OPINION

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL

 

La crisis de la deuda pública: ¿qué crisis?

Este artículo señala que el mal llamado “problema de la deuda pública” no se debe a causas económicas, fiscales o financieras sino a causas políticas, es decir, al intento neoliberal de crear una moneda única –el euro- en ausencia de un Estado que lo respalde. El artículo compara la estabilidad del dólar (detrás del cual existe el gobierno federal) con la inestabilidad del euro (resultado de la inexistencia de un Estado europeo que lo sustente).

Es importante no perder la perspectiva de lo que ocurre en la Eurozona, pues la avalancha neoliberal reproducida a través de los medios de mayor difusión es tal que a veces es difícil ver la realidad tal como es a través de tanta desinformación. Veamos los datos. Y el primero que aparece con toda claridad es que ni la Unión Europea (UE), ni la Eurozona tienen ningún problema de deuda pública. En realidad, la deuda pública promedio de la UE y de la Eurozona es más baja que la existente en EEUU. Es más, dentro de EEUU, el déficit y la deuda pública de California es mayor que el déficit y la deuda pública de Grecia, dentro de la Eurozona. Es importante que estos datos se conozcan porque el nivel de alarma sobre el nivel de la deuda pública en la Unión Europea ha alcanzado niveles totalmente desproporcionados.
¿Cuál es, pues, el problema? La respuesta es fácil de ver, aunque usted, lector, no la verá en los medios de mayor difusión, y es que el mal llamado “problema de la deuda” reside en causas políticas, más que económicas o financieras.
De nuevo, veamos los datos. Los intereses de la deuda de algunos países europeos en la periferia de la Eurozona (los mal llamados PIGS) son muy elevados, forzando a los estados de estos países a pagar cantidades exuberantes y claramente desorbitadas, que consumen muchos recursos públicos que se podrían utilizar en otras actividades como, por ejemplo, en sanidad o educación públicas (que están muy poco financiadas en estos países).
Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo puede ser que Grecia tenga que pagar intereses tan altos y California no? Pues la respuesta es que EEUU tiene un gobierno federal que ayuda a California a través de una serie de medidas realizadas por un conjunto de instituciones (incluido el Banco Central Estadounidense, llamado en inglés The Federal Reserve Board) que no existen en la Eurozona, ni tampoco en la Unión Europea. Ahí está la raíz del problema. Y no existen porque la banca (que tiene nombres y apellidos concretos) en los países de la UE y sobre todo en el establishment europeo (el Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) tiene un enorme poder sobre las instituciones políticas y no permite que se establezcan. Así de claro. Lo que está ocurriendo en la UE es algo similar a lo que ocurriría en EEUU en caso de que, a pesar de que los cincuenta estados que componen EEUU tienen la misma moneda (el dólar), no hubiera un gobierno federal que se responsabilizara de ello. Por muy extraño que ello parezca, esto es precisamente lo que está ocurriendo en la Unión Europea y en la Eurozona. Es el sueño del pensamiento neoliberal (que es la ideología sobre todo del capital financiero), que consiste en eliminar el estado o disminuir sus responsabilidades al mínimo (excepto cuando se trata de ayudas para salvar a la banca).

