesor Todorov habla de “los enemigos íntimos de la democracia” y opina que las principales amenazas que pesan hoy sobre la misma no proceden de su exterior, de los que se presentan abiertamente como sus oponentes, sino de dentro, de ideologías, movimientos y actuaciones que dicen defender sus valores pero que de hecho los debilitan. Y cita, dentro de este último apartado, el populismo, el ultraliberalismo y el mesianismo de los partidarios de la austeridad extrema.

Pese a la reaparición de populismos, hoy no hay alternativa al capitalismo del siglo XXI

Se avecina una dialéctica muy potente en el patio europeo entre los partidarios de dos maneras distintas de ver la política económica. Mientras se resuelve, unos y otros deberían llegar a un pacto para proteger a los millones de personas que van quedando por el camino: los parados de larga duración que ni tienen futuro ni seguro de desempleo para sobrevivir, las familias en las que no entra ningún salario, los inmigrantes sin derecho a la sanidad o la educación, los ciudadanos que sufren fuertes reducciones de su renta disponible y observan, perplejos, el extraordinario aumento de la desigualdad entre ellos y los poderosos. Las ventajas engendran más ventajas: los ricos pueden permitirse vivir en barrios mejores y más seguros, pueden dar a sus hijos una atención médica adecuada y una alimentación que les permita crecer sanos, y pueden pagar a profesores y obtener ayudas educativas si aquellos tienen problemas. El resto se confronta con una red de seguridad cada vez más endeble y con la constante incertidumbre sobre los empleos mientras una nueva generación, los más jóvenes, no tiene trabajo ni sueños.

En medio de la Gran Depresión, cuando publicó su Teoría General, Keynes centró el debate principal: “Los dos vicios que marcan el mundo en que vivimos son que el pleno empleo no está garantizado y que el reparto de la fortuna y de la renta es arbitrario y desigual”. ¿Tan poco hemos aprendido en tres cuartos de siglo?

Este artículo analiza críticamente la política de recortes de gasto sanitario público que se está realizando en España, recortes que acentuarán todavía más la polarización de la atención sanitaria en España por clase social.

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El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Una de las características de la sanidad pública española es su bajo gasto público sanitario, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al de España). Según Eurostat, en el 2008, el primer año de la crisis, España se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. Se llega a la misma conclusión cuando se escoge el gasto público sanitario por habitante. España se sitúa, de nuevo, a la cola de la UE-15.

Soy consciente de que algunos economistas de la salud en España han señalado que España se gasta ya en sanidad pública lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, postura insostenible a la luz de los datos (para ver una crítica de tal postura, ver mi artículo publicado en la revista Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (“Los determinantes del gasto público sanitario”. Agosto 2010). En realidad, España se gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% se gastara el 94%, España se gastaría en su sector sanitario público 13.500 millones de euros más de los que se gasta. Ni que decir tiene que el PIB por habitante no es el determinante del gasto público sanitario por habitante, pues muchas otras variables intervienen en configurar tal gasto, desde la estructura demográfica al tipo de organización del sistema sanitario, entre otros. Pero todas las indicaciones permiten llegar a la conclusión de que el gasto público sanitario es más bajo de lo que debiera ser por el desarrollo económico que tiene el país. Esta observación es aplicable a todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. El número de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar es de los más bajos de la UE-15. Sólo un 9%, comparado con un 15% en la UE-15 y un 25% en Suecia, el país que tiene mayor desarrollo de su Estado del Bienestar.

Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (ver Navarro, V., El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, y Volúmenes I, II y III de La Situación Social en España, 2004, 2007 y 2009).

La polarización por clase social del sistema sanitario español

Esta situación explica que España sea también el país que tiene el mayor porcentaje de gasto sanitario privado de la UE-15. Casi el 30% del gasto sanitario es gasto privado procedente predominantemente del 20-25% de la población que tiene mayor nivel de renta. Ello determina que exista una polarización por clase social del sistema sanitario español, con una sanidad privada que atiende básicamente a los sectores con mayores recursos y una sanidad pública que atiende a las clases populares. Esta polarización es típica de los países donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre el Estado, tales como el sur de Europa y la mayoría de países de América Latina.

