OPINION

El enfoque de las consecuencias del incremento de la jornada laboral de los trabajadores de la sanidad no sólo hay que verlo en menos interinos y/o eventuales sino, como se aprecia en el siguiente artículo, también en otros ámbitos organizativos al poder incidir en guardias, jornadas especiales etc.

Aumento de la jornada laboral en sanidad: un conflicto en ciernes

No podemos tolerar se trate de castigar aún más a unos profesionales que ya soportado unos recortes salariales muy importantes

Por Carlos Barra, médico del hospital de Móstoles, que junto con otros 242 médicos firman la nota en el País.

La Asamblea de Madrid aprobó el 28 de diciembre de 2011 la ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley 6/2011), cuya disposición adicional primera establecía un aumento en la jornada laboral de los empleados públicos, que pasaba a ser de 37 horas y media semanales en lugar de las 35 anteriormente vigentes; por tanto todos los empleados públicos tenemos que cumplir la nueva jornada y nadie se opone a ello.

La perplejidad, indignación y el germen del conflicto que se avecina surge cuando las Instrucciones para la aplicación de la nueva jornada, dictadas por la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) del Servicio Madrileño de Salud, no pretenden que se cumpla la ley y se produzca el incremento de trabajo ordinario fijado, sino que pretende reducir de forma irregular y, a nuestro entender, ilegal, el salario de la inmensa mayoría de médicos hospitalarios madrileños (reducción de 200 euros mensuales que suponen un 5% del salario). Asimismo pretende recortes de derechos en el conjunto de profesionales y trabajadores del sector, y, como colofón, propicia el despido de numerosos contratos eventuales, que eran y siguen siendo necesarios, para poder dar una asistencia de calidad a la ciudadanía.

El desatino jurídico y administrativo que significan esas Instrucciones se ve confirmado, cuando se indica a las respectivas direcciones de los distintos centros asistenciales que las apliquen sin dotarles de ninguna norma escrita que avalen su aplicación, produciéndose así situaciones kafkianas. Cuando pedimos a esos directivos que se nos notifique de manera individual en base a qué precepto legal se nos pretende reducir nuestro salario o vulnerar nuestros derechos, a fecha de hoy no saben respondernos. Si se nos permite un tono coloquial, tenemos la impresión de que se nos quiere robar la cartera, intentando hacer una aplicación de la ley no ajustada a Derecho, de una forma burda y chapucera, intentando confundir jornada laboral ordinaria con actividades al margen de ella (guardias médicas y actividades a ellas asimiladas, jornadas especiales) y tratando de establecer jornadas laborales diarias obligatorias de 9 horas y media o incluso de 12 horas.

En realidad, la DGRH del Servicio Madrileño de Salud pretende vulnerar el espíritu de la ley promulgada, que en el punto referido a la jornada laboral ordinaria de los empleados públicos exige aumentarla en dos horas y media semanales. Nosotros queremos realizar ese aumento de jornada laboral ordinaria que la ley dispone, pero las Instrucciones de la DGRH lo impide a muchos profesionales y a otros les obliga a hacerlo de forma irregular y presuntamente ilegal. Ciertamente la DGRH no pretende que se cumpla lo que la ley exige, sino que pretende una reducción salarial encubierta y presumiblemente ilegal, junto a una reducción muy importante de efectivos que redundará en una disminución de la calidad de la asistencia prestada a la ciudadanía.

El conflicto está servido, la irritación en los hospitales y centros de salud sube de tono día a día, y si no se produce una rectificación desde la Dirección del Servicio Madrileño de Salud, las medidas de presión van a ir en aumento y no se puede descartar pudiesen llevar a una convocatoria de huelga.

Deseamos se imponga la sensatez en nuestros responsables sanitarios y se eviten conflictos que no deseamos. Queremos se aplique la ley de forma transparente, incrementando nuestra jornada laboral ordinaria al igual que ya se está haciendo en el conjunto de la Administración Pública madrileña y con ese mayor tiempo de trabajo mejorar la asistencia a nuestros ciudadanos, objetivo en el que todos debemos coincidir. No podemos tolerar que se trate de castigar aún más a unos profesionales, que ya han demostrado su solidaridad con la sociedad, habiendo soportado ya unos recortes salariales muy importantes.

Menos mal que hay quienes no están dispuestos a aceptar que nos intenten manipular y/o engañar y replican con trabajos y datos

Hay alternativas a los recortes en Sanidad

Comparación entre los ingresos generados con el copago y el ahorro potencial conseguible con medidas de eficiencia y racionalidad en nuestro Sistema Nacional de Salud.

El copago sanitario que quiere imponer el gobierno del partido popular no está basado en la evidencia científica.

VER DOCUMENTO INTEGRO DE LA FADSP EN FORMATO pdf

nuevatribuna.es

La OMS ya advierte de la incapacidad de este tipo de medidas para lograr los objetivos perseguidos, allí donde se han aplicado, además de dificultar el acceso a la asistencia sanitaria de muchas personas. Por otra parte, la recaudación conseguida es muy inferior al ahorro generado con la disminución de la ineficiencia y de la mercantilización del sistema, en base a las recomendaciones de la OMS y de la bibliografía científica, aunque esto último requiere de una gestión libre de conflictos de interés con la industria y con las aseguradoras privadas y comprometida con el sistema público de salud.