El Banco Central Europeo no es un Banco Central
El lector podrá indicar que la UE tiene ya un Banco Central, el Banco Central Europeo, BCE. Pero, por extraño que parezca, tal entidad no es un Banco Central. En realidad, es un lobby de la banca y, muy en particular, de la banca alemana. Llega a tal extremo, que el BCE presta (en realidad, casi regala, dinero, pues los intereses son bajísimos, un 1%) a los bancos privados, pero no a los estados con dificultades, como son los estados periféricos de la Eurozona. Es cierto que recientemente ha comprado a regañadientes bonos de los estados con dificultades, pero no los puede comprar directamente a los estados, sino que tiene que hacerlo comprando tales bonos públicos a los bancos, algo que beneficia a los bancos que se engullen un buen bocado. ¿Le parece injusto? Sí, lo es, y es mucho más que suficiente para indignarse. Pero lo mismo ocurre en España, donde una entidad pública, ICO, ha estado prestando 20.000 millones de euros, no directamente, sino a través de bancos como el Santander y el BBVA, que se han ido enriqueciendo todavía más con las consiguientes comisiones. ¿Por qué el estado necesita de la banca privada? En realidad, no la necesita. Podría, y debería, establecer un sistema bancario público, como solía tener, que funcionaba mejor, por cierto, que el sistema privado actual
En realidad, si los gobiernos quisieran, el problema de la deuda pública se resolvería rápida y fácilmente. La UE podría establecer unos bonos propios, llamados eurobonos, que se venderían muy bien pues, recuerde que la UE no tiene un problema de deuda pública. Son sólo los países periféricos que tienen tal problema. Y la UE podría permitir que la deuda nacional de estos países periféricos se convirtiera en eurobonos. Los especuladores dejarían de amenazar a aquellos países, de la misma manera que no se especula en contra del dólar, en contra de EEUU o en contra de California. La UE podría establecer una Autoridad Pública Financiera que crease los bonos que serían comprados y gestionados por el BCE que, por cierto, debería transformarse en un Banco Público, responsable a las autoridades electas y representativas de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo, que debería tener mucho más poder del que tiene ahora.
Y los Bancos Centrales de cada país (hoy también lobbies de los bancos de aquellos países) deberían regular, supervisar e intervenir el sistema financiero nacional (que en teoría aparece en su narrativa, pero no en la práctica), estimulando y facilitando, como he dicho en el párrafo anterior, el establecimiento de bancos públicos que tuvieran como objetivo principal ofrecer créditos a personas y a empresas, en lugar de aumentar los beneficios de los accionistas. La banca privada ya ha mostrado que este último objetivo entra frecuentemente en conflicto con la provisión de crédito. La irresponsabilidad e incompetencia de la banca privada no la hace acreedora del espacio económico que ocupa en España.

Es más que suficiente para indignarse
Hace falta una movilización general, que rompa con la enorme influencia de la banca en las instituciones políticas del país. De ahí la enorme valía del movimiento 15-M, en su exigencia de democratizar al estado español, un estado escasamente democrático, que parece representar más a los intereses financieros y a los intereses de la gran patronal que los intereses de la población, y muy en particular de las clases populares. Y la evidencia accesible documenta ampliamente ese hecho. La representatividad, eje de un sistema democrático, está muy limitada en España, resultado de un sistema electoral muy sesgado a favor de las fuerzas conservadoras y los intereses económicos, financieros y mediáticos que éstas representan. De ahí que lleven razón aquellos del movimiento 15-M al indicar que la clase política “no les representa”. Aún cuando tal dicho es una simplificación, en parte lingüista, pues incluye en la clase política a partidos políticos que están siendo marginados y discriminados por los establishments políticos y mediáticos, el mensaje que aquel eslogan subraya es que la clase política dominante no les representa. Es difícil poner en duda esta afirmación, tal como hizo recientemente el predecible Fernando Savater, quien con el estilo vulgar, grosero y ofensivo que le caracteriza, acusó al movimiento 15-M (a los que definió como un “hatajo de mastuerzos”) de no entender la democracia española, subrayando que sí que les representa. Me temo que tal autor conoce la realidad española peor que los indignados del 15-M. El hecho de que grandes sectores de la población no estén ni se sientan representados por los que toman o tomarán decisiones altamente impopulares, es un problema grave para la democracia incompleta que tenemos.

Como siempre, sin convencionalismos

La Gran Recesión y el salario mínimo

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

El mayor problema que existe hoy en la economía mundial es la insuficiente demanda de bienes y servicios que estimulen el crecimiento económico y la producción de empleo. Ello queda claro en los países capitalistas desarrollados, en los que la Gran Recesión parece eternizarse, y ello debido, en parte, a las políticas de recortes de gasto público, incluido el gasto público social, que está deprimiendo todavía más la demanda doméstica y, con ello, retrasando la recuperación económica. En realidad, en algunos de estos países, como en los países de la periferia de la Eurozona (España, Grecia, Portugal e Irlanda), tales políticas de recortes de gasto público y reducción de los salarios están causando un retroceso y un descenso de su riqueza, con estancamiento, o incluso reducción, de su PIB.

Pero la escasez de la demanda doméstica es también un problema grave en los países emergentes, tal como prueba su dependencia de sus exportaciones como manera de salir de la crisis y conseguir su recuperación económica. Sus economías orientadas a las exportaciones son un indicador claro de que no tienen una demanda doméstica que pueda convertirse en el motor de sus economías. Y ahí está el problema.

