OPINION

La “privada” tiene garantizados los beneficios empresariales siempre ¡¡es el negocio redondo!!... ¿o deberíamos llamarlo estafa?

La cesión a empresas de la gestión sanitaria abre las puertas al aseguramiento privado pagado con dinero público

Un estudio legal entiende que el modelo de concesión de Madrid descapitaliza los hospitales públicos para garantizar la rentabilidad de los centros cedidos a empresas

Raúl Rejón, en eldiario.es

Un informe jurídico concluye que el modelo de privatización de hospitales escogido por la Comunidad de Madrid para seis de sus centros es en realidad un camino para que el Gobierno regional pague un seguro sanitario privado que cubra mediante el pago de una prima la asistencia. “Cabría incluso el supuesto hipotético de que el hospital concesionado no prestara servicio alguno porque ningún paciente lo eligiera y esto no supondría que el concesionario incumpliera sus obligaciones”, cuenta el documento del bufete López Rodó y Cruz Ferrer, encargado por la asociación de facultativos AFEM (los mismos letrados que redactaron el informe de inconstitucionalidad usado y presentado por el PSOE contra los planes del Gobierno de Ignacio González).

El análisis de los pliegos publicados por la Consejería de Sanidad abunda, además, en que el sistema ideado por la Administración para liquidar los pagos entre la Comunidad de Madrid y las contratas que dirijan los hospitales supone alimentar las cuentas de las empresas a base de “ descapitalizar los hospitales que aún son gestionados públicamente”. A grandes rasgos, lo que explican en el informe es que el Servicio Madrileños de Salud (SERMAS) abonará mensualmente hasta el 95% del precio por cápita acordado con las empresas. Además, los hospitales 100% públicos deberán asistir a los pacientes que acudan a esos centros aunque sean la población asignada por los contratos a los centros privatizados. Madrid calcula esos servicios en unos 280 millones de euros al año. La teoría dice que “anualmente” se hará una liquidación y las concesionarias deberán devolver el dinero de los pacientes que se derivaran a otros centros (o acudieran a ellos en virtud de la libre elección de especialista que rige e la región).

“La cuestión clave es que los grandes hospitales públicos no disponen de unos servicios informáticos que les permitan identificar a cada paciente que ingresa procedente de un hospital de gestión privada y por tanto facturarles todos y cada uno de los servicios que le presten” dicen los profesionales. El SERMAS pagará “por servicios que no se prestarán sino que harán otros hospitales que al no poder acreditar cada servicio mediante las correspondientes facturas intercentros no lo cobrarán y el dinero se lo quedarán las empresas”, concluyen.

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El “Puntadas sin hilo” de hoy de Arturo González

El atraco de las pensiones

publico.es

 

Está a punto de perpetrarse el mayor y más grave atentado contra el bienestar de los españoles. Las pensiones van a ser revisadas a la baja por el Gobierno, siguiendo órdenes de Bruselas-Merkel, y para ello se escudará en el informe del Comité de expertos nombrados ad hoc, en su mayoría coincidentes ideológicamente con las más duras tesis neoliberales, ya saben ustedes qué significa.

 

Los ocho millones y medio de pensionistas actuales sufrirán estos cambios desde el uno de enero del próximo año, y la argucia que empleará el Gobierno para la rebaja será que no se revalorizarán automáticamente según el índice del coste de la vida, sino que se aumentarán o disminuirán en función de la situación económica del país. Imaginen. (Nota para los trolls de la acérrima derecha: estamos hablando de este Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad ahora, no contesten por favor que el anterior de Zapatero también las congeló)

 

Aun siendo los pensionistas los ciudadanos más indefensos frente a los atropellos del poder, y como si el dinero fuese un generoso regalo que se les hace mensualmente y no de ellos como fruto y depósito de lo que han cotizado a lo largo de sus vidas, el Gobierno cometerá la villanía de incumplir la última de sus promesas incumplidas, y disfrazada de ajuste técnico a los nuevos sistemas de medición, en un alarde más de prostitución del lenguaje. A un pensionista que cobre 900 euros, el hecho de que cada año la minusvaloren un dos o tres por ciento le supone una merma notable en su lucha por la vida, amén del copago de medicamentos y otras minucias. Lo sorprendente será que, no obstante, los pensionistas, pero en una muy inquietante parte les seguirán votando. Cosas de la edad. Lo de las pensiones creíamos que constituía la barrera del sonido del voto, pero no es así. Hasta los viejecitos y demás pensionistas encontrarán razones para no desertar. Pobres pero tercos y asustadizos. Los rojos son mucho peores.

 

Esto en cuanto a los pensionistas actuales. Para los futuros, o sea muchísimos de ustedes, también preparan la delicia de que sus pensiones se calcularán, aparte de la obligación de cotizar muchos más años, en atención a la esperanza de vida y no de lo que hayan cotizado, abriendo la vía para que se reduzcan entre un 6% y un 12%, que no está mal como castigo. También se habla de que se tendrá en cuenta el patrimonio del pensionista, a más patrimonio, por poco que sea, menos pensión. De modo que no ahorren, por favor, los que puedan, claro.

 

Las pensiones se han convertido en el juguete sádico del Gobierno, en el instrumento de tortura preferido para el final de la vida. Debe de ser que los pensionistas también han vivido por encima de sus posibilidades. Resulta preocupante que este atraco no conmociones a quienes aún ven lejana su condición de pensionistas, como si a ellos no les fuera a llegar. Una irresponsabilidad social colectiva en la que debería ser la verdadera causa para rebelarse contra el Gobierno, contra los empresarios, contra los sindicatos, y contra Europa. Las pensiones son el tiro de gracia que le van a dar a los españoles. Por gastones. No hay derecho a que se enriquezcan y lleven una vida de molicie con unas cantidades tan desorbitadas como las pensiones españolas, cuya media de es 884,97 euros. Las de los políticos siguen siendo máximas (2.548) por tiempos de cotización mínimas. ¡Ele, la demagogia!

Publicado el pasado jueves en Redacción Médica, espacio “firma invitada”

Las horas extra en Sanidad: cómo crear empleo y ahorrar a la vez

Por Luis Vega, enfermero del Servicio de Atención Continuada del Área IV (Oviedo) del Servicio de Salud de Principado de Asturias

La mayoría de la población sabe que en los centros de salud a partir de las 15:00 un equipo sanitario (médico y enfermera) atiende las urgencias. Son las guardias de atención primaria y representan unas horas extras (complementarias) en la jornada del personal sanitario. En el hospital también se hacen guardias pero en este caso me referiré a las horas conocidas como “peonadas hospitalarias”. Estas no son las guardias que todos conocemos, sino unos “módulos de trabajo de cuatro horas” con los que se pretende, por ejemplo, que haya menos pacientes en la lista de espera quirúrgica o completar tratamientos ambulatorios largos que sobrepasan el horario habitual hasta las 15:00 y requieren que el personal sanitario haga “horas extras”.

En la organización laboral del tiempo de trabajo se tiende a considerar las horas extras como una necesidad circunstancial en un momento determinado. Sin embargo, las guardias de atención primaria son parte de la organización programada, permanente del trabajo, no son circunstanciales sino estructurales. Con las peonadas hospitalarias durante muchos años pasaba lo mismo ya que las listas de espera siempre las hacían necesarias. A pesar de esta situación laboral, siguen ofreciéndose al personal de plantilla y constituyen un “jugoso” complemento retributivo. Esta decisión en la gestión de los recursos podría tener una explicación económica (es más barato) o una insuficiencia de personal (pleno empleo) pero la realidad es muy distinta ya que es más caro y además significa el pluriempleo público para unos y el desempleo para otros:

- El despilfarro económico:

Atención primaria. Cada 150 horas de guardia (una jornada mensual) suponen un coste bruto de 2.342 euros mensuales si las realiza la plantilla y 2.568 euros si se contrata a una enfermera demandante de empleo. Es decir, con una inversión de 226 euros mensuales se estaría creando un puesto de trabajo. Es incuestionable que la sociedad recuperaría con creces este modesto esfuerzo inversor de la Administración para crear una vacante. Pero, además, es muy probable que esta enfermera contratada estuviese cobrando la prestación por desempleo que supone un coste total de 1.343 a 1.725 euros mensuales, según sus cargas familiares. Esto supone que con su contratación, todos los contribuyentes, nos ahorraríamos entre 1.100 y 1.500 euros al mes y además estaríamos creando un puesto laboral.