Prescripción de medicamentos:

A. El 60% del gasto sanitario en medicamentos lo consumen los mayores de 65 años y un tercio de estos serían innecesarios.

Con una disminución de un 50% de este consumo inadecuado de medicamentos, el ahorro alcanzaría 1100 millones €

Sin embargo, si introducimos el copago de 1 euro por receta, propuesto a todos los pacientes, se obtendría un ingreso de 973 millones €, aunque la recaudación real sería muy inferior, ya que la medida contempla “excepciones” que afectan a buena parte de la población (pacientes crónicos y rentas bajas) además de un coste burocrático no calculado.

Si por el contrario, este copago se aplicase a todos los usuarios sin excepción, el 60% del coste (583 millones €) recaería sobre los mayores de 65 años, generalmente la población con más necesidades sanitarias y menos recursos y la más afectada por la prescripción inadecuada de fármacos y sus efectos adversos, que deberán contribuir a financiar.

Diferencia entre racionalidad y copago en relación con los medicamentos: 1100 millones- 973 millones= 127 millones €.

B. El consumo de medicamentos causa aproximadamente el 12% de los ingresos hospitalarios en España y alrededor de la mitad serían potencialmente prevenibles:

Ingresos España 2009: 5.267.417 pacientes. 316.045 ingresos innecesarios (75% en el SNS) a un coste de 8.993 €/ingreso.

Reduciendo el 50% los ingresos por reacciones adversas a fármacos supondría un ahorro de 1.065,5 millones €, en gasto no solo innecesario sino también perjudicial para la salud.

Recaudación debida al copago de la población ingresada en hospitales del SNS (10 euros por estancia/ 70 euros por ingreso), de 276 millones de euros.

Diferencia a favor de las medidas racionalizadoras: 1065 millones-276 millones de euros= 789 millones € en el SNS

C. Efectos adversos durante la estancia hospitalaria ocurren en aproximadamente el 13% de los pacientes ingresados siendo evitables el 44% de los mismos, y suponen 6 días de media de estancia extra.

Ingresos España 2009:

5.267.417 (75% SNS): 3,95 millones de pacientes ingresados en SNS, aproximadamente 226.000 pacientes con efectos adversos, correspondientes a 1.356.000 días de estancia hospitalaria/1260 euros.

Disminuyendo un 30% los efectos adversos durante la estancia hospitalaria de los pacientes lograríamos un ahorro en gasto innecesario y perjudicial de 566 millones de euros en el SNS.

No existe ningún beneficio del copago en este capítulo, si acaso un perjuicio, ya que dificultar el acceso al hospital de pacientes enfermos pero con pocos recursos puede retrasar un ingreso necesario, con el incremento consiguiente de la complejidad de la atención hospitalaria.

Diferencia entre racionalidad y copago en SNS: 566 millones € - 0 € = 566 millones €

D. Diferentes estudios estiman en un tercio los días que los pacientes permanecen ingresados de forma inadecuada debido a estancias preoperatorias, retraso en las altas, demoras en exploraciones diagnósticas durante el ingreso, cirugías con ingreso innecesario, cesáreas inadecuadas o al ingreso en hospitales de agudos de pacientes crónicos. Serían alrededor de 14 millones de estancias inadecuadas en España, 87% financiadas públicamente (1260 euros/estancia)

Mejorando la gestión de la hospitalización y reduciendo en un tercio las estancias hospitalarias inadecuadas supondría un ahorro de:

5000 millones de euros en el SNS.

E. Frecuentación a los servicios de urgencias hospitalarios

La disminución de la medicalización unida a la potenciación de la AP y del incremento de su capacidad resolutiva, supondría una disminución de las listas de espera y un importante alivio para los servicios hospitalarios de urgencias:

Urgencias totales 2009 España: 27 millones. Financiación pública 77% (20,8 millones de urgencias). Urgencias ingresadas en SNS: 10,22% (18,67 millones de urgencias no ingresadas, con un coste calculado de 244 euros cada una)

Solo disminuyendo un 10% la frecuentación de las urgencias hospitalarias que no requieren ingreso obtendríamos un ahorro de 453 millones en el SNS.

Por el contrario, la recaudación por copago de 10 euros/urgencia no ingresada sería de 187 millones €

Diferencia entre racionalidad y copago en el SNS: 453 millones -187 millones €= 266 millones €

Consultas totales: España 82 millones (86% con financiación pública): 70,5 millones.

Traspasar a AP una cuarta parte de las consultas de hospital (140 euros de coste en hospital y 85 euros en AP) obtendríamos un ahorro de 970 millones de euros.

Aplicando una tasa de 10 euros por consulta, a todos los usuarios sin excepciones de renta la recaudación sería de 705 millones de euros.

