OPINION

Cuando dispongamos de un enlace con el informe os lo facilitaremos

“Otra gestión sanitaria es posible”

La Fundación 1º de Mayo presenta un informe acerca de una gestión sanitaria diferente siempre desde el ámbito público, que viene a demostrar cómo los discursos neoliberales acerca de la gestión sanitaria no son sino una forma de allanar el camino hacia su privatización.

El informe, que lleva por título “Otra gestión sanitaria es posible”, analiza, desde distintas perspectivas, las posibilidades de una mejor gestión sanitaria sin socavar su condición de prestación pública, universal, y gratuita en el momento del uso.

El informe recoge contribuciones de expertos profesionales de la salud con amplia experiencia en el sistema sanitario público. Comienza con una reflexión sobre la multiplicidad de “experimentos” de gestión que sufre nuestro sistema sanitario, continua con el papel de las áreas sanitarias como bases para una gestión eficiente, racional y equitativa, posteriormente se analiza la gestión clínica, el plan integrado de salud, la relación entre atención primaria y especializada, la gestión unificada de compras, la evaluación de las tecnologías sanitarias, la integración sociosanitaria, un análisis económico de la producción y provisión de servicios sanitarios con especial incidencia en su carácter público o privado, los cambios en las necesidades de recursos humanos en los sistemas sanitarios, la violencia institucional y por fin una serie de alternativas para la mejora de la gestión pública de la sanidad.

El informe reconoce que la solución no es fácil, pero desde luego requiere de la concatenación de cinco agentes indispensables: unas administraciones sanitarias coordinadas que fijen objetivos generales del Sistema Nacional de Salud y que se planteen seriamente la mejora de la gestión pública de la sanidad, gestores profesionales con cualificación y responsabilidad,  profesionales de la salud comprometidos con el buen funcionamiento del sistema sanitario público y una población con capacidad para implicarse en su salud lo que requiere mecanismos reales de participación y control. Sobre todos estos temas y algunos otros que se consideran importantes trata este libro/informe, esperamos que sea útil para avanzar en el objetivo del mantenimiento y mejora de la Sanidad Pública en nuestro país.

AVANCE DE LAS CONCLUSIONES

Como conclusión, el Informe señala 22 medidas para la mejora de la gestión sanitaria pública en España:
 
1. Elaboración de un Plan Integrado de Salud que permita marcar objetivos coherentes y unificados para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, reforzando su cohesión.
 
2. Suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud, incrementando el porcentaje de presupuesto público destinado a la Sanidad.
 
3. Financiación finalista para la Sanidad en la que se incluyan los compromisos del Plan Integrado de Salud, estableciendo mecanismos de control de su utilización y condicionando los nuevos fondos a la comprobación del uso debido de los ya recibidos. Por supuesto las CCAA tendrán la opción de destinar otros fondos propios al sistema sanitario.
 
4. Establecimiento de sistemas de información homogéneos en todo el Sistema Nacional de salud garantizando la publicidad, la menos semestral de los principales indicadores.
 
5. Mejora de la utilización de los recursos farmacéuticos, lo que supone una disminución del gasto y medidas como: aumentar el consumo de medicamentos genéricos para alcanzar el 25% del gasto farmacéutico; establecer la financiación por equivalentes terapéuticos; limitar el marketing/ promoción al 5% del gasto de las empresas, estableciendo sistemas de transparencia y publicidad de todas las subvenciones de las empresas farmacéuticas a los profesionales de la salud y establecer un sistema independiente y científicamente contrastado de información y formación de los profesionales.
 
6. Desarrollar el funcionamiento de las Áreas sanitarias como eje vertebrador de la atención sanitaria, en las que deberían integrarse os servicios de AE, AP, socio-sanitarios, salud pública y de otros sectores relacionados con la salud medioambiental y el desarrollo social y económico.
 
7. Fomentar la Atención Primaria dotándola de medios profesionales y materiales, así como de accesibilidad a pruebas diagnósticas para mejorar su capacidad de resolución.
 
8. La coordinación entre AP y AE es una de las claves del funcionamiento eficaz y eficiente del sistema sanitario.
 
9. Debe fomentarse el papel de la enfermería en AP desarrollando sus competencias y favoreciendo la atención a los enfermos crónicos y el desarrollo de actividades de promoción y prevención.
 
10.Hay que desarrollar una historia clínica única a la que se tenga acceso desde todos los centros sanitarios del SNS.
 
11. Deben garantizarse demoras máximas en las citaciones en AP (48horas) y en las derivaciones a AE (15 días en los casos no urgentes), así como en las pruebas diagnosticas, teniendo en cuenta su utilidad y el carácter preferente o urgente de las mismas.
 
12. Garantizar la democratización del funcionamiento del sistema sanitario público creando órganos de dirección y control con participación de profesionales y usuarios.
 
13. Favorecer la implantación de la gestión clínica en los centros sanitarios mediante el impulso de la gestión participativa basada en la evidencia.
 
