La “patata caliente” en manos de los jueces ... ¿es posible que una administración no cumpla o ejecute una sentencia?

Los funcionarios, «indignados» con el Principado por no abonar las ayudas sociales 

 

El Gobierno no acata la sentencia que le obliga a pagar porque dice que es «inejecutable»

La Nueva España. Oviedo, P. G.

Los sindicatos de funcionarios del Principado CSIF y USIPA han mostrando su «indignación» ante la resistencia del Principado a cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que obliga a la Administración regional a conceder 1,2 millones de euros en ayudas sociales a 4.500 empleados públicos laborales que el Ejecutivo asturiano, sostenido por el pacto PSOE-IU, eliminó dentro de las medidas del control del gasto público. CSIF recurrió la medida al entender que la decisión vulneraba el convenio colectivo. Mientras esto ocurre, y según USIPA, el Principado ha adjudicado en los últimos meses dos contratos de servicios tecnológicos e informáticos para los cuatro próximos años por valor de 85,6 millones de euros. «Así sí que es difícil contener el gasto público», ironizaba José Luis González, coordinador de USIPA.

 

La pugna entre el Principado y los sindicatos llevó a ambos ante el juez el pasado viernes, después de que a finales de enero CSIF solicitase la ejecución de la sentencia sobre las ayudas sociales. En la vista, el Principado se opuso a la ejecución de la sentencia, ya que considera «imposible» pagar las ayudas sociales -en este caso ascienden a 1,2 millones de euros- dado que incumpliría el plan de reducción del déficit pactado con el Ministerio de Economía. Además, el abogado del Principado, según CSIF, advirtió de que la sentencia no es firme, ya que está recurrida en el Tribunal Supremo y pidió que se declarase como «inejecutable».

 

Ante esto, Juan Gavira, uno de los responsables del sector autonómico de CSIF, confía en que el Principado «no se salga con la suya». De lo contrario, Gavira entiende que si «una administración no puede cumplir una sentencia se habrá certificado que el Estado de derecho está prácticamente muerto y que los políticos tienen bula para saltarse las leyes». En este punto, tanto CSIF como USIPA coinciden en cargar contra Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas, y contra Daniel Álvarez, director general de Función Pública, a los que acusan de «empecinamiento crónico» de hacer siempre lo que quieren y de «ser incapaces de buscar una solución negociada».

 

La supresión de las ayudas también ha sido recurrida por CC OO, pero en este caso la denuncia incluye a todos los trabajadores públicos del Principado, tanto funcionarios como laborales.