GASTO PUBLICO
El Gobierno insta a Asturias a recortar gastos en funcionarios y sanidad
Salgado admite que el Estado reducirá costes en personal: «Por cada 10 funcionarios que se jubilen sólo se repondrá uno»
El Comercio. 12.02.10 - J. A. G. | GIJÓN.
Areces defiende la solvencia de España como país
El Gobierno quiere añadir agujeros al cinturón. Las medidas de ahorro planteadas hasta el momento para hacer frente a la crisis se han quedado cortas y ahora llama a rebato a las comunidades para asumir el plan de austeridad que requiere la actual coyuntura económica, y que podría afectar a recortes en el gasto en funcionarios y salud y servicios sociales. El Ejecutivo socialista no quiere más déficit ni que la comunidad internacional nos señale con el dedo como una economía endeble, como ocurre con el caso de Grecia.
Hace quince días el Consejo de Ministros aprobó el programa de estabilidad 2009-2013. Ahora, a medida que pasan los días, el Ejecutivo desgrana algunas de esas medidas que serán coordinadas con las Administraciones autonómicas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, negó que el Gobierno tenga en mente congelar el sueldo de los empleados públicos, pero no negó su intención de reducir la oferta pública de empleo.
De hecho, la vicepresidenta económica señaló que la intención del Ejecutivo es recortar gastos de personal por la vía de la reducción de la oferta de empleo público. Así, dejó entrever que por cada 10 funcionarios que se jubilen este año, sólo se repondrá uno.
Según lo acordado con los sindicatos, el total de plazas públicas no superará este año el 15% de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideren «esenciales y prioritarios». Sin embargo, esta limitación no se aplicará al ámbito de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo, las instituciones penitenciarias o los municipios de menos de 50.000 habitantes.
En cuanto a los salarios de los empleados públicos, Salgado recordó que para este año ya se ha pactado un incremento del 0,3% que, según cálculos del Gobierno, supone un coste aproximado de 50 millones de euros. El Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios si ésta se produjera.
Grupos de trabajo
El Estado, junto a las comunidades, ha acordado la creación de grupos de trabajo dirigidos a marcar las pautas que permitan «optimizar» al máximo los servicios básicos y ahorrar una parte de su gasto.
El consenso para avanzar en esa línea es total y buena prueba de ello es el acuerdo alcanzado por los consejeros de Salud con el Gobierno para celebrar, el próximo mes, una reunión monográfica con una premisa fundamental: reducir el gasto sanitario de forma drástica.
Los gobiernos autonómicos coinciden en la necesidad de intervenir sobre el gasto farmacéutico, mientras nadie oculta que el debate del copago vuelve a estar encima de la mesa. Existen incluso principios de acuerdo para actuar sobre aquellos medicamentos que no están relacionados con enfermedades crónicas o patologías graves. «Una parte importante del gasto en medicamentos es superfluo», reconoció ayer el consejero de Economía de Cantabria, Ángel Agudo. Su opinión es compartida por el resto de las regiones que, además, proponen un modelo de gestión interna de los hospitales. Consideran que así se «concentrarían los gastos que son absolutamente necesarios y se eliminarían los prescindibles». Las medidas de ahorro se harían extensible también a los servicios sociales. El plan, soterrado en los últimos meses, toma forma y afectaría a los dependientes que quieren acceder a las ayudas recogidas por la ley. Existe un consenso a la hora de elevar el copago a los dependientes con más recursos económicos.
Menos inversión
Es tiempo de crisis y, en teoría, de acuerdos. Estado y autonomías parecen caminar de la mano en las medidas de austeridad que deben aplicarse para reconducir la situación. Sin embargo, el Gobierno no se fía y amenaza a las comunidades con recortarles la inversión si éstas no ajustan su déficit.
El plan de estabilidad presentado a la Comisión Europea establece un recorte del déficit fiscal desde el 11,4% del PIB, hasta el 3% en 2013. La Moncloa se compromete a ahorrar 40.000 millones de euros. El resto del esfuerzo corresponderá a las comunidades, que gestionan la educación, la sanidad y o los servicios sociales.
El Gobierno estudiará los informes trimestrales que remitan las autonomías sobre el plazo para el pago de las operaciones comerciales así como los gastos de cada ejercicio. El fin no es otro que fiscalizar las cuentas públicas de cada territorio y actuar en consonancia. Hacienda sacará la tijera para recortar las partidas presupuestarias no comprometidas por ley con las regiones. Asturias está tranquila de momento, al ser uno de los pocos gobiernos autonómicos que han cumplido con los requisitos exigidos por el Estado sobre el control de déficit. Ahora, el Principado, como otras comunidades que han sabido contener su gasto, pide al Gobierno central un gesto y que rebaje sus exigencias a los territorios que hasta ahora han cumplido con los márgenes planteados para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas. «No debe aplicarse el mismo patrón a todas las comunidades», aseguraron ayer a este periódico fuentes del Ejecutivo de Areces, que tiene previsto cumplir con el objetivo de permanecer por debajo del 2,5% de déficit a tenor de los presupuestos aprobados para este ejercicio.
