RETRIBUCIONES

Para que vayamos “abriendo boca”, me temo

El Gobierno vasco quiere recortar 100 millones en la función pública

La propuesta incluye la suspensión o revisión de distintas primas y complementos y contención del gasto

23/11/2011, en Público

Poco a poco los recortes se van extendiendo por la geografía española. Si ayer era la Generalitat de Catalunya la que anunciaba nuevos recortes, incluyendo un repago en las medicinas, este miércoles es le Gobierno vasco el que ha propuesto reducir el gasto de el gasto de personal en cien millones de euros en 2012. La propuesta, presentada a lso sindicatos en la Mesa General de la Función Pública, incluye la suspensión o revisión de distintos complementos sin pérdida de personal, aunque tampoco se incrementará el número de trabajadores públicos.

Según explicó el viceconsejero de Función Pública del Ejecutivo vasco, Juan Carlos Ramos, su intención es negociar en la Mesa la puesta en marcha el próximo año de estas medidas de reducción del gasto de personal. Para ello, abogan por un pacto por la sostenibilidad del empleo público y la eficacia de los servicios públicos. Respecto a los sueldos, únicamente ha avanzado que en materia retributiva depende de la normativa estatal en sus retribuciones básicas.

Según ha adelantado Ramos, son seis bloques de medidas que incluyen la suspensión temporal de las primas por jubilación voluntaria o los contratos de relevo, además de la revisión de los complementos de incapacidad temporal. Junto a ellas el viceconsejero ha insistido en la estabilidad de las plantillas mediante la reducción de la interinidad y el freno a la externalización. Ramos ha defendido que esta propuesta está "muy alejada del modelo de recorte catalán o de lo que está haciendo el PP allá donde gobierna".

En Euskadi, según sus datos, hay 66.769 trabajadores públicos en la administración general, con un 32% de trabajadores interinos al comienzo de la legislatura. Esta cifra se ha reducido con las OPE pactadas, que incluyen 12.692 plazas de las que ya se han cumplido 6.450. La lucha contra el absentismo, que ha pasado del 6,1% al 5,15% en los últimos tres años, también se mantendrá.

Seis medidas

Son seis los bloques de medidas a aplicar a todos los departamentos de la administración pública vasca en 2012, y que permitirán ahorrar más de cien millones de euros.

El primero suspende la totalidad de las primas por jubilación voluntaria que otorga la administración general. El segundo hace lo mismo con el contrato de relevo que, según las estimaciones del Gobierno Vasco, podría afectar a unas 365 personas.

Además, se suspende la opción de prórroga del servicio activo con 65 años. Afectaría a 201 empleados y entra de lleno en la política de amortización de puestos de trabajo, aunque el propio Gobierno Vasco admite que no todas las plazas podrán amortizarse.

Un cuarto bloque incluye la revisión de los complementos de incapacidad temporal en los casos de enfermedad, de forma que únicamente cobrarían el 100%, que ahora abona en todos los casos, por baja por accidente laboral. Los datos del Gobierno Vasco indican que en los primeros diez meses de este año se han contabilizado 48.135 bajas, que han supuesto un coste de la incapacidad temporal de 43,8 millones de euros en materia de complementos.

Asimismo, la propuesta del Ejecutivo incluye la suspensión del devengo de la carrera profesional, que afectaría a Interior, Justicia, Educación y Osakidetza. Además plantea limitar la posibilidad de acceso y convocatoria de nuevos desarrollos de carrera en 2012.

El sexto y último bloque contempla una instrucción de Función Pública para la contención del gasto en la administración general, que ya en 2011 ha logrado "importantísimos ahorros" con la suspensión de las sustituciones y acumulación de tareas para cubrir las vacantes.

En definitiva, esta propuesta del Gobierno Vasco sigue la línea fijada al presentar las cuentas públicas para 2012 de contención absoluta de los gastos de personal, de funcionamiento de la administración y de las subvenciones ante la persistencia, "incluso empeoramiento", de la crisis económica y la caída de ingresos fiscales.