¿Cuál podría ser la solución al problema de la insuficiente demanda de bienes y servicios hoy en el mundo? Una solución propuesta por Thomas I. Palley, economista que goza de gran credibilidad en los círculos progresistas de EEUU (tales como sindicatos y movimientos sociales), así como organismos internacionales (como la Organización Internacional del Trabajo, OIT), es establecer el salario mínimo a nivel internacional global. La experiencia acumulada con el salario mínimo en los países que lo han instituido, es que afecta positivamente al nivel salarial de la mayoría de los trabajadores, y no sólo de los que reciben salarios bajos. Así, en EEUU, el salario mínimo tiene un impacto inmediato en aumentar los salarios de las dos decilas inferiores de los salarios, y (aunque en menor medida) de las otras dos decilas por encima de las dos decilas salariales más bajas.

Tal salario mínimo no debería ser, naturalmente, una cantidad fija para todos los países. Sería una cantidad definida por su distancia a la mediana salarial de cada país. No se permitiría ningún salario por debajo del 60% de la mediana salarial (la mediana salarial es la que tiene la mitad de los salarios por encima y la otra mitad por debajo) en aquel país o en aquella región. Naturalmente que los países podrían modificarlo para incrementarlo si así lo deseara. Pero no se le permitiría bajarlo.

Una consecuencia de tal medida sería el aumento de la productividad. De nuevo, es ampliamente conocido que una economía de bajos salarios determina una economía de baja productividad. El empresario no invertirá en el puesto de trabajo, aumentando su productividad, si tiene abundante mano de obra a su disposición. Si tiene que pagar salarios altos, tendrá que invertir más en estos puestos de trabajo de manera que la productividad aumente. No es, como constantemente se acentúa, que la economía de escasa productividad determine bajos salarios. Es precisamente al revés; los bajos salarios determinan una economía de baja productividad. De ahí que una manera de estimular el incremento de la productividad sea el aumento de los salarios a base de generalizar la aplicación del salario mínimo a nivel mundial.

Esta propuesta es de especial interés y su aplicación tiene gran relevancia para los países de la Unión Europea y de la Eurozona que están en medio de una Gran Recesión, debido a un déficit de demanda, resultado, en parte, de la disminución de la capacidad adquisitiva de la población trabajadora, al haber disminuido las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales. Sería importante que las fuerzas progresistas en la Unión Europea (tanto sindicatos europeos, como partidos y movimiento sociales) hicieran suya tal propuesta.

Una última observación. Una observación que aparece frecuentemente en los medios de mayor difusión del país es que las izquierdas carecen de ideas sobre como salir de la crisis. Esta observación se repite constantemente y deliberadamente para marginar y discriminar a las izquierdas. Es cierto que la mayoría de las izquierdas gobernantes han abandonado el ideario progresista, adaptándose rápidamente al pensamiento neoliberal. Pero aquella observación es injusta cuando se incluye a las izquierdas a la izquierda de las gobernantes, pues existe un amplio abanico de propuestas alternativas a las que se están aplicando por los gobiernos, alternativas que son razonables, factibles y populares. El hecho de que no tengan mucha visibilidad mediática no quiere decir que no existan (como se repite machaconamente en un intento de descrédito y marginación), sino que no se publican, comentan o debaten en los mayores medios. Aconsejo a los que realizan tales observaciones que lean, además de los medios de difusión y persuasión dominantes, la prensa de medios alternativos, incluidas las publicaciones en la red, que muestran mayor creatividad y vivacidad que la mayoría de medios de mayor difusión, que se limitan, en su mayor parte, a la reproducción de la sabiduría convencional.

ENTREVISTA: LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO / 5 M. SÁNCHEZ-BAYLE Defensa de la sanidad pública

"No puede ser que los fondos no vayan de verdad a sanidad"

El País. M. R. SAHUQUILLO - Madrid - 23/07/2011

Marciano Sánchez-Bayle (Plasencia, 1949) es tajante: "Por mucho que digan, la sanidad pública es sostenible". Sin embargo, el portavoz de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública admite que hay problemas. Muy crítico con la gestión y la forma de hacer las cuentas de las autonomías, Sánchez-Bayle cree que la única solución es más financiación. Y que esta sea "de verdad" para sanidad.

"Gran parte del gasto farmacéutico se va en ’marketing’. Ahí se puede ahorrar"

Pregunta. ¿En qué estado se encuentra el sistema de salud?(leer más)

Crisis y política fiscal

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

nuevatribuna.es | Actualizado 21 Julio 2011 - 17:38 h.