Las peonadas hospitalarias. Módulo de 4 horas de quirófano de enfermería: 171 euros + 23,60 por ciento cotización Seguridad Social. La hora de peonada hospitalaria quirúrgica de una enfermera supone, por tanto, un coste bruto de 52,83 euros/hora Es decir, 150 horas (una jornada mensual) de peonadas suponen un coste de 7.924 euros brutos mensuales si las hace la plantilla. Si contratásemos a una enfermera demandante de empleo para realizar esas peonadas como su jornada ordinaria de 150 horas al mes nos supondría un coste de 2.805 euros brutos mensuales. Es decir, la hora de trabajo tendría un coste bruto de 20,33 euros brutos /hora. Por lo tanto, nos estaríamos ahorrando 5.119 euros mensuales con la contratación de una enfermera para hacer esas peonadas. Pero además es muy probable que esa enfermera estuviese cobrando la prestación por desempleo lo que supone el coste total ya conocido de 1.343 a 1.725 euros mensuales. Esto quiere decir que con su contratación, todos los contribuyentes nos ahorraríamos entre 6.500 y 6.800 euros al mes por cada nuevo contrato, es decir, además de ahorrar más de 6.500 euros mensuales se crearía un puesto de  trabajo.

Este sobrecoste de las peonadas hospitalarias es el mismo que había en el año 2010, en plena crisis económica, y en ese año se podían leer noticias como esta: “190.000 euros al mes por peonadas en el Hospital de Cabueñes de Gijón” (Diario El Comercio: 14/10/10). Actualmente se lee en los medios de comunicación declaraciones de algunos políticos y de muchos profesionales de la plantilla asegurando que si el aumento de la jornada supone la eliminación de las peonadas también aumentará la lista de espera quirúrgica, por ejemplo. Los cálculos anteriores demuestran que cualquier peonada pagada al personal de la plantilla desacredita la gestión de los recursos públicos. Si la plantilla actual y la organización del trabajo no son suficientes para reducir las listas de espera y hacen necesaria la realización de esos módulos de 4 horas, estos deben ser ofrecidos siempre a los demandantes de empleo creando puestos de trabajo y lo que debe desaparecer, por tanto, es la peonada como tal, pero no la programación de ese trabajo.

- El desempleo sanitario. Se lee en diferentes publicaciones sanitarias que la actual crisis económica supone un éxodo masivo de excelentes profesionales de enfermería al extranjero ( por ejemplo, enfermeras con formación quirúrgica). Actualmente en la “bolsa de demandantes de empleo” del área sanitaria IV (Oviedo) están inscritos más de 3.800 profesionales de enfermería, de los cuales alrededor de 2.000 tienen menos de 1 punto en su baremo de méritos. La mayoría de estos últimos sólo trabajarán algún mes en las sustituciones de verano. Mientras tanto, personal de plantilla con su puesto fijo verá incrementadas su retribuciones durante todo el año con horas extras que podrían hacer profesionales en el paro. Sirva como demostración este ejemplo reciente: una enfermera de un equipo de atención primaria del Área sanitaria IV, que ya cobraba 136 horas extras al mes, solicita hacer más horas extras y la Gerencia se lo permite. Actualmente se ha apoderado de una media de 200 horas extras al mes. A partir de ahora todos los meses cobrará 344 horas (150 de su jornada ordinaria y 194 extras en guardias) a sus retribuciones básicas de 3.000 las horas extras. Es evidente que se apodera de horas de trabajo que supondrían un empleo de otra enfermera que está en el paro y además nos sale más caro a todos los contribuyentes.

Por lo tanto, al despilfarro económico de recursos públicos se añade la inmoralidad social del pluriempleo público para unos y el desempleo para otros. ¿Es todo esto un ejemplo de lo que significan para la Administración y los sindicatos las llamadas “políticas activas de empleo”...darle más empleo al que ya lo tiene?

Simplemente un buen artículo

Una cruzada contra la libertad reproductiva

Debemos respetar los valores sobre el aborto del ministro Gallardón mientras se limite a aplicarlos en su vida privada; pero no es de recibo que ponga el aparato coercitivo del Estado al servicio de la moral católica

Por Jesús Mosterín (*)

21.05.13 en TRIBUNA de El País.

 

El primer ministro de India, el sij Manmohan Singh, siempre luce turbante. Los sijs piensan que los cabellos forman parte de nuestra naturaleza, que crecen por la gracia de Dios y que no hay razón alguna para cortarlos. No se los cortan nunca, sino que los arremolinan sobre la cabeza y los cubren con el turbante. En resumen, los sijs prohíben cortarse el pelo, pero se lo prohíben a sí mismos, no a los demás. El sijismo es una religión tolerante. Y Singh es uno de los líderes políticos más respetados del mundo actual. Aunque es el jefe del Gobierno, y aunque él no se lo corta, no se le ocurriría prohibir el corte de pelo al resto de los indios ni imponer el turbante a golpe de decreto. Singh es un auténtico demócrata, que no pretende abusar del monopolio legal de la violencia que ejerce el Estado para imponer las opiniones y valores de su secta a los ciudadanos que no las comparten.

 

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tantas cosas hizo mal, hizo bien algunas, como la ley orgánica de 2010 que despenaliza la práctica voluntaria del aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo. Con esta ley tan moderada y poco original, no hacía sino adaptar la legislación española a lo que es normal en toda Europa (con la excepción de Irlanda y Polonia, bloqueadas por la tremenda interferencia eclesiástica) y en casi todo el mundo desarrollado, desde Estados Unidos y Canadá hasta China y Japón, pasando por India, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, etcétera.

 

En su gestión al frente de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón sobresalió como el alcalde más derrochador de España, acumulando los mayores déficits y los más abultados impagos a proveedores, multiplicando la deuda de la ciudad por cuatro y haciéndola seis veces mayor que la de Barcelona. Es sorprendente que un Gobierno como el de Rajoy, enfocado en la reducción del déficit, lo premiase nombrándolo ministro. Y es asombroso que le permita desviar la atención política desde la resolución de la grave crisis económica actual hacia las anacrónicas reivindicaciones episcopales sobre el aborto. En cuanto tomó posesión de su cargo, Gallardón anunció una cruzada contra las mujeres que quisieran ejercer su libertad reproductiva. Las decisiones sobre el embarazo no las deben tomar las embarazadas, sino los obispos, como en Irlanda, donde las mujeres se van a abortar a Inglaterra. Más adelante, y en plan displicente, indicó que no iba a meter en la cárcel a las mujeres que quisieran abortar (aunque no aclaró si les pagaría el viaje a Inglaterra), pues en realidad eran víctimas. Desde luego, si se cumplen sus planes, serán víctimas de Gallardón. Todos debemos respetar las ideas y valores católicos fundamentalistas del ministro mientras se limite a aplicarlas en su vida privada o en el entorno de sus correligionarios, como hace Singh en India. Lo que no es de recibo es que pretenda poner el aparato coercitivo del Estado al servicio de la imposición de la moral católica a los no católicos.

 

En nuestra especie, el desarrollo uterino dura unas 39 semanas, las primeras ocho de las cuales constituyen el periodo embrionario, en el que más de un tercio de los embriones abortan espontáneamente, sin que la madre ni siquiera se entere. La mayoría de los abortos inducidos (en Inglaterra, el 70%) se producen también durante el periodo embrionario. A partir de la novena semana, el embrión pasa a llamarse feto. El feto, que inicialmente pesa unos ocho gramos, va creciendo y desarrollándose todo el tiempo hasta el nacimiento. Las conexiones tálamo-corticales del cerebro, que son esenciales para el posterior desarrollo de percepciones y sentimientos, no empiezan a formarse hasta las 28 semanas. Por eso es seguro que en las primeras 14 semanas no hay posibilidad alguna de actividad psíquica o vida personal. Naturalmente, el embrión es un ser vivo, pero también lo es el mosquito e incluso las bacterias. La mayoría de las mujeres embarazadas quieren llevar a término su embarazo y parir un bebé sano; ese bebé es lo más importante del mundo para ellas. El aborto siempre es un trauma y ninguna mujer lo realizaría a la ligera. La creación de un nuevo ser humano es un milagro maravilloso, pero la elección del momento oportuno para producir milagros en el vientre de una mujer debe realizarla esa mujer, no el ministro u obispo de turno. Por eso casi todos los países desarrollados han adoptado leyes de plazos como la española actual. No hay razón alguna para variarla.

