Lo que si sube son los familiares asalariados

La Ley de la Dependencia se frena

La última estadística del Imserso revela la bajada de usuarios de ayuda a domicilio y centros de día mientras suben las pagas a familiares

Asturias sólo sumó 55 nuevos beneficiarios de la norma desde el pasado mes de agosto

05.11.10 -CH. T. | GIJÓN, en El Comercio.

La Ley de la Dependencia se frena en Asturias. Así se empeñan en demostrarlo las estadísticas que, con periodicidad mensual, hace públicas el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el ente que coordina el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El último informe, el relativo al 1 de noviembre, revela que sólo 55 asturianos se han incorporado al listado de personas dependientes que, con derecho a recibir un servicio o una prestación, realmente cuentan con ella. Son los primeros 55 desde el pasado mes de agosto.

Porque aunque la Consejería de Bienestar Social y Vivienda explicó el mes pasado que en las estadísticas del Imserso había «desajustes), ya que se habían dedicado «a priorizar la resolución de expedientes en lugar de actualizar los datos», lo cierto es que de nuevo en noviembre las cifras se empeñan en mostrar un estancamiento en el sistema. Mientras el resto de comunidades reflejan movimiento en sus números, en Asturias sólo aparecen 55 nuevos ingresos en el listado de beneficiarios reales de la ley. Porque, en la relación de personas con derecho, sin definir si ya lo reciben o no, el volumen disminuyó: hay 13 menos que en octubre.

No son los únicos datos a la baja que muestra el barómetro oficial de la Ley de la Dependencia. En el capítulo de recursos elegidos por los actuales 12.842 beneficiarios, todos los servicios, salvo el residencial, presentan datos negativos. Por contra, las prestaciones, especialmente las que se refieren al salario para el cuidador familiar, van al alza.

Así, según el Imserso, en Asturias hay actualmente 1.165 personas con dependencia usuarios de ayuda a domicilio, un 3% menos que el mes pasado. También bajan los interesados en la teleasistencia, en 1%, y los que optan por utilizar un centro de día. Ahora mismo son 1.150, un 1,2% menos que en octubre.

6.312 familiares asalariados

La otra cara de la moneda son las prestaciones económicas, que siguen subiendo en Asturias. A pesar de la insistencia desde el Principado en que la prioridad «son los servicios» y del acuerdo en ese sentido alcanzado, hace solo unos días, por el Consejo Territorial de la Dependencia, el primero que presidió la nueva ministra, Leire Pajín, lo cierto es que lo que sube en la región son las pagas a familiares.

De nuevo las cifras contradicen las declaraciones políticas. Según la estadística, a 1 de noviembre eran 6.312 los asturianos que cobraban por cuidar de un familiar con dependencia. En porcentaje es un 0,6% más que el mes pasado. En cifras, son 36 cuidadores no profesionales. El único aspecto positivo que, sobre estas ayudas, reflejan las estadísticas es que Asturias es una de las comunidades que menos pagas aprueba. Los 6.312 asalariados son el 47,10% del total de beneficiarios. En el Norte, sólo mejora el País Vasco mejora el porcentaje, porque en Cantabria suponen el 63% y en Galicia el 58%.

Las otras pagas, las que se conceden para que la persona con dependencia se financie un servicio, al no haber plazas en la red pública, también crecen. En un mes, ha habido un 2% más, hasta llegar a 1.241 prestaciones económicas. Vista la caída en el resto de la oferta de servicios, parece evidenciarse que los usuarios se decantan por el único dispositivo que sube: el residencial. En noviembre son ya 3.322 los dependientes que viven en una residencia. 34 más en un mes.

4.501, en el limbo

La cifra que permanece prácticamente invariable es la de asturianos con derecho a recibir un servicio financiado por la ley, pero que no han llegado un acuerdo con el Principado de cuál será. A 1 de noviembre dice el Imserso que en esa situación, que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales califica de 'limbo', viven 4.501 asturianos. La ley establece que, en seis meses, deben salir de él.