OPINION

Esperando a Keynes, que no ha venido (y ya ni se le espera)

* Carlos Berzosa Más artículos de este autor / a

Fue una ilusión pero se desvaneció enseguida. La crisis acaba con muchas cosas y daba la impresión de que, entre otras, iba a acabar con el fundamentalismo de mercado y las creencias que habían dominado en los últimos tiempos en la economía.

Tras el festín neoliberal comenzaba a preconizarse el regreso de Keynes.

nuevatribuna.es | 11.02.2011

Skidelsky, el gran biógrafo de Keynes, escribió un buen libro con este título. Pero todo ha quedado en nada. Sí, se intervino por parte de los gobiernos para evitar la debacle del sistema financiero, y se pusieron en marcha políticas de estímulo. Las medidas se llevaron de algún modo a la práctica por los gobiernos obligados por la necesidad de políticas keynesianas. Pero tras esos primeros momentos de miedo y preocupación, se vuelve a las andadas.

Autores tan destacados como Krugman y Stiglitz han denunciado repetidas veces estas políticas, en las que se han entregado grandes cantidades de dinero a los bancos, pero sin exigir nada a cambio y permitiendo que se vuelvan a repartir bonus a los ejecutivos, tal vez como premio por habernos llevado al borde del abismo. La banca ha sido salvada con el dinero de los ciudadanos, y ahora corresponde a sus salvadores tratando de ahogarles con políticas de ajuste. También determinada prensa, como en estos últimos días la británica, denuncia esta situación y señala que quien gobierna no son los políticos, sino los banqueros, que vuelven a actuar como si nada hubiera sucedido, y como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad en el desencadenamiento de la Gran Recesión. Y lo que es peor, imponen con su poder las políticas que se están llevando a cabo en los países europeos.

A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un informe demoledor en el que se responsabiliza a sí mismo, en la época en que fue dirigido por Rodrigo Rato, de no haber sido capaz de predecir la crisis, y no solamente eso, sino de haber puesto como ejemplo de comportamiento a seguir el de la banca de Estados Unidos e Islandia. El FMI vivió en una burbuja en la que reinaba el optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Como indica el director del FMI actual, Strauss- Kahn, el informe vuelve a poner de manifiesto que esta institución no estuvo a la altura de anticipar la crisis con la suficiente antelación ni de una manera efectiva. Y por eso espera que esta evaluación se tome como una aportación para mejorar la calidad de la supervisión.

En realidad, los fallos en la predicción fueron muchos, tales como que se había olvidado algo que había sucedido en crisis anteriores: la euforia financiera y especulativa que preside los momentos anteriores a cuando se produce el crack. Si los economistas de estas instituciones, en lugar de pasarse el día con los datos a vueltas, hubieran leído más a autores como Galbraith, seguramente no se hubieran cometido tantos errores. Porque fallaron además las agencias de calificación, organizaciones nefastas que tendrían que desaparecer, así como las auditoras, y los bancos centrales. Demasiados errores que ponen de manifiesto que lo que fallaba era todo un sistema financiero y de control y un sistema capitalista que abandonó los principios keynesianos para adentrarse en el camino de teorías económicas neoliberales que habían sido ya rebatidas por la historia.

Las autocríticas deberían servir para cambiar, pero nada de ello está sucediendo. Se han publicado numerosos libros sobre las causas de la Gran Recesión, y aunque con diferencias entre sí, hay una corriente que pone de manifiesto que la responsabilidad viene sobre todo del sistema financiero y de los procesos de desregulación que condujeron a la idea de que los mercados eran eficientes. Se rescata a Minsky como el gran autor que desarrolló la hipótesis de la inestabilidad financiera. Hace poco estaba olvidado, falleció hace unos años, y ahora no hay libro que se precie que no lo cite y lo considere el gran teórico de las crisis financieras. La conclusión a la que llega Minsky era, simplificando mucho, que el capitalismo es un sistema defectuoso cuyo desarrollo si no se limita, llevará a profundas depresiones periódicas y la perpetuación de la pobreza.