 

Especialmente inquietantes son los anuncios de Gallardón de que quiere obligar a los padres que han tenido la desgracia de concebir un feto con graves malformaciones a llevar a término el embarazo, condenándolos a ellos, al hijo y a la sociedad a incontables sufrimientos inútiles y sin esperanza. Un gran progreso del mundo civilizado ha consistido en que las madres se enteren por adelantado de si han tenido la mala suerte de concebir un embrión malformado que no ha abortado espontáneamente (como suele suceder) y así puedan provocar su aborto inducido. Como declaraba recientemente una madre valenciana que acababa de abortar un feto con síndrome de Down y varias otras malformaciones, “prefiero llorar un mes que llorar toda la vida”. Desde luego, los padres que decidan llevar a término el embarazo del feto defectuoso y que deseen sacrificar sus vidas por criarlo, merecen respeto y apoyo, aunque no suele ser eso lo que elige la mayoría de la gente razonable en ningún país del mundo. Los padres que prefieran tener hijos capaces de vivir una vida humana en plenitud también tienen derecho a abortar cuando los dados genéticos les hayan sido desfavorables y a ensayar una nueva partida. La reproducción y la gestación de un hijo son algo demasiado importante para dejarlo al albur del azar. En cualquier caso, es a los padres, y no a Gallardón, a quienes corresponde decidir.

 

Tanto el partido republicano de Estados Unidos como el PP de España son conglomerados, que, junto a conservadores y liberales, incluyen una facción de extrema derecha cristiana, monotemáticamente obsesionada por su oposición a la libertad reproductiva de las mujeres y por su celebración de la enfermedad y la malformación de los fetos como pruebas a las que Dios nos somete para hacernos sufrir en este valle de lágrimas; esta inversión en sufrimiento será recompensada en ultratumba al ciento por uno. Dios nos libre de estos asesores en inversiones escatológicas y de su timo de la estampita. Los republicanos estadounidenses han perdido las dos últimas elecciones en parte por la ultraderecha cristiana, que atrae a votantes extremistas en las primarias, pero provoca rechazo entre la mayoría moderada de los electores.

 

Sarah Palin, compañera de candidatura del republicano Cain en las elecciones de 2008, siempre ha presumido de negarse a abortar su feto Trig con el síndrome de Down, lo que le valió una gran popularidad entre los fanáticos antiabortistas, pero al final quitó votos a Cain, que perdió las elecciones. En los últimos comicios (en 2012), el ultraderechista cristiano Rick Santorum estuvo a punto de arrebatar la candidatura republicana a Mitt Romney, al que acorraló con su retórica, obligándolo a adoptar posiciones más extremas y menos atractivas para el público que las que habitualmente había defendido. El programa de Santorum se reduce a una glorificación demencial del sufrimiento, la enfermedad y la malformación. No solo se opone (sin éxito) a todo aborto, incluso tras una violación, sino que incluso ha dedicado su propia vida a tan extraño empeño. Su hijo Gabriel era un feto inviable que nació prematuramente (a las 20 semanas) y murió de inmediato. No obstante, Santorum y su mujer se empeñaron en dormir con el cadáver en el hospital, lo llevaron a casa y lo presentaron a sus otros hijos como su “hermano Gabriel”. En 2008, y contra la opinión de los médicos, se empeñó en que naciera su hija Isabella, con malformaciones tan graves como la letal trisomía 18 (tres copias del cromosoma 18). Esa pobre criatura ha pasado su breve vida en quirófanos. De todos modos, tanto Palin como Santorum son belicistas acérrimos, defensores de todas las guerras y partidarios a ultranza de las armas de fuego y de la Asociación Americana del Rifle.

 

(*) Jesús Mosterín es filósofo y autor de La naturaleza Humana (Espasa) y El reino de los animales (Alianza, 2013).

En el espacio “Otras miradas” de Público.es

El desmantelamiento de la Sanidad Pública

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

La Sanidad Pública, el Sistema Nacional de Salud en España, es el resultado de un esfuerzo solidario de las personas más sanas y con más medios económicos a favor de quienes están más enfermos y son más pobres. Su gran aprecio internacional proviene del hecho que, hasta ahora, era una Sanidad con acceso prácticamente universal, sin barreras económicas para su uso y con una potente atención primaria que favorecía la calidad y la accesibilidad de sus prestaciones.

De manera agregada, es decir para el conjunto del sistema, su eficiencia era incuestionable, porque teniendo una elevada calidad de sus prestaciones y unos excelentes resultados en salud, el gasto sanitario público era de  309,6 $ en poder paritario de compra inferior a la media del de los países de  la Unión Europea (OCDE Health Data octubre 2012). Paralelamente el crecimiento anual del gasto sanitario fue del 2,7% frente al 4,5% del promedio de los países de la OCDE. O sea que de gasto sanitario insostenible y de crecimiento incontrolado, nada de nada.

Lo mismo pude decirse de la supuesta gratuidad que teóricamente sería la responsable de la sobreutilización del sistema: el sistema sanitario no es gratuito porque lo pagamos con nuestros impuestos, solo lo parece porque no hay barreras económicas al acceso de unas prestaciones que todas ellas (las que financia la Sanidad Pública) no son decididas por los ciudadanos sino por los profesionales sanitarios después de entender que son necesarias para su diagnostico y/o tratamiento. Por otro lado los datos conocidos señalan que aunque tenemos una utilización de consultas médicas por encima de la media, somos a la vez el país de la Unión Europea con menor número de estancias hospitalarias por habitante y año, y además los países que nos superan en numero de consultas por habitante y año, causalmente todos tienen establecido copagos por acudir a la consulta. Gracias al sistema que teníamos hasta ahora todas las personas podían recibir las prestaciones sanitarias que necesitaban independientemente de su nivel económico, y por eso la Sanidad española era generalmente apreciada y en muchos casos envidiada.

Esta situación ha cambiado a partir del RD Ley 16/2012. Desde entonces, aparte de la exclusión de los inmigrantes no regularizados, un verdadero desastre humanitario, se han establecido y/o incrementado copagos sobre los fármacos, el transporte sanitario, las prótesis, las órtesis y la dietoterapia. Estas medidas significan barreras al acceso de prestaciones sanitarias para quienes las necesitan más , están más enfermos, y tienen menos recursos, son más pobres, lo que a pesar de la propaganda ministerial se está comprobando todos los días (un 16,83% de los pensionistas madrileños no recogen algunas de las recetas prescritas por falta de fondos; la Asociación española contra el cáncer señala que el promedio de copagos de estos enfermos alcanza los 450€ de promedio mensual, etc), pero estas barreras son acumulativas, las personas mas afectadas son los enfermos crónicos, los grupos con menores ingresos (el porcentaje de pensionistas que no retiraban los medicamentos subía al 22% cuando los ingresos mensuales por persona eran inferiores a 400 €), las mujeres sobre todo las mayores de 65 años, los discapacitados y los que viven en el área rural. Si alguien tiene la mala suerte de pertenecer a varios de estos grupos esta perdido, queda automáticamente excluido del derecho a la atención sanitaria, un cálculo aproximado señala que estamos hablando de más de 6 millones de personas.

Esta es otra característica de esta verdadera contrarreforma sanitaria, que se ceba en los grupos de población mas vulnerables y con menor capacidad de respuesta, y claro esta lo hacen quienes reciben unas retribuciones del erario público  que superan con mucho los 100.000 € anuales y que, además, tienen sobresueldos de todo tipo y están implicados en todo tipo de chanchullos de dudosa o evidente ilegalidad, y que en mas de un caso se atreven encima a hablarnos de moral cristiana.

Por si fuera poco, tenemos el proceso de privatizaciones en marcha, que evidencia aún mas que las medidas no se toman para mejorar o hacer sostenible el sistema sanitario, sino por intereses económicos ajenos al bien público. Aunque lo remachen como si fuera el catecismo no hay ninguna evidencia de que las privatizaciones mejoren ni la eficiencia ni la eficacia de la sanidad, y no es así ni a nivel macro (los países con modelos mas privatizados tienen un mayor gasto sanitario) ni tan siquiera a nivel micro, porque como señalan todos los estudios a nivel internacional (hay uno reciente de Plos medicine) los centros privatizados son mas opacos, más costosos, empeoran la calidad de las prestaciones y generan un entorno en el que lo importante no es resolver los problemas de salud de la población, sino obtener beneficios.

Que este proceso de retirada de derechos, de barreras económicas para el acceso  y de privatizaciones se esté dando en medio de la crisis económica actual (con la bajada de los salarios, mas de 6.200.000 parados, un porcentaje creciente de familias sin ningún ingreso, aumento espectacular de la pobreza, etc), es lo que convierte una mala política en un desastre sanitario, que tendrá muy importantes repercusiones, en perdida de vidas y de salud, para ese 99% de la población que está pagando las injustas e interesadas decisiones del 1% restante. Al menos queda el consuelo de ver que existe un masivo y continuado rechazo a esta política por parte de la ciudadanía y de los profesionales de la Sanidad. Habrá que seguir en ello.