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Un dirigente de la CEOE propone un salario mínimo más bajo para los jóvenes

José Luis Feito aboga por rebajar los sueldos y la indemnización por despido para combatir el desempleo - El presidente de la comisión de economía de la patronal augura que en marzo habrá 5,3 millones de parados

Foto: José Luis Feito, Manuel González (decano de la Facultad de Economía) y Severino García Vigón (presidente de Fade). nacho orejas

Lne.es » Economía   Oviedo, José Luis SALINAS

Sueldos más bajos, despido más barato y un salario mínimo para jóvenes, también más bajo que el ordinario. Éstas son algunas recetas que, a juicio del presidente de la comisión económica de la patronal nacional CEOE y del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, deberían aplicarse para allanar la recuperación económica y que España recorte el paro, que roza ya los cinco millones de desempleados. En una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, Feito aseguró que la única forma de estimular el mercado laboral pasa por aumentar la productividad y, a su entender, no hay otro camino para conseguirlo que rebajar los costes salariales. También abogó por un nuevo salario mínimo para los jóvenes por debajo del actual (641,4 euros al mes) como, aseguró, se hace en otros países. Esta medida, resaltó el dirigente de CEOE, ayudaría a paliar el alto desempleo juvenil.

 

José Luis Feito, economista que preside una comisión consultiva de la patronal, fue así de directo: «Haga lo que haga el nuevo Gobierno (en alusión al futuro Ejecutivo de Mariano Rajoy), seguirá aumentando el descomunal número de parados y se superarán los 5,3 millones de desempleados en marzo». En otro momento, el directivo diagnosticó que el «problema de España es más grave que el de Italia». Es así, añadió el también presidente del Instituto de Estudios Económicos («think tank» vinculado al mundo empresarial), porque el crecimiento español se cimentó en una «gran deuda exterior». «Crecimos gracias a que el mundo nos prestó mucho dinero». Y añadió Feito que el país está, de hecho, intervenido desde agosto, cuando el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a comprar deuda española e italiana para detener los ataques especulativos en los mercados financieros.

 

«Para ser más competitivos hay que hacer una drástica reforma del mercado laboral y aquí no hay más alternativas que rebajar los salarios», apuntó. Y a renglón seguido destacó: «No es normal que España tenga los costes salariales más altos de Europa, sólo por detrás de Estonia». Tampoco es normal, expuso José Luis Feito, que los salarios hayan crecido durante los últimos años un 40% en España, mientras que la tasa de actividad tan sólo lo haya hecho un 4%.

 

Feito criticó con dureza que en el sector de la construcción, epicentro de la crisis económica española, este año los sueldos hayan subido en un 4%, cuando «el 50% de los trabajadores está en el paro». Abaratar el coste del despido también ayudaría a bajar el paro, según Feito. «Lo que un empresario tiene que gastar en despedir a un trabajador es dinero que luego no se gasta en nuevas inversiones», señaló.

 

Las propuestas de Feito atizaron el debate en el Aula Magna de la Facultad ovetense, con críticas de algunos asistentes a la conferencia durante el turno de preguntas. Estudiantes y profesores cuestionaron que rebajar los costes salariales derive en un aumento de la contratación y de la productividad. «Las piezas están claras, pero no encajan», le reprochó uno de los asistentes. «Siempre acaban pagando los mismos», se comentó en otra intervención.

Una agenda a tener muy presente en el futuro inmediato

Dos semanas de vértigo para recortar, congelar sueldos y subir pensiones

El nuevo Gobierno tendrá 15 días para decidir sobre el alza salarial a 8,5 millones de pensionistas y la nómina de 3,1 millones de funcionarios

Madrid, en El Pais
Si Mariano Rajoy resulta investido el próximo 16 de diciembre, fecha aproximada para la votación del nuevo presidente en el Congreso de los Diputados, su Gobierno deberá tomar en dos semanas trepidantes algunas decisiones impopulares, otras populistas, y todas ellas trascendentes para el futuro económico de España.

El nuevo Ejecutivo tendrá que definir la cuantía de la subida de las pensiones - similar al IPC, según el compromiso del PP - y el sueldo de 3,1 millones de funcionarios de todas las administraciones públicas (que bajó un 5% de media en 2010 y se congeló en 2011). Lo deberá hacer mediante un decreto ley de prórroga de presupuestos, un texto básico donde puede concretar otras cuestiones que dependen de la voluntad del nuevo Ejecutivo.

Presupuesto y recortes.

El primer trimestre de 2012 lo tendrá el Gobierno para perfilar los presupuestos generales del Estado, donde deberán ir asuntos mayores. El primero, trascendental y especialmente sensible consiste en cómo recortar 16.000 millones de euros de gastos (porque los ingresos no parece que vayan a subir por la vía de la reforma fiscal prometida) para cumplir con el 4,4% de déficit comprometido a finales de 2012 sin que afecte a la educación y la sanidad.