Diferencia entre racionalidad y copago: 970 millones- 705 millones= 265 millones €

La sobreutilización de la alta tecnología diagnóstica

Se estiman en un tercio los estudios de imagen innecesarios y que no benefician al paciente, ya que incrementan la identificación de hallazgos irrelevantes que suponen más actuaciones innecesarias y más cirugía inadecuada

TAC 2009 España. Total: 3,7 millones

RM 2009 España. Total- 1,97 millones

Si consideramos una media de 100 euros/exploración de TC o RM, el ahorro en la mejora de la gestión de la alta tecnología, evitando su sobreutilización, sería de 190 millones €

Introduciendo una tasa de 10 euros por cada TC o RM, la recaudación sería de 37 millones + 19,7 millones = 56,3 millones €

Diferencia entre la racionalidad y el copago: 190 millones – 56,3 millones € = 133,7 millones €

Integración del mutualismo administrativo en el SNS

El 85% de los mutualistas (1,7 millones de 2 millones de asegurados en España) que optan por la provisión privada tienen una frecuentación a urgencias de 1.690/1.000, 3 veces superior a la media del SNS y 2.754 consultas hospitalarias/1.000, prácticamente el doble que la frecuentación a las consultas de los hospitales públicos, lo que suman un total de1,9 millones de asistencias innecesarias a urgencias y de 1,2 millones a consultas externas, en los centros privados. Aún suponiendo la tercera parte del coste en estos centros con respecto a los hospitales públicos (81 euros/urgencia y 46 euros consulta) debido a sus propias características y las de los pacientes que acuden, el ahorro esperable sería de 154 millones de euros en urgencias y 55 millones de euros en consultas externas, y un total de 209 millones de euros en el SNS.

Aplicando el copago a estos pacientes (10 euros por urgencia y consulta) cuya asistencia, a pesar de tratarse de aseguramiento privado, es financiada en gran parte con dinero público:

Recaudación: 2,87 millones de urgencias y 4,68 millones de consultas= 7,55 millones de actos médicos: 75,5 millones€

Diferencia entre racionalidad y copago: 209 millones -75 millones= 134 millones de euros

Sin incluir el incremento de la calidad de la asistencia y otras consecuencias beneficiosas de las medidas racionalizadoras aquí planteadas, basadas en las recomendaciones de la OMS, la evidencia científica y el sentido común, el ahorro generado es 4 veces superior a la recaudación conseguida con el copago. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular está utilizando la crisis económica para tomar todo tipo de decisiones encaminadas a privatizar el sistema sanitario, algo que siempre han apoyado pero que no se habían atrevido a implantar, al menos de forma tan perentoria y a costa, o quizás con el fin de, desmantelar nuestro SNS.

Sus dirigentes serán los principales responsables de las consecuencias para la salud de la población española en estos momentos de crisis económica, con un fuerte incremento del paro, la dependencia y la exclusión social.

Hacia las políticas de estímulo económico y creación de empleo, en lugar de la austeridad como receta única la necesaria ruptura del binomio Merkel-Sarkozy, la recuperación del valor redistributivo de los socialdemócratas...

¿Cambios en la socialdemocracia francesa y en la española?

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

nuevatribuna.es

Parece que el descontento de la ciudadanía con los instrumentos políticos que históricamente han sido más receptivos a las demandas de las clases populares -tales como los partidos socialdemócratas- están teniendo un cierto impacto en algunos países, provocando la recuperación de parte del ideario político que se había abandonado cuando gobernaban. Uno de los protagonistas del cambio provocado por este descontento popular es el Partido Socialista Francés (PSF). Su candidato François Hollande había sido el candidato “moderado” durante las últimas primarias de tal partido. Su “moderación” había sido la causa de la aprobación y simpatía por parte del establishment mediático en Francia hacia su candidatura, un establishment temeroso de cualquier contagio radical del PSF por parte de las corrientes de izquierda de aquel partido y de fuera de él. Un elemento atractivo del candidato Hollande para tal establishment mediático había sido su abandono de políticas redistributivas. La redistribución no era un concepto con el cual tal político se hubiera encontrado cómodo. Hollande representaba con esta actitud un comportamiento bastante generalizado en gran número de partidos socialdemócratas europeos (ver mi artículo “El abandono de las políticas redistributivas por parte de las izquierdas gobernantes”).

Como parte de este abandono, Hollande había indicado que estaba en contra de elevar sustancialmente los impuestos de los súper ricos, aduciendo los mismos argumentos que han utilizado los políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) para rechazar tales políticas fiscales. Hace sólo un año, Hollande afirmó, como ha indicado recientemente el ‘Financial Times’ (28.02.12), que estaba en contra de tales medidas “confiscatorias” (el término que utilizó), pues lo único que tales políticas conseguirían sería que los súper ricos se desplazaran a otros países, argumento que el lector habrá leído miles de veces en los medios (muy influenciados por los ricos). Hollande afirmó que quería que los súper ricos pagaran impuestos en Francia y sólo lo conseguiría evitando impuestos confiscatorios.