El círculo de expolio social que padecemos

Desahucios y recortes: la violencia “democrática” del poder financiero

Por Jorge Fonseca, Profesor de Economía Internacional y desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Científico de ATTAC

La esencia de la democracia es “tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere”, decía Hobsbawm. El incumplimiento del gobierno de su programa electoral, aplicando medidas económicas y sociales contrarias al mismo, y mayoritariamente rechazadas, implican la violación gubernamental de dicha esencia. Los objetivos económicos oligárquicos son cada vez más visibles gracias a la protesta social, forzando al gobierno a exponer su antes velada violencia, en una deriva autoritaria creciente. Para imponer sus normas  apela cada vez más a la represión policial, a la criminalización goebbeliana de quienes defienden los derechos sociales y la democracia real (PAH, 15M, activistas sindicales, de partidos de izquierda y del conjunto del movimiento social). También pretende trasladar la regresión absolutista al plano jurídico,  imponiendo un modelo judicial del siglo XIX que para dar privilegios a unos pocos, viola derechos de la mayoría, legitimando el expolio social y convirtiendo en delito duramente castigado el simple ejercicio de defensa de derechos.

En 2011 el bloque político neoliberal  reformó la Constitución de urgencia y con “agosticidad”,  para dar privilegios a banqueros y especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán “prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública) mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo  el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en 2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública  son  usados como pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los acreedores de la deuda  son a costa de sanidad, educación y pensiones públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero nuestro que el gobierno les regala.

Con el mismo pretexto del déficit, la deuda y la estabilidad financiera, el partido del gobierno aprobó el jueves en el Congreso el proyecto de ley hipotecaria a pesar del  rechazo de todos los grupos  parlamentarios. Esta ley deja de lado las principales demandas de los afectados (dación en pago retroactiva, paralización de desahucios, alquiler social) apoyadas masivamente por la sociedad. Nueva  imposición en favor de privilegios a banqueros y especuladores y  en perjuicio de cientos de miles de familias deudoras expulsadas de sus hogares y empujadas a la marginación y muchas veces al  suicidio. La injusticia de estas medidas va más allá de la no concesión de esas demandas mínimas, pues los desahucios forman parte inseparable del expolio social a favor del capital financiero. La burbuja  inmobiliaria fue creada por la especulación con el suelo y la rebaja de tipos de interés, (por la abundancia mundial de capital especulativo y la creación del euro), pero también por la banca española, con la complicidad del Banco de España y demás autoridades: se endeudó internamente colocando “preferentes” y otros ‘productos tóxicos’ a ahorristas confiados y en el exterior con la banca (particularmente alemana). Esto le permitió otorgar créditos masivos al sector inmobiliario: con  condiciones abusivas a familias (cláusulas suelo, sobretasaciones, etc.) y con ligereza a empresas promotoras obteniendo beneficios records: 23 mil millones solo en el año 2007. Pero el pinchazo de la burbuja en ese año dejó un millón de viviendas sin compradores solventes y una deuda inmobiliaria de más de un billón de euros (equivalente a todo el PIB de España).

Los sucesivos recortes de salarios, empleo, pensiones y demás gasto social, realizados con el pretexto del déficit, han multiplicado el desempleo, la morosidad general y la del crédito a promotoras inmobiliarias en particular. La mora real  de éstas ronda casi el 50% (160.000 millones de euros, en torno al 15% del PIB)  y representa el 75% de todos los créditos morosos de empresas. En cambio, la morosidad del crédito a familias para compra de viviendas es de sólo el 2,8%, lo que muestra la falacia de la propaganda oficial y la injusticia de su política. Si el gobierno hubiese querido evitar el drama de los desahucios bastaba una ínfima proporción del dinero regalado a la banca. Unos 600 millones de euros en una año prestados a las familias para que pagasen sus cuotas de la hipoteca,  hubiesen evitado  el crimen social de dejar sin hogar y empujar a la calle a casi 500.000 familias (incluyendo niños y ancianos), mientras se acumulan tres millones y medio  de viviendas vacías, y a la vez también hubiesen permitido cobrar a la banca. Esto que se negó a las familias se dio generosamente a promotoras: la banca refinancia los créditos que no pueden pagar y les permite la dación en pago, a costa nuestra, pues el gobierno regala a la banca  el dinero de todos, convirtiendo deuda privada en deuda pública, que pretende que paguemos a costa de nuestra miseria y la de generaciones futuras, mediante una violencia económica descomunal que vulnera derechos básicos.

Entre desahucios y daciones de empresas, la banca acumula casi un millón de viviendas, que ofrece con incentivos en el mercado,  hundiendo más los precios. Esto perjudica aún más a las familias desahuciadas, ya que el precio de subasta de sus pisos se aleja cada vez más del valor al que compraron y por el que contrajeron deuda. De modo que después de entregar la vivienda y haber pagado buena parte del crédito siguen debiendo elevadas cantidades al banco. Estas viviendas pasarán al Sareb, mal llamado “banco malo”, pues será muy bueno para la gran banca privada que tendrá mayoría del capital y obtendrá elevados beneficios gracias al despojo de hogares a las familias, ganando así también en la crisis que provocó. Esto cierra el círculo de expolio social mediante la violencia de instituciones “democráticas”, convertidas en ‘brazo armado’ del poder financiero, intentando ocultar el fin económico de dicha violencia. Pero digámoslo alto y claro: los crímenes sociales no pueden quedar impunes. Es necesaria la verdad, reparación y justicia. Y la deuda no la pagamos. Porque es imposible. Y porque no es nuestra, es ilegítima.

Obvio pero absolutamente oportuno

 

Expropiar no es pecado

 

Por Ignacio Escolar en su blog “Escolar.net” de eldiario.es

 

Aquellos que tanto se escandalizan por ese decreto de la Junta de Andalucía, que expropiará viviendas a los bancos para evitar los desahucios más sangrantes y multará a los dueños de casas vacías, deberían releer la Constitución. «Se reconoce el derecho a la propiedad privada (¿) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino  por causa justificada de utilidad pública o interés social» (artículo 33; las negritas son mías). La palabra  expropiación, que tanto asusta, no solo está admitida en la Carta Magna, sino que tiene una ley en vigor que la regula. No hay país donde tal cosa no suceda y en todos ellos, hasta en los mismísimos Estados Unidos, se entiende que el derecho a la propiedad no está por encima de todo: que debe prevalecer el interés general de todos los ciudadanos.

Se expropia a diario en todo el mundo capitalista. Para hacer carreteras o autopistas, por ejemplo. O incluso para construir Eurovegas; así lo acaba de aprobar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el del «liberal»  Ignacio González, en un decreto que permitirá a míster  Adelson comprar terreno a bajo precio para sus casinos y que nadie ha calificado de comunista. En un país con miles de casas vacías y miles de familias desahuciadas, ¿de verdad hay que explicar la «causa justificada de utilidad pública» del decreto de la Junta? ¿En serio hay alguien capaz de argumentar que existe más «interés social» en abaratar costes a Eurovegas que en rescatar a las familias desahuciadas?

En la Constitución también figura otro artículo, el 47, donde se reconoce el derecho a «una vivienda digna» y se pide a los poderes públicos que impidan la especulación. Se aplica mucho ¿en el resto de Europa, donde son comunes las leyes que permiten multar y expropiar a los propietarios de viviendas vacías. Hay incluso países (Suecia y Alemania) donde es legal expropiar y derribar bloques enteros vacíos para evitar, entre otras cosas, problemas como el reciente incendio en Bermeo, que empezó en un edificio deshabitado. La propiedad no es un derecho absoluto: con condiciones, está sometido al interés general. Y no puede ser más cínico ese discurso de cierta derecha que justifica el intervencionismo público para rescatar al sector financiero mientras demoniza que una Administración intervenga en ayuda de los desahuciados. Es ese liberalismo del embudo, tan castizo, que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios; que exige la aplicación más estricta del capitalismo y la competencia para los pobres, pero no para los ricos. La novedad de este decreto andaluz no es la expropiación, eso es cotidiano. Tampoco la intervención del Estado en la economía: eso es también común, cuando hablamos del sector financiero o las autopistas. La noticia es que, para variar, será una expropiación que beneficie a los más débiles frente a los poderosos. Bien por Andalucía.

Informe de la FADSP presentado ayer: “LA PRIVATIZACION SANITARIA Y LA ESTRATEGIA PARA DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA”

Se han perdido 15.000 puestos por la privatización en sanidad desde 2010

Avisa de que estas políticas benefician a dirigentes del PP, familiares y allegados, así como a las grandes aseguradoras e industria farmacéutica

MADRID, EUROPA PRESS

El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, ha señalado que, aproximadamente, se han destruido unos 15.000 puestos de trabajo desde que comenzara a externalizarse los procesos de privatización en la sanidad, en el año 2010.

No obstante, ha reconocido, durante la presentación del informe 'La privatización de la sanidad pública y estrategia para defender el derecho a la salud', que esta cifra puede ser "mucho mayor" dado que tanto Gobierno central como el resto de ejecutivos regionales, "especialmente los del PP", no ofrecen con "transparencia" estos datos.