Son 16.000 millones de euros si el déficit a finales de 2011 no supera el 6% previsto. Cada punto de desviación son 10.000 millones de euros más de tijeretazo al gasto público. El PP quiere suprimir organismos autónomos que cree inútiles en la administración y despedir a empleados de empresas públicas, aunque no se sabe a cuántos. Esto también llegará en los primeros días de Gobierno.

Financiación autonómica.

El Gobierno debe decidir la cuantía de las entregas a cuenta a las comunidades del primer trimestre de 2012 para que los Gobiernos regionales (11 de los 17 son del PP) sepan a qué atenerse. También deberán aclarar las previsiones de ingresos del Estado para 2012, vital para que las autonomías cuadren sus presupuestos.

Reforma laboral.

El PP considera urgente una reforma laboral para incentivar la creación de empleo. Aunque no ofreció grandes detalles durante la campaña, Rajoy prepara una normativa que reduzca el número de contratos y flexibilice la negociación colectiva, de manera que las empresas puedan establecer sus propios acuerdos con los trabajadores sin que prevalezca sobre los mismos el convenio del sector.

Ayuda de 400 euros a parados.

Prórroga o no. Antes de que se aprueben los presupuestos de 2012, Rajoy deberá decidir si prorroga la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos que agotaron su prestación reglamentaria. Zapatero lo hizo el pasado 16 de agosto por seis meses, que concluyen el 15 de febrero de 2012. Unos 200.000 desempleados se benefician de la ayuda. Rajoy, en la entrevista con EL PAÍS, señaló: “Yo creo que las prestaciones por desempleo van a bajar, pero no porque la gente deje de cobrar el desempleo, sino porque va a haber menos personas con derecho a cobrar el desempleo”.

Inversiones y obras públicas.

En las cuentas públicas de 2012, probablemente las más difíciles que ha tenido un Gobierno español en los últimos años, Rajoy deberá definir su apuesta por las infraestructuras. En la entrevista a EL PAÍS, señaló: “A lo mejor habrá que hacer menos obras públicas, dar prioridad a terminar las que ya están en marcha”.

Nuevo fiscal general del Estado: decisiones sobre Camps, Garzón, Blanco y Urdangarin.

En el terreno judicial, el nuevo Gobierno deberá nombrar en sus primeros consejos de ministros al Fiscal General del Estado, que tendrá en su agenda temas delicados que están pendientes de juicio y donde la Fiscalía adoptó una postura que ahora, con nuevo jefe, podría cambiar.

Es el caso del procesamiento de Baltasar Garzón, donde la fiscalía del Supremo se ha opuesto a las iniciativas de los magistrados y pide la absolución del juez en el caso de las escuchas del caso Gürtel.

En relación con la trama de corrupción masiva vinculada al PP, todavía sigue instruyéndose en tres tribunales superiores de Justicia (Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid) con significados dirigentes del PP imputados. Uno de ellos, ex presidente valenciano y diputado autonómico, se sentará en el banquillo en unas semanas y la fiscalía le acusaba de cohecho impropio.

También está pendiente la actuación de la fiscalía en una derivada del caso Palma Arena, donde tras meses de investigación, los representantes del ministerio público ya han escrito en un informe que ha recogido el juez en sus últimos autos que Iñaki Urdangarin, duque de Palma y yerno del Rey, se apropió de fondos públicos a través de una trama societaria que se aprovechó de dos contratos suscritos por una fundación sin ánimo de lucro con el Gobierno balear de Jaume Matas (PP) para celebrar congresos sobre turismo y deporte. La Fiscalía del Supremo también debe pronunciarse sobre si procede o no abrir una investigación judicial al ministro de Fomento, José Blanco, por la denuncia de un empresario corrupto sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales.

Renovación del Tribunal Constitucional.

El Congreso no hizo los deberes y cuatro magistrados del Constitucional siguen en sus puestos aunque su mandato caducó hace un año porque PP y PSOE no se pusieron de acuerdo sobre los sustitutos, que deben ser nombrados con una mayoría de tres quintos (210 diputados). Esa renovación podría dar lugar a una nueva batalla por la presidencia del Constitucional, crucial en votaciones donde se da un empate. Ahora, mandan con mayoría absoluta los magistrados elegidos a propuesta del PP.