Pero, mira por donde, durante la campaña electoral Hollande ha cambiado de posición, e informa a todo el mundo, incluidas las clases populares, que gravará los ingresos de más de un millón de euros, con un 75% de tasa marginal. Ni que decir tiene que los súper ricos han puesto el grito en el cielo, como documenta muy bien el artículo de Hugh Carnegy en el ‘Financial Times’ (28.02.12) que he citado en el párrafo anterior. Este grito ha sido apoyado por el candidato conservador-neoliberal, Sarkozy, el cual ha subrayado que tal política fiscal afectaría negativamente al nuevo ídolo cinematográfico francés Jean Dujardin, reciente ganador del Oscar al mejor actor, insinuando que Francia perdería tal tipo de personalidades carismáticas de la cultura francesa si tales políticas fiscales “confiscatorias” tuvieran lugar, ahuyentando el talento y a los súper ricos de Francia. Parece que tal argumento no está teniendo ningún impacto en la población francesa. Según Carnegy, nada menos que entre el 61% y el 65% de franceses aprueban tal medida fiscal, supuestamente “confiscatoria”, lo cual explica que el candidato Hollande lo esté pidiendo ahora, en periodo electoral. Ahora bien, el problema que tiene Hollande es que la población francesa tiene memoria (y la campaña Sarkozy se lo recuerda citando las declaraciones de Hollande en contra de las medidas que ahora apoya). De ahí su grave problema de credibilidad. Ahí está el problema del Partido Socialista Francés y de gran número de los partidos socialdemócratas europeos. El cambio en los partidos socialdemócratas no debe ser sólo de valores y programas, sino también de equipos y personas. Hollande es un personaje político muy vulnerable, pues hoy apoya medidas a las que ayer se opuso.

Esta observación no tiene por qué desmerecer las medidas que ahora apoya. En realidad, éstas significarían, en caso de aplicarse, un cambio muy sustancial de las políticas públicas existentes hoy en Francia y en la mayoría de los países de la Unión Europea. Por primera vez, un dirigente político, con posibilidades reales de salir elegido presidente de un país, propone cambiar las políticas neoliberales de austeridad que dominan hoy en la Unión Europea, poniendo en su lugar políticas de estímulo económico y creación de empleo. Hollande ha cuestionado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno (TSCG), impuesto por el binomio Merkel-Sarkozy, que está desmontando el Estado del Bienestar en los países de la Unión Europea, forzando recortes de gran magnitud en el gasto público, incluyendo gasto público social.

El objetivo central de la banca, dirigida por el BCE y por el binomio Merkel-Sarkozy, es desmantelar la protección social y debilitar al mundo del trabajo, incluso a costa de crear otra Gran Recesión (las políticas del Gobierno Rajoy están también claramente en este sentido). La llamada “crisis de la deuda pública” (una crisis artificial, creada en parte por la banca y el BCE) cuenta a su servicio con las agencias de valoración de bonos, que juegan un papel determinante en la creación de tal crisis. No es mera casualidad que François Fillon, primer ministro del Gobierno Sarkozy, utilizara como máximo indicador de “la falta de rigor” de las propuestas del candidato Hollande, el hecho de que cualquiera de estas agencias de evaluación de bonos les daría un suspenso mayúsculo (Le Journal Dimanche, 15.01.12). El señor Fillon, por cierto, ha sido uno de los oponentes a establecer agencias de valoración públicas europeas que valoraran objetivamente y rigurosamente los bonos públicos de los Estados de la Unión Europea. La falta de credibilidad de las agencias privadas está bien mostrada, incluso por dirigentes de tales agencias, tales como el vicepresidente de Moody’s, que tras dejar la agencia admitió, frente a la comisión del Congreso de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis financiera, que los trabajos de tales agencias están orientadas primordialmente a satisfacer los intereses de sus clientes, en lugar de realizar análisis objetivos de la valía de tales bonos. Más claro es imposible decirlo. Y estas agencias, que son utilizadas por el BCE como su indicador de calidad de los productos financieros, son las que están creando el problema artificial de la deuda pública.

LA IMPORTANCIA DE LA VICTORIA DE HOLLANDE

Es importantísimo para la Unión Europea que el binomio Merkel-Sarkozy deje de dominar tal comunidad. La derrota de Sarkozy podría ser un paso en esta dirección, aunque es frustrante que la socialdemocracia alemana esté todavía estancada en el pensamiento neoliberal heredado del Gobierno Schröder, que el Gobierno Zapatero intentó imitar. Ni que decir tiene que existen distintas opciones dentro del Partido Socialdemócrata alemán. Pero el que probablemente sería el sucesor de Merkel, Peer Steinbrück, en caso de que ganara tal partido, ha ridiculizado las propuestas de Hollande, acusándole de “ingenuo”, añadiendo que es más que probable que cambiaría una vez elegido, lo cual, por cierto, no es nada descartable. Serge Halimi, director de ‘Le Monde Diplomatique’, en un artículo titulado “Sacking Sarkozy won’t be enough” en la revista de izquierdas de EEUU ‘Counterpunch’ (03.04.12), señala como Lionel Jospin, que como candidato había criticado el Pacto de Estabilidad (como ahora Hollande critica el TSCG), acabó aceptándolo tras meros cambios estéticos (añadiendo la palabra crecimiento después de estabilidad, sin proveer los instrumentos para poder estimular la economía). La imagen de Hollande, apoyando ahora medidas que ayer criticó, subraya la vulnerabilidad de su credibilidad. El punto clave, sin embargo, no es tanto lo que ahora Hollande (y otros dirigentes de la socialdemocracia) prometen, aunque es positivo que lo prometan, sino lo que harán cuando salgan elegidos presidentes. Dirigentes de todos los partidos (y los partidos socialdemócratas entre ellos) prometen medidas populares que, frecuentemente, luego no llevan a cabo. Que lo realicen o no, dependerá, no de su palabra, promesa, o programa electoral, sino de dos factores. Uno es la fuerza de los partidos a su izquierda. Sin que estos partidos tengan suficiente poder en Francia para influenciar al PSF, el gobierno Hollande no lo hará. Y el segundo factor, incluso más importante que el primero, es la movilización y presión popular por parte de los movimientos sociales y del movimiento sindical. Sin que ello ocurra, el “talante” moderado del señor Hollande predominará si gana las elecciones, por mucho que haya prometido lo contrario.