"No sabemos si estas cifras no las ofrecen porque quieren engañar a los ciudadanos o porque realmente son tan inútiles que no saben cuántas personas hay trabajando en los centros sanitarios de sus comunidades autónomas", ha apostillado Sánchez Bayle.

Así, ha lamentado que los únicos beneficiarios de las políticas de privatización de la sanidad sean las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, las empresas auditoras, los grupos de gerentes y expertos sanitarios y las entidades bancarias.

En este punto, ha alertado de que, también, estas medidas benefician a los dirigentes del Partido Popular, a sus familiares y allegados que "salen y entran" de la Administración y de las empresas adjudicatarias "en función de sus intereses".

"En un momento en el que el paro aqueja a la mayoría de la población y en el que la gente con preparación técnica y profesional tiene que emigrar el país, esta gente, a pesar de su desconocimiento y falta de cualificación en el área sanitaria, no para de encontrar trabajos en todas las empresas a los que ellos dieron negocio privatizando los servicios públicos", ha recalcado el portavoz de la FADSP.

VALENCIA, MADRID Y C-LM SON LAS COMUNIDADES CON MÁS PRIVATIZACIONES

Dicho esto, Sánchez Bayle ha informado de que las comunidades autónomas que más procesos de privatización sanitaria están llevando a cabo son la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por el PP.

No obstante, ha recordado que Cataluña, gobernada por CiU, ha sido la región "pionera" en la concertación con el sector privado, desarrollando "múltiples" fórmulas de gestión y provisión de servicios sanitarios y poniendo en práctica un proceso de "fragmentación" del Instituto Catalán de la Salud (ICS), concediendo autonomía de gestión a los hospitales y centros de Atención Primaria, y "externalizando" gran parte de sus servicios.

Asimismo, según ha informado, la Comunidad Valencia ha sido también pionera en el desarrollo de la privatización, dado que fue la primera en recurrir a la financiación, gestión y provisión de los servicios sanitarios utilizando la figura jurídica de Obra Pública, para "levantar" nuevos hospitales. "Los sobrecostes de la financiación privada han llevado a esta comunidad a la bancarrota, según ha denunciado ya la Sindicatura de Cuentas", ha comentado.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Sánchez Bayle ha avisado de que el ejecutivo autonómico está "embarcado" en una "vorágine privatizadora" que, desde un primer momento, ha incluido, entre otras medidas, la financiación y gestión privada de siete hospitales, la concesión a otros tres de la atención y la gestión, la privatización de los laboratorios y su adjudicación a una empresa privada, así como la adjudicación a un hospital privado --la Fundación Jiménez Díaz-- de la atención especializada de 400.000 habitantes mediante un concierto "singular muy favorable a los intereses de la misma".

En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, la FADSP ha denunciado que pretenda sacar a licitación la gestión integral de cuatro hospitales públicos, y haya paralizado la construcción del Hospital General Universitario de Toledo por conflictos de intereses, "nada claros", con constructoras.

Asimismo, en Galicia, la Xunta ha privatizado servicios "estratégicos" como la Central de Llamadas, la Plataforma Informática, la Central de Compras, el sistema de archivos, o la provisión, gestión y control de los recursos de alta tecnología. En Murcia, se ha reducido el presupuesto en Sanidad por segundo año consecutivo en un 24 por ciento y se ha comenzado un plan de derivación de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas a hospitales privados concertados.

Por otra parte, el informe destaca que con la llegada del PP a Aragón las dinámicas de privatización y recortes "se han acentuado" y que es la comunidad que aplica con "más rigor" el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, señala que Baleares, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Canarias también están llevando a cabo sucesos procesos de privatización que "perjudican" al 99 por ciento de la población y "sólo benefician" a un uno por ciento.

Por el contrario, el presidente de la FADSP ha explicado que Andalucía la privatización "no se ha visto agravada" sino que se ha reducido en lo que respecta a la "externalización" de pruebas diagnósticas y conciertos "singulares" quirúrgicos y autoconciertos. No obstante, ha avisado de que en esta comunidad, presidida por el PSOE, se están produciendo recortes en los presupuestos sanitarios que "penalizan" especialmente a las plantillas de trabajadores.

"Todo esto demuestra que el PP está acelerando el proceso de privatización de la sanidad, aprovechando el enorme poder que acumuló en las últimas elecciones, con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos por la Unión Europea que obligan a reducir el gasto sanitario. El Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de modelo sanitario", ha zanjado.

 

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública asegura que la privatización sanitaria "beneficia" al PP.

Madrid, EFE

El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, ha asegurado hoy que los principales beneficiarios de la privatización sanitaria, tanto a nivel nacional como autonómico, son "los dirigentes del Partido Popular y sus familiares y allegados".

 

Durante la presentación del informe "La privatización de la sanidad pública y la estrategia para defender el derecho a la salud", Bayle ha denunciado la "aceleración" del desmantelamiento sanitario en toda España y "especialmente" en las comunidades gobernadas por el PP.

 

"El gobierno del Partido Popular se ha caracterizado por su falta de transparencia y, aunque no podemos saber de una forma exacta el número de despidos de personal sanitario, calculamos que alrededor de 15.000 personas han perdido su puesto de trabajo desde las últimas elecciones autonómicas", ha añadido.

 

Además, Bayle ha censurado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la que ha tildado de "incompetente" por "no conocer el sistema sanitario" y por tener un futuro laboral "no muy lejos del que tienen sus compañeros de partido".

 

Por otro lado, ha criticado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por "no defender el interés de los ciudadanos" al afirmar que no ve anticonstitucional la externalización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid.

 

Según ha explicado Bayle, las políticas privatizadoras ya comenzaron con el ex presidente del Gobierno José María Aznar cuando realizó transferencias sanitarias a las autonomías, a pesar de tener una "trayectoria centralista", para "fomentar decisiones parceladas que no permitieran que la ciudadanía tuviera una visión global de lo que estaba sucediendo".

 

Con esta política sanitaria, ha explicado, un 99 % de la población "sólo pierde" al no tener una sanidad universal y gratuita, mientras que el 1 % restante se beneficia penalizando al resto.

 

Bayle ha señalado que los principales beneficiarios del desmantelamiento sanitario son, junto con los políticos, las aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, "que tienen nuevas oportunidades para su negocio".

 

Además, ha destacado la importancia de defender la sanidad con "una movilizaciones unitarias y organizadas" para continuar con las reivindicaciones, como mínimo, "hasta las próximas elecciones generales".

 

LA PRIVATIZACION  SANITARIA Y LA ESTRATEGIA PARA DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA

El triunfo electoral del Partido Popular en las elecciones para el Gobierno del Estado y en la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ido acompañado de una aceleración de la política de desmantelamiento del sistema sanitario público. El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar por la asistencia (copago),  potenciar el aseguramiento y trasformar los centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de manera más o menos solapada (en cómodos plazos).

Ahora el PP está acelerando este proceso, aprovechando el enorme poder que acumuló tras las últimas elecciones en las que consiguió mayoría absoluta en el gobierno central y en gran parte de las Comunidades Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a reducir gasto público,  el Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de modelo sanitario.

 

 

Podríamos sintetizar esta política en tres grupos de medidas:

1.- Reducción del gasto sanitario público (11,6% del gasto per cápita entre 2010 y 2013), un total de mas de 7.500 millones € en este periodo.

2.- Cambiar los fundamentos del sistema: La promulgación del  Real Decreto Ley de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema (RD 16/2012) incluye medidas de diferente naturaleza como el copago para los medicamentos de los pensionistas,  traslados no urgentes en ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales  (potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población de la cobertura del SNS;  el fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad pública  estableciendo en  una básico de acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos. Este conjunto de medidas suponen la voladura controlada del derecho universal a la sanidad y del acceso equitativo a la atención.

3.- Aceleración de la privatización y desmantelamiento de los servicios en las CCAA gobernadas por los sectores más neoliberales del PP: Valencia, Madrid, Galicia o Castilla la Mancha. Cabria destacar por su trascendencia estratégica el recurso a la financiación privada de las nuevas infraestructuras sanitarias  (Iniciativa de Financiación privada-PFI, Concesiones, etc) que multiplican los costes finales y dejan durante años los centros de salud y hospitales en manos de consorcios privados, multinacionales sanitarias  o fondos de inversión de capital riesgo; o privatización de la provisión (que llaman “externalización”) de servicios sanitarios y de apoyo.

Es decir se recorta gasto y se apuesta por una financiación que multiplica su coste real (a pagar con cargo del gasto corriente para el funcionamiento de hospitales y/o centros de atención primaria). Apostar por estas dos medidas contradictorias hará insostenible económicamente al sistema público, y obligará  a muchos  de los ciudadanos a completar las prestaciones sanitarias no financiadas por un sistema público sin recursos suficientes, con seguros privados complementarios.

