Un juez especializado en casos de corrupción, nuevo director de Justicia

El ovetense David Villagrá participó en la instrucción del «caso Costurero» y en la «operación Poniente» de Almería, en los que imputó a varios políticos

Foto: Vidal Francisco Álvarez.

NOTICIAS RELACIONADAS

IU y Nuevas Generaciones denuncian la supresión del Instituto de la Juventud 

La Sindicatura suprime la libre designación . 

Lne.es » Asturias Oviedo, J. A. ARDURA

El Gobierno regional ha fichado a un juez especializado en casos de corrupción como nuevo director general de Justicia. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento como responsable de la justicia asturiana de David Villagrá, que en los últimos años asumió la investigación judicial de relevantes casos de corrupción urbanística en la provincia de Almería. La de Villagrá es una de las doce designaciones ratificadas por el Ejecutivo en una sesión extraordinaria en la que también ha dado luz verde al nombramiento de la nueva interventora general del Principado, Emma Ramos, que releva a Margarita González Marroquín en un puesto clave del organigrama regional.

 

La elección del juez ovetense David Villagrá como nuevo director general de Justicia se daba por segura desde hace varias semanas en fuentes próximas al Ejecutivo regional. Villagrá, juez titular del Juzgado número 3 de El Ejido (Almería), ha participado en la instrucción de dos relevantes casos de corrupción urbanística en esa provincia: la «operación Poniente» y el «caso Costurero». El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía designó a David Villagrá para reforzar la «operación Poniente» en la que resultó implicado Juan Enciso, el alcalde de El Ejido y fundador del Partido de Almería (PAL), por supuesta malversación de fondos públicos. tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil. En esta operación, en la que fue intervenido el Ayuntamiento en octubre de 2009, hubo veinte detenidos, entre los que encontraba, además del alcalde, el interventor municipal. David Villagrá fue elegido por el Tribunal Superior de Andalucía para reforzar esta investigación, a petición de la juez instructora, por la magnitud de la supuesta trama de corrupción, en la que además del Consistorio de El Ejido estaba implicada una docena de sociedades filiales.

 

En la «operación Costurero», Villagrá imputó a diez concejales del municipio almeriense de Zurgena, entre ellos al entonces alcalde, Cándido Trabalón (Partido Andalucista) y a su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras -cuyo apellido inspiró el nombre de la operación-, además de diez empresarios y cinco técnicos, por supuestos delitos de naturaleza urbanística tales como dar licencias ilegales por silencio administrativo, otorgar permisos de obra mayor y de segregación sin cumplir los requisitos exigidos por la ley e influir en el planeamiento municipal. A cambio, según Villagrá, los promotores hacían obras gratis al alcalde de la magnitud de un bloque de tres plantas y cinco estructuras para viviendas unifamiliares. La instrucción no estuvo exenta de polémica pues el Ayuntamiento almeriense llegó a presentar una querella contra el juez. La instrucción consta de 17.000 folios y está ahora a la espera de juicio, ya que la vista fue suspendida el pasado mes de mayo.

 

Otro de los nombramientos más esperados en el nuevo organigrama del Principado era el de la interventora general. El Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos se ha decantado por la avilesina Emma Ramos Carvajal, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado, que fue jefa de la sección de personal en la Dirección General de Función Pública, auditora de la Sindicatura de Cuentas y desde 2008 desempeñaba el puesto de coordinadora de evaluación en la Dirección General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos de la Consejería de Administraciones Pública, que dirigía Ana Rosa Migoya, y en la que también era jefa de servicio Marta Renedo, imputada en la «operación Marea». El responsable de la Intervención General es un puesto de máxima confianza del Gobierno y tiene rango de dirección general. Emma Ramos sucede en este cargo a la también funcionaria Margarita González Marroquín, cuya relación de parentesco con el director general del IDEPA, Víctor González Marroquín -era su hermana- fue objeto de duras críticas por parte de los parlamentarios del PP durante la pasada legislatura autonómica.

http://www.elcomercio.es/v/20110823/politica/cascos-ultima-ejecutivo-tecnicos-20110823.html