¿CAMBIOS EN LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA?

Una situación todavía más acentuada de vulnerabilidad de su credibilidad es el caso Rubalcaba en el PSOE. ¿Cómo puede hacer propuestas de cambio cuando él, secretario general del partido socialdemócrata, el PSOE, fue el segundo de a bordo del Gobierno Zapatero hasta hace sólo unos meses? Las medidas tomadas por el Gobierno Zapatero en respuesta a la crisis fueron enormemente impopulares y causaron la mayor derrota electoral que el PSOE haya sufrido desde el establecimiento de la democracia en España. Y el Gobierno Zapatero tenía como la persona más poderosa, después del propio Zapatero, a Rubalcaba, que siempre defendió tales medidas. La falta de recambio en la dirección de tal partido le ha hecho un flaco favor al mismo, pues el Gobierno Rajoy puede responderle, como hace responde constantemente, “¿por qué no hizo usted estas políticas públicas que ahora recomienda cuando usted gobernaba?”. Esta vulnerabilidad la utiliza efectivamente el Partido Popular en casi cada ocasión que recibe críticas de Rubalcaba.

La clara necesidad de un cambio dentro de la socialdemocracia en España y en Europa ha originado una serie de respuestas que advierten del supuesto peligro que la socialdemocracia mire a su pasado e intente recuperar sus “esencias”, término peyorativo que se utiliza para definir las políticas públicas de carácter redistributivo que se han basado en un intervencionismo público acentuado. Así, Soledad Gallego Díaz, en un artículo titulado “¿Hay futuro para la social democracia?” en ‘El País’ (25.03.12), desanima a la socialdemocracia a recuperar sus principios, tales como su énfasis en políticas redistributivas, concluyendo que el renacimiento de la socialdemocracia no puede basarse en el abandono de la Tercera Vía o la Neue Mitte de Gerhard Schröder (que sí que abandonaron tales políticas). Un tanto semejante ocurre en el artículo de José María Maravall titulado “los deberes actuales” (27.03.12), donde tal autor, que en su día fue ministro del Gobierno de Felipe González, aplaude también a Tony Blair y Gerhard Schröder por haberse distanciado de lo que llama despectivamente las “esencias” de la socialdemocracia, lo cual les llevó a una larga estancia en el Gobierno, que Maravall atribuye a la popularidad de sus medidas.

Tales expresiones de admiración responden a un gran desconocimiento sobre la inexistente supuesta popularidad de tales Gobiernos. Como varios autores han documentado, el Partido Laborista liderado por Blair fue perdiendo apoyo electoral a partir de su primer mandato, cuando abandonó lo que Soledad Gallego Díaz y José María Maravall llaman despectivamente las “esencias” socialdemócratas. Tal partido había conseguido el 33% del electorado en 1997, la primera vez que fue elegido. En 2001, bajó ya al 25%, más tarde, en 2005 al 22% y en 2010 ya colapsó al 19%. La larga permanencia del Gobierno Blair tuvo poco que ver con la popularidad de sus políticas (en realidad, muy poco populares), y mucho con el sistema bipartidista de Gran Bretaña y la enorme crisis del Partido Conservador. Si Gran Bretaña hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista no podría haber continuado gobernando por tanto tiempo. Un tanto semejante ocurrió con el Partido Socialdemócrata alemán, bajo el liderazgo de Schröder. Éste había conseguido alcanzar el 34% del electorado en 1998, para bajar al 30% en 2002, al 27% en 2005 y al 16% en 2010. Además, perdió casi la mitad de sus miembros. En realidad, la enorme crisis de los partidos socialdemócratas se basa en su abandono de los principios socialdemócratas entre los cuales la redistribución sustancial de los recursos fue uno de sus principios básicos.

Maravall asume, erróneamente, que el abandono del compromiso redistributivo de los Gobiernos socialdemócratas (diluido con el paso del tiempo) se debe a su compromiso con el principio de universalidad, es decir, con su compromiso con la expansión de los derechos de la ciudadanía o universalización de los derechos. No hay contradicción, sin embargo, entre universalidad y redistribución. En realidad, el primero requiere lo segundo. No puede garantizarse el acceso universal a los servicios públicos del Estado del Bienestar sin medidas redistributivas. La universalización de los derechos sociales, garantizando que todo ciudadano tenga igual acceso a la sanidad, por ejemplo, requiere una redistribución de los recursos. No es por casualidad que los países más desiguales, como EEUU, sean también los que tienen menos universalidad en su acceso a los derechos sociales. El principio básico (que el término “esencia” intenta ridiculizar) de que “cada uno reciba los servicios y recursos según su necesidad –basado en el principio de que cada uno tenga acceso a poder resolver su necesidad-, y ‘de cada uno según su capacidad’ (y los recursos que tenga)”, era tan válido cuando se estableció el socialismo en democracia –la socialdemocracia- como lo es ahora.