 

 

Análisis por CCAA

Aunque las líneas generales de esta política son compartidas por todo el sistema, algunas Comunidades Autónomas han avanzado más que otras en el desmantelamiento y privatización sanitaria. Esta situación puede explicar por qué un gobierno presidido por Aznar, político de una clara trayectoria centralista, transfiriera las competencias sanitarias a los gobiernos autonómicos, con la finalidad de que algunos de ellos pilotaran la privatización sanitaria, y evitar una repuesta global y coordinada en todo el Estado

 

Comunidad Valenciana

Esta CCAA ha sido la pionera en el desarrollo de la privatización. Fue la primera en recurrir a la financiación, gestión y provisión de los servicios sanitarios utilizando la figura jurídica de Obra Pública,  para levantar nuevos hospitales (el llamado modelo Alzira). El gobierno valenciano presidido por Camps cedió este hospital a un consorcio integrado por la aseguradora ADESLAS   y  Ribera Salud (Bancaja y CAM), que acompañó de todo tipo de apoyos como el rescate y devolución de la concesión en mejores condiciones a las mismas empresas cuando el negocio hizo crisis. Posteriormente este modelo  (incluyendo en algunos casos la Atención primaria y la sociosanitaria) se ha extendido a los hospitales de  Torrevieja, Denia y Manises y se aplicará a los nuevos hospitales de Elx-Crevillent y Torrent.  A esto habría que añadir la privatización de los servicios de radiología avanzada (que ha multiplicado la realización de pruebas)  y la “externalizacion” de otros servicios. Los sobre-costes de la financiación privada han llevado esta CCAA a la bancarrota, según ha denunciado la Sindicatura de Cuentas.  Recientemente las autoridades valencianas han anunciado su intención de concentrar todos los servicios “externalizados” como los servicios generales (limpieza, lavandería, restauración, mantenimiento), los servicios concertados (oxigenoterapia, hemodiálisis) y la logística (almacenes, distribución, compra), para posteriormente adjudicarlos a empresas privadas. La idea es que la Generalitat se concentre en la gestión sanitaria, dejando lo demás (el negocio económico) en manos de  operadores privados.

 

Comunidad de Madrid                                                     

El gobierno autonómico esta embarcado en una vorágine privatizadora que incluyó en un primer momento la financiación  y gestión privada de siete hospitales;  la concesión a otros tres de la atención y la gestión; la privatización de los laboratorios y su adjudicación a una empresa privada; la externalizacion de los servicios de radiología (Anillo Radiológico); la adjudicación a un hospital privado (Fundación Jiménez Díaz) la atención especializada de 400.000 habitantes mediante un concierto singular muy favorable a los intereses de la misma; la cesión de dos centros de especialidades a una multinacional; la privatización de la construcción y gestión de 27 centros de salud; el cierre de dos hospitales públicos y la trasformación de un gran hospital tercero en un geriátrico  (que se deberá hacer cargo de la atención de pacientes crónicos con pluripatologías muy costosas de atender, liberando de este gasto a los centros privados financiados con dinero público). Paralelamente se están de debilitando los centros públicos, rebajando su presupuestos (un 16% de promedio en hospitales y un 7,03% en AP) y reduciendo sus plantillas mediante un ERE oculto al adelantar la jubilación obligatoria de los medicos a los 65 años sin reposición de las vacantes creadas (se han perdido así más de 1.000 plazas médicos). Por último señalar que previamente se habían desmantelado las 11 áreas sanitarias (necesarias para planificar y gestionar los recursos de manera integrada y en función de las necesidades especificas de cada zona) con la finalidad de crear un gran espacio el libre mercado y a la competencia entre centros públicos y privados.

 

Galicia

Además de severos recortes en gasto, la Xunta ha privatizado servicios estratégicos como la Central de Llamadas, la Plataforma Informática, la Central de Compras, el sistema de archivos, o  la provisión, gestión y control de los recursos de alta tecnología (GALARIA), etc.  También se han puesto en manos privadas servicios como la diálisis renal de algunos hospitales o se están desmantelando algunas áreas sanitarias, paso previo a su eliminación total. También se ha recurrido a la financiación y gestión privada para construir el Nuevo Hospital de Vigo mediante un contrato con un consorcio privado en quiebra económica (la construcción lleva un retraso de tres años y no esta clara su culminación por falta de financiación), lo que además de multiplicar su coste ha ido acompañado de una reducción superior al 30% en los recursos previstos en camas, equipamiento, espacio, etc. Si se trasladara este modelo a la financiación  (siete veces superior al coste real), a las obras de los nuevos centros de salud y planes directorios previstos para reparar y ampliar 7 hospitales  o 66 centros de salud, el presupuesto para asistencia quedaría reducido al 4% del total, algo incompatible  con el mantenimiento del sistema público  

 

Castilla la Mancha

La señora Cospedal, Secretaria General del PP y presidenta de la CCAA, tiene previsto sacar a licitación la gestión integral (de servicios tanto sanitarios como no sanitarios) de cuatro hospitales públicos, siguiendo el llamado modelo Alzira. La empresa concesionaria (que apunta a Capio Sanidad) pretende quedarse también con la gestión de los nuevos hospitales de Madrid. Además ha paralizado la construcción del Hospital General Universitario de Toledo por conflictos de intereses, nada claros,  con las constructoras. La empresa Ferrovial ha conseguido contratos para mantener y limpiar hospitales, por valor de 30 millones de euros. En esta comunidad autonóma además de recortes de prestaciones y personal, se han cerrado numerosos  servicios de urgencias en zonas rurales con comunicaciones difíciles.

 

Cataluña

Esta Comunidad, pionera en la concertación con el sector privado, ha desarrollado múltiples fórmulas de gestión y provisión de servicios sanitarios (Consorcios, Fundaciones, Sociedades Anónimas, Entidades de Base Asociativa- EBAS  etc.), y puesto en práctica un proceso de fragmentación del Instituto Catalán de la Salud (ICS) concediendo autonomía de gestión a los hospitales y centros de atención primaria, “externalizando” gran parte de sus servicios, incluso en etapas de gobiernos progresistas. Con la vuelta al poder de Convergencia i Unión  (partido de ideología neoliberal absolutamente servil a los intereses del mercado, con muchos responsables con intereses en el sector empresarial como el Conseller de Sanidad Boi Ruiz, presidente de la Únio Catalana de d´Hospitals,  privados), la privatización ha adquirido un gran impulso con recortes presupuestarios,  cierre de hospitales, camas, salas y despidos de personal contratado e interino. La comunidad autonóma ha sido la primera en aplicar copagos y otras tasas por el uso de los servicios públicos.  Existe un plan estratégico elaborado por la consultora PwC, que incluye la venta, vía subasta, de partes fundamentales del sistema sanitario como  hospitales, servicios de ambulancias Servicio de Emergencias Médicas (SEM), laboratorios o la empresa que gestiona los servicios de diagnóstico por imagen en los grandes hospitales públicos. Se pretende poner en manos privadas  hospitales, y centros de atención primaria y un centenar de otros dispositivos

 

Murcia

En la Región de Murcia se ha reducido el presupuesto en sanidad por segundo año consecutivo, suponiendo el presupuesto del 2013 una disminución del 24%, con respecto al del 2010. Ello se ha traducido en una pérdida de  850 profesionales sanitarios, con una importante reducción de la actividad y un incremento intolerable de las listas de espera (En doce meses se ha multiplicado por 15 el número de pacientes que esperan más de un año para ser operados). Como solución se ha comenzado con un plan de derivación de pruebas diagnósticas, y de intervenciones quirúrgicas a hospitales privados concertados. Así mismo se ha planteado la centralización de Laboratorios en varios Hospitales,  lo que podría ser un primer paso para su “externalización”. La Central de Compras y de Logística  está privatizada desde 2010, sin  que haya conseguido reducción del gasto; y el Plan de Reequilibrio Económico Financiero de 2012 supuso el cierre de varios puntos de atención continuada rurales y de especial aislamiento

 

Aragón

Con la llegada del PP al Gobierno de Aragón  las dinámicas de privatización y los recortes se han acentuado, tal es así que si desde 2010 la  inversión/cápita ha disminuido en un 24% en términos reales que no nominales, en el ultimo año ha sido de, al menos, el 15%, recortándose 238 millones de euros del presupuesto sanitario publico a la vez que se incrementan 18 millones para la privada. Aragón es una de las CCAA que aplica con mas rigor el RDL 16/2012 y el nuevo hospital a construir en Alcañiz esta previsto que sea de financiación privada (PFI); se esta en proceso de desmantelar el centro de especialidades Grande Covian, de la margen izquierda del Ebro y se habla de que pueden hacer lo mismo con el de Monzón (Huesca). Se están cerrando laboratorios clínicos en toda la CC. AA. para abrir un macrolaboratorio que presumiblemente privatizaran y se han suprimido los servicios de urgencias de 22 municipios. Esta previsto privatizar los servicios de salud mental,  todo tipo de servicios auxiliares  y de atención sociosanitaria, cuando un 30,4% de los dependientes aragoneses reciben atención de este tipo.

