El TSJA anula por cuarta vez en año y medio la designación de funcionarios a dedo

La sentencia declara ilegal el método utilizado por el Principado para cubrir 299 puestos, de los que 291 ya habían sido anulados antes por el tribunal

Jesús María Chamorro, presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA.  

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  Los nombramientos cuestionados. Asturias

Oviedo, Marcos PALICIO
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado por cuarta vez en año y medio una convocatoria de puestos de altos funcionarios del Principado por haber sido designados a dedo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo cuestiona la licitud de la predilección de la Administración regional por el sistema de libre designación frente al concurso de méritos y declara ilegales los métodos utilizados para cubrir 299 puestos de jefes de servicio, coordinadores, asesores y similares. En este catálogo de plazas, aprobado el 18 de marzo de 2009, se incluyeron 291 nombramientos que el tribunal ya había anulado este año y que el Principado volvió a incorporar a una relación que se completaba con ocho puestos más, que ahora han sido igualmente invalidados.

El Principado ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo las tres resoluciones anteriores, aunque los demandantes, funcionarios componentes del Conceyu por Otra Función Pública en Asturies, tienen previsto solicitar la ejecución provisional de la sentencia. El fallo, con fecha del pasado 29 de octubre, reafirma los argumentos expuestos en los anteriores de la misma Sala y sostiene que el sistema de libre designación previsto por la ley «difiere sustancialmente de libre arbitrio» y que está previsto en la ley «con carácter excepcional», frente al método «normal», que es el concurso de méritos. El uso de este sistema extraordinario, sigue afirmando la sentencia, sólo se admite en cargos «directivos y de confianza» y en todo caso exige que las relaciones de puestos de trabajo incluyan expresamente «una justificación específica» de la «especial responsabilidad» que implica la plaza en cuestión, algo que el tribunal no aprecia en los nombramientos del Principado impugnados.

La reiteración de los reveses judiciales para la política de personal de la Administración asturiana lleva a los demandantes a situar al Gobierno regional «en una carrera alocada de rebeldía frente al Derecho». Según el Conceyu por Otra Función Pública en Asturies, en la relación de puestos de trabajo que acaba de ser anulada «no sólo se mantiene el método del dedo para los puestos en los que ya se había declarado ilícito, sino que se extiende a varios más, que de nuevo se declaran ilegales».

Las sentencias anteriores, según el colectivo, no han sido ejecutadas porque el Principado, «actuando irresponsablemente con el dinero de los asturianos, decidió recurrirlas a sabiendas de la imposibilidad jurídica de que tales recursos puedan prosperar, en una política de tierra quemada que sólo pretende trasladar a los futuros gobernantes una función pública caótica y absolutamente degradada».