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El PSOE dice que PP e IU están dando marcha atrás con la Ley para la integración del hospital

 

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Asegura que tras las últimas modificaciones el texto «no tiene nada que ver» con su propuesta inicial

El Comercio. 18.02.10 -ANA MORIYÓN ANA MORIYÓN [e-mail] | ARRIONDAS.

José Manuel Abeledo, José María González Gancedo, Concepción Rivero, Elena Arias y María Luisa Sánchez Núñez. :: E. C.

El PP e IU se están encontrando con grandes dificultades en la redacción de la Ley para forzar la integración del hospital de Arriondas en la red pública y el PSOE cree, incluso, que los dos grupos políticos que avalan esta polémica iniciativa parlamentaria se están viendo obligados a dar marcha atrás en sus pretensiones iniciales. No existe todavía ningún texto definitivo -PP e IU han solicitado una semana más para seguir limando asperezas- pero los últimos cambios realizados en el documento «no son en absoluto modificaciones semánticas, como dice el PP, porque cambian totalmente el objeto de la Ley», afirma la diputada socialista Pilar Alonso. Tal y como reconocía esta misma semana el propio diputado popular, Carlos Galcerán, en las últimas reuniones realizadas para la redacción de la proposición de Ley -presentada hace ya dos años- se han venido haciendo algunas variaciones con el objeto de «evitar posibles resquicios jurídicos», llegando incluso a cambiar el propio enunciado de la Ley que, si inicialmente hablaba de la «integración de la fundación pública del hospital de Arriondas y de su personal en el Sespa», ahora plantea únicamente «su gestión directa».

PP e IU mantienen que se trata de «cuestiones puramente semánticas» que se han modificado como consecuencia de los cambios efectuados en la gestión del centro en los dos últimos años. Debe recordarse en este sentido que en septiembre de 2008, apenas unos meses más tarde de que el PP presentara la proposición de Ley, el Gobierno regional convirtió la fundación privada que gestionaba el equipamiento hospitalario desde su constitución en una fundación pública y que, hace apenas unas semanas, se realizaban cambios sustanciales en el Patronato de la fundación Grande Covián sustituyendo a los anteriores miembros por personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Además, PP e IU insisten en que, pese a los cambios introducidos en la redacción del documento, el objeto final de la Ley se mantiene intacto. Esto es, integrar al hospital de Arriondas en la red pública y situar este equipamiento médico en la misma línea que cualquier otro centro comarcal del Sespa.

El PSOE, que siempre se ha mostrado muy crítico con esta iniciativa parlamentaria y ha llegado incluso a calificarla de «anticonstitucional», cuestiona nuevamente las explicaciones de la oposición y ofrece una valoración muy diferente. La diputada Pilar Alonso entiende que lo que sucede realmente es que «no quieren dar el brazo a torcer y reconocer que lo que pretendían hacer en un principio no es viable». Hasta ahora, explica, «se habían limitado a decir lo que querían escuchar los trabajadores sin atender a razones legales y formales», pero a la hora de plasmar sus pretensiones sobre un documento jurídico «se han encontrado con más de un problema». «Quieren que la Ley recoja lo que pedían en lenguaje populista y no es posible, y ahora los juristas les están exigiendo unas modificaciones para poder arreglar esta chapuza» que, advierte Alonso, «deja en un absoluto limbo jurídico a los trabajadores del hospital». Además, fuentes socialistas mantienen que las «sustanciales modificaciones» han hecho que la Ley sea mucho menos ambiciosa que en un primer momento. «No hay ningún parecido entre la proposición inicial presentada por el PP y las enmiendas de IU, con el texto que se está debatiendo en estos últimos días. Ahora no piden lo que pedían antes», señala también Alonso.

La diputada socialista no quiso entrar a valorar el contenido de la Ley aún en redacción y mantiene que su partido está en la ponencia «por respeto institucional», pero «no vamos a participar en ese proceso legislativo que está viciado desde el primer momento porque se ha vulnerado el reglamento de la Cámara». De este modo, responsabilizan a PP e IU de las «consecuencias que pueda generar su entrada en vigor». Y es que, subrayan desde el PSOE, «lo que más nos preocupa es la estabilidad de los trabajadores y la situación ahora es todavía más insegura e impredecible que cuando se comenzó a trabajar en la redacción de la Ley», advierte.

Además de sustituir la palabra «integración» por «gestión directa», la proposición de Ley presentada esta misma semana en la ponencia tras las últimas modificaciones señala que el Sespa «subrogará los contratos de trabajo del personal del hospital del Oriente con los efectos derivados de tal subrogación» y añade que «dicho personal tendrá la consideración a extinguir». Una propuesta para el futuro de los trabajadores que dista mucho de la planteada en el documento anterior, cuando se hablaba directamente «de integrar el personal» en el Sespa «como personal laboral propio, respetando todos los derechos adquiridos derivados de los contratos suscritos, incluida la antigüedad, así como la naturaleza de sus funciones y sus correspondientes niveles retributivos».

Otra de las cuestiones que se han ido modificando también a lo largo de estas semanas en las diferentes ponencias celebradas para la elaboración del texto definitivo tiene que ver con la posibilidad de disolver el Patronato del hospital. Mientras que el documento inicial recogía en su disposición final «la extinción de todos los convenios, conciertos o instrumentos de análoga naturaleza, que amparen las fórmulas de gestión integrada o compartida de la fundación pública del hospital con el Servicio de Salud del Principado de Asturias», el documento propuesto por los juristas no concreta el procedimiento a seguir y dice: «Se dejará sin efecto, por los procedimientos legales y/o convencionales que sean de aplicación, la fórmula de gestión vigente a la entrada en vigor de la presente Ley». Ante esta posibilidad, desde el Patronato del hospital insistían ayer en que utilizarán todos los medios que estén a su alcance para garantizar la continuidad de este ente amparándose en la Ley de Fundaciones.