Algo parecido ocurre con los derechos políticos. En los países que se consideran democráticos, la universalidad de los derechos políticos está claramente mermada por la existencia de grandes desigualdades. EEUU es un ejemplo de ello. Las enormes concentraciones de la riqueza y su dominio del proceso político violan el proceso democrático.

Basado en estos datos, que son robustos e incuestionables, aconsejaría a aquellos partidos que “recuperaran sus esencias”, abandonadas desde hace tiempo, causando su enorme crisis. Renovar los planteamientos, necesarios para adaptarlos a los tiempos que vivimos, no puede hacerse a base de abandonar lo que la socialdemocracia fue y debería continuar siendo. Es relativamente fácil ver por qué la socialdemocracia está en profunda crisis, como también es relativamente fácil ver qué es lo que debería haber hecho cuando gobernaba y no se hizo. El abandono de sus esencias y su adaptación al neoliberalismo creó una enorme concentración de poder financiero y económico que ha dominado la vida política y mediática de los países, incluyendo España. Es imposible recuperar la democracia sin eliminar tal concentración de poder económico, financiero y mediático existente hoy en España. La realidad de este hecho es evidente. Lo que ocurre es que la socialdemocracia no se atreve a enfrentarse con los poderes fácticos, pues actualmente existe un maridaje entre sus profesionales del poder y estos grupos. Pero esto es materia para otro artículo.

Luisa toma café y es trabajadora pública

 La Voz de Asturias, 15/04/2012 00:00

 Es una de tantas funcionarias del sistema público asturiano que toma café, en casa y en sus horas libres en la administración, y que además, para los gestores estatales, tiene la rareza de que es una buena empleada. Cumple de forma escrupulosa con su jornada laboral, incluso emplea algo más de tiempo cada día para cerrar algunos flecos de su actividad ordinaria, no se siente especialmente bien pagada porque apenas supera los 1.000 euros mensuales pero está contenta porque el hecho de estar activa es un valor impagable.

 

Esta semana se ha cabreado mucho cuando escuchó el comentario del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El alto cargo espetó sin rubor alguno que nada será como antes y que los funcionarios tienen que olvidarse del cafelito y de leer el periódico como si Luisa no cumpliera con su tarea o como si todos fuesen miembros de una élite laboral y salarial al servicio de sus deseos más caprichosos.

 

Esta trabajadora es una de las miles que estos días se sienten ofendidas porque las insinuaciones de Beteta les coloca en el disparadero. El mito de lo público se está rompiendo desde muchos frentes, pero el que nos toca la moral en tiempo de crisis es el más efectivo. Estos privilegiados, piensan, no se merecen otra cosa más que sufrir el castigo de la sociedad amargada por el paro mientras ellos disfrutan de sus ventajas.

 

Nadie dice que su sueldo está congelado o rebajado un 15% o que su productividad se puede medir. Otra cosa es que el propio sistema sea improductivo, que tenga tantas ineficiencias que convenga, entre cafelito y cafelito del secretario de Estado, pararse en serio y revisar los agujeros históricos que no son exclusivamente económicos.

 

La mano de obra claro que tiene mucho que ver en el rendimiento final de la administración, pero no menos que la dirección que se imponga. Pero que paguen todos por los regates de algunos, muchos o pocos, es una discriminación injusta para los que, como Luisa, dedican muchas horas a su trabajo y cada día sufren más las iras de la ciudadanía enfadada y en ocasiones alentada por sus dirigentes. Esta misma semana ya ha tenido que escuchar más de una referencia a sus ‘cafelitos’.

Cariño, he encogido el sueldo de los funcionarios y además les insulto

Además de tijeretazos, amortizaciones de puestos, congelaciones de promociones y carreras profesionales, retroceso en asistencia social y otros acosos, por si fuera poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a quien se le supone vicealmirante del buque burocrático en la tormenta de la crisis económica, lanza el topicazo de que “ El funcionario debe olvidarse del cafelito y del periódico”.  Con ello, se sitúa en la lista negra de iluminados con prejuicios, que encabezaba el presidente de la CEOE, Juan Rosell con sus visionarias afirmaciones (“funcionarios prepotentes e incumplidores”) en línea con la tendencia que abrió en en su día el que fuera Consejero de Sanidad en Asturias con aquélla desafortunada arenga al personal (“el personal llegará cada mañana a su puesto de trabajo desayunados, con el periódico leído y cagados, y llorados”).

Vamos a decirlo muy despacito para que nos entienda hasta el Secretario de Estado. Leer Más »

Los recortes en Sanidad: un verdadero despropósito

Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es | Actualizado 12 Abril 2012 - 14:11 h.

Los nuevos recortes en educación y sanidad anunciados de manera casi clandestina por el Gobierno constituyen un verdadero despropósito y no solo por la manera en que se han publicitado en un baile de contradicciones y desmentidos de unos y otros (interesantes las intervenciones de Guindos y Florian para un teatrillo del absurdo), sino sobre todo porque ni se explicita como se van a llevar a cabo (las medidas concretas) y menos aun como se va a obligar a las comunidades autónomas a adoptar estos recortes en estas áreas concretas.