Importantes economistas desentrañan los orígenes de la crisis, pero no son escuchados por los órganos de decisión, y el regreso de Keynes no se produce. La economía no está gobernada por los que saben, sino por los poderes económicos y economistas a su servicio. Así nos va, y así nos va a ir de mal en los años próximos. Un libro de reciente aparición en castellano, “Capitalismo”, de Geoffrey Ingham, se ocupa de los teóricos cuya obra más valora: Adam Smith, Marx, Weber, Schumpeter y Keynes. El autor señala que el hecho de que su lista de teóricos clásicos del capitalismo termine con Keynes, que murió en 1946, podría interpretarse como reflejo de una concepción obsoleta de las ciencias sociales y sus preocupaciones anticuadas. Al reflexionar sobre esta posible interpretación, llega a la escandalosa conclusión de que en la segunda mitad del siglo pasado ningún científico social ha añadido algo que sea fundamentalmente nuevo a nuestra comprensión del sistema económico capitalista. Estoy de acuerdo con él y por eso Keynes no regresa, porque no interesa profundizar en la esencia de un sistema y sus muchos fallos.

Carlos Berzosa | Catedrático de Economía Aplicada y rector de la Universidad Complutense de Madrid desde el 23 de junio de 2003, tras ser Decano los catorce años anteriores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha Universidad.

Por VICENÇ NAVARRO

Falsedades sobre las pensiones

Publico.es

El retraso obligatorio de la edad de jubilación se basa en varios supuestos que son erróneos. Por ejemplo, se ha argumentado frecuentemente, por parte de aquellos autores que favorecen tal retraso, que, puesto que la población vive ahora muchos más años que antes, está también en condiciones de poder trabajar durante más tiempo. Se asume que, al haberse incrementado cuatro años la esperanza de vida en España en los últimos 20 años, la gente muere ahora cuatro años más tarde que hace 20 años, lo cual no es cierto. Los que hacen tal supuesto ignoran cómo se calcula la esperanza de vida de un país.

Supongamos que España tuviera dos habitantes: uno, Juanito, que muere al día siguiente de nacer y otro, la señora María, que muere a los 80 años. En esta España de dos ciudadanos, la esperanza de vida promedio sería de (0+80):2=40 años. Pero en un país vecino llamado Vecinolandia hay también sólo dos ciudadanos: uno, Pepito, que no muere al día siguiente de nacer, sino 20 años más tarde y la otra vecina, la señora Julia, que, como la señora María de España, muere a los 80 años. La esperanza de vida promedio de Vecinolandia es de (20+80):2=50 años, es decir, diez años más que en España. Pero esto no quiere decir (como constante y erróneamente se asume) que la señora Julia viva diez años más que la señora María. Lo que ha ocurrido es que la mortalidad de los infantes y jóvenes es mucho más baja en Vecinolandia que en España. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en España en los últimos 20 años: la mortalidad infantil y juvenil ha ido descendiendo, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando. Ni que decir tiene que los mayores (de 65 años y más) también han visto alargada su vida, pero mucho menos que los famosos cuatro años. En realidad, desde el año 1991
ha aumentado sólo 2,3 años.

Un segundo error que se hace es suponer que, puesto que la población vive más años, tal población puede continuar trabajando después de los 65 años, con la misma capacidad y vitalidad de trabajo que tiene a los 65. Se asume, pues, que al vivir más años la edad de envejecimiento también se retrasa. De ahí que se considere (erróneamente) que si ahora las personas que llegan a los 65 años viven 2,3 años más que hace veinte años, tales personas tendrán 2,3 años más de vida saludable, retrasando la edad de envejecer 2,3 años más. Esto no es así. En realidad, la edad de envejecimiento se ha adelantado, en lugar de retrasarse.