El Constitucional tiene que decidir en los próximos meses algunos asuntos especialmente sensibles. Por un lado, determinará si legaliza a Sortu, la nueva formación promovida por Batasuna. De otro, resolverá los 28 recursos, de los que 24 corresponden a presos de ETA, contra la doctrina Parot que prolonga su estancia en la cárcel. Además, tiene pendiente el Alto Tribunal el recurso del PP contra la ley que regula el matrimonio homosexual, que Rajoy todavía no ha aclarado si acatará o, en caso de que los magistrados avalen la constitucionalidad del texto socialista, impulsará su reforma para que la unión de dos hombres o dos mujeres no se llame matrimonio.

Lo contamos desde aquí hace 9 días

1.100 funcionarios más cobrarán este mes el plus de la carrera profesional

Los aumentos llegan a los 200 euros aunque hay 563 empleados públicos pendientes de saldar 22 meses de pago atrasado

VER LA NOTICIA DEL 17.10.10

26.10.11 - R. M. / AGENCIAS | OVIEDO, en El Comercio.

El plus de la carrera profesional se extiende. El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, ha firmado ya la resolución que permitirá a 1.181 empleados públicos más ver sus nóminas mejoradas a partir de este mismo mes. Son bomberos, auxiliares de enfermería, administrativos, guardas de medio natural y otros profesionales que a partir de ahora verán incrementados sus ingresos en cuantías que varían hasta los 200 euros al mes en función de la escala a la que pertenezcan.

La luz verde llega con retraso. Dentro de este grupo, hay 563 empleados públicos a los que se reconoció su derecho al plus profesional con efectos de 1 de enero de 2010, lo que obliga ahora a la administración regional a saldar los retrasos correspondientes. Otros 618 percibirán la mejora desde el 1 de agosto de este año. Cabe recordar que para tener derecho a ingresar en la carrera profesional es preciso tener plaza fija y al menos cinco años de antigüedad.

El consejero firmó la decisión el 7 de este mes y fue publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el día 15. Entre medias, el pasado día 10, Del Riego suscribía una respuesta parlamentaria al diputado socialista Vicente Herranz que se había interesado sobre los plazos manejados para la culminación de este primer tramo de la carrera. Explicaba el consejero que el plazo es el mes presente, «de modo que aquellos empleados públicos a los que se les reconozca la incorporación a dicha carrera profesional, puedan percibir el importe correspondiente a la misma con la nómina del mes de octubre». En total, el Principado abrió la última convocatoria para sumarse al plus informando de que había un máximo de 1.241 empleados en condiciones de incorporarse. De ellos, 60 no cumplimentaron los trámites.

Incorporaciones de Funcionarios y Laborales del Principado, incluidos sanitarios no estatutarios, al sistema de progresión en la Carrera Horizontal

Reconocimiento de la primera categoría personal dentro del sistema de carrera horizontal, con efectos económicos y administrativos de 1 de agosto de 2011…

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se procede al reconocimiento de categorías personales dentro del sistema de carrera horizontal, de los funcionarios de carrera y personal laboral fijo que prestan servicios en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos que solicitaron su incorporación en la Convocatoria de 16 de mayo de 2011.

VER RESOLUCION Y LISTADO EN EL BOPA

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Madrid asigna un sueldo más alto a su vicepresidente que a la propia Aguirre

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La nómina de Esperanza Aguirre y sus ocho consejeros costará este año al erario público 926.242 euros, según la información divulgada ayer por el Ejecutivo madrileñoo (leer más)

Las comunidades encaran un recorte de más de 5.000 millones

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Se enfrentan al mayor tijeretazo de la historia

El País. Eva Sáiz / Joaquín Gil Madrid 29 SEP 2011 - 08:40 CET1

Navarra aprueba un "doloroso" primer ajuste

Baleares despedirá a 800 trabajadores

Foto: María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha. / PP (EUROPA PRESS)

Castilla-La Mancha abrió la veda. El anuncio de un recorte del 20% (1.815 millones) en los presupuestos del próximo año convirtió a María Dolores de Cospedal, que también es secretaria general del PP, en la avanzadilla de la tijera del partido de Mariano Rajoy. Le siguieron Extremadura y Murcia. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Elena Salgado, se ha mostrado confiada de que las Comunidades Autónomas sabrán cumplir sus objetivos de deuda, según ha dicho en una entrevista en RNE. El mapa de la España autonómica en crisis, que ha adelgazado ya sus cuentas en más de 5.000 millones, el mayor recorte de la democracia, se esboza así.(leer más)