El Sistema adolece de algunos aspectos que favorecen las privatizaciones: obsolescencia tecnológica (no hay PET público, oferta de RNM inferior a la demanda), escasez de camas de crónicos, paliativos y camas geriátricas con generalización de conciertos con entidades privadas (públicas 214  y privadas concertadas  188).

  En 2012, los despidos son la norma y para ello se limita el horario de los consultorios (22 varios rurales) y se centralizan servicios (macrolaboratorio  con  gestión privada, psiquiatría…)  cierre de centros de atención especializada por las  tardes, supresión de 500 camas en verano y vacantes de especialistas no cubiertas que han duplicado las esperas en esas especialidades. Las jubilaciones a los 65 años con reposición del 10% de vacantes es de gran importancia en Aragón porque supondrán 833 médicos menos (este año 400 menos sobre un total de 6.283). Se ha anunciado el cierre de Puntos de Atención Continuada (salvo 8, uno por sector) y hay 24 centros cuya reforma es prioritaria (sin presupuesto).

Se han incrementado los conciertos privados: Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria, de los 8 sectores, en 5 hay Convenios privados para esta Atención; en Salud mental predominan los Conciertos privados para media y larga estancia, Centros de Día, pisos, talleres, centros ocupacionales de inserción (solo hay 200 plazas en Aragón, en su mayoría privadas). En drogodependencias solo hay un Centro de gestión directa y el resto son concertados; el gasto para la implantación de la receta electrónica ha supuesto un convenio privado  con Colegio de Farmacéuticos y APISCAM y una adjudicación a la empresa INDRA Sistems; el Consorcio Aragonés de Alta Resolución (CASAR) con una cobertura de unas 150.000 personas. Entidades privadas del tercer sector aragonés  En Aragón atienden a 155.063 personas. Un 7,8% de estas organizaciones tienen actividad en el área de salud. Hay una empresa pública Banco de Sangre. Convenio con la Mutua de Accidentes de Zaragoza para la atención de Traumatología para 33.000 personas del sector Zaragoza I. Es un convenio sustitutorio con pago por número de usuarios (les asistan o no). El hospital de la Defensa en 2010 presta asistencia sanitaria a 3 zonas de salud con 35.373 habitantes (hospital sustitutorio para toda la cartera de servicios). Entidades S.A.L: convenio para pacientes crónicos dependientes y rehabilitación ambulatoria del sector Zaragoza II, convenio para ESAD, atención bucodental; gestión de desplazamientos para  hemodiálisis.  Tratamientos de rehabilitación   Atención Psico-oncológica, clínicas privadas para cirugía .Transporte sanitario  (Ambuibérica y T.S. Cataluña). Servicio de Oxigenoterapia, Aerosoles, CPAP, BIPAP Ventiladores, etc. Central de llamadas privada: CETET Centralización de las citas a través de una central (similar a la de Madrid). Hay un  Ente Público Aragonesa de servicios telemáticos proveedor principal de la Administración en relación con los servicios para la información y las telecomunicaciones. Las citas se conciertan por el Proyecto SALUD Informa: teléfono 902 (UTE Telefónica) también gestiona información. Historias Clínicas: Contrato con la empresa privada S. Servicio Móvil para su archivo y custodia en el Sector Zaragoza l  

 

Cantabria

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha adjudicado todos sus servicios a una empresa a cambio de la construcción de la última fase del mismo (PFI). Se han cerrado centros de salud dejando a los pacientes sin atención fines de semana y festivos

 

La Rioja 

La gestión de los servicios de Radiología se sacarán a concurso para adjudicarlos a una empresa privada, al igual que la gestión de la Fundación Hospital de Calahorra. La dirección del centro será adjudicada a una empresa de forma que “aportará su conocimiento” a la gerencia del hospital, con el objetivo de la total privatización del centro, dejando fuera del control público tanto la contratación de personal como la función asistencial.

 

Castilla y León:

La financiación y gestión del nuevo Hospital de Burgos se ha abordado de acuerdo al modelo PFI, que incluye la alta tecnología de centro. En esta comunidad autónoma también se han cerrado servicios de urgencias en el medio rural

 

Extremadura

El gobierno del Partido Popular ha previsto utilizar la fórmula de la concesión administrativa para financiar y gestionar dos de sus hospitales (PFI), algo inédito en una comunidad autónoma sin ninguna experiencia en fórmulas privadas. También se han cerrado algunos PAC rurales.

 

Baleares

El hospital Son Espasses (Palma de Mallorca) ha entregado a una concesionaria privada la construcción, equipamiento, mantenimiento y servicios no médicos (PFI). El gobierno balear está preparando la extensión de este modelo a los hospitales comarcales de Inca y Manacor, incluyendo además la parte asistencial de los centros.  También se ha anunciado la intención de cobrar a los pacientes por el uso de la sanidad pública, además de cerrar por la noche los centros de salud con menor actividad y  cobrar por aparcar en los hospitales.

 

Andalucía

La privatización en Andalucía es cualitativamente similar a otras comunidades, cuantitativamente poco relevante y, lo más importante, no avanza desde finales de los años 90.

• Desde un punto de vista cualitativo la concesión de la atención especializada de áreas enteras de población a la orden de San Juan de Dios (Consorcio Hospitalario Aljarafe en Sevilla) y a la Empresa Pascual (Hospitales de la Sierra de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda), la colaboración público privada para la radio-farmacia y la dotación tecnológica del nuevo hospital de Granada, no difieren en mucho de experiencias realizadas en otras comunidades.
• Desde un punto de vista cuantitativo el porcentaje de población atendida bajo modelos privatizados y el porcentaje de gasto total en concesiones, conciertos singulares y “externalizaciones” es relativamente bajo respecto a otras comunidades, no alcanzando el 5% del gasto sanitario total.
• Respecto a la tendencia, y quizás esto es lo más importante, la privatización no se han visto agravada en las tres últimas legislaturas, más bien al contrario, se ha reducido en lo que respecta a la “externalización” de pruebas diagnósticas y conciertos singulares quirúrgicos y auto-conciertos.
• Sí existe una muy amplia red asistencial y de apoyo constituida inicialmente como empresas públicas o fundaciones al amparo de la ley de nuevas formas de gestión, ahora agencias públicas. Se trata del dispositivo del 061, los hospitales Costa del Sol, el Ejido y la amplia red de hospitales de alta resolución (12 abiertos y 11 previstos), así como las fundaciones encargadas de tareas de gestión de calidad, docentes y de investigación. En principio centros 100% públicos no deberían ser computados como experiencias de privatización.

 

La sanidad pública andaluza tiene grandes fortalezas que pueden hacer que afronte la crisis con éxito: una apuesta por la planificación y la racionalidad frente a las presiones del mercado como es patente, por ejemplo en la política farmacéutica, o en la distribución territorial y la organización funcional de los recursos, una apuesta por la salud pública, una atención primaria más desarrollada que en otras comunidades que recibe el 18% del gasto sanitario público y con una política sostenida de inversión en infraestructuras, una apuesta fuerte por la gestión clínica que, pese a la falta de normativa y a la muy mejorable estructura de calidad y algunos otros problemas, es un modelo consolidado que está permitiendo una creciente articulación de los profesionales y una apuesta, con todos sus claroscuros, por la modernización de lo público como es el caso de las nuevas tecnologías, la formación o la investigación.

Entre los enormes riesgos figuran, fundamentalmente, la caída en picado de la financiación per cápita desde 2011 que ha implicado importantes recortes de personal (no sustitución de jubilaciones, no renovación de eventuales y reducción al 75% de la jornada de los eventuales). Estas medidas han generado un enorme descontento entre los profesionales y pueden comprometer el mantenimiento de las prestaciones actuales como se está viendo ya con la atención domiciliaria y ciertos programas en atención primaria. Destacar también la ausencia de un modelo de atención socio-sanitaria dada la muy reciente unificación de las competencias de salud y bienestar social, la nula voluntad de luchar contra las incompatibilidades de los profesionales y las fuertes inversiones que está realizando el sector privado en las áreas urbanas de Málaga y Sevilla donde prácticamente todas las aseguradoras y empresas locales están ampliando sus infraestructuras, buscando negocio ante el previsible deterioro de la sanidad pública con los recortes.