Tal sistema, además de injusto, es altamente ineficiente, pues mientras que la privada es, en general, mejor que la pública por su confort (una cama por habitación), por su mayor tiempo de visita y por una menor lista de espera, en la pública la calidad del personal y riqueza de la infraestructura es superior . En países donde se ha comparado la mortalidad estandarizando las variables que pueden afectar la mortalidad, ésta es mayor en los centros privados (con afán de lucro) que en los centros públicos (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals”, en la revista de la Canadian Medical Association 28-05-02).

Las políticas públicas que se están proponiendo con recortes sustanciales de la sanidad pública acentuarán todavía más la polarización por clase social del sistema sanitario español. Los recortes en el gasto público acelerarán el crecimiento de la sanidad privada, proceso de aceleración que será facilitado por la desgravación del aseguramiento privado que alcanza su máxima expresión en las propuestas del Conseller de Salut del gobierno CiU de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, quien ha propuesto el aseguramiento sanitario obligatorio para las rentas superiores, reduciendo el sector público a un sector asistencial de mínimos para las clases populares. Esta dicotomía afectará todavía más negativamente la inequidad e ineficiencia del sistema, como ha demostrado la experiencia en EEUU. Ningún otro país se gasta tanto en sanidad y tiene un mayor grado de descontento popular con su sistema sanitario que EEUU, donde el aseguramiento privado está generalizado. Es un tremendo error ir en esta dirección.

Los recortes acentuarán más la polarización social

Las insuficiencias del gasto público sanitario han dado pie a las políticas de recortes que se justifican bajo varios argumentos, ninguno de los cuales es sostenible, ni conceptualmente ni empíricamente. Es paradójico que algunos economistas aconsejen tales recortes que conllevarán una expansión de tal aseguramiento, argumentando que estimularán la eficiencia “eliminando la grasa”. Tal argumento ignora, sin embargo, el carácter político de los recortes, los cuales reproducen y acentúan más la desigualdad en la distribución del poder institucional dentro del sector sanitario, pues los grupos más poderosos se defienden mejor de los recortes que los grupos con menos poder. No hay ninguna evidencia de que tales recortes estén mejorando la eficiencia del sistema. Antes al contrario, están acentuando todavía más las grandes ineficiencias, consecuencia de la polarización por clase social del sistema sanitario.

Estos recortes van acompañados de una llamada al incremento de los ingresos privados, aumentando todavía más el elevado porcentaje que el gasto público privado representa sobre el gasto total. Uno de ellos es el copago, medida que se presenta frecuentemente como medida moderadora de un supuesto abuso del sistema público por parte del usuario, del cual no hay ninguna evidencia. El hecho de que el usuario español tenga más visitas o más recetas no es un indicador de abuso del sistema por parte del usuario, pues esta mayor utilización se debe a causas administrativas (tener la firma del médico) o a una subutilización del personal de enfermería, entre otros factores. Es más, la utilización y el gasto sanitario viene determinado en gran manera por el médico, no por el usuario.

El sistema de copago no es equitativo y sería mucho más eficiente, eficaz y equitativo que el pago se hiciera por vía impositiva con una orientación finalista, tal como se ha desarrollado en otros países. La carga fiscal en España es, además de baja, altamente regresiva. Y debería corregirse, añadiendo un componente finalista en la corrección de inequidades fiscales. Las encuestas señalan que, a la vez que existe una gran desaprobación por parte de la población de los recortes y del copago, hay una amplia aprobación del aumento de los recursos para la sanidad (87% de la población). En realidad, los fondos que el Estado intenta ahorrarse recortando los servicios sanitarios podrían haberse adquirido a base de medidas tales como eliminar la baja de impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que habrían obtenido 5.300 millones de más) o recuperando el impuesto del patrimonio (2.100 millones de euros), y eliminando la reducción de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), o eliminando el fraude fiscal de la grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 44.000 millones de euros, por citar sólo unos ejemplos (ver “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España” Navarro, V., Torres, J., Garzón, A.). Tales recortes responden a unas coordenadas políticas de poder que se presentan erróneamente como las únicas alternativas posibles. Pero los datos muestran que otras intervenciones son posibles si existe voluntad política para ello.

Artículo publicado en GACETA SANITARIA

Rodríguez Vigil: «El copago de los jubilados no dará los resultados esperados»

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El expresidente del Principado, experto en temas de salud, pide que no se recurra «al pánico» en un tema tan sensible como el sanitario

Foto: Juan Luis Rodríguez Vigil. :: E. C.