El drama de las cuentas públicas

La Comunidad Valenciana recortará un 10% el sueldo a 150.000 empleados

El Gobierno prepara una rebaja de 1.500 millones en los Presupuestos de 2012

El País. Miguel Olivares Valencia 28 SEP 2011 - 22:37 CET53

El consejero de Hacienda cuestiona los grandes eventos

“Los recortes empezaron hace 16 años”

José Manuel Vela, consejero de Hacienda y Administración Pública tiene previsto recortar 1.500 millones de euros del presupuesto previsto para 2012. Vela reducirá la masa salarial de la Generalitat un 10% para ahorrar 530 millones. Una decisión que afectará a 15.000 trabajadores del Gobierno que preside Alberto Fabra, según pudo saber este periódico. “La situación es insostenible”, reconoció a dirigentes de Intersindical Valenciana durante una reunión que mantuvieron días atrás.

El consejero no fue muy explícito respecto de las vías que piensa utilizar para conseguir rebajar esos 530 millones de la partida destinada al pago de las nóminas; pero dejó claro que las únicas posibles para conseguirlo consisten en una reducción salarial, el despido de trabajadores o una combinación de ambas.

La Generalitat gasta unos 1.100 millones de euros mensuales, pero apenas ingresa 770. A la vista de las cifras, el consejero de Hacienda valenciano indicó que todas sus previsiones se pueden ir al garete si el Estado no asume como propias las emisiones y renovaciones de deuda pública que tiene autorizada la Generalitat valenciana para 2011 y parte de 2010; en total, unos 3.500 millones de euros. “Sin ayuda del Estado nunca podré pagar los 2.400 millones de euros que debo a mis proveedores”, confesó Vela en una entrevista concedida a EL PAÍS hace tres semanas.

El consejero de Hacienda ya defendió en julio ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera la necesidad de instaurar algún tipo de hispanobonos para que las comunidades autónomas puedan colocar deuda como si fuera del Estado, porque los mercados financieros están cerrados, muertos, para todos los Gobiernos autónomos desde hace meses.

Por recaudación de tributos cedidos, las arcas de la Generalitat apenas ingresaron unos 70 millones de euros al mes durante 2010. Con esos fondos, la Hacienda valenciana debe afrontar unos gastos fijos de 300 millones al mes para pagar la nómina. La factura de farmacia ronda los 220 millones mensuales. Las cinco universidades públicas valencianas consumen otros 100 millones. Y las entidades financieras titulares de los 20.500 millones de deuda pública que arrastraba la Generalitat a finales de junio según datos del Banco de España han exigido desde hace meses el pago de todos los vencimientos.

La toma de posesión de la presidencia de la Generalitat por Alberto Fabra, tras la dimisión de Francisco Camps el 20 de julio pasado, vino acompañada de un recorte de gasto del Presupuesto corriente de 2011 de 680 millones. Las universidades dejarán de ingresar 132 millones, la factura de farmacia de diciembre se pagará en enero, etcétera.

El presidente de la Generalitat valenciana ha defendido en público en varias ocasiones la necesidad de emprender recortes en la administración. En el punto de mira está sobre todo el ente de la televisión valenciana que emplea a 1.900 trabajadores, una cifra que supera de lejos a los empleados de cadenas de televisión estatales.

Enrique Verdeguer, consejero de Economía, avanzó ayer que el Consell aprobará mañana un decreto para crear una Corporación Pública Empresarial, que englobará una treintena de entidades de derecho público y mercantiles.

El decreto introducirá criterios relativos a la gestión, auditorías, contratación, recursos humanos y pago a proveedores, entre otros, de todo el sector público empresarial de la Generalitat valenciana.

Verdeguer indicó que la corporación supondrá “un ahorro sustancial en todos los capítulos del sector público empresarial”. Su colega de Hacienda estimó que el ahorro que generará la nueva corporación empresarial rondará los 420 millones de euros anuales.

La liquidación detallada de las cuentas de 2010 revela que la Comunidad Valenciana consume 5.300 millones de euros para pagar los sueldos de los 150.000 empleados de todo el sector público, desde maestros y enfermeros hasta gestores y administrativos de la entidad de saneamiento de aguas residuales.

El último Presupuesto estimaba unos ingresos de 13.713 millones de euros, de modo que el gasto total previsto para 2012 será de unos 12.200 millones, una cantidad inferior a la presupuestada por el Gobierno autónomo para 2007.