Existe en nuestro país un monopolio de la cultura económica por parte de la doctrina neoliberal que es casi absoluto y que se reproduce por parte de los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión, tanto públicos como privados), así como por los establishments políticos, y ello a pesar de que los datos existentes muestran el error, cuando no la falsedad, de sus supuestos.(leer más)

Empresarios indignados: leña al funcionario en tiempo de crisis

Foto: TONTO ES EL QUE DICE TONTERÍAS

Patidifuso me he quedado. Oigo a Juan Rosell, Presidente de la CEOE con su receta para la crisis: acabar con los funcionarios “prepotentes e incumplidores” y con los que se apuntan al paro “porque sí”. Además sin atenuantes de embriaguez u obcecación, sino con publicidad y para los micrófonos. Le faltó recomendar la creación de un Guantánamo burocrático para tales delincuentes. Como no resulta ajeno al mundo de la Administración pública tamaño desvarío, se impone una reflexión.

1. Preocupa que un gerifalte del mundo empresarial considere que los funcionarios “prepotentes e incumplidores” son una patología prioritaria a atajar.(leer más)

Carlos Ponte: «Cascos propone claramente un modelo neoliberal en la sanidad pública»

Asociaciones profesionales y sindicatos apoyan algunas medidas y recelan de otras

El Colegio de Médicos alaba su libertad

 Lne.es » Asturias Oviedo, P. R.

«Es claramente un cambio de modelo; la libertad de elección de médico y de centro esconde detrás una regulación de la estructura sanitaria que creará competencia entre los servicios, es un sistema de tipo competitivo frente al actual de tipo cooperativo, es un modelo de corte neoliberal», declara a LA NUEVA ESPAÑA Carlos Ponte, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

 

Ponte se refiere al programa para la sanidad asturiana avanzado el pasado martes en la Junta por Francisco Álvarez-Cascos, presidente de FAC y único candidato a presidir el Gobierno autonómico. Cascos propone un «modelo asturiano de gestión clínica» que incluye, entre otros aspectos, un servicio centralizado de compras, listas de espera públicas, equidad en las dotaciones, transparencia y libertad para elegir especialista y hospital.

 

«La libertad de elección de médico y de centro es perfecta siempre que se gestione bien. Es una propuesta que habla de libertad y de transparencia y eso suena bien», apunta Carmen Rodríguez, presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, para quien una buena sanidad se consigue con «la participación de los profesionales y una buena gestión».

 

Carmen Rodríguez afirma desconocer, más allá de la propuesta realizada por Álvarez-Cascos, en qué consistirá el modelo de gestión clínica de Foro, pero tiene muy claro que rechaza el actual. «Es perverso, porque el director de cada unidad de gestión debe administrar unos recursos de gestión que son justos y ha de sacar los incentivos del ahorro de esos recursos. ¿Y cómo lo logra? Prescribiendo menos fármacos y menos exploraciones diagnósticas a los pacientes», añade.

 

«En atención primaria, este modelo significará el área única, es decir, desaparecerá la estructura de zonificación actual; es el modelo de Esperanza Aguirre en Madrid», señala Carlos Ponte.

 

Hay, no obstante, medidas que concitan el aprobado general, como la creación de un servicio centralizado de compras. «Está muy bien», dice Alejandro González (CC OO); «es una medida excelente», apunta el doctor Ángel Colmeiro (SIMPA); «en UGT la venimos reclamando desde hace años, pero a nivel estatal», señala Andrés Treceño Vicente (UGT); «la comparto al cien por ciento porque en el actual modelo se producen desviaciones, a veces sobre los mismos productos», dice Carmen Rodríguez.

 

La publicación de las listas de espera también gusta. Todo lo que apunte a una mayor transparencia siempre será bien recibido, coinciden en destacar los sindicatos. Sin embargo, a Alejandro González ya no le suena tan bien la posibilidad del paciente de ampliar su elección a un centro privado cuando los hospitales públicos no puedan cumplir su compromiso de tiempo de espera. «Las listas de espera las gestiona el jefe de servicio y en el Hospital Central hemos visto en cirugía cardiaca que el jefe operaba en el HUCA y en un centro privado. Hay que optimizar los recursos profesionales que tenemos y evitar esos conciertos», añade. «Lo ideal es que esto no ocurra, pero si sucede, beneficia al paciente», apunta Ángel Colmeiro, que espera del nuevo Gobierno «que nos escuche y que la sanidad no vaya a peor». «Hay que establecer criterios de mejora de la gestión; en UGT estamos en total desacuerdo con los planes especiales o peonadas», dice Andrés Treceño.

