La patronal geriátrica exige revisar la aplicación de la Ley de la Dependencia

Afirma que no se podrá contratar más personal y critica las pagas a familiares «en las que nadie mira si mayor tiene agua caliente»

El Comercio. 02.11.11 - 02:41 - CHELO TUYA | GIJÓN.

«Las residencias están llenas de gente esperando la ayuda»

«Todos los empresarios le hemos pedido al nuevo Gobierno regional revisar la aplicación de la norma». Ana Gil, presidenta de la Asociación de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema), que con 65 socios es una de las tres del sector -en el que también están Ascege (27 socios, pero mayoritaria en la red concertada) y AARTE (48 socios)- confirma lo adelantado ayer por EL COMERCIO: la aplicación de la Ley de la Dependencia está paralizada en Asturias.

La aseveración llega del estudio de los datos facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que indican que entre enero y octubre se recortó en 656 expedientes el volumen de personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia en Asturias, una disminución que hizo especial daño a los servicios geriátricos.

Estos han perdido 205 usuarios, ya que sólo 3.161 de los 14.059 beneficiarios de una prestación ha optado por ese tipo de atención. La mayor parte, 7.230, han preferido que el Estado de una paga a un familiar para que les cuide en casa.

Según explicó Gil, «siempre hemos dicho que fue una ley electoralista, que se puso en marcha sin dinero», pero la situación en el último año «ha ido a peor. Un 50% de las ayudas que se conceden son para que las personas se queden en su casa, cuidados por un familiar sin conocimientos específicos».

De hecho, lamenta la empresaria que «esas personas no reciban, ni tan siquiera, un servicio profesional de ayuda a domicilio». Ana Gil pone el acento en el hecho de que a los dependientes cuidados en sus casas por familiares «nadie vigila si tienen agua caliente en casa, si se alimentan adecuadamente o cada cuánto van al médico».

«Arcas regionales vacías»

Eso significa que los servicios profesionales «que se multiplicaron antes de que entrara en vigor la ley, por las expectativas de trabajo que generó el Gobierno central», se han visto «claramente perjudicados. Tanto, que le hemos dicho a la nueva consejera que hay que revisar no sólo la aplicación de la ley, sino, también, la segunda fase de la acreditación, que entrará en vigor el mes próximo y nos obliga a contratar más personal, no podremos cumplirla».

Se refiere Gil al sello de calidad impuesto por el Principado la pasada legislatura y que deben cumplir todos los centros que quieran contar entre sus usuarios a beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Sin ese sello, los usuarios no percibirían ninguna ayuda.

Recuerda la presidenta de Asacesema que «los anteriores responsables de la consejería, de IU-LV, nos obligaron a invertir muchísimo para adaptar nuestros centros a una norma que idearon y a contratar más personal». Los geriátricos tenían que incrementar, de media, un 60% su plantilla, ya que en el ratio de profesionales por usuario pasó de 3 por cada 10 a 4 .

Asacesema pleiteó contra dicha norma, pero no logró que el Principado modificara la normativa, que hoy deben cumplir no solo las residencias, sino cualquier dispositivo -centro de día, residencias para personas con discapacidad, empresas de ayuda a domicilio- que cuenten entre sus clientes a beneficiarios de la Ley de la Dependencia.

La situación se agravó, explica Ana Gil, «porque con la crisis se quedaron libres plazas en la red pública y, entonces, empezaron a llevarse a nuestros usuarios. Es el negocio redondo, ya que el dinero vuelve a la consejería, porque la pública no es gratis».

En sus dardos contra los anteriores gestores de Bienestar, reprocha Gil «su deslealtad, porque han dejado las arcas regionales vacías. No hay dinero para nada», una situación económica acuciante que afecta, afirma, «también a los empresarios. Si la Administración no puede pagar a más dependientes, nosotros no podemos seguir así».