 

Proponer un recorte tan amplio sin aclarar en que conceptos pretende hacerse plantea al menos dos problemas adicionales, el primero es la perdida de credibilidad del gobierno que parece hacer la propuesta sin ningún fundamento concreto y de una manera apresurada y poco razonada porque si no fuera así no habría problema en especificar que es exactamente lo que se quiere hacer y de donde saldrá esta disminución del gasto; la segunda es que cabe sospechar que va a suceder como en Cataluña, que se pretende un recorte indiscriminado que en un tema como la sanidad es difícilmente justificable y que desde luego va a producir serios problemas de desatención y por lo tanto para la salud de muchas personas.

 

Un asunto especialmente importante es que, como sucedió con las declaraciones del Sr de Guindos, parece que tras estas decisiones/propuestas se esconde un profundo desconocimiento de las normas de funcionamiento de nuestro país. Como es conocido el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2001 y en 2009 se basa en la transferencia del estado a las mismas de unas determinadas cantidades y en la capacidad de las autonomías para redistribuir el presupuesto para atender las diferentes competencias que tienen asumidas, es decir que el modelo es no finalista y el gobierno no tiene capacidad para imponer a las CCAA recortes en temas concretos sino tan solo en las cuantías globales que transfiere a las mismas, y son estas las que, en última instancia tendrán que decidir si trasladan estos recortes a educación y sanidad y en que cuantía o prefieren hacerlo a otras partidas de gasto.

 

Otro aspecto que también parece desconocerse es que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre algunos impuestos y pueden optar, si se produce esta disminución de las aportaciones estatales, por incrementar todos o algunos de ellos para subir la recaudación y por lo tanto los fondos disponibles, que por supuesto también pueden decidir autónomamente a que conceptos dedican.

 

Desde el Gobierno los recortes en Sanidad pueden decidirse en dos aspectos, aquellas transferencias que se hacen de manera condicionada desde el presupuesto del Ministerio de Sanidad (ya lo ha hecho en el proyecto de presupuestos en lo referente a la Salud Pública), que son partidas de menor cuantía en el entorno del gasto sanitario, y desde luego en lo que respecta a la política farmacéutica mediante fijaciones de precios, financiación selectiva, financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Se trata de un aspecto importante tanto por su volumen de gasto (alrededor del 30% del gasto sanitario), como por la posibilidad real de ahorro potencial sin alterar la calidad de la prestación, pero por supuesto la política concreta de cada autonomía es muy importante a la hora de hacer operativas estas medidas porque intervenir sobre los precios es un parte de las actuaciones, pero hay muchas otras dirigidas a evitar prescripciones inadecuadas que a largo plazo son las mas efectivas.

 

En resumen estamos ante una situación muy preocupante en la que el Gobierno no parece tener propuestas fundamentadas sobre los recortes, o las tiene y es incapaz de defenderlas públicamente, además de que se invaden competencias de las CCAA a las que simplemente se ningunea. Desgraciadamente todo parece indicar que estamos ante una ofensiva muy seria para desmantelar el sistema sanitario público en nuestro país lo que, en la actual situación económica puede llevar a un importante deterioro de la salud de la población.

Cospedal defiende el copago de fármacos en función de la renta

Críticas a Cospedal por proponer el copago en los servicios sanitarios

Quizás también le interese:

La transparencia en la Sanidad

Huelga: unidad de la sociedad frente a los recortes

#7F: 150.000 contra los recortes

¿Dónde están ahora los defensores de la familia?

 

Durante la etapa de gobierno de José María Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza

12/04/2012 00:00 / Juan Torres López

 

Mientras ha estado gobernando el PSOE la jerarquía de la Iglesia Católica ha organizado actos en defensa de la familia a los que se sumaban complacidos los dirigentes del Partido Popular. Unos y otros afirmaban que era necesario porque la secular institución estaba en peligro por los ataques que recibía del gobierno socialista.

 

Se trataba de una reacción cuanto menos curiosa porque lo cierto es que cuando gobiernan las derechas que tanto defienden a la familia, como ha sucedido en el franquismo y luego con los gobiernos del PP y de algunos nacionalismos, lo que hacen no es precisamente mejorar las condiciones de vida de las familias. Una paradoja singular.

 

Las acciones que lleva a cabo el PP cuando está en la oposición, llenándose la boca de valores familiares, y cuando gobierna son buena prueba de esa contradicción. Como también lo es la actitud de los obispos de derechas ante la familia cuando gobiernan unos u otros.

 

En la anterior etapa de gobierno del PP, liderada por Aznar, los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, los de rentas más reducidas, bajaron; aumentó su endeudamiento; el precio de la vivienda en donde viven se disparó; e incluso los puestos de trabajo que consideraban como la muestra del milagro español fueron en su mayor parte muy precarios y de bajo salario, lo que hacía aumentar el stress que sufren los distintos miembros de las familias trabajadoras y especialmente las mujeres. Y el gasto social destinado a cubrir las necesidades de las familias en educación, s alud, cuidados a personas dependiente, pensiones, etc. bajó en relación al PIB hasta los niveles que había a la muerte de Franco, lo que hizo que la diferencia con Europa aumentara en 8,6 puntos de 1996 a 2004.

 

La consecuencia de ello fue que en la etapa de gobierno de Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza, sobre todo, la de las personas mayores y la infantil.