 

«Los conciertos me parecen estupendos. Se trata de aprovechar en beneficio de los pacientes unos recursos que están ahí. Sanidad pública y privada son sanidad», explica Carmen Rodríguez. El Colegio de Médicos tiene recurrido ante el Constitucional el decreto del Principado de 2003 que obliga a los médicos del Sespa a la exclusividad. «Pido al nuevo Gobierno que estudie la norma y la derogue».

Sanidad

Las propuestas 

Sanidad pública gratuita y de excelencia. 

Mejora de la gestión de los recursos disponibles. 

«Modelo asturiano de gestión clínica», que incluye la implantación de un servicio centralizado de compras, la equidad en la dotación en centros y hospitales, transparencia y libertad para elegir centro y hospital, publicidad de las listas de espera y conciertos con centros privados cuando los hospitales públicos no puedan cumplir sus compromisos.

Interesante opinión editorial en La Nueva España de hoy

Los políticos asturianos, ajenos a los retos del presupuesto europeo

Asturias dejó atrás los tiempos de bonanza encadenando demasiados errores. El más importante: no rentabilizar al máximo las inversiones públicas. El dinero siempre resulta escaso, pero en períodos como el que estamos atravesando, y lo que queda, se nota demasiado. La región recibió muchas aportaciones de la UE como alivio a la dura reconversión que hubo de afrontar de manera simultánea en la industria, la minería, la siderurgia, la construcción naval y el campo. Ese maná, reforzado con aportaciones extraordinarias nacionales -los fondos mineros- o regionales -los planes complementarios del Principado-, no se utilizó eficazmente. Al menos, no siempre.

Ahí está la Autovía del Cantábrico, que impulsada con las subvenciones europeas sigue estancada, principalmente en Asturias. La mínima regeneración del tejido empresarial de las Cuencas evidencia que las ayudas para la reestructuración de las comarcas carboníferas no dieron el fruto apetecido. La lista de proyectos fracasados o sin acometer es elevada. Y qué decir de casos como el de Venturo XXI o Alas. Se apoyó a patronos insolventes con ideas poco sólidas. Se abordaron obras faraónicas sin pensar con rigor si verdaderamente eran necesarias y, aun peor, cómo podrían acabarse cuando la fiesta llegara a su fin. Ahora toca pagarlo.

Nos esperan tiempos nada generosos. Lo advirtió, sin rodeos, el ministro de Fomento, José Blanco, poco después de apostar contra viento y marea por acelerar la llegada del AVE a su tierra, Galicia: «No es posible mantener y completar la red de infraestructuras española sin tocar los impuestos. Nuestro país tiene que plantearse si con nuestros recursos y con la menor carga impositiva de la UE se pueden sostener las carreteras, los trenes y el Estado de bienestar. Hay que pensar las infraestructuras con sentido económico». En adelante, clamar a España o a Europa para que intervengan en auxilio de Asturias no va a ser la solución. Tendremos que aprender de una vez por todas a confiar en nosotros mismos. Habrá que trabajar de otra forma para salir de la crisis sin la extraordinaria muleta que hasta ahora supusieron los soportes exteriores.

La Comisión Europea presentó la semana pasada el informe para elaborar el presupuesto de la Unión para el período que va de 2014 a 2020. Los criterios de distribución cambian. Restringen para Asturias la partida agrícola y cierran los llamados fondos «Feder» y los de cohesión, los dos grandes contenedores de las ayudas territoriales. Son los principales grifos en los que el Principado bebió hasta la fecha.

Asturias deja de estar entre las regiones más deprimidas, no porque haya mejorado sensiblemente -ojalá fuera exclusivamente por ello-, sino en buena medida por mor del efecto que supone haber incorporado a la UE a países mucho más pobres, a la pérdida de población que la perjudica en el cálculo de las estadísticas y al artificial peso sobre la renta regional que ejercen las transferencias hacia las clases pasivas.

Eso no quiere decir que necesariamente hayan terminado las inversiones europeas para los asturianos. Existirán para iniciativas relacionadas con la innovación y la tecnología, para todo lo que ayude a reinventar y equilibrar la sociedad actual, lo que tenga que ver con la sostenibilidad, la ecología, los avances científicos, el talento vinculado al conocimiento. Pero para lograrlas tendremos que ser capaces de ofrecer algo atractivo. Abonarse al emprendimiento es una obligación a partir de este momento.