El Comercio. 25.04.12 - 00:24 - L. A. R. | GIJÓN.

Un consejo de tres minutos puede reducir un 7,5% el tabaquismo"

Farmaindustria lamenta el «recorte sin precedentes»

De medida «improvisada» e «ineficaz» califica Juan Luis Rodríguez Vigil las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy, que justifica en la necesidad de sostener la calidad en la asistencial del sistema sanitario en la actual coyuntura económica. Para el expresidente del Principado, que además fue consejero de Sanidad durante el gobierno de Pedro de Silva, el copago farmacéutico de los jubilados es una salida «improvisada» con la que se pretende aparentar «que se hace algo más de lo que se venía haciendo sobre todo con las comunidades autónomas que son las gestoras de la sanidad en España y sobre todo con aquellas desmadradas». Vigil cree además que justificar los ajustes en materia de salud sobre la base de tener que ahorrar diez mil millones de euros es «una solución de cara a los mercados, porque con las medidas adoptadas no se llegará a esas cifras». Es más, Vigil considera que «en términos de eficiencia, el copago sanitario no servirá para alcanzar ese ahorro del que se habla, entre otras cosas, porque técnicamente será difícil de implantar y eso supondrá costes a su vez».

En una entrevista concedida a ’La Lupa’ de Canal 10, Juan Luis Rodríguez Vigil tampoco vio viable aplicar la criba que se va a realizar para evitar el turismo sanitario. Piensa, de hecho, que los datos son difíciles de cuantificar y que la influencia de la asistencia a extranjeros en nuestro país «tiene relevancia en zonas como Madrid, Barcelona y el Levante pero no mucho más; en Asturias, sin ir más lejos, aunque las cifras de atención son difíciles de obtener, la incidencia es menor».

Eso sí, Vigil matiza que efectivamente es necesario cambiar las cosas y explica que el sistema sanitario actual es antiguo y no se adapta a las nuevas circunstancias sociales. Para ello puso en ’La Lupa’ un ejemplo claro como el de la proliferación de maternidades implantadas en los años ochenta y que hoy continúan con el mismo funcionamiento cuando apenas nacen niños. Los índices de fertilidad han caído y, no obstante, se mantiene la estructura asistencial».

Propone Vigil cambios, sí, pero con consenso y, sobre todo, sin que se recurra «al pánico». «Hay campos de control del gasto, que es ineludible porque estamos en un tiempo en que es obligatorio,pero hay márgenes para hacerlo, siempre con serenidad y basándose en estudios rigurosos».

Las modificaciones por “decreto” de RTVE en la línea del adiós a la veracidad y a la pluralidad…

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Acabar con la información para que se imponga la propaganda

Por Javier Jiménez Martín, Secretario de Política Sectorial de CCOO

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El Consejo de Ministros del pasado viernes, ha aprobado mediante  un nuevo Real Decreto Ley (16º desde la conformación del nuevo gobierno) la modificación de la Ley de la Corporación RTVE y en esta ocasión, de nuevo, acude a la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para su promulgación lo que  aparte de chusco, resulta insultante.

Así mismo, se ha acordado  la remisión al Congreso del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en lo relativo a la regulación de los canales autonómicos de televisión.

Finalmente, han cedido a la caverna mediática y a numerosas voces del PP que se han venido manifestando por dar un puñetazo en la mesa para acabar “con el intolerable tratamiento de los informativos de RTVE hacia el Partido Popular y el Gobierno” a la vez que el desgaste acelerado ante la opinión pública que sufren, fruto de sus decisiones y mentiras, se justifican en “fallos en la política de comunicación”.

No les bastaba con el TDT Party, ni con la abrumadora mayoría de prensa escrita de derechas, ni con la concentración de medios generalistas en manos de dos grandes grupos como MEDIASET (Tele5) y Antena 3, que controlan la mitad de los canales que permite el sistema de Televisión Digital Terrestre y que en lo referente a la publicidad se quedan directamente con todo el pastel de ingresos, más del 85%.

En conclusión, el pluralismo televisivo que ofrece el mercado, después de conceder el estado licencias para más de treinta canales, se ha quedado en dos y desde el punto de vista informativo, la pluralidad de los medios públicos salvo RTVE, es la que conocemos.