14. Hay que profesionalizar los cargos intermedios del sistema sanitario. Deben de desarrollarse sistemas de acreditación profesional y la provisión de plazas de jefaturas de servicio/sección/supervisiones de enfermería/ etc mediante concursos públicos con mecanismos de selección que garanticen la adjudicación mediante criterios de merito
y capacidad. Estos cargos no deben ser vitalicios sino estar sometidos a evaluaciones periódicas.
 
15.La carrera profesional dentro del SNS debe de impulsarse adoptando mecanismos de control democráticos y criterios que garanticen el reconocimiento de los meritos profesionales, científicos y la calidad de la atención prestada.
 
16. Debe de profesionalizarse la gestión sanitaria, para lo que es imprescindible el poner en marcha un sistema de formación de especialistas vía MIR.
 
17. Es urgente la aprobación de una nueva regulación de especialidades médicas que establezca la troncalidad en la formación y permita la acreditación de áreas específicas de subespecialización.
 
18. Debería de realizarse un plan de recursos humanos del SNS que permitiera evaluar las necesidades futuras de profesionales, establecer las competencias y asegurar la formación continuada fuera de los intereses comerciales.
 
19. Debe garantizarse en el SNS un clima laboral que permita el desarrollo de las actividades asistenciales en un marco de seguridad y de ausencia de violencia institucional controlando las condiciones de trabajo que son el mejor medio de evitar actuaciones inapropiadas del sistema de salud.
 
20. Hay que asegurar una evaluación, basada en la evidencia y actualizada de las tecnologías sanitarias. Para ello es imprescindible la coordinación de las agencias de evaluación existentes y la elaboración de un plan común de actividades.
 
21. Hay que poner en funcionamiento una central de compras del SNS que permita utilizar las ventajas de la economía de escala en las compras del sistema sanitario público.
 
22. Los nuevos modelos de gestión no han demostrado utilidad ni en mejoras en la eficacia ni mucho menos en al eficiencia, porque han encarecido los costes de la asistencia sanitaria. Por lo tanto deberían de reintegrarse en el sistema sanitario público. También seria exigible que en tanto no se produzca esta integración se garantice la transparencia y publicidad de los datos asistenciales de estos centros, así como la calidad de la prestación sanitaria.

Por Pedro Luis Angosto...

En defensa de los funcionarios

nuevatribuna.es
Cuando el Gobierno decidió bajar el sueldo a los funcionarios debido a la gravedad de la crisis, muchas personas mostraron alegría, esa alegría cruel que guardan en sus adentros para exponerla al soleo quienes se regocijan del mal ajeno creyendo que con ello consiguen el beneficio propio: Mal de muchos, consuelo de tontos, que se decía antes.
El odio de un sector de la población hacia los funcionarios es tan real como falsas son las hipótesis sobre las que se funda, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país la existencia del funcionario público como tal apenas tiene unas décadas. En primer lugar, existe un componente casi atávico en el origen de esa desavenencia, durante siglos la Iglesia, los reyes y los nobles, enviaron a sus caballeros armados a cobrar impuestos y saquear las propiedades de los campesinos, sobre todo si estos no eran hidalgos ni tenían ningún señor protector al que rendía pleitesía dándole una parte de sus mermados ingresos. Es posible que todavía en la mente de muchos se compare a aquellos sangrientos carniceros a la orden del poder de entonces con los funcionarios de hoy en día, normalmente personas preparadas que cumplen con su función según estipulan las leyes democráticas y que, en caso de no hacerlo, pueden ser sancionados gravísimamente de oficio o a instancias de parte. Pero aquello pasó hace mucho tiempo, y aunque la literatura y el cine nos lo recuerdan una y otra vez –véase Robin Hood en sus múltiples versiones-, existen “motivaciones” históricas más recientes.
Durante la Restauración, el funcionario público lo era del partido del turno en el poder, ocupaba el puesto cuando ganaba el Partido Conservador y lo dejaba cuando ganaba el Liberal. Eran los llamados cesantes, cuyas filas se nutrían de los arrimados a los caciques de cada territorio. No fue hasta la II República cuando el Estado decidió que los funcionarios debían tener un puesto fijo para posibilitar el justo y eficaz desempeño de sus funciones y evitar las corruptelas y disfunciones que la precariedad laboral promovían. Manuel Azaña llegó a decir que era absolutamente necesario que los funcionarios tuviesen un trabajo estable independientemente del partido que ganase las elecciones, propugnando además que fuesen los mejores quienes ocupasen ese puesto incentivando la concurrencia a las oposiciones mediante el ofrecimiento de esa estabilidad y de un salario digno. Con el franquismo, el funcionario regresó a la Edad Media, miles de funcionarios del Estado republicano fueron ejecutados, exiliados o depurados, cubriendo sus vacantes en Ayuntamientos, Diputaciones y Ministerios mediante designaciones a dedo de entre quienes habían mostrado su adhesión inquebrantable a los principios generales del movimiento, que consistían en no moverse, joder al ciudadano y adular al jefe de Falange. Durante décadas, el funcionario fue un ser oscuro, grisáceo y engreído que creía estar por encima de sus congéneres por el hecho de ocupar un puesto detrás de una ventanilla y codearse con los mandamases de la dictadura. Poco le importaba que su sueldo miserable no le permitiese llegar a mitad de mes, su lealtad al régimen podía ser recompensada en cualquier momento con unas horas de contabilidad en casa del cacique de turno o con una jornada incontrolada que le permitiese dedicarse a otras cosas más lucrativas en horario de trabajo.
El tiempo pasó y con él muchas cosas. La muerte del tirano Franco coincidió con la primera gran crisis del petróleo. Ni había trabajo en España ni tampoco lugar dónde emigrar. Fue un tiempo duro, más si cabe que este que nos toca ahora. Miles de personas se dedicaron durante los años ochenta a preparar oposiciones para puestos que en muchos casos estaban muy por debajo de los estudios cursados con anterioridad. Poco a poco, las reformas legislativas, el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mayor preparación de los candidatos a funcionarios, transformaron el panorama, apareciendo por primera vez en décadas el funcionario como servidor público, es decir una persona que recibe un salario no muy grande, que tiene una cualificación superior a la requerida para el puesto y que utiliza sus conocimientos para poder satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos.
Eso, me dirán, es una descripción idílica que no se parece demasiado a la realidad. Sin embargo, sería bueno que comparásemos a los funcionarios que hoy nos atienden, sin ventanillas, con muchos menos medios de los que necesitan para el buen desempeño de su función, con un sueldo normalmente bajo, con los que había hace tres décadas. Indudablemente la situación ha ido a mejor y lo seguirá haciendo si se logran cortar esos atajos que son los empleos a dedo que siguen existiendo en las Administraciones locales y autonómicas, empleos que están lastrados muchas veces por la obligada obediencia al “empleador; si les damos las herramientas que precisan y si usamos los mecanismos de que disponemos para dejar fuera de juego al funcionario inepto, pero, sobre todo, si somos conscientes de que nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra seguridad nunca estarán en mejores manos que en las de un funcionario democrático bien preparado, educado y pagado. Y es ahí donde encaja el actual desprestigio de los funcionarios y la nueva leyenda que se cierne sobre ellos: Los funcionarios son parte del Estado y para los neoconservadores el Estado sobra, por tanto sobran los funcionarios porque el Estado es ineficiente y los funcionarios también.
Precisamente ahora, cuando tenemos los mejores funcionarios de nuestra historia, los neoconservadores responsabilizan al Estado y a sus empleados de una crisis en la que nada tienen que ver y sí mucho que sufrir. El ciudadano que crea en la democracia no puede consentir el asalto de los que quieren sustituir a un policía democrático por un guardia de seguridad a las órdenes de un gran empresario del sector; no pueden permitir que se elimine al médico o al maestro público para poner en su lugar a un médico o un maestro sometido a los planes lucrativos de las empresas, porque las empresas sólo buscan el interés privado a costa de lo que sea, incluso de los servicios públicos. Al gestor privado no le importa el servicio que presta, sino la cuenta de resultados. Sustituir funcionarios por empleados de empresas gestoras de servicios no es más que un retorno a fórmulas medievales que más temprano que tarde pagaremos con un deterioro exponencial de los servicios que los hará absolutamente prescindibles e inviables. Hay una ecuación muy fácil de entender: En los servicios públicos externalizados, es decir privatizados, hay que sumar al coste normal de los servicios públicos, el beneficio del concesionario o gestor privado, que muchas veces alcanza un tercio del total. Ese beneficio del particular, no depara mejora ninguna para el ciudadano, sino que a la larga supone un empeoramiento del servicio y su inevitable encarecimiento, como ocurre actualmente en muchas ciudades dónde la privatización de los servicios de recogida de basuras está poniendo en serios apuros a las Administraciones locales y a la salud pública.
Por otra parte, muchas de las medidas tomadas dentro de la Administración Pública para mejorar las condiciones de vida de los funcionarios, como la reducción de la jornada laboral, la semana de treinta y siete horas y media, el aumento de vacaciones vía días de asuntos propios, no son más que el diseño de unas políticas sociales de progreso que debieran ser imitadas por el sector privado y que con ese objetivo se hicieron. Empero, hoy, cuando muchos creíamos que las políticas neoconservadoras habían pasado a la historia después de la tremenda crisis-estafa en la que nos han metido, la debilidad de la respuesta ciudadana está permitiendo que sean los defensores de los modelos económicos más ultramontanos –que fueron quienes nos metieron en este agujero- quienes impongan las nuevas relaciones laborales basadas en la disminución de salarios, el alargamiento de la jornada laboral y de la edad de jubilación, la pérdida de derechos sociales y el sometimiento del poder democrático y la Ley –simbolizados ambos en la figura del funcionario público- al interés particular.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique hace unos días...

Guerra contra los funcionarios
Por Bernard Cassen – Presidente de Honor de ATTAC Francia
En The Economist es donde se exponen con mayor radicalismo -y también con talento- las tesis ultraliberales. Es conocida la gran influencia que este semanario británico ejerce sobre los responsables políticos, y ello mucho más allá del mundo anglosajón. Lo que preconiza The Economist se transmite a menudo en las hojas de ruta de los gobiernos, en primer lugar en Europa. Por eso es preciso tomar muy en serio la portada de la edición del 8 de enero pasado y el contenido del informe especial: “La próxima batalla. Hacia una confrontación con los sindicatos del sector público“.
La tesis de The Economist es de una sencillez evangélica y puede resumirse en tres puntos: a) todos los Estados europeos enfrentan déficit públicos abismales; b) para reducir el gasto público, hay que reducir los efectivos, los salarios y los sistemas de pensiones de los funcionarios; c) los gobiernos lograrán ganarse con mayor facilidad a la opinión pública incentivando la denuncia de los “privilegios” (en especial la estabilidad laboral) de los “acomodados” del sector público, quienes supuestamente viven a costa del conjunto de los contribuyentes.
En ningún momento el informe recuerda que los déficit públicos son en gran parte consecuencia de las ayudas colosales otorgadas a los bancos y otros responsables de la crisis actual. Tampoco que estos déficit aumentaron debido a los regalos fiscales hechos a los ricos. Ni siquiera se deja en claro que, a cambio de su salario, los funcionarios prestan servicios indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. En particular los docentes, atacados muy especialmente en este informe. El periodista que escribió uno de los artículos debe de estar muy desinformado sobre las condiciones reales de trabajo de los profesores para tener el coraje de escribir que “sesenta y cinco años debería ser la edad mínima para que esta gente que se pasa la vida en un aula se jubile”.
The Economist se congratula de que varios gobiernos europeos -dos de ellos dirigidos por “socialistas”, los de Grecia y España- ya han rebajado los salarios de sus funcionarios y que, en toda la Unión Europea haya “reformas” -sería más justo hablar de contrareformas de los sistemas de pensiones ya realizadas o en vías de realización.
Por ideología, los liberales son hostiles a los funcionarios y demás asalariados del sector público. En primer lugar porque privan al sector privado de nuevos espacios de lucro; en segundo lugar porque, protegidos por su estatuto, pueden ser socialmente más combativos que sus compañeros del sector privado, hasta el punto de que, a veces, hacen huelgas “por delegación” y representan a trabajadores del sector privado que no pueden hacerlas. Esta solidaridad es la que los gobiernos quieren destruir a toda costa para reducir la capacidad de resistencia de las poblaciones contra los plantes de ajuste y de austeridad implementados en toda Europa. Los déficit públicos constituyen así un pretexto inesperado para modificar las relaciones sociales conflictivas en detrimento del mundo del trabajo.
Defender los servicios públicos es defender el único patrimonio del que disponen las categorías más pobres de la población. La apuesta por la cacería de funcionarios y de sus sindicatos que propone The Economist no es (o apenas) financiera. Es política o ideológica.

Vicenç Navarro, como siempre, nos describe una cruda realidad que demuestra al servicio de quienes están la mayoría de los políticos hoy en nuestro país

La banca y la ley hipotecaria

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC

Una de las consecuencias que el dominio de las fuerzas conservadoras tuvo en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia en España ha sido la excesiva influencia de poderes fácticos, como la banca, sobre el Estado. Es interesante subrayar que la mayoría de la ciudadanía lo percibe así, pues las encuestas de opinión popular muestran que la amplia mayoría de ciudadanos cree que la banca en España es más poderosa que el Gobierno (según el barómetro de opinión de noviembre de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas).

El excesivo poder de la banca en España es conocido también fuera del país. Así, The New York Times publicó un artículo –In Spain, Homes are Taken, but Debt Stays (27-10-10)– que documentaba la escandalosa situación que tiene lugar en España cuando una persona no puede pagar una hipoteca. En la mayoría de países, tanto en EEUU como en la UE-15, cuando una persona se encuentra en tal situación puede declararse en bancarrota y recibir el apoyo legal que la proteja de las medidas recaudatorias abusivas, permitiéndole además devolver las llaves al banco que le vendió la hipoteca sin tener que devolver el resto de la deuda hipotecaria.

Es más, en EEUU hay un movimiento para forzar al Congreso a fin de que permita que los hipotecados puedan continuar viviendo en sus casas hipotecadas pagando un alquiler menor en cantidad al del pago mensual de la hipoteca. El argumento que se utiliza para proponer tal medida es que la banca está recibiendo dinero público y, como contrapartida, se le exige que ayude a su usuario.

No así en España. La ley excluye las hipotecas de ser bienes sujetos a la protección del que se declara en bancarrota, exclusión que refleja el enorme poder de la banca en el desarrollo de la legislación hipotecaria. Otro indicador de tal poder es que, cuando la persona devuelve al banco las llaves de su piso, comienza en realidad su calvario, pues tal persona continúa debiendo al banco la hipoteca, lo cual es una enorme sobrecarga, pues en muchos casos queda endeudada para el resto de su vida, al igual que sus avalistas.

Es difícil diseñar un sistema que proteja tanto a la banca y tan poco al ciudadano. Es una situación que alcanza niveles de una gran injusticia, pues, para complicar todavía más las cosas, el precio de las hipotecas es en muchísimos casos superior al precio de la vivienda. Según la agencia Standard & Poor’s, el 8% de las viviendas en España tiene un valor inferior al de las hipotecas de sus usuarios, una cifra que, calcula, alcanzará el 20% en los próximos años. Esta es la situación en la que se encuentran 1,4 millones de españoles.

Y todavía otro indicador más del enorme poder de la banca son los intereses variables pagados en las hipotecas, que varían del 2% al 6%. A diferencia de lo que ocurre en otros países desarrollados, los bancos españoles tienen incluso el poder de, previo permiso judicial, acceder automáticamente al salario de la persona que debe la hipoteca, exigiendo un pago mensual detractado de su nómina.

Debido a esta excesiva protección de la banca, conseguida a costa del ciudadano, no ha habido todavía ningún colapso de un banco español, hecho que, paradójicamente, ha sido motivo de gran orgullo por parte del Gobierno de Zapatero. Como ha señalado The New York Times, el orgullo del presidente del Gobierno está basado en el hecho de que el sistema bancario español es de los menos amistosos y sensibles (user’s friendly) a las necesidades del ciudadano. Que un Gobierno de derechas estuviera orgulloso de este hecho tendría explicación (véase la defensa de la banca por Eduardo Serra, del Partido Popular, en el programa 59 segundos acusando de maniqueos a los que la criticaban). Pero que un Gobierno de izquierdas también lo esté es más que sorprendente. Las declaraciones de la vicepresidenta Elena Salgado defendiendo a la banca frente a la protesta de los desahuciados es de una enorme incoherencia en una persona que se presenta como socialista. Como bien dijo el juez de la Audiencia Nacional de Navarra, el banco BBVA habría actuado legalmente, pero su comportamiento fue claramente inmoral.

Una última observación. La enorme crisis de legitimidad de las instituciones representativas en España se debe precisamente a esta percepción generalizada de que sus representantes están excesivamente influenciados por intereses económicos y financieros a los cuales temen enfrentarse. Y la banca es uno de ellos. ¿No se dan cuenta los representantes políticos, en general, y las izquierdas gobernantes, en particular, de lo que ello supone? El descrédito del establishment político español es uno de los más acentuados en la UE-15. Y la causa de tal descrédito es la percepción generalizada de que tal establishment es más sensible a los intereses financieros y económicos que a la voz de sus electores. ¿Hasta cuando continuarán ignorando los gobernantes a los gobernados?

Esta situación ha alcanzado su máxima expresión con el retraso obligatorio de la edad de jubilación, pasando de 65 a 67 años. Esta medida aprobada por el Gobierno español y pronto por las Cortes, a propuesta y bajo la presión de los mercados financieros (es decir, de los bancos), es enormemente impopular. El 82% de la población está en contra. Ello implica un enorme distanciamiento entre el establishment político, por un lado, y la gran mayoría de la población, por el otro, lo cual contribuye a una deslegitimación de las instituciones democráticas. ¿Es que no se dan cuenta de ello?

SOBRE EL INGRESO DE ESPERANZA AGUIRRE: CARTA DE UNA LIMPIADORA DE UN HOSPITAL PÚBLICO

 

Madrid, 22 de febrero de 2011

 

No es de mi agrado, aprovechar enfermedades que no deseo a nadie, pero no puedo callar lo que siento y pienso.

 

Doña Esperanza Aguirre a 90 días de las elecciones hace público su estado de salud… Y más que transparencia, me sabe a publicidad de campaña pre-electoral. Desde luego, a esta mujer, hasta un cáncer le es útil para luchar y competir. A mí ni me apena, ni me alegra, ni me afecta que le detectaran tan precozmente un simple bulto en la mama. No es familiar ni amiga mía. Son cada vez más y más mujeres que padecen de un cáncer de mama, y muchas pierden un pecho, y muchas aún fallecen, y muchas otras, felizmente, salen adelante. Lo más preocupante para mi, al respecto, sería saber ¿qué hacemos para que en esta sociedad aturdida por tanto consumismo y poco respeto por nuestro entorno, tenemos cada vez un mayor incremento de cánceres de mama?

 

Pero, tanto alarde y publicidad al respecto me pone mala. Y que a cada vez que un personaje político pasa por la pública, aprovechen para hacer su reclamo publicitario con respecto a una sanidad pública que atropellan, destruyen, privatizan… me enoja por encima de todo. Y aún más si esa misma persona reza tener tanto interés por nuestra sanidad, cuando es una de las principales personas a quien solo le interesa el dinero, el poder y poco le importa la salud y los derechos de los ciudadanos de a pie.

 

Así tenemos a la “Belén Esteban” del circulo político haciendo su show. Una persona que no va a tener problema alguno, con hacerse todas las pruebas en un tiempo record,(que dicho de paso, podrían haberse realizado en la privada), en ser operada de inmediato por los mejores cirujanos, sin temer por “su” tristemente famosa lista de espera, y que va a paralizar como poco, media planta para ella sola. Pero muy chula ella va a la pública… Y lo proclama.

 

Soy una limpiadora de la sanidad pública, y se lo que conlleva tener un político entre nuestras paredes. Para ellos solos, como mínimo: media planta bloqueada, para ellos solos los mejores médicos, cirujanos, fisioterapeutas, volcados al 100% sobre ese caso, para su exclusividad una sola limpiadora que se aburre religiosamente todo el puñetero día, teniendo que estar pendiente de cualquier cosa que pueda surgir. Se nos entrega un carro nuevo. Los políticos no pueden ver un carro viejo. Los cubos también son nuevos y relucientes. La fregona recién estrenada. La presa: ídem, El palo de la fregona y escoba, recién sacados del almacén. Que no falte un cepillo sin estrenar… Todo exclusivamente para ellos. A lo largo del año, tenemos que trabajar de cualquier manera, con palos rotos, carros que se atascan, en vez de rascadores, con cuchillos o lo que pillemos, y mucho nos cuesta obtener que nos cambien el carro que nos rompe la espalda un día sí y otro igual, o una presa que escurra sin que tengamos que destrozarnos el lomo.

 

Volviendo a nuestra planta bloqueada y “super” vigilada:

El carro, sus artilugios y la limpiadora al pie del cañón pero sin ser visibles. Solo si se precisa de nuestra intervención, saldremos del escondite que se nos asigna, para sigilosamente cumplir en el acto sin la más mínima espera, la labor solicitada y desaparecer otra vez a esperar la siguiente alerta.

 

Si vienen familiares, la Casa Real, o políticos a visitar al paciente, a las limpiadoras se nos pide que nos esfumemos junto con nuestro material para no dañar la vista soberbia de toda esa gente, que no sé en que planeta viven, en todo caso, no en el mismo que yo. Se nos hace fregar una y otra vez todos los pasillos por donde se les pudiese ocurrir pasar esas ilustres visitas. Hay un tal despliegue tanto inútil como vergonzoso cuando tenemos un paciente de esa índole, que deberían sonrojarse pensando en cómoy cuánto perturban un lugar público que ellos utilizan como si fuese un palacio privado con todo y todos a sus pies.

 

Y por cierto: Cuando acaba todo ese follón, todos los agradecimientos son siempre para los mismos, y los demás, como siempre, somos simple escoria invisible.

 

Así que como comprenderéis, cuando me voy a tomar un cafecito para relajarme, ya algo tensa por lo que no puedo fumar junto con mi cafecillo, cojo la prensa del día y veo que las noticias van del bultito de Doña Esperanza Aguirre, invadiendo varias páginas, me arruinan mi café, mi ratillo de relajo sin mi cigarrillito y recuerdo que de 100 ptas. que me costaba antes, ahora me está costando 1,40 euros y que mi sueldo sí menguó, al igual que los contratos ofertados…

 

G.V.

 

El copago sanitario: intereses e ideología

* Marciano Sánchez Bayle Más artículos de este autor / a

Desde hace tiempo hay una inusitada insistencia sobre la conveniencia de la implantación de copagos sanitarios en España.

El último Informe sobre salud en el mundo de la Organización Mundial de la salud (2010) lo desaconseja explícitamente.

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Desde hace tiempo hay una inusitada insistencia sobre la conveniencia de la implantación de copagos sanitarios en España. El asunto resulta tanto mas sorprendente cuanto son perfectamente conocidos dos hechos: los países con copagos tienen un gasto sanitario mayor, lo que evidencia que su posible papel en la contención del gasto no es cierta y además todos los estudios sobre su utilización demuestran que tiene efectos negativos sobre la equidad y la accesibilidad ya que impone obstáculos para el acceso de atención sanitaria necesaria a las personas mas enfermas y mas pobres. Por eso el último Informe sobre salud en el mundo de la Organización Mundial de la salud (2010) lo desaconseja explícitamente.

Pero, a pesar de ello, continua el runrún, a veces con curiosas e imaginativas propuestas que, como es bien sabido, cuanto mas complejas y teóricamente mas afinadas sean, serán mas difíciles y costosas de implementar en el mundo real.

¿Por qué hay tanta insistencia pese a la contundente evidencia en su contra?. Digamos que existen 3 motivos principales y como siempre muchos otros concretos.

El primer motivo es el encubrir cual es el principal problema económico de nuestro Sistema Nacional de Salud: un gasto farmacéutico muy elevado, que se sitúa por encima del promedio de la OCDE: 147 $ en poder partidario de compra por habitante y año y 3,3 puntos en % sobre el gasto sanitario total. Para desviar la atención se habla de una supuesta sobreutilización de la Sanidad que no es cierta (el numero de consultas por habitante y año es alto, pero por el contrario el de estancias hospitalarias es bajo) y se intenta culpabilizar a los ciudadanos del uso de medicamentos y de recursos que son en el primer caso exclusivamente y el segundo muy mayoritariamente (en mas del 80% de los casos) decididos por los profesionales sanitarios.

El segundo son los intereses de las aseguradoras en encarecer el coste y la accesibilidad de la población al SNS: si se paga por una consulta, un ingreso, una prueba diagnóstica, etc, el coste comparativo del aseguramiento privado será menor y por lo tanto sus opciones de mercado se verán incrementadas.

El tercero, no menos importante, es de carácter puramente ideológico. Hay quienes piensan (sea por convicción o inducidos por sus intereses) que solo se considera importante aquello por lo que se paga, con evidente desprecio de que la realidad demuestra todos los días que lo que mas valoramos es aquello por lo que precisamente no pagamos (la solidaridad, el amor, la amistad, los hijos, las relaciones , etc) y que la mercantilización de todas las relaciones sociales las banaliza y encanalla. Consecuentemente quieren que desaparezca la atención sanitaria como un derecho de la ciudadanía y que pase a convertirse en una mercancía, que sea provista por las reglas del mercado, y lógicamente su acceso dependa de la capacidad adquisitiva de las personas. El copago ahí juega un papel importante porque, independientemente de su capacidad económica, para generar ahorro o ingresos, que todo el mundo pone en duda, tiene un valor demostrativo en si mismo, porque rompe la lógica del derecho relacionado con la necesidad, y evidencia que estamos ante otro bien de consumo por el que pagamos en relación con su utilización, y favorece la mercantilización y privatización de la atención sanitaria.

Como ya se ha dicho hay además otras muchas cuestiones que inciden en el tema, la visión cortoplacista de algunos políticos, el tremendo desmantelamiento de los valores solidarios, el oportunismo de quienes ven una ocasión para su medro profesional y personal, y un larguísimo etcétera que no merece la pena desgranar.

Pero no nos dejemos engañar, el copago no es una necesidad ni económica ni funcional para nuestro sistema sanitario público, ni va a solucionar ninguno de sus problemas, sino a crear otros mucho mas graves, inequidad y barreras para el acceso a la atención sanitaria a los mas enfermos y mas pobres, lo que en la actual situación económica puede tener efectos devastadores para la salud de la mayoría.

Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y Presidente de la International Association of Health Policy

Capitalismo, crisis y petróleo: Porfiando en la gran estafa

Cuando en 2006, algunos analistas juiciosos avisaron de la que se nos venía encima, pocos hicieron caso, respondiendo los pretorianos del orden establecido como Don Rodrigo Rato del FMI que eran mensajes de agoreros, que la economía mundial gozaba de una salud de hierro amenazada tan solo por la creciente subida de los combustibles fósiles.

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Año y medio después, cuando la crisis se hizo flagrantemente evidente, sobre todo para los trabajadores, cuando se vio su etiología canalla, voces de todo el planeta se alzaron pidiendo un cambio de sistema, de modo de vida, incluso algunos gobiernos llegaron a proclamar la insostenibilidad del modelo actual. Ahora, cuando las “turbulencias” financieras parecen debilitarse (leer mas)

«Los cuidados son la principal necesidad de la población actual»

El Comercio. 13.02.11 GIJÓN.

«Deberíamos hacernos más responsables de nuestra salud, en vez de delegar tanto en los profesionales»

Fernando Alonso Director de Enfermería de Primaria del Área Sanitaria V

«La nueva ley del tabaco disparó las peticiones para las terapias que ayudan a dejar de fumar»

«A veces tengo problemas para reservar en los restaurantes porque creen que se trata de una broma»

Enfermero, logopeda y también, psicólogo. Fernando Alonso lleva desde hace nueve años las riendas de la Enfermería en la red de Atención Primaria de Gijón, donde se producen al año casi 900.000 consultas. Este mierense, residente en Oviedo pero seguidor del

Sporting y socio del Grupo Covadonga, llegó a la ciudad en un día que recuerda como uno de los más duros de su profesión: el 10 de junio de 2002, cuando arrancaba la que sería la huelga sanitaria más polémica y prolongada de las que tuvo Asturias. «Fue un aterrizaje complicado», rememora. A sus 48 años, Alonso defiende a ultranza el nuevo papel de la enfermería: «Ya no somos los que acompañan al médico» y asegura que más que medicinas, la gran necesidad de la población actual «son los cuidados».

-Imagino que estará algo cansado del tema, pero mi primera pregunta es obligada teniendo en cuenta que se llama usted Fernando Alonso. ¿Tiene algo que ver con él?

-¿Con qué Fernando Alonso? No se de quién me habla (risas).

-Bueno, veo que se lo toma con sentido del humor.

-Lo tengo asumido, aunque me temo, a mi pesar, de que yo llevo más años con este nombre que él.

-Además de los chascarrillos, ¿le ha traído alguna complicación coincidir con el nombre del piloto de Fórmula I?

-A veces tengo problemas para reservar en restaurantes porque creen que se trata de un bromista. También recuerdo que hace unos años, en un viaje que hice a París, me esperaban en el aeropuerto con un coche. Cuando llegué estaba el conductor con el típico cartel con mi nombre y a su alrededor se había armado un corrillo de gente intrigada en ver si se trataba del piloto. Y claro, cuando aparecí yo fue una gran decepción. Se fue todo el mundo rápidamente.

-Pasemos a algo más profesional. En los últimos meses, Gijón se ha convertido en referente por las terapias para dejar de fumar que hay en los centros de salud y de las que usted fue su principal impulsor. ¿Contento por el éxito?

-Bueno, no es un éxito que me deba adjudicar. Hay muchísima gente de enfermería que está trabajando muy bien. También hay otras áreas, como la de Avilés, que disponen de programas similares, con un alto rendimiento. Lo bueno que tenemos en Gijón como hecho diferencial es la colaboración del Ayuntamiento para el desarrollo de programas comunitarios, y eso es algo muy positivo.

El 35% logra dejarlo

-¿Todos los centros disponen de estas terapias?

-Los tratamientos están en todos los centros de salud, excepto en Contrueces donde se ofrecen acciones individuales, y en Roces-Montevil, donde tenemos una persona formándose para empezar en breve.

-¿Cuánta gente tienen apuntada ?

-Ahora mismo hay 115 personas en terapias grupales para dejar de fumar, además de las que lo están haciendo de forma individual.

-Tienen lista de espera, ¿no?

-Si, tenemos algunas personas pendientes de iniciar tratamiento, pero no son muchas. En el centro de Perchera-La Braña hay 32 peticiones. Aquí estamos pendientes de formar dos grupos. También hay algo de espera en Puerta de la Villa, pero confiamos en darle salida pronto.

-¿La demanda se disparó con la nueva Ley antitabaco?

-Si, creció bastante.

-¿Cuáles son los resultados de estos tratamientos?

-Al año de seguimiento, el nivel del efectividad es del 35%.

-¿Y ese es un buen indicador?

-Si, es muy bueno, porque no hay que olvidarse de que se trata de una adicción. Dejar de fumar es algo bastante difícil porque hay muchos factores que influyen. Además de la dependencia del tabaco está la dependencia social, que es un punto en el que se centra la nueva ley.

-¿Se ofrecen ayudas como chicles o parches en las terapias?

-No, nosotros trabajamos más con la conducta. De todas formas si hay alguien que solicita ayuda farmacológica, esa petición se deriva a los conductos más especializados.

-¿Qué le parece el cigarrillo electrónico?

-Hay estudios que lo ponen en tela de juicio, pero los desconozco. De todas formas, puede suponer una ayuda más para controlar el hábito.

-Es usted enfermero y psicólogo. Su imagen no se acerca mucho a la que se suele tener de la enfermería.

-El papel de la enfermería ha cambiado mucho en los últimos años gracias a la diplomatura y ahora a la especialidad.

-Pero mucha gente les sigue viendo como los que acompañan a los médicos.

-Es verdad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar esa imagen, porque ya no somos meros acompañantes del médico. La reforma de la atención primaria ha dotado a la enfermería de un mayor papel en el cuidado de las personas. Sin embargo, sigue habiendo falta de visibilidad de las enfermeras. La población valora con una nota alta el trabajo de estas profesionales pero en cambio no conoce todo lo que les puede ofrecer. Por ejemplo, en las unidades de gestión clínica, las enfermeras suponen la mitad del personal de los equipos de Primaria y sobre ellas pivotan buena parte de los servicios.

-El envejecimiento de la población, ¿ha cambiado el tipo de atención que se demanda en Gijón?

-Hoy en día, la principal necesidad que tiene la sociedad gijonesa es de cuidados. Las enfermeras asumen un protagonismo especial en el seguimiento de los pacientes crónicos, fomentando el autocuidado a través de la educación sanitaria, en las actividades de promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, además de la atención domiciliaria.

-¿Está a favor de que las enfermeras receten?

-(Piensa). Sin querer entrar en polémica, el permitir recetar a las enfermeras determinados productos sanitarios sería simplemente normalizar algo que se está haciendo.

-Los ciudadanos no parecen estar muy convencidos con el sistema de triage (calificación de los pacientes según su gravedad) que se ha implantado en los centros que atienden urgencias en fines de semana.

-No creo que sea así. La población se ha ido adaptando muy bien a este nuevo sistema, en el que la enfermería ha trabajado mucho. Los pacientes lo deben ver como una ganancia, porque aunque tengan que esperar algo, la espera se establece en función de la gravedad y de la urgencia de cada caso.

-En los informes sobre agresiones al personal sanitario, la enfermería es la que sale peor parada, ya que es la que más ataques recibe por parte de los pacientes. ¿Les preocupa?

-Las enfermeras están mucho más expuestas que otros profesionales, de ahí a que sean el colectivo más afectado. De todas formas, la mayor parte de las agresiones son de carácter verbal. Nos preocupa como fenómeno, porque vemos que no es algo exclusivo de la sanidad.

-¿Cree que nos cuidamos poco?

-Tendemos a delegar las cuestiones de salud en los profesionales, cuando deberíamos hacernos más responsables de nuestros propios cuidados.