CC OO plantea que los pensionistas de rentas altas paguen por las medicinas

«No es fácil defender que los fármacos deban ser gratuitos para pensiones elevadas y no para un parado sin recursos», dice la Federación de Sanidad

Foto: Los pensionistas están eximidos de pagar los medicamentos. En la imagen, una farmacia de Gijón. :: LUIS SEVILLA

El Comercio. 20.07.11 -GIJÓN.

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Propone también obtener financiación adicional incluyendo en el IRPF una prima por aseguramientoNo es la primera vez que algún responsable sanitario plantea modificar el actual copago farmacéutico como alternativa para aligerar la carga financiera de la sanidad pública. El titular de Salud saliente del Principado, Ramón Quirós, fue uno de los primeros consejeros en hacer público este planteamiento allá por 2007, algo que por cierto no cayó demasiado bien entonces en las filas del PSOE que entendían que se trataba de un asunto de calado nacional y no autonómico. Ahora es CC OO el que se suma al debate. En un informe elaborado en junio pasado por la Federación estatal de Sanidad y Servicios Sociales, el sindicato abre la puerta a la posibilidad de que los pensionistas de rentas altas comiencen a pagar por las medicinas que les prescriben los médicos de la red pública. La central entiende que «no es fácil defender que los fármacos tengan que ser gratuitos para un pensionista en razonable estado de salud y elevados ingresos, y no para un parado sin recursos y salud precaria». Asimismo, abunda en que «no tiene mucho sentido que trabajadores con salarios mínimos estén pagando los fármacos de jubilados de alto poder adquisitivo».

El actual sistema de copago farmacéutico exime de cualquier aportación económica a todas las personas que cobren una pensión, grupo en el que están incluidas también las prejubilaciones. El resto de la población debe abonar un 40% del precio del medicamento, al margen del ingreso y de la situación laboral que tenga (los parados no quedan exonerados de pago). En el trabajo titulado ’Avanzar hacia la sostenibilidad del sistema Nacional de Salud. Propuestas para su viabilidad presente y futura’, CC OO puntualiza a la hora de hablar del copago que no está a favor de implantar este sistema más allá del que ahora funciona para las medicinas. Rechaza otras alternativas que se llegaron a poner encima de la mesa como son el ticket moderador o el pago por determinados servicios ahora gratuitos.

El sistema no está en crisis

La Federación de Sanidad y Servicios Sanitarios recuerda que «cualquier fórmula de copago debe analizarse desde la perspectiva de su incidencia en función de la capacidad de pago de los sujetos, y de los efectos redistributivos que conlleva». Un sistema óptimo, opina, pasaría por encontrar una fórmula «progresiva que garantizara una escasa incidencia» en los ingresos de cada persona. CC OO excluiría del copago «aquellas prestaciones en las que la percepción del usuario infravalorara los beneficios derivados del servicio». Sin embargo, este sindicato si vería con buenos ojos que los pensionistas de rentas altas dejaran de recibir los fármacos de forma gratuita.

Los autores del estudio no creen que el Sistema Nacional de Salud esté en crisis, como apuntan otras voces, aunque reconoce que «si no se toman medidas a corto plazo, podemos asistir a un declive difícil de recuperar». CC OO teme que quienes sitúan a la sanidad pública al borde de la quiebra busquen en realidad «que el Estado abra sus fauces para avanzar hacia la privatización del sistema de salud».

Pero la ampliación del copago farmacéutico a los pensionistas de ingresos elevados no es la única propuesta de CC OO. También plantea la inclusión en el IRPF de una prima de aseguramiento que actuaría como fuente de financiación adicional. Se trataría, indican, de «una cantidad fija anual por el mero hecho de ser usuario potencial del sistema sanitario». Sería una suma inicialmente igual para todos los ciudadanos pero que podría ser objeto de variación por parte de las haciendas autonómicas, beneficiarias de la recaudación correspondiente. «De esta forma se aseguraría un montante fijo para el mantenimiento del servicio de salud, y quedarían exentas las rentas más bajas.