Se arremete contra el servicio público de la radiodifusión estatal en un paso más para acabar con todo lo público en España. Un paso más para cercenar los derechos de la ciudadanía, en este caso el derecho fundamental a la información plural y veraz. Volvemos a una radiotelevisión pública de partido político dominante, se retrocede para volver a épocas que parecían superadas de control político.

El gobierno se exonera a sí mismo del compromiso de buscar el consenso que establecía la ley y se busca la utilización partidista de los medios públicos. Se acaba con la dedicación exclusiva de los miembros del Consejo de Administración a excepción del Presidente de la Corporación y, cómo no, se expulsa a los sindicatos del mismo.

La reforma por trámite de urgencia de la LGCA, de la que los medios destacan que da vía libre a la eventual privatización de los canales públicos autonómicos, atenta contra el principio de libertad de información y pluralidad.

Convendría no dejarse engañar por los titulares ya que mientras que en la justificación de la reforma se cita genéricamente la externalización o cesión de la producción de programas, la modificación propuesta solo introduce como novedad eliminar la prohibición de ceder a terceros la producción de informativos, ya que con la regulación en vigor, es potestad de los poderes públicos determinar el catálogo de programas protegidos o excluidos de la cesión en el ejercicio de sus funciones legislativas, exceptuando estos.

Conviene recordar que la LGCA es una ley de bases, lo que implica que esta medida podría ser también de aplicación a RTVE.

Actualmente se dispone por parte de las diferentes administraciones en el uso de sus competencias, de flexibilidad suficiente para determinar a qué programas no le será de aplicación la prohibición de cesión a terceros mediante lo que se estipule en cada mandato marco, salvo los programas informativos que no son elegibles.

En otro orden de cosas, la gestión indirecta de los programas informativos, haría irrelevante el papel de los Consejos de Informativos constituidos en los operadores públicos, al no ser extensible sus funciones frente a terceros, siendo los Consejos de Informativos elemento esencial para garantizar la independencia, objetividad, pluralidad y calidad de los servicios públicos de comunicación audiovisual, así como un adecuado ejercicio en el desempeño profesional de los informadores.

Con respecto a la pretendida búsqueda de eficiencia económica en la utilización de los recursos públicos, no deja de ser un nuevo pretexto, ya que la regulación europea especifica que las ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión se justifican por que “Los servicios públicos de radiodifusión, a pesar de tener una importancia económica evidente, no son comparables con los servicios públicos de ningún otro sector económico. No existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga un acceso tan amplio a la población, le proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos y, de este modo, transmita las opiniones individuales y la opinión pública e influya tanto en las mismas.”

Estas directrices obligan a que, para que las compensaciones no sean consideradas ayudas estatales, los parámetros del cálculo de la compensación deben establecerse de forma objetiva y transparente definidas en un acto público formal y, para evitar el falseamiento de la competencia, no debe superar el coste neto soportado por la empresa por el funcionamiento del servicio sobre la base de un análisis de los costes necesarios para poder satisfacer las exigencias de servicio público determinadas por los poderes públicos.

Los pretendidos diferenciales positivos obtenidos por la producción por parte de terceros de los programas informativos o los establecidos en los diferentes mandatos marco, solo pueden obedecer al erróneo cálculo realizado por sus gestores en la determinación de sus costes actuales (que no ha sido puesta de manifiesto por las autoridades comunitarias ni por las autoridades audiovisuales competentes) o a la disminución de los medios utilizados en su producción, lo que conllevaría una modificación a la baja de las exigencias de servicio público requeridas, no producidas hasta la fecha, con consecuencias graves en la calidad y pluralidad de los mismos.

En resumen, ambas medidas están destinadas por igual a socavar la pluralidad y la veracidad, quieren acabar con todo y ahora le toca el turno a la radiotelevisión pública,  acabando con la información para que se imponga la propaganda.

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La austeridad fiscal que promueve Alemania está ahogando a sus socios europeos

El País. Paul Krugman 22 ABR 2012 - 00:02 CET  

 La semana pasada, The New York Times informaba de un fenómeno que parece extenderse cada vez más en Europa: los suicidios “por la crisis económica” de gente que se quita la vida desesperada por el desempleo y las quiebras de las empresas. Era una historia desgarradora, pero estoy seguro de que yo no era el único lector, especialmente entre los economistas, que se preguntaba si la historia principal no será tanto la de las personas como la de la aparente determinación de los líderes europeos de cometer un suicidio económico para el continente en su conjunto. El suicidio económico de Europa