Asturias viene de unas décadas en las que han predominado en la orientación de la región los períodos oscuros sobre los luminosos. Lo que queda por delante son años extremadamente duros y de grandes sacrificios, de competencia feroz. Hay que aprender a sobrevivir en esas circunstancias. El futuro Gobierno del Principado debe poner todo su empeño en estimular a la sociedad asturiana hacia esa nueva dirección. Para escrutar las cuentas comunitarias y aportar iniciativas altamente eficientes y más brillantes que las de cualquier otra comarca europea. Para sacar a flote la excelencia regional. Hay oportunidades esperando en Bruselas, pero en terrenos en los que la región parte con desventaja frente a las autonomías más dinámicas.

Europa mirará más por su dinero y habrá que ganárselo. Las pequeñas y medianas empresas son una prioridad, pero no indiscriminada. Se potenciarán, al menos así figura esbozado para el próximo sexenio, las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones. Ahí Asturias ni siquiera figura en el mapa, porque los planes en marcha dan prioridad a la conexión de los grandes ejes del sur y el este del país con el resto del continente a través de Madrid y el arco mediterráneo. Los euros fáciles para las grandes infraestructuras se han terminado de sopetón, salvo que tengan carácter de redes internacionales.

Con tiempo por delante sabemos por dónde avanzan las cosas. Aprovecharlas necesita de toda la energía política de Asturias. El que se duerma lo va a lamentar, y mucho. Pero ¿hablan de estas cosas los diputados y concejales que nos prometían el oro y el moro para que les diéramos el voto el 22-M? Nada más anunciarse el nuevo presupuesto comunitario, alguna región española no ha perdido un minuto para ponerse manos a la obra. Pero aquí andamos embebidos en minucias estériles, obviando los intereses generales.

Elementos a considerar en la operación de descapitalización de la Seguridad Social que supone la trasferencia de la propiedad de Hospitales a las CC.AA

Por Joan Coscubiela Conesa
Transferencias de la propiedad de los hospitales públicos a las Comunidades
nuevatribuna.es