 

Canarias

La privatización se refuerza cada vez más concertando servicios sanitarios con entidades privadas. Cabe resaltar que la media española de camas en la sanidad privada es de 6,88 por 10.000 habitantes, en Canarias es de 14,30. El sector privado controla el 40 por ciento de las camas de agudos de la red de utilización pública, ingresa más del 31,7 por ciento de los procesos agudos financiados por el Servicio Canario de Salud. En 2012 la concertación supuso un 8% (206,7 millones de euros) que en 2013 aumentaron a 210,3: cirugía, hemodiálisis, oxigenoterapia en domicilio, radiología, resonancias magnéticas, medicina nuclear, salud buco-dental, lavandería y mantenimiento. Mientras, se infrautilizan los recursos públicos.

Se han aplicado dos vías más para privatizar la sanidad pública, una que empresas privadas gestionen en dependencias sanitarias públicas directamente los servicios con su propio personal y otra que el Gobierno canario realice un procedimiento de concesión de obra pública, donde la empresa privada sanitaria redacta el anteproyecto de obra, la construye y luego la explota con su propio personal privado, es el caso de Radioterapia Oncológica en el Hospital Materno-Infantil.

En cuanto a los recortes, desde 2008 hasta la actualidad el presupuesto ha menguado en más de 500 millones, ahora para 2013 tiene una reducción real de 218 millones (el 8% de sus fondos) sobre todo por el pago a las farmacias de 190 millones de euros. En el capítulo de personal se ha sufrido una reducción de 2000 empleos. En los hospitales públicos, con el cierre de quirófanos de tarde las listas de espera quirúrgica tienen un tiempo medio de espera del doble que la media estatal. Obras paralizadas de centros de salud y hospitales comarcales, cuestionamiento de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital Materno y de otros programas y servicios, sobre todo quirúrgicos donde se suspenden intervenciones, incluso oncológicas, por falta de materiales. En la actividad quirúrgica de mañana se está viendo afectada la Cirugía Mayor Ambulatoria. Se están suspendiendo consultas de tarde de las especialidades hospitalarias, también se están tratando de reducir las consultas de mañana.

 

 

Quien gana y quien pierde con esta política

 

Ganan

Los principales beneficiarios de esta política son las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria que tendrán la oportunidad para ampliar su negocio. Las entidades de capital riesgo  como  CAPIO Sanidad, Ribera Salud (Sanitas y Adeslas), USP-Quiron; grupos empresariales como HM hospitales, que se están apoderando con gran parte de los hospitales de numerosas CCAA. Aseguradoras sanitarias a las que se facilita clientela y ayudas fiscales (desgravaciones por suscripción de pólizas complementarias). Empresas auditoras como PWC que están suplantando a la administración en las funciones de Planificación  Estratégica (elaborando los Planes de Salud Autonómicos, Planes Directorios de Hospitales, concursos de adjudicación de plazas, provisión de recursos etc.), lo que le otorga una enorme capacidad para utilizar los fondos públicos para satisfacer sus intereses económicos y empresariales. Estas medidas también benefician a los grupos de gerentes y expertos sanitarios que actúan como un potente lobby profesional. También forman parte de los ganadores los dirigentes del Partido Popular, familiares y allegados que salen y entran de la administración y de las empresas adjudicatarias en función de sus intereses (puerta giratoria). Por último las empresas constructoras afectadas por la crisis del ladrillo que ven en la PFI la oportunidad de seguir con sus negocios utilizando los prepuestos sanitarios públicos y las entidades bancarias (financiadoras de las PFI),  que se benefician de los contratos millonarios a pagar por las administraciones públicas

 

 

 

Pierden

Los ciudadanos en general que han sufrido recortes en sus derechos sanitarios,  que deben pagar más por la una asistencia sanitaria  que antes se  financiaba con impuestos (manera más justa y progresiva socialmente),  y  que deberán contratar seguros privados para complementar la menor oferta de servicios de la atención sanitaria pública, por otro lado pierden también la garantía de que en su atención sanitaria priman la evidencia científica y los intereses generales y no los criterios empresariales  . Las personas con menos recursos, desempleados, parados, los pensionistas que verán dificultado su acceso a las prestaciones sanitarias por carecer de dinero para afrontar los múltiples copagos. Las personas mayores, los enfermos crónicos y los discapacitados que necesitan más atención sanitaria y mayores recursos terapéuticos y rehabilitadores, y que son los más afectados por los recortes y privatizaciones. Los profesionales y trabajadores de la Sanidad que han perdido salarios, derechos laborales,   estabilidad en el empleo y puestos de trabajo. Los sanitarios tienen además una menor oportunidad para desarrollar su profesión, conocimientos y habilidades  y  muchos de ellos se verán obligados a emigrar a otros países para poder trabajar,  pese al enorme esfuerzo que el sistema educativo y sanitario ha dedicado a su formación. Estas perdidas serán mayores entre las mujeres que son numéricamente predominantes en el sector. Pierde también la economía española que con los recortes en los servicios sanitarios y socio-sanitarios  reduce los puestos de trabajo que estimularán la economía y reduciría la elevada tasa de desempleo. Por último hay que recordar que los sistemas sanitarios públicos universales y accesibles son necesarios para mantener la fuerza de trabajo  que se asocian a mejores niveles de desarrollo económico y social.

 

 

Estrategias para defender el sistema sanitario público

La contradicción de intereses entre ganadores y perdedores de esta política, de desmantelamiento y privatización  de la sanidad pública,  marca con claridad que hacer. Aunque es verdad que la privatización está apoyada y respalda por grupos de presión muy poderosos, los afectados por la misma son la mayoría de la población. Solo una gran alianza estratégica entre la ciudadanía y los trabajadores sanitarios puede paralizar ese proceso, que sólo beneficiará a una  minoría, eso sí muy poderosa e influyente.

La multiplicidad de colectivos, organizaciones e intereses sociales en juego, supone un evidente obstáculo para alcanzar este objetivo. La  unidad en la defensa del derecho a la salud y de un sistema sanitario público que la garantice,  solo parece posible mediante una estructura organizativa que respete la autonomía, la ideología, los intereses generales, la estrategia de intervención y las formas de organización de cada grupo social y profesional.

Es necesario  crear estructuras horizontales, no jerarquizadas;  que incluyan a la mayoría de los colectivos sociales y profesionales;  que  trabajen por objetivos  acordados previamente;  que adopten las decisiones por consenso evitando la creación de estructuras directivas y las votaciones,   que no den pie a la constitución de alianzas internas y alineamientos por hacerse con el control. Es conocido como las administraciones siempre se han aprovechado de estas cuestiones para dividir a las fuerzas sociales y profesionales.

La estrategia pasaría por crear redes de organizaciones en base a intereses comunes y objetivos fáciles de definir, para posteriormente crear redes más amplias  con otros grupos de organizaciones y colectivos, con objetivos compartidos.

Ser profesional o usuario de los servicios sanitarios, la pertenencia a una categoría profesional, el compartir problemas de salud, el género, la edad, el territorio donde se vive, etc. son lazos que unen a la gente, aunque  el derecho a la salud y la existencia de un sistema sanitario público universal, equitativo, accesible, redistributivo y de calidad, bien gestionado y racionalmente equipado,  es otro importante estímulo para articular la unidad de actuación.

Las Plataformas para la Defensa de la Sanidad Pública, integradas por organizaciones sociales; sindicatos;  colectivos profesionales; instituciones;  y organizaciones políticas,  impulsadas por la FADSP y su  coordinación con  las Plataformas en Defensa de los Servicios Públicos más amplias y que integran a otros colectivos,  son la aplicación práctica de esta estrategia. Las Plataformas están teniendo evidentes resultados en la movilización contra los recortes y las privatizaciones puestas en práctica en el Estado y en gran parte de las CCAA.

El objetivo esencial de la movilización en Defensa de la Sanidad Pública pasa por compaginar la movilización contra medidas de corte  estratégico para el conjunto del Sistema sanitario como los recortes de gasto público;  el RD Ley 16/2012;  la privatización  de los centros sanitarios recurriendo a  la financiación privada (PFI); las reducciones de personal  de las plantillas de los centros; con otras de ámbito local o autonómico como el cierre de hospitales públicos y servicios de urgencias; el cierre de plantas, quirófanos y servicios; el desmantelamiento de áreas sanitarias;  la privatización de   laboratorios y servicios de radiología;   la privatización / “externalización” de servicios sanitarios y no sanitarios de los hospitales, la centrales de información y de compras o  las plataformas informáticas, etc.

Solo la alianza ciudadana y profesional dotada de estructuras estables que primen la unidad sobre las diferencias hará factible el poder frenar el desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública.

 

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA

Abril de 2013