Eileen Crimmins y Hiram Beltrán-Sánchez, investigadores del Centro de Geriatría de la Universidad del Sur de California, han publicado recientemente el artículo “Mortality and Morbidity Trends: Is there compression of Morbidity?” (“Tendencias de mortalidad y morbilidad: ¿existe una reducción de la morbilidad?”) en la revista Journal of Gerontology (06-12-10) que analiza la evolución de los años de vida saludable (es decir, vida sin enfermedades) que tiene la población en EEUU. Pues bien, tal estudio concluye que una persona que tenga 20 años ahora, tendrá un año menos de vida saludable durante toda su vida que una persona de 20 años de hace diez años, y ello a pesar de que la esperanza de vida del primero sea mayor que la del segundo. Tales autores subrayan que es un error creer que el hecho de que las personas vivirán más años significa que van a vivir más años con salud. Tal supuesto asume erróneamente que las mismas causas que determinan que la población viva más años determinan también que sean años más sanos, lo cual no es cierto.

De ahí la importancia de tomar como indicadores de vida laboral potencial (es decir, el número de años que el trabajador puede continuar trabajando) el número de años saludables durante la vida de una persona, antes y después de los 65 años, en lugar de considerar los años de vida que tendrá a partir de los 65. Tomando aquel indicador –años de vida sanos–, resulta que tal número ha disminuido en EEUU desde 1998. Se vive más años, pero menos años con salud. Un hombre de 20 años en 1998 puede esperar vivir 45 años más sin tener una de las tres mayores enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Pero estos 45 años descendieron a 43,8 años en el año 2005, es decir, más de un año. En las mujeres jóvenes pasa de 49,2 a 48 años durante el mismo periodo.

Otro indicador es la existencia de problemas de movilidad, definiendo como tal la capacidad de subir una escalera de más de diez escalones, andar más de medio kilómetro o estar de pie más de dos horas sin ninguna ayuda. Un joven de 20 años hoy tendrá –como promedio– 5,8 años de movilidad limitada, comparado con sólo 3,8 años hace diez años, es decir, dos años más. Una mujer joven que tiene 20 años ahora tendrá 9,8 años sin movilidad, comparado con 7,3 años hace diez años.
Todos estos datos muestran que hemos podido retrasar el año en que nos morimos, pero no necesariamente retrasar ni la edad de envejecimiento ni la cantidad de enfermedades que tenemos. Desde 1998 a 2006 pudimos retrasar, por ejemplo, la mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares entre los varones de edad avanzada, pero no el inicio de esta enfermedad crónica. Lo mismo en cuanto al cáncer y la diabetes, que han crecido, por cierto, durante estos diez años, sobre todo en las poblaciones de más de 30 años. Es decir, se ha mejorado el diagnóstico de las enfermedades y la supervivencia de los enfermos, pero no hemos reducido o eliminado tales enfermedades crónicas.
Pero lo que es incluso más preocupante es que existe un gradiente de cronicidad según la clase social del individuo, de manera que las limitaciones de movilidad y salud son más acentuadas en las clases populares que en las clases de renta alta (que son las que tienen mayor influencia política y mediática en nuestras sociedades). Todos estos datos son ignorados en la propuesta de retrasar obligatoriamente dos años la edad de jubilación.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Los derechos sindicales en la crisis

INFORME CSI 2010: Más 100 sindicalistas asesinados.

Aunque en los países en los que hay juego democrático el problema de la hostilidad o aislamiento mediático de las posiciones sindicales tiene una importancia grande, no es, sin duda, el más duro de los ataques que sufren el sindicalismo en el mundo, agudizados por las consecuencias de la crisis y por los conflictos sociales que el modelo de salida de la misma implican.

nuevatribuna.es |

Durante el pasado año, y especialmente a partir del momento en que se convocó la huelga general del 29 de septiembre, el sindicalismo confederal español ha sufrido una durísima campaña de prensa denigratoria por parte de los medios de comunicación de orientación derechista como no se ha conocido desde la recuperación de la democracia.(LEER MÁS)

ESTUDIO SOBRE EL GASTO SANITARIO de la ADSP

"La crisis la está pagando la sanidad pública"

Asociaciones para la defensa de la sanidad pública denuncian las “preocupantes” diferencias que existen en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas.

