Las negociaciones del bipartito sobre la reducción del gasto

 

 

IU acepta bajar el sueldo a los funcionarios a cambio de más subidas de impuestos

 

El acuerdo para sacar adelante el ajuste que propone el PSOE incluye también que el «tijeretazo» afecte menos a las consejerías de la coalición

 

 Noemí Martín, consejera de Bienestar Social; Ángel González, viceconsejero de Bienestar Social; Aurelio Martín, consejero de Medio Rural, y Jesús Iglesias, coordinador general de IU, ayer, en el consejo político de la coalición.

 

Noemí Martín, consejera de Bienestar Social; Ángel González, viceconsejero de Bienestar Social; Aurelio Martín, consejero de Medio Rural, y Jesús Iglesias, coordinador general de IU, ayer, en el consejo político de la coalición.  miki lópez

 

 La Nueva España. Oviedo, J. A. A. / P. G.IU no se opondrá en la Junta General al recorte de la parte autonómica de la nómina de los funcionarios después de haber llegado ayer a un acuerdo con la parte socialista del Gobierno del Principado. El acuerdo, que permitirá al PSOE sacar adelante el decreto, consiste en rebajar el listón de las rentas altas para subir los impuestos a quien gana más de 90.000 euros anuales, en lugar de los 100.000 euros defendidos inicialmente por el Ejecutivo que preside Vicente Álvarez Areces, y lejos de los 60.000 euros que que exigía la coalición. Esto, y que el recorte presupuestario afecte menos de lo esperado en un principio a las consejerías en manos de IU.

 

 Además, el acuerdo incluye aumentar la progresividad en casi todos los impuestos que dependen del Principado, como el de sucesiones, el de transmisiones y actos jurídicos documentados. La subida de impuestos permitirá, según la coalición, mitigar el ajuste presupuestario de 201 millones de euros y evitar «formalmente» que se recorten las partidas destinadas a la ley de Dependencia y a políticas sociales,

 

 La posibilidad de que IU se abstenga en la votación parlamentaria que dará luz verde al recorte de los sueldos de los funcionarios asturianos ha suscitado gran malestar entre los sindicatos sectoriales de la función pública, que consideran que IU les ha utilizado como moneda de cambio en la negociación con los socialistas. El acuerdo, conseguido en el ámbito de una negociación que sigue abierta, se plasmará hoy en la presentación de las enmiendas parciales acordadas por IU y el PSOE con vistas a la tramitación parlamentaria de la ley de «medidas urgentes de contención del gasto público y en materia fiscal para la reducción del déficit público». La dirección de IU presentó este principio de acuerdo ayer a su consejo político en una larga reunión en el hotel ovetense de La Gruta, en el que hubo voces discordantes. Algunos destacados líderes de la coalición aseguraron que el acuerdo en materia fiscal «no es suficiente para seguir en el Gobierno». Pero la decisión tomada por la dirección fue respaldada por una amplia mayoría (47 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones). Jesús Iglesias, coordinador general de IU, destacó antes del consejo político que «en casi la totalidad de las figuras fiscales que dependen de la comunidad se van a introducir criterios de progresividad. En algunos casos de forma novedosa respecto a otras regiones».

 

 Mientras, la reunión que mantuvieron ayer los catorce sindicatos de la función pública con la parlamentaria de IU Diana Camafeita resultó tensa por momentos. Varios representantes sindicales trasladaron a la parlamentaria de IU la impresión de que habían sido utilizados como «moneda de cambio» por la coalición en la negociación con sus socios socialistas. Y es que la diputada dejó entrever en su encuentro con los sindicatos que la coalición, pese a haber votado contra la reducción de salarios a los funcionarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Mesa de la Junta General, dará prioridad en la negociación a otras cuestiones. «Es una interpretación sesgada y equivocada (por parte de los sindicatos)», terció Iglesias, que sentenció: «El ajuste de las nóminas de los funcionarios se deriva de una norma del Gobierno de Zapatero que debe ser aplicada por imperativo legal en todo el Estado».