Xavier Salvador, periodista y durante años subdirector de la sección de economía del Periódico de Catalunya me pregunta qué hacer para oponerse al proceso de venta de los hospitales públicos, cuya construcción fue financiada por las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. Me surgen las siguientes primeras reflexiones.
1. La situación actual es ciertamente anómala. Las CCAA se ven obligadas a prestar la asistencia sanitaria hospitalaria a través de unas instalaciones, una parte de las cuales no son de su propiedad al no haber sido transferidas en el momento del traspaso de competencias sanitarias. Lo que conlleva limitaciones importantes en la gestión por parte de las CCAA y no pocos sobre costes. Vaya por delante este reconocimiento.
2. Ello tiene unas causas y un origen. A diferencia de otros países europeos, en España durante muchos años, la prestación sanitaria no era de acceso universal, sino que estaba limitada a las personas que eran, primero mutualistas y después afiliados a la Seguridad Social contributiva. Ello supuso que su financiación, incluida la construcción de las instalaciones sanitarias, se hizo a cargo de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios –que también son salario- a la Seguridad Social.
3. Cabe recordar que el Patrimonio de la Seguridad Social es un patrimonio diferenciado del Patrimonio del Estado. Esa es la razón por la cual, en el momento de universalizarse la asistencia sanitaria, con la aprobación de la Ley General de Sanidad del año 1986, se debería haber pasado a financiar la asistencia sanitaria a partir de los Presupuestos Generales del Estado, con los impuestos de todos los ciudadanos. A pesar de ello y durante muchos años fue la Seguridad Social con sus cotizaciones la que financiaba la asistencia sanitaria, trasfiriendo así de facto unos recursos de la Seguridad Social al Estado español.
4. Durante la década de los 90 del siglo pasado, en algunos ejercicios presupuestarios la Seguridad Social tuvo que recibir transferencias del Estado para equilibrar sus presupuestos que resultaban insuficientes solo con las cotizaciones. Y ello comportó que en estos ejercicios se hicieron anotaciones contables en los Presupuestos de la Seguridad Social en los que aparece una deuda de ésta con el Estado y unos créditos de éste frente a la Seguridad Social.
5. Vale la pena destacar lo absurdo y políticamente reprobable que supone que a pesar de estar la Seguridad Social abonando el coste de prestaciones de acceso universal y no contributivas –no solo la asistencia sanitaria, también las pensiones no contributivas– que debía financiar el Estado vía impuestos, las aportaciones de éste -menores que el coste de las prestaciones que debía financiar– aparezcan contablemente como un préstamo del Estado a la Seguridad social.
6. Estos préstamos se han mantenido contablemente en ambos presupuestos, a pesar de que durante muchos años –aún hoy, es así– la Seguridad social ha continuado haciéndose cargo a partir de las cotizaciones de una parte de la financiación de prestaciones de acceso universal que deberían financiarse íntegramente con impuestos.
7. Esta situación afecta a todas las CCAA, aunque de manera muy desigual en términos patrimoniales. Porque el esfuerzo que la Seguridad Social hizo en los diferentes territorios fue muy distinto. En Cataluña, con la excusa de la existencia de hospitales propiedad de otras instituciones –en la mayoría de los casos de iniciativa social o municipal– el nivel de plazas hospitalarias construidas por la Seguridad Social, a través del extinto INP, fueron muchas menos, sobre todo en términos de población asistida.
8. Desde hace años, la transferencia a las CCAA de la propiedad de los hospitales esta en las mesas de negociación de los partidos políticos y las administraciones. Ha sido ahora y aprovechando la debilidad política del Gobierno español y su necesidad de votos en el Parlamento para tirar adelante la reforma del sistema público de seguridad social que de nuevo CiU ha situado esta reivindicación y al parecer la ha conseguido. Vale la pena destacar que como sucede siempre con estas negociaciones de CIU, no se beneficiaria solo la Generalitat de Catalunya, sino todas las CCAA.
9. Al parecer el proceso se va a producir siguiendo los siguientes pasos : Primero se transferiría la propiedad de los hospitales de la Seguridad Social al Estado, como compensación de los créditos que este tiene anotados contablemente en sus Presupuestos, frente a la Seguridad Social que es deudora. El segundo paso sería el que el Estado una vez obtenido la titularidad procediera a la transferencia de su propiedad a las CCAA, en las que están los hospitales. Y el más que probable tercer paso, sería que las CCAA utilicen la propiedad de los hospitales para aminorar el importe de sus déficit, vendiendo los hospitales y pasando los Servicios de Salud de las CCAA ha ser arrendatarios de las instalaciones hospitalarias. En resumen el Patrimonio de la Seguridad Social serviría para enjugar una buena parte de la deuda de las CCAA.
10. Esta operación conlleva algunos efectos colaterales, no precisamente positivos. La Seguridad Social sufriría un deterioro importante en su Patrimonio por la devolución de unos préstamos del Estado que jamás debieron constar como tales. Porque en realidad quien durante años –aún hoy– continúa financiando con cotizaciones, algunas prestaciones de acceso universal y no contributivas es la Seguridad Social. Con ello la Seguridad social además de sufrir un proceso de descapitalización, ve limitadas sus posibilidades de cara al futuro. Dado que la operación que ahora pretenden hacer las CCAA, bien pudiera ser en algún momento una posibilidad de la Seguridad Social de cara a hacer frente a algunos desequilibrios presupuestarios puntuales que puedan surgir en posteriores ejercicios.
De consumarse la operación puede ser el procedimiento a través del cual, las CCAA reduzcan una parte de su deuda pública, eso si a costa de la descapitalización de la Seguridad Social y del riesgo de privatización de los inmuebles en los que se presta la asistencia hospitalaria.
11. A la pregunta que realiza Xavier Salvador hay dos posibles respuestas, porque hay dos problemas: Para evitar la injusta descapitalización de la Seguridad Social debiera reformularse de nuevo las relaciones económicas de estos años entre Estado y Seguridad Social. Y si el Estado quiere ser el propietario de estos inmuebles para después poderlos ceder a las CCAA, debería antes compensar patrimonialmente por ello a la Seguridad Social. Y para evitar que el proceso comportara una privatización del patrimonio público, bien pudiera estudiarse una formula jurídica, por la que el adquiriente, las CCAA, tuvieran limitada su capacidad de transmisión de la propiedad de estos bienes patrimoniales.
Lo que es seguro es que una operación de esta envergadura y consecuencias debería hacerse atendiendo a todas estas y otras consideraciones y con conocimiento y debate social.