Concluyen que las comunidades gobernadas por partidos conservadores sufrirán mayores recortes en las dotaciones destinadas a la sanidad.

nuevatribuna.es (LEER MAS)

Revista de Administración Sanitaria “Siglo XXI”

En nuestra sección de la WEB de Estudios e Informes.

La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: los profesionales sanitarios y la ciudadanía.

Editorial por Elena Arias Menéndez, del Equipo Editorial y Gerente del SESPA…

¿Cómo contribuyen la política, la planificación y las relaciones con la ciudadanía y con los profesionales a su mantenimiento?...

Con artículos de:

Luis Ángel Oteo Ochoa, Departamento de Desarrollo Directivo y GSS. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Francesc Moreu Orobitg. CSC Consultoria i Gestió, SA.

Luis Rosado Bretón. Secretario Autonómico de Sanidad. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

Ángela Blanco Moreno y Marta Adiego Estella. Instituto de Estudios Fiscales.

Beatriz González López-Valcárcel y Patricia Barber Pérez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

M.ª Cruz Reguera Andrés. Secretaria General. Consejería de Sanidad. Gobierno de Cantabria.

F. Javier Sánchez- Pego. Magistrado del Tribunal Supremo.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Director del Departamento Laboral de Garrigues.

Entre otros…

VER ENLACE CON LA REVISTA

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC

La banca culpable

Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, fue el primer economista que alertó de la existencia de una burbuja inmobiliaria en EEUU y de las consecuencias que el estallido de tal burbuja tendría para la economía estadounidense. El establishment económico (los economistas en puestos de dirección de la Administración Bush junior, así como las lumbreras del mundo académico universitario) ignoraron completamente tal aviso, reproduciendo una imagen de complacencia con la situación de la economía, a la vez que mantenían unos comportamientos cómplices con los grupos de presión responsables de la burbuja inmobiliaria (entre los cuales hay que destacar a la banca).

En EEUU acaba de estrenarse el documental Inside Job que muestra la génesis de la crisis económica y financiera de EEUU, incluido el estallido de la burbuja inmobiliaria, señalando la gran responsabilidad que centros universitarios de formación y análisis económico tuvieron (a través de sus servicios de asesoría a la banca-Wall Street) en el desarrollo de tales crisis. Los guardianes de la “ortodoxia económica neoliberal”, que promocionaban la sabiduría convencional económica, marginaban y silenciaban las escasas voces críticas a tal pensamiento único. Voces críticas como las de Dean Baker eran ignoradas sistemáticamente.

La burbuja, sin embargo, estalló y creó una enorme recesión. Ninguna de las voces del establishment neoliberal admitió su error. En realidad, lo que Dean Baker estaba señalando era fácil de prever. Las prácticas especulativas del complejo bancario-inmobiliario estaban creando una situación explosiva que se basaba en unos precios exagerados e irracionales de las viviendas, muy por encima del nivel de los salarios que pudiera sostener el consumo de tales viviendas.

El estallido inmobiliario se debía a esta enorme distancia entre el precio de la vivienda y el nivel salarial del pueblo estadounidense. La explosión de la burbuja significó el colapso del sector inmobiliario y la paralización de la construcción. Y consecuencia de la centralidad de tal sector en el crecimiento económico, el colapso significó la Gran Recesión de la economía.

La manera de salir de ella era mediante el aumento del gasto público, que cubriera, en parte, el vacío que había creado el colapso del mercado de la vivienda, estimulando así la economía. Y otra medida necesaria era la bajada muy significativa del precio de la vivienda, que se calculó estaba sobrevalorada en un 30% (en algunas partes del país, como California, incluso un 70%). Tal reducción era esencial para reavivar el sector de la vivienda. Dean Baker acaba de escribir otro libro, False Profits. Recovering the Bubble Economy, en el que indica que, a no ser que los precios de la vivienda bajen más, la economía estadounidense no saldrá de la Gran Recesión.