 

En definitiva, cuando ha gobernado la derecha se ha hablado mucho de familia pero, al final, los datos muestran que no se dedican muchos recursos, o todos los necesarios, para ayudarlas de verdad y mejorar su condición y el bienestar de sus componentes. Las familias que en la época de Aznar vivían de los beneficios empresariales sí salieron bien paradas puesto que éstos aumentaron en un 73% en ese periodo, pero las que dependían de los salarios, la inmensa mayoría, no tanto, puesto que solo subieron un 3,7%.

 

Y ahora con Mariano Rajoy, después de tanto discurso y manifestaciones a favor de las familias españolas, resulta que parece que vamos a seguir por el mismo camino.

 

Los recortes sociales que se han llevado a cabo en solo 100 días, los que contemplan los Presupuestos y los que se anuncian ya casi sin disimulo para el futuro, pueden ser dramáticos para las familias españolas.

 

El gobierno se dispone a recortar el derecho universal a la salud, aún más de lo que ya han hecho las derechas de Cataluña y Valencia, ha reducido o incluso eliminado recursos destinados a servicios familiares básicos como los de atención a la dependencia, ha eliminado el fomento a la emancipación (que al fin y al cabo es lo que permite crear nuevas familias) mediante las ayudas al alquiler a jóvenes. Los Presupuestos contemplan recortar la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos y ha eliminado los programas de escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, mientras contemplan una reducción del 42,6% en los fondos destinados a familia e infancia, del 38,6% en los que atienden a personas mayores, o del 21,3% en los destinados a prevenir la violencia machista.

 

¿No es eso un ataque en toda regla a la institución familiar española? Me gustaría saber dónde están ahora los obispos y los fervientes defensores de la institución familiar que antes salían tan belicosos en las manifestaciones. ¿Por qué no condenan ahora su pérdida de bienestar y el sufrimiento de las que están padeciendo los recortes de derechos? Si lo que quisieran de verdad fuese defenderla, estarían de nuevo en las calles clamando contra estos recortes. Si no lo hacen, no me queda más remedio que pensar que todo era un ardid, una excusa para atacar demagógicamente a otro gobierno que no les gustaba, que en realidad se trataba de una farsa simplemente montada para recuperar el poder y los privilegios, que es lo único que parece interesarle.

 

*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Una pregunta oportunísima toda vez que una sí y otra también este gobierno rinde cuentas antes allí que aquí

¿Es España un Protectorado alemán?

Eduardo Gutiérrez, Economista

nuevatribuna.es

El imperialismo alemán aporto al colonialismo duro practicado por los imperios europeos en África, y en Asia, los Protectorados, que resultaban tan efectivos como las colonias, pero más baratos para las metrópolis. Se invadían territorios bajo la presión de las cañoneras, para a continuación imponer Gobiernes, Cónsules, ó Sultanes, si era el caso, a los que obligaban a suscribir acuerdos que permitían a las elites europeas satisfacer las  mismas  ambiciones, pero sin las responsabilidades, y costes que exigían las colonias. Ya no interesaba la conquista y la explotación directa del territorio, que se deja en manos de las oligarquías y burguesías locales. Los Protectorados permitían controlar los recursos naturales, los comerciales, los económicos, y políticos, mediante gobiernos  títere, que practicaban las políticas dictadas desde la metrópoli. Nueva Guinea fue protectorado alemán desde 1884 hasta 1914. Francia declaro bajo su protección amiga, esto es tutela militar y económica, gran parte del Marruecos Occidental en 1911. España, impuso su protectorado sobre la zona oriental de Marruecos de 1912 a 1956. En la práctica los gobiernos del protectorado mantenían una sumisión total a las metrópolis que les imponían (¡imponen!) reformas Constitucionales, políticas de Gastos e Ingresos Públicos, provocaban (¡provocan!) destituciones de gobiernos democráticamente elegidos, y todo ello, contra la voluntad de esos mismos Gobiernos: “En los Presupuestos hay muchas cosas que no nos gustan a los miembros del Gobierno, pero la alternativa es infinitamente peor” (Rajoy, dixit), mostrando claramente los auténticos intereses soberanos a los que atienden esos mismos gobiernos títeres.

Las practicas de las oligarquías de Alemania en el seno de la UE, y su intransigente imposición del papel del Banco Central Europeo, –al que a diferencia del Banco de Inglaterra, o Japón, o México o Estados Unidos, no le dejan financiar directamente a los Estados–, del Pacto del Euro ó el reciente Pacto Fiscal, recuerdan de forma escalofriante a las imposiciones de las metrópolis en pleno imperialismo. Han perdido incluso el pudor, y se atreven a valorar y emitir juicios públicos sobre las movilizaciones de los países bajo su protectorado, como ha ocurrido con el ministro de finanzas alemán W.Schäuble cuando señala públicamente que “la huelga general no tuvo bastante apoyo como para impedir que el Gobierno continúe con las reformas, que son necesarias”; (EP, 31.03.2012); y exigen pleitesía preferente a los enviados de la metrópoli, como hemos visto en la previa, a la llegada al Congreso de los Diputados de los Presupuestos 2012, con la recepción del Gobierno del PP, a la delegación del partido CDU encabezada por V. Kauder, presidente del grupo parlamentario.

En este marco porque no preguntarse: ¿Es España ya un protectorado alemán?  ¿Es el modelo de UE impuesto por las oligarquías alemanas y francesas, en realidad un imperialismo que cercena las soberanías nacionales de los estados miembros?.