Lo que hace especialmente interesante la lectura del libro de Baker es que las semejanzas con la situación española son enormes, semejanzas que también acaban de señalarse en un artículo reciente de The New York Times (18-12-10). Como en EEUU, en España el complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el eje del crecimiento económico. Y también, como en EEUU, la burbuja se basó en el comportamiento especulativo de la banca, que determinó, en consecuencia, unos precios artificialmente altos, muy por encima de la capacidad de compra de la población española, que se endeudó enormemente. Y de nuevo, como en EEUU, las autoridades públicas estimularon el comportamiento especulativo (mediante, entre otras medidas, la desregulación del suelo) del complejo bancario-inmobiliario. Y como en EEUU, el comportamiento del Banco Central fue de una enorme dejadez en su responsabilidad reguladora y supervisora. La responsabilidad del Banco de España y de su gobernador en el establecimiento de la burbuja y su explosión no ha sido menor. Su complicidad con la banca adquirió un nivel tal que debieran exigírsele responsabilidades.

Pero tal complicidad, según The New York Times (18-12-10), continúa en España. Así, no sólo Dean Baker sino muchos otros expertos internacionales señalan que el precio de la vivienda en España debiera bajar mucho más (un 30%) de lo que ha bajado (sólo un 12%). Si no se produce un mayor descenso, equilibrando el precio de la vivienda con el nivel adquisitivo de la población, no habrá reavivación del mercado inmobiliario y no habrá recuperación de la economía.

Y aquí, de nuevo, el problema está en el excesivo poder de la banca española (hoy una de las mayores propietarias de viviendas vacías), que no quiere bajar más los precios a fin de no aumentar sus pérdidas y mantener su nivel de beneficios. Y, paradójica y sorprendentemente, las autoridades públicas no están interviniendo para forzar la venta de tales viviendas (prohibiendo, por ejemplo, que existan viviendas vacías) y con ello bajar el precio de la vivienda. En realidad, están haciendo todo lo contrario. Nada menos que la segunda autoridad económica del Gobierno Zapatero, José Manuel Campa, ha indicado que “el precio de la vivienda ha bajado ya suficientemente”, apoyando las declaraciones casi idénticas del gobernador del Banco de España que, como siempre, apoya a la banca a la cual debiera supervisar y regular. En realidad, el grado de complicidad entre el Banco de España y la banca explica la desconfianza que existe fuera de España hacia la tan promovida “salud del sistema bancario español”. Hoy, nadie conoce el grado de morosidad existente en España ni el porcentaje de viviendas vacías existente en el mercado español. Y esta falta de confianza es la que está retrasando la recuperación económica. Y, mientras, el gobernador del Banco de España está acusando a los sindicatos de ser responsables de la escasa recuperación económica por su defensa de los puestos de trabajo.

Artículo publicado en el diario Público 

Bernardo Fernández, Sosa Wagner, Sergio Marqués, Leopoldo Tolivar, Ramón Punset, Carlos Monasterio, Ignacio Villaverde, Ramón Durán y Emilio Huerta 'Triqui', coinciden en la validez del modelo autonómico

Larga vida al Estado de las Autonomías

Coincide la mayoría en la necesidad de que Estado garantice la igualdad en la prestación de los servicios básicos sea cual sea el territorio

Nueve expertos defienden la vigencia del modelo aunque observan anomalías «corregibles»

27.12.10 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | GIJÓN, en El Comercio.

La crisis ha puesto al desnudo las dificultades de las administraciones para cuadrar sus números. Esta coyuntura ha sido aprovechada por algunos sectores políticos y sociales para poner en evidencia el Estado de las Autonomías, que ha sido el escenario sobre el que se ha construido durante las últimas tres décadas el desarrollo de España. Nueve expertos de ámbitos académicos, políticos y sindicales han sido consultados por EL COMERCIO para abordar un debate que para algunos no tiene fundamento. Reconocen que el modelo actual tiene deficiencias pero en ningún caso, coinciden, es motivo suficiente para dudar de su credibilidad y poner en tela de juicio su vigencia en el tiempo.

«Todo necesita adaptarse a la realidad de cada momento», resume el ex vicepresidente del Gobierno asturiano y actual presidente del Consejo Consultivo, Bernardo Fernández. En su opinión, el desarrollo del modelo ha sido «muy razonable» y recuerda que ha permitido mejorar la participación política de los ciudadanos y la prestación de los servicios públicos. «Eso no quiere decir que no se hayan manifestado ciertas disfunciones», advierte, mientras destaca la conveniencia de empezar a discutir sobre la capacidad de coordinación que debe corresponder al Estado para garantizar el sostenimiento de algunos servicios públicos.

Más explícito en su discurso en Francisco Sosa Wagner. El eurodiputado de UPyD pide mecanismos de «alta inspección» por parte del Estado en prestaciones como la educación o la sanidad «para garantizar la igualdad de todos los españoles», en la misma línea de lo que ya se está debatiendo en Europa respecto a los presupuestos de los países miembros. Lamenta la situación que se ha generado con «17 ’Estaditos’» que han llevado, asegura, a un «despilfarro» en una nación pequeña como España que ahora se revela como algo «desastroso».

Sergio Marqués, por su parte, cree que no falla el modelo pero sí quien lo gestiona. El ex presidente del Principado pone un ejemplo: «Si un Ayuntamiento tiene problemas económicos nadie piensa que deba desaparecer por ello», argumenta antes de reclamar de las administraciones autonómicas una respuesta «más adecuada». Pide, asimismo, que se establezcan «sistemas de control» dentro de un marco de juego general. «No estamos hablando de estados soberanos, sino de elementos que integran un estado soberano», precisa.

«No se puede sacralizar un modelo y pensar que hay otras tendencias más economicistas», reflexiona el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar. No rechaza ninguna iniciativa que suponga racionalizar el gasto, pero cree que ese cambio debe producirse desde la serenidad y no en un contexto como el actual, marcado por la crisis. «Debemos saber si queremos un federalismo más eficiente o centralizar algún servicio», se pregunta Tolivar, que lamenta la «asimetría» del actual sistema autonómico. «Al permitir territorios feudales se quebró el modelo y se rompe cualquier derecho de igualdad», advierte. No obstante, pone sobre la mesa una referencia importante: la Constitución permite establecer líneas de armonización que no dejan de ser mecanismos de coordinación entre las comunidades. «El Estado debería reforzar esa posibilidad», reclama antes de pedir un consenso entre los territorios, pero también entre los dos grandes partidos.

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, la sentencia del Constitucional sobre el ’Estatut’ estableció un antes y un después en el modelo. «Se ha reafirmado -explica- en su integridad el modelo de Estado autonómico, pero ha dejado claro que a los nacionalistas no les satisface porque quieren más». Aunque duda y mucho de que PSOE y PP se pongan de acuerdo sobre el futuro del modelo, considera «necesario» también abrir un periodo de reflexión sobre las virtudes y defectos del sistema. Ante las dos opciones que, a priori, se barajan, Punset advierte del sistema confederal que persiguen los nacionalistas frente a los defensores del modelo autonómico que, como él, abogar por perfeccionar los mecanismos existentes para ganar en eficacia. Ante aquellos que preconizan la necesidad de «recentralizar» algunos servicios, Punset lo tiene claro: «Volver al modelo unitario es totalmente utópico».

Es precisamente este planteamiento, hecho desde algunos sectores políticos, lo que causa sorpresa en algunas personas. Es el caso de Carlos Monasterio. Este catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo cree que es una «exageración» llamar debate a una propuesta que pone en tela de juicio el modelo de Estado autonómico. «Cuando hay una caída económica tan grave, todas las administraciones, incluidas las comunidades, lo notan, pero de ahí a decir que las autonomías son las culpables es un tremendismo que no se sostiene», afirma. Monasterio reconoce que se han hecho cosas mal y pone como ejemplo las inversiones de relumbrón «que nadie se ha parado a pensar su coste ni el gasto que supone su mantenimiento». Eso no significa, matiza, que se pueda plantear una vuelta atrás. Si bien aboga por cortar el excesivo gasto, cree que es necesario huir del populismo político. En este sentido, muestra su resignación por la sensación «desalentadora» que produce el bajo nivel político y critica la posibilidad de que se extienda el sistema de conciertos. «Si los territorios con rentas elevadas tienen privilegios fiscales eso sería una mala noticia para el resto», alerta.

Otro que hace una defensa a ultranza del modelo es Ignacio Villaverde. Este profesor de Derecho Constitucional cree que los ataques que se han producido «no tienen mucho fundamento» y pide que no se mida el sistema por sus «patologías». «El modelo -añade- ha permitido que haya un sistema administrativo más cercano al ciudadano y mejor adaptado a los contextos regionales». Sin embargo, admite que las estructuras descentralizadas son más caras, aunque también observa su aspecto positivo: «Hay un punto competitivo que hace que todos se tengan que espabilar más y el reparto de los recursos sea más eficiente», resume. Sobre la posibilidad de devolver competencias, Villaverde considera que el error fue del Estado al aceptar inicialmente la cesión a las comunidades. «Debería haber dicho que no porque las comunidades no tienen capacidad económica para asumir esas atribuciones», señala, al tiempo que critica la política del ’café para todos’, y advierte de que las condiciones de las autonomías no son las mismas ahora que cuando asumieron la gestión de estas transferencias.

Utilidad del modelo

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo Ramón Durán también echa la mirada atrás para resaltar la «utilidad» del modelo cuando se puso en marcha. «Apaciguó a los nacionalistas y sus reivindicaciones», explica. Sin embargo, tiene la sensación de que aquel proceso se ha «desbocado» con el paso del tiempo. Apunta a la «reiteración» de organismos de las distintas administraciones con las mismas funciones que hacen «inviable» el modelo como esta ahora mismo. «En España -apostilla- tenemos un sistema de competencias difusas y mantenemos a 3,5 millones de funcionarios». Además, advierte de que es necesario garantizar la igualdad entre los territorios, al igual que un sistema fiscal solidario. «O, de lo contrario, el sistema quiebra en su base», afirma. Aboga, igualmente, por la devolución de algunas competencias al Estado. Una iniciativa que, asegura, no significa «negar autonomía».

Desde la clase sindical, Emilio Huerta ’Triqui’ avala el modelo de las autonomías, aunque reconoce que ha existido cierto «descontrol» por parte de los gobiernos autonómicos. «En algunos casos se han convertido en reinos de taifas», afirma el ex secretario general de CC OO de Asturias. Critica, por ejemplo, la creación de «excesivos ’chiringuitos» que, en su opinión, «han engordado el gasto». Igual de lamentable es, a su juicio, que la derecha se quiera aprovechar para plantear un cambio del sistema. ’Triqui’ advierte de los riesgos que hay sobre la sostenibilidad de los servicios públicos para el futuro. «Viendo lo que pasó -resume- nunca hubiera traspasado la sanidad o la educación». La defensa del modelo es, por tanto, compartida por la mayoría, aunque todos advierten de los fallos de un sistema que debe resetearse ante los retos del futuro.

Del invisible anteproyecto de Ley para agilizar los procesos contencioso-administrativos

Como regalo de Papa Noel, la semana pasada el Consejo de Ministros analizó el informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrartivos.

Las novedades serán sustanciales y afectarán a la clásica concepción del proceso contencioso-administrativo. 

1. A falta de acceder al texto literal del Anteproyecto ( pues parece que el Consejo de Ministros no lo ha aprobado sino que lo ha “debatido”, sutileza que nos permite considerarlo un globo sonda),  hemos de quedarnos con lainformación oficial de su alcance ofrecida por el Gobierno ( hasta que “wikileaks”  lo coloque en la red para público conocimiento) y que se centra en los siguientes aspectos